Los colegios Almondale son un emblema en la Región del Biobío. Bilingües, ganadores de torneos de inglés a nivel nacional, con 17 actividades extraprogramáticas, cursos de natación y música, han conseguido que dos de sus tres establecimientos estén entre los diez mejores particulares subvencionados de Chile, según el ranking PSU 2013. Entre sus tres mil alumnos conviven familias que pagan $84 mil mensual por cada hijo -el tope máximo de copago permitido por ley- y más de 500 estudiantes que reciben becas que cubren hasta el 100% del arancel.

El anuncio de la reforma educacional, el pasado lunes 19, fue un duro golpe para ellos. Ese día, se multiplicaron los llamados entre apoderados, profesores y directivos. La pregunta que se repetía era qué va a pasar con los colegios. Antes, el centro de padres acudió a la seremi de Educación para consultar qué pasaría si la reforma no alcanza a cubrir lo que hoy aportan las familias. La respuesta fue franca: van a tener que pasar a ser colegios particulares privados.

Ismael Palacios, gerente general de la sociedad anónima que controla los tres colegios, se lamenta: “Tal como está el proyecto, es probable que esas 500 familias que hoy tenemos con becas no podrían permanecer en el colegio, por un asunto de supervivencia de la institución. Van a salir perjudicados los que menos tienen”.

Palacios dice que el Estado les cambió las reglas del juego. Hasta 2003, eran una institución privada, pero, según asegura, el gobierno los convenció de volverse subvencionados para mejorar la cobertura de los sectores más vulnerables. Desde entonces, han hecho millonarias inversiones en infraestructura y calidad. Pero ahora ve inviable la fórmula de convertirse en una corporación sin fines de lucro, como propone el proyecto. “Eso implica que va a haber una suerte de expropiación, al impedir una ganancia justa por la gestión”, critica.

Es sólo un ejemplo del intenso debate que se está abriendo en los 5.965 colegios particulares subvencionados a lo largo del país, que en su conjunto tienen a cerca de 1.300.000 alumnos. De aprobarse la reforma, en un plazo de dos años deberán tomar una difícil decisión: aceptar el modelo propuesto por el gobierno -que prohíbe el lucro, la selección y el copago, y fija nuevas normas en ámbitos como la propiedad de los terrenos- o bien  convertirse en colegios particulares, aumentando el arancel y dejando sólo a aquellas familias que puedan pagarlo. Hay una tercera opción de los sostenedores: cerrar o vender los colegios al Estado al precio que éste fije, y retirarse del negocio de la educación.

Pero las alternativas son tan diversas como el propio mundo de los particulares subvencionados.

LA DIVERSIDAD DEL SISTEMA
Gregory Elacqua, director del Instituto de Políticas Públicas de la UDP, y quien ha estudiado a fondo el tema del comportamiento y la composición de los particulares subvencionados, explica que dos tercios de éstos tienen fines de lucro y deberán reinventarse con la nueva ley; desde colegios como los que posee la empresaria gastronómica Gladys González, “la Cuca”, hasta el Raimapu, el colegio con sello de izquierda en el que estudió Camila Vallejo, que hoy es una sociedad anónima básicamente porque es un proceso menos complejo que crear una fundación.

Sin embargo, del total de subvencionados que están constituidos como sociedades, el 80% se trata de pequeños establecimientos, principalmente rurales y de menos de 700 alumnos, que tienen un sostenedor, habitualmente un ex profesor. “Su lucro es mayormente el sueldo que ganan y para ellos no sería un gran problema transformar su figura jurídica a lo que propone el proyecto”, señala Elacqua.

La mayor incertidumbre ocurre con el restante 20%, sostenedores con redes de colegios que tienen utilidades, cuya matrícula es superior a 700 alumnos por establecimiento. Pero nuevamente aquí hay que diferenciar entre los que no entregan una educación de calidad y los que sí lo hacen. Para el investigador de la UDP, “la misión del gobierno será persuadir a los casos buenos para que sigan en el sistema. Hay sostenedores serios, como Rodrigo Bosch, Walter Oliva o Ernesto Tironi, que por cierto lucran, pero entregan un gran aporte a la educación en Chile”.

Una misión que no será tan fácil. Ernesto Tironi -que es socio en dos colegios, uno en Puente Alto y otro en Quilicura- se declara en pie de guerra frente a la reforma. “Revela una ignorancia de cómo se hace el proceso educativo y una arrogancia que hace inevitable la comparación con el Transantiago”, asegura. Plantea que no sólo las medidas no aportarán a la calidad de la educación, sino que generarán efectos no buscados, como aumentar la segregación en el sistema, al propiciar el aumento de colegios particulares pagados.

