El teléfono de Carlos Peña en la rectoría de la Universidad Diego Portales aún no suena. Y tal vez no suene nunca. El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, lleva 45 días al mando del ministerio y ya ha sostenido cerca de 40 reuniones de trabajo para abordar el tema de la reforma educacional con los distintos actores involucrados, como estudiantes, profesores, expertos y autoridades de universidades tradicionales… pero los rectores de las universidades privadas creadas con posterioridad a 1981 aún no han sido llamados.

A Peña, en todo caso, parece no importarle. “No espero ningún llamado -dice riendo-, además no veo qué utilidad pueda tener. Yo hablo siempre a título personal y asumo el riesgo de lo que digo y para participar en el debate público no necesito que ningún ministro me invite para hablar con él. Ahora si lo hace, por supuesto iré y le daré con total claridad mis opiniones”.

Y sus opiniones son claras. Abogado con estudios de posgrado en Sociología de la Universidad Católica y doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, es rector desde 2007 de la UDP y desde hace ya una década publica su influyente columna dominical en El Mercurio. Pero también es reconocido como uno de los mayores expertos en Chile en materia de educación -en el primer gobierno de Michelle Bachelet integró el Consejo Asesor Presidencial de Educación y lideró el Consejo Asesor para la Educación Superior- y no oculta su crítica mirada sobre la forma cómo se está elaborando la principal de las reformas del nuevo gobierno. 

-¿Cuál es su evaluación de la gestión del ministro de Educación, quien ha tenido numerosas reuniones, pero evita entregar definiciones concretas y parece aún estar recabando información?
-Es insólito. El país ha estado en medio del debate educacional desde el año 2006; la educación se convirtió en uno de los asuntos centrales de la reciente elección presidencial; y su reforma constituye uno de los proyectos fundamentales de quien hoy día conduce el Estado, al extremo que, para realizarla, se está impulsando la más profunda reforma tributaria del último medio siglo. Y así y todo el ministro de Educación no establece con claridad los contornos de lo que pretende hacer y, en vez de eso, emite declaraciones aparentemente inconsistentes, como lo prueba el hecho que todos quienes han hablado con él, personas que poseen puntos de vista e intereses opuestos, declaran sentirse satisfechos y casi felices. No cabe duda: o el ministro les dice a todos aquello que quieren oír o algunos de quienes se han entrevistado con él no han entendido del todo lo que escucharon. A veces uno tiene la impresión de que el ministro Eyzaguirre está atrapado en dos roles: uno confeso, el de ministro de Educación; el otro inconsciente: el anhelo de ser candidato a la Presidencia. Quizá antes de decidir las líneas principales de la reforma educativa deba decidir a cuál de esos roles prefiere ser fiel.

-¿Cree que evita tomar definiciones que puedan ser impopulares?
-Desgraciadamente el ministro parece víctima de un anhelo de popularidad, más preocupado de no enajenarse la simpatía de nadie que de tomar decisiones. Parece empeñado en el absurdo de satisfacer a todos. Pero las decisiones tienen costos. ¿Satisfará el ministro a las universidades estatales o a las privadas del CRUCh? ¿Habrá financiamiento directo a las instituciones o subsidios a la demanda? ¿Comenzará el proceso de gratuidad por las universidades estatales o principiará por los estudiantes con prescindencia de las instituciones que hayan escogido?

-¿Pero podía Eyzaguirre actuar de otra forma en este momento político? Él se mueve en un difícil equilibrio considerando que debe lidiar con grupos de interés bastantes fuertes.
-Eso es cierto, pero en política hay que tomar decisiones en algún momento. El 21 de mayo, cuando hable la Presidenta de la República ante el Congreso Nacional tendrá que decir cuáles son sus definiciones en materia educacional. Y todas las ilusiones se van a disipar, los estudiantes que quieren ver en esto una reforma radical se van a desilusionar, no hay tal reforma radical. ¿Vamos a esperar que sea la presidenta quien dé la mala noticia y modere las expectativas, o debe hacerlo antes el ministro?

