En enero de 2007, después de un juicio oral que se prolongó por más de un mes, el entonces alcalde de Coquimbo Pedro Velásquez -hoy ex diputado- era condenado al pago de $165 millones  y a 300 días de pena remitida por fraude al Fisco. Por esos días, uno de sus abogados era Juan Ignacio Piña Rochefort, quien junto a sus socios Francisco Cox y Matías Balmaceda debieron enfrentarse en los tribunales a una fuerte contraparte: el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que persiguió la responsabilidad penal del ex edil.

Seis años después, Piña vive la otra cara de la moneda, luego que el 6 de marzo pasado Sebastián Piñera lo nombrara presidente del CDE, desde donde deberá cumplir un rol  opuesto al que tuvo mientras representó a Velásquez: defender los intereses del Fisco.  No es primera vez que está en ese papel: en 2006, junto a José Ramón Correa, defendió a Marco Antonio Pinochet y su esposa María Soledad Olave por delito tributario en el caso Riggs, causa en la que el CDE también era parte y de la que los sobreseyó.

El nombramiento de Piña, quien reemplazó a Sergio Urrejola, fue uno de los últimos que realizó Piñera: lo hizo cinco días antes de dejar La Moneda. El abogado, de 40 años -es el presidente más joven que ha tenido el CDE en el último tiempo-, había llegado a trabajar al Estado en enero de 2013, cuando fue designado subsecretario de Justicia. Luego fue ministro durante cuatro meses, cuando subrogó a Patricia Pérez tras su embarazo.

Piña es abogado de la UC, doctor en Derecho Penal por la Universidad de Navarra y ex profesor de la Universidad de los Andes, ambas ligadas al Opus Dei. Antes de su nombramiento en el CDE fue tentado para ser parte tanto de RN como del movimiento político Amplitud, pero optó por seguir como independiente de derecha.

Mientras estuvo en Justicia, como ministro debió terminar varias de las tareas pendientes que dejó Patricia Pérez. Una de ellas fue lograr la aprobación en el Senado de los ministros Andrea Muñoz y Carlos Aránguiz para ascender a la Corte Suprema. El caso de Aránguiz, ex juez del caso coimas que en 2002 involucró a cinco ex figuras del oficialismo, fue el más complicado: históricamente, el candidato de la Concertación ha sido Carlos Cerda, quien investigó causas de derechos humanos y persiguió a los Pinochet en el caso Riggs.

Otra de las tareas en que trabajó junto a Pérez fue nombrar, por primera vez en más de veinte años, a un director de Gendarmería que no viniera del mundo civil, sino desde dentro de la institución. Si bien la primera designación de Piñera fue la del ex defensor público Luis Masferrer, quien renunció para ser candidato a diputado por RN, con Pérez y Piña asumió el coronel Marcos Fuentes.

Pero el sello de Piña en el ministerio fue liderar la comisión de académicos y penalistas -Jorge Bofill, Juan Domingo Acosta, Héctor Hernández, Antonio Bascuñán, Juan Pablo Cox, Francisco Maldonado y Álex van Weezel-, que  elaboró el proyecto de nuevo Código Penal. Fue en esa instancia donde conoció a Piñera, con quien tuvo varias reuniones bilaterales sobre el tema.

El proyecto fue enviado por  Piñera al Congreso el 10 de marzo. Pero ocho días después, el nuevo ministro de Justicia, José Antonio Gómez, lo retiró por tener “diferencias ideológicas” con el texto y agregó que había advertido a su antecesor que no debían presentarlo. Piña salió rápidamente a desmentirlo en una carta a El Mercurio del 20 de marzo: “Me parece necesario hacer presente que jamás, ni en las conversaciones formales de traspaso ni en las escasas conversaciones informales que tuvimos, el señor José Antonio Gómez siquiera me sugirió no presentar el Proyecto de Ley del Código Penal que pretende reemplazar el Código de 1874”.

 

CERCA DEL OPUS DEI, PERO…

Hasta antes de entrar a Justicia, Juan Ignacio Piña era un activo tuittero (@ipinaroc) con más de 1.400 seguidores.  Su cuenta sigue abierta, pero cada vez fue menos opinante, por su cargo. También fue columnista del sitio web El Post e invitado frecuente al programa Hablemos en off de Radio Duna.  Parte de su versatilidad  tiene que ver con una característica suya que describe su ex socio, el abogado Francisco Cox: “Juan Ignacio tiene un cabeza muy analítica y es capaz de explicar los temas más abstractos y dogmáticos de la forma más sencilla”.

Piña ha combinado siempre su carrera de abogado litigante con las clases, tanto a estudiantes de pre grado como de magíster y doctorado. Además de doctor en Derecho Penal, fue becario de la Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) en Alemania.

Ha sido profesor en España, Perú y Chile. Trabajó hasta el año pasado en la Universidad de los Andes. Hoy, sin embargo, sólo es profesor de la UC.

Está casado con la abogada y profesora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez María José Naudon, hija del ex secretario general de RN en la década de los ’90, Alberto Naudon, con quien tiene siete hijos.