Tironi dice que su caso es más complejo porque está en el tramo intermedio del copago: cobra $30 mil a $40 mil mensuales a cada apoderado. Mientras para los que tienen un copago más bajo es más fácil ser cubiertos por el Estado y adaptarse económicamente al nuevo sistema, los que cobran montos más altos podrían permitirse dar el salto y convertirse en particulares pagados, ya que los padres tendrían más posibilidades de cubrir la diferencia.

Él afirma que, en vez de terminar con un sistema que permite a los apoderados participar y elegir la educación de sus hijos, debieron haber fijado límites de retiro de utilidades para las sociedades y altos estándares de calidad para los colegios. “Si la preocupación mayor es el lucro, que se defina una tasa de retorno razonable”, plantea.

El economista advierte que los sostenedores podrían iniciar una ofensiva en tribunales para evitar el cierre de los establecimientos. Él mismo está buscando un abogado, aunque pretende jugarse sus últimas cartas durante el debate parlamentario: “Tengo confianza en la inteligencia y la buena intención de mucha gente en este gobierno, al que he apoyado y votado, y espero convencerlos de que esto está mal orientado”.

EXAMEN EN LA DC
Las críticas vienen de dentro de la propia Nueva Mayoría. En el Congreso ya se habla de que un hito clave será la próxima junta nacional de la DC, partido que se encuentra dividido frente al proyecto. El ala izquierda de la colectividad ha ganado fuerza y la reforma es defendida por figuras clave, como los diputados Aldo Cornejo, Yasna Provoste y Mario Venegas, quien además preside la Comisión de Educación: “Los que veían esto como un negocio van a tener que dejarlo, y que se queden los que realmente tienen vocación”, afirma.

Sin embargo, otro sector, en el que están rostros emblemáticos como Gutenberg Martínez y Mariana Aylwin rechaza el proyecto, más aún cuando influyentes militantes del partido, como el empresario Walter Oliva, se dedican al rubro.

Éste posee seis colegios en zonas populares de Santiago que tienen entre 1.000 y 1.500 alumnos, y cuyo copago bordea los $30 mil. Esta semana, en los pasillos de los establecimientos el comentario era que el proyecto los dejaba en una difícil encrucijada y que Oliva tendrá que hacer lobby al interior del partido para conseguir cambios a la propuesta, ya que las condiciones económicas de sus apoderados hacen imposible privatizar los colegios, y él no estaría dispuesto a aceptar la fórmula del gobierno de traspasar la infraestructura al Estado y continuar sólo como administrador.

Otro factor que influirá en la postura de la DC será la posición que adopte la Iglesia Católica, institución que es uno de los principales sostenedores. Aunque ellos no están afectados por el fin al lucro -funcionan a través de fundaciones-, sí les impacta el término del copago, ya que en general cobran mensualidades altas para el sistema, y sobre todo la prohibición de seleccionar a sus alumnos. Según Gregory Elacqua, al menos dos tercios de los colegios de Iglesia aplican entrevistas a los padres, mecanismos como pruebas académicas o -en algunos casos- solicitan certificados de bautismo o matrimonio religioso.

Por eso se estima que una parte de ellos podría migrar al sistema particular pagado. Es la alternativa que está analizando el colegio Ruiz Tagle, de Estación Central, dependiente del Arzobispado de Santiago, uno de los diez mejores subvencionados del país. Su directora, Lorens Duarte, reconoce que ha tenido reuniones con el arzobispo y los encargados de la Vicaría para la Educación para conversar sobre el futuro del establecimiento: “Podría suceder que nos pasemos a particular pagado, pero eso se verá en los años. Nos preocupa el copago: si se equipara a lo que aporten los padres, financieramente no habría problema. Pero el eje que nos preocupa en especial es que cuando el Estado nos entregue una subvención nos obligue a enseñar en forma laicista”.

Las ex ministras de Educación Yasna Provoste y Mariana Aylwin representan las dos sensibilidades de la DC ante la reforma educacional, que se enfrentarán en la próxima junta nacional del partido.