-En ese sentido, la presidenta hizo un llamado esta semana a despejar “la mitología” sobre la reforma y esperar  los proyectos.
-Le encuentro toda la razón, pero la presidenta debiera tener claro que el mejor alimento de la mitología es el silencio del gobierno. Nadie pide los detalles técnicos, sería injusto pedir que a estas alturas un ministro como Eyzaguirre -que por lo demás no tiene un largo desempeño en Educación, siendo un hombre muy inteligente- los tenga, pero uno espera las definiciones gruesas para que los ciudadanos podamos hacer una deliberación democrática. No podemos vivir de actos de fe con el programa y la presidenta.

-¿Se refiere a la frase de que el programa es la biblia?
-No es buena la comparación entre el programa y la Biblia: la Biblia, como lo comprueba la teología, está abierta a múltiples interpretaciones, pero el programa no. Los lectores de la Biblia saben que no hay que entenderla literalmente, los defensores del programa, en cambio, creen que sí. La Biblia tiene una parte antigua y otra nueva, los autores del programa olvidaron su parte antigua… Pero, ironías aparte, el peligro consiste en que el gobierno sustituya las ideas por el programa y los partidos por una adhesión a una líder. La democracia reposa sobre ideas y tiene como un componente indispensable a los partidos. Al enfatizarse en demasía en el programa y no en las ideas, y subrayarse hasta el cansancio la adhesión a la presidenta en vez de darles lugar a los partidos, se acaba dañando algunas de las prácticas que son centrales a la democracia.
Los partidos en una democracia son insustituibles: ellos seleccionan y profesionalizan los liderazgos, formulan ideas globales acerca de la sociedad y a ellos les corresponde estimular la deliberación pública. Nada de eso es equivalente a los diálogos ciudadanos directos de los ministros con la gente. Ese tipo de “diálogos” -como los que ha llevado adelante el ministro Alberto Arenas- son paternalistas y a veces parecen actos de propaganda. ¿O alguien piensa que es un diálogo genuino el encuentro de electores y partidarios sin ánimo crítico, que miran embobados a un ministro que se dirige a ellos con el paternalismo de un profesor?

-¿No comparte la idea de la Nueva Mayoría de que se ha iniciado un nuevo ciclo político en el país?
-¿Qué es esto de que la historia se mueva por ciclos? La historia avanza a veces acumulativamente y otras por saltos; pero esto de los ciclos no se entiende del todo bien, salvo que uno piense que la historia avanza en espiral. La idea de un “nuevo ciclo” es una narrativa para enmarcar el programa de gobierno, pero no una descripción sociológicamente fidedigna. El único ciclo que está presente en Chile, si es que hay alguno, es la modernización capitalista y sus efectos. Lo que estamos viendo es el fruto de la modernización que experimentó Chile, de la expansión del consumo y de la escolaridad. Si se quiere, hay un nuevo ciclo; pero es el que se configura por los típicos problemas de la modernización. La gente hoy quiere que la modernización se ponga a la altura, como he dicho otras veces, de los ideales que esgrime para legitimarse. Ese cambio de expectativas es razonable y hay que hacerle frente.

EDUCACIÓN ESCOLAR: SELECCIÓN, LUCRO Y COPAGO

-De las pistas que se han dado de la reforma, es que uno de los primeros tres proyectos es el fin de la selección para acceder a la educación escolar. ¿Cuál es su postura?
-La selección atendiendo a cualidades adscritas, como la etnia, el aspecto físico, el origen social o la historia familiar es un acto inaceptable de discriminación. Equivale a reprocharles a las personas características involuntarias sobre las que carecen de toda capacidad de control.  Tratándose de la selección por rendimiento, la situación tampoco es tan distinta: el rendimiento es fuertemente dependiente del capital cultural previo, y en especial de la familia, que es una de las fuentes de la desigualdad. Así entonces echar mano al rendimiento parece razonable; pero cuando se lo mira de cerca no lo es porque el rendimiento inicial no siempre es expresión de una mayor voluntad de logro.