En España, Piña ha publicado varios textos que son materia de estudio en las escuelas de Derecho. Según Jorge Nazer, su amigo desde el colegio tanto en los Sagrados Corazones de Alameda como de Manquehue, “en Europa,  Juan Ignacio es un hit, sobre todo por sus libros. Pero es un bajo perfil”.

Uno de esos libros, La estructura de la teoría del delito en el ámbito jurídico del Common Law, lo escribió al amparo del académico y miembro del Opus Dei Jesús María Silva, de quien es muy cercano y fue su profesor guía en su tesis doctoral. Silva es un conocido académico tanto de Navarra como de la Pompeu Fabra de Barcelona. Hoy en España está en el ojo del huracán: es uno de los defensores de la infanta Cristina en el caso de corrupción que involucra a su esposo, Iñaki Urdangarin.

Un cercano a Piña lo define como alguien transversal. “Tiene amigos de todos los sectores”, dice. Entre ellos, además de Balmaceda, Cox y Nazer, se encuentran el nuevo ministro de la Corte de Apelaciones Jaime Balmaceda; el ex juez del caso bombas Luis Avilés; el productor de cine Diego Valenzuela, el penalista Miguel Chávez; el pintor Totoy Zamudio y, entre otros, el DC Guillermo Larraín, ex superintendente de Valores y Seguros y recién nombrado vicepresidente del BancoEstado.

Quienes conocen a Piña aseguran que, aunque académicamente se ha movido en un ambiente Opus Dei, no es parte del movimiento, a pesar de que sus hijos estudian en los colegios Tabancura y Los Andes. De hecho, cuentan que en algunos temas valóricos  -no en el aborto, al que se opone en todas sus formas-, es mucho más “progresista” de lo que se cree. Así como “no le complica el matrimonio igualitario”, es contrario a la legalización de la marihuana no por un tema ideológico, sino porque considera que aún no están las condiciones ni la institucionalidad para hacerlo.

En el entorno de Piña, dicen que él mismo bromea con su situación. “Es tanto lo que le preguntan, que dejó de desmentir hace rato que es Opus Dei”, comenta un amigo sonriendo. Jorge Nazer agrega: “De Opus Dei tiene muy poco y de conservador, nada”.

 

DE LAVANDERO Al CASO RIGGS

 A comienzos de 2006, un nuevo caso llegó hasta el estudio de abogados de Francisco Cox, Matías Balmaceda y Juan Ignacio Piña. Marco Antonio Pinochet, hijo de Augusto Pinochet, y su esposa María Soledad Olave eran acusados de delito tributario por el ministro Carlos Cerda, quien investigaba las cuentas del general (R) en el Banco Riggs.

Cox, de centroizquierda y ex abogado de Human Rights Watch, dijo que no estaba dispuesto “a defender a un Pinochet”, mientras que Piña accedió.

El estudio tenía -y tiene- un límite a la hora de tomar causas: no defender violadores a los derechos humanos y juicios de drogas que involucren a narcotraficantes. En el caso de Marco Antonio Pinochet, analizaron todas sus aristas. “Discutimos largamente si cabía o no el veto de la oficina y no, no cabía, porque era delito tributario”, cuenta Cox.

Tres años antes, en 2003, los mismos abogados habían trabajado juntos en la defensa del ex senador DC Jorge Lavandero por abuso sexual de menores. Piña fue el último en entrar al equipo. Había llegado hacía poco del doctorado en España y trabajaba en el estudio de su suegro Alberto Naudon. Se hizo cargo de lo más dogmático de la causa mientras Cox y Balmaceda litigaban en el juicio.

Aunque su primer trabajo tras egresar de la UC fue como abogado de la Minera El Tesoro  del grupo Luksic, tras el caso Lavandero, Piña se abocó al área penal. De ahí que por su estudio hayan pasado varios juicios emblemáticos: el caso del ex alcalde Velásquez; la defensa de Sor Paula, la ex superiora de la Congregación de las Ursulinas por presuntos abusos sexuales; la querella por lavado de activos en contra de La Polar en representación del Banco Santander y el caso del ejecutivo del Banco Central Enrique Orellana. En este último proceso, Piña sólo alcanzó a estar en la primera etapa (coincidió con su ida a Justicia),  y no cuando fue absuelto de la acusación de abuso de sus hijas.

También, Piña junto a Cox lograron eximir de la muerte de seis niños en el caso del suplemento alimenticio ADN a Juan Cristóbal Costa, ex gerente de exportaciones y miembro del directorio de B. Braun Medical S.A. Un caso por el que en España publicaron un artículo en un libro de derecho, titulado “Consideraciones sobre la vigencia del principio de confianza en la imputación en el seno de la empresa”, que se basaba en el fallo.

Sin embargo, tras su nominación como subsecretario, Piña tuvo que dejar de ejercer como abogado particular y vender el 30% de propiedad que tenía en el Grupo Alto, la empresa de seguridad que fundó en 2003 con Jorge Nazer para perseguir el robo hormiga en el retail.

Nazer también fue parte del gobierno de Piñera como director de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. Pero a diferencia de Piña, duró muy poco en el cargo y a los siete meses volvió a la empresa privada. “Así como yo tengo claramente una vocación empresarial, Juan Ignacio tiene una veta de servicio público muy marcada. Eso explica porque yo me fui del gobierno y él siga trabajando en el Estado”, explica Nazer.