LA PREGUNTA FINAL
No todos los sostenedores tienen la misma visión. Durante el acto del lunes en La Moneda, entre los invitados que aplaudían con entusiasmo los anuncios estaba Juan Enrique Guarachi, director ejecutivo de la Fundación Belén Educa, también dependiente del Arzobispado y que atiende, en 12 colegios, a 13 mil niños de sectores vulnerables como La Pintana, La Legua, Pudahuel y Quilicura, con copagos muy bajos, sin fines de lucro y sin selección de ningún tipo. Salvo por el fin del copago -“aunque sea un aporte mínimo es importante que los padres se sientan parte involucrada en la educación de sus hijos”-, Guarachi valora las medidas y cree que, tal como afirma el gobierno, ayudarán a disminuir la segregación: “El problema de los liceos emblemáticos es que nos descreman: salen a buscar a nuestros mejores alumnos y profesores. Los niños sueñan con irse al Instituto Nacional, y esto genera división. Es muy importante para un proyecto de educación que sea diverso y que los talentosos se queden para colaborar y empujar a los otros”.

Pero más que posiciones definidas, en los colegios lo que prima son las dudas. Claudio Guzmán, director del colegio Rubén Castro de Valparaíso -el séptimo mejor subvencionado de Chile según PSU y cuyo sostenedor es la Universidad Católica de Valparaíso-, dice que el lunes y el martes, ante las numerosas consultas de apoderados, se metió, preocupado, a buscar el proyecto de ley en la página del Mineduc y del Congreso. No lo encontró: aunque se había anunciado que ingresaría el martes a la Cámara con sus detalles, la iniciativa quedó detenida en las oficinas de la Segpres, para evitar errores como el que ocurrió en el proyecto de reforma al binominal, donde se les olvidó incluir una comuna.

La incertidumbre, cuenta Guzmán, se viene notando desde comienzos de año. Dice que retrasó la renegociación del convenio colectivo con los profesores por el nivel de dudas sobre cómo impactará la reforma en el futuro del colegio. Y que los anuncios del lunes no despejaron las principales interrogantes, como cuál será el mecanismo para suplir el copago y las nuevas herramientas de selección.

Otro aspecto que se ve complejo es la normativa que obligaría a que las fundaciones compren los terrenos donde están los colegios, por el temor a que se replique lo que ocurre con las universidades, que estarían vulnerando la prohibición de lucrar a través del arriendo de inmobiliarias asociadas. Más aún, el proyecto impide cualquier transacción con empresas relacionadas y fija altas multas para quienes infrinjan esa norma.

“Nosotros funcionamos en un terreno que es de una fundación. Espero que la ley permita ese tipo de cesiones gratuitas, porque si no como colegio vamos a tener un problema muy grave”, ejemplifica Guzmán.

Más allá de las dudas de los sostenedores, en La Moneda están monitoreando de cerca un factor adicional: cómo reaccionarán los apoderados ante los anuncios. Agrupaciones de padres de colegios subvencionados ya se están articulando y tomando una voz activa en este tema. El debate se tensionó luego de las declaraciones de Nicolás Eyzaguirre planteando que los padres no elegían bien los colegios de sus hijos y se dejaban llevar por aspectos como los nombres en inglés. El ministro de Educación salió a aclarar varias veces que lo habían sacado de contexto, aunque siguió con la tesis de que los colegios con copago no son de mejor calidad que los públicos.

Las asociaciones de apoderados han defendido que ellos eligen y pagan los establecimientos de sus hijos porque comparten su proyecto educativo, no sólo por resultados académicos, sino por otros factores que no miden los rankings, como actividades extraprogramáticas, disciplina interna, medidas sobre el bullying o la comunicación con profesores y directivos. El reclamo ha sido tomado como bandera por la UDI: así, el 21 de mayo varios de sus parlamentarios llegaron al Congreso con chapitas que decían: “Libertad de educación con calidad”.

Miguel Ángel Mundaca, quien es director del colegio Centenario de Temuco, el mejor subvencionado de Chile según el promedio PSU (659 puntos), dice que esta semana vivió la inquietud en carne propia: los apoderados le preguntaban en los patios qué iba a pasar con el establecimiento. Aunque tiene fines de lucro, el colegio invierte sus utilidades para tener cursos de menos de 30 alumnos y buenos sueldos para sus profesores, y su proceso de admisión es casi idéntico al que ahora propone el Mineduc: prioriza a hijos de funcionarios del colegio y ex alumnos, a hermanos de actuales estudiantes y, si hay cupos restantes, hace un sorteo por tómbola. “Efectivamente hay colegios particulares subvencionados que no han hecho bien su pega, pero lo que a mí me molesta es que todos los sostenedores queden metidos dentro del mismo saco”, afirma el director del Centenario. “Alguien que es sostenedor no es bien visto socialmente hoy. Es una satanización”.

Mundaca dice que deberá discutir con el directorio lo que plantea la nueva reforma, y definir si harán una fundación o serán un colegio privado. Pero que aún les faltan muchos datos para tomar la decisión.