-El fin de la selección pone en entredicho a los liceos de excelencia, ¿por qué si antes eran el símbolo de la movilidad social hoy se les cuestiona en ese aspecto?
-Uno pensaría a primera vista que seleccionar por rendimiento es justo porque vincula las oportunidades con el esfuerzo personal. Pero todos sabemos que el desempeño en la escuela de los niños es dependiente, casi en un 50%, de su origen familiar: los niveles de escolaridad de la madre, el grado de estimulación temprana, la cantidad de objetos culturales o libros con que cuenta en su casa. Las diferencias de desempeño escolar en sociedades tan desiguales como las nuestras siguen siendo diferencias de clase. Al revés de lo que aparenta a primera vista, seleccionar por rendimiento a los niños puede ser una forma de discriminar también.  Ésta es la principal razón de por qué yo creo hay que prohibir la selección en el sistema escolar. El problema que tienen los liceos de excelencia es que proveen a la sociedad de una ilusión de excelencia, de una ilusión de meritocracia. El Estado tiene que igualar las oportunidades educativas para que el niño en el colegio que vaya -público o privado- tenga oportunidades de que su talento se despliegue.

-El otro proyecto es el fin de la subvención a los colegios que lucran…
-Acabar con el lucro requiere más inteligencia legal que entusiasmo retórico. La iniciativa tiene severas restricciones legales y es probable que pueda aplicarse con mayor eficiencia hacia el futuro que con las escuelas actualmente existentes, las que podrán convertirse en corporaciones; pero transferir su infraestructura a sociedades que seguirán relacionadas con ellas. El resultado será así parecido a lo que ocurre hoy con algunas universidades.

-¿Por qué se ha manifestado partidario de que el Estado financie proyectos educacionales confesionales, que pueden verse afectados con la reforma?
-Pienso que el Estado debe financiar proyectos educativos plurales, y ello incluye los de índole religiosa, sin duda. La religión es fuente de sentido para muchas personas y ellas tienen derecho a preferirla a la hora de educarse a sí mismos o a sus hijos. Si el Estado les negara el financiamiento, estaría negando a todos los que no pueden financiar sus propias elecciones, que son siempre los más pobres, el derecho a la autonomía. Mientras los más ricos podrían escoger el tipo de educación que prefieren, ello no ocurriría con los más pobres. Una sociedad abierta y liberal no restringe las elecciones, sino que se esfuerza por distribuir la autonomía con igualdad y ello supone crear las oportunidades y dar los recursos para ejercerla.

-Pero la Iglesia se pronunció esta semana y ellos son partidarios de la selección, en concreto, hablan del proceso de admisión, ya que consideran que el sistema de sorteo o tómbola no es digno.
-Los colegios religiosos tienen todo el derecho a exigir de los padres un compromiso con el proyecto educativo, pero no tiene derecho la Iglesia ni ninguna confesión religiosa a hacer el escrutinio de la vida familiar de los padres. Si se casaron o no, si se divorciaron o no. Eso es absolutamente inadmisible. No pueden pretender obtener subsidios públicos para maltratar a los niños por el comportamiento de sus padres. El arzobispo Ezzati y la Iglesia Católica en general piden demasiado: quieren promover y difundir su credo mediante el sistema escolar -a lo que, sin duda, tienen pleno derecho-; pero  reclaman hacerlo por vías como la selección en base al historial de los padres, que una sociedad respetuosa de sus miembros no puede admitir.

-¿Estos proyectos apuntan realmente a terminar con el problema de la segregación?
-Uno de los rasgos más escandalosos del sistema escolar chileno es su estratificación: los niños se agrupan en las escuelas al compás del ingreso familiar, pobres con pobres, los de mejor situación con los de mejor situación. El copago contribuye a reproducir en la escuela la fisonomía de las clases sociales, suprimirlo será, pues, beneficioso a condición de que el Estado suplemente lo que dejarán de aportar las familias. Pensar, sin embargo, que con ello se acabará la segregación es otra ilusión. Lo que ocurre es que hoy día todos los problemas sociales -desde la división en clases, la falta de cohesión, la debilidad de la ciudadanía- se reducen a problemas de la educación; todos los problemas de la educación se reducen al lucro; todos los problemas del lucro se reducen a la provisión privada. Con ese tipo de reduccionismo no vamos a llegar muy lejos.

-¿Y permitirán estas medidas abarcar el problema de fondo, que es la calidad de la educación?
-Es probable que esas medidas -todas importantes en mi opinión- tengan una relación más bien indirecta con la calidad, entendida como rendimiento en pruebas estandarizadas. Este tipo de rendimiento está muy correlacionado con la familia y el capital cultural de que ella es portadora, motivo por el cual los arreglos institucionales tendrán por sí solos, en ese ámbito, un efecto moderado. Ese tipo de calidad no depende de los arreglos institucionales, sino de cosas que todavía no estamos considerando, como vigilar las prácticas en el aula, mejorar la formación inicial de los profesores, los incentivos para que los más telentosos anhelen ser profesores, las condiciones laborales de los profesores… De nada de eso hemos hablado. El gran problema en Chile es que estamos presos de un reduccionismo absurdo.

EDUCACIÓN SUPERIOR: EL DEBATE DE LOS RECTORES

-¿Cómo ve el debate que se está dando entre los rectores de los distintos tipos de universidades por el tema de la reforma?  Desde afuera parece que, con millonarios recursos en juego, cada uno vela por sus propios intereses.
-Sí, un gran problema en el sistema universitario en Chile es que no tenemos ninguna instancia de deliberación racional e imparcial acerca de cuál sea el destino del sistema. No deja de ser una paradoja que las instituciones que presumen ser las más racionales de la sociedad, a la hora de pensarse a sí mismas, sin embargo, abandonan toda racionalidad y toda capacidad de diálogo y se comportan como mercaderes disputando los recursos públicos. Eso no es razonable. Algunos rectores se transforman en hinchas de su universidad y otros simplemente en promotores de sus intereses y nadie da razones.

-Algunos, como el rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, pelean por un trato preferencial para las universidades estatales, tanto en fondos basales como en gratuidad. ¿Está de acuerdo?
-La propuesta del rector Zolezzi es parcialmente razonable. Es correcto tratar diferente a las instituciones; pero es incorrecto tratar de manera diferente las decisiones de los estudiantes. Así, me parece que un camino razonable es distinguir entre el financiamiento a las instituciones y el financiamiento a los estudiantes. En lo que respecta a lo primero, hay que distinguir tres tipos de instituciones: las estatales que, a cambio de mejorar sus formas de gobierno y metas en su desempeño deben recibir un trato preferente de parte del Estado; las privadas pertenecientes al CRUCh que, en su mayor parte, han dado muestras con su amplia trayectoria y su desempeño de que poseen una firme orientación pública, que han de recibir un financiamiento directo similar aunque no igual; las privadas creadas luego de 1981, que todavía deben acreditar su orientación pública, debiendo el Estado formular las reglas y criterios para que lo hagan. Es, pues, razonable distinguir entre las instituciones a la hora de dar financiamiento directo; pero ¿por qué habría que distinguir entre los alumnos? Resultaría extremadamente  injusto tratar distinto a estudiantes que están en la misma condición socioeconómica. Consideremos el siguiente ejemplo: un estudiante sin recursos accede a una beca estatal o a un subsidio a la demanda, es católico y quiere ir a la Universidad de los Andes, ¿le va a decir el Estado, lo siento usted porque no tiene recursos sólo puede ir a una universidad estatal? Eso no es tolerable en una sociedad moderna y plural como la chilena, es evidente que los estudiantes tendrán derecho a hacer uso de su subsidio en la universidad que prefiera con la única condición de que esté acreditada.

-Pero el voucher, o el financiamiento a la demanda, es una fórmula que los dirigentes estudiantiles rechazan. Prefieren que se traspasen los fondos directamente a las instituciones.
-Cuando el Estado da subsidio no lo hace para fortalecer a las instituciones sino para fortalecer la autonomía de las personas, el tipo de vida que quieren llevar. Yo he hablado con los estudiantes y les he dicho que esa pretensión no tiene destino. El sistema de subsidios a la demanda es perfectamente compatible con financiamiento directo a algunas instituciones, especialmente a las estatales que merecen un trato preferente y las privadas del CRUCh.

-Y respecto al financiamiento de la reforma, ¿es partidario de un impuesto específico a los profesionales? 
-Creo que es mejor un sistema de impuesto a los graduados. La primera razón es que es más eficiente internalizar el costo de una actividad en quien se beneficia con ella, de manera de igualar los costes sociales y los privados. La segunda es que, de esa forma, se impide que los más pobres financien, con el costo de oportunidad de las rentas generales, a quienes se forman en las universidades, los que de todas formas estarán subsidiados.