El próximo 5 de agosto Cristián Paredes cumplirá su primer año como fiscal regional de La Araucanía. Con una experiencia de 14 años en la zona trabajando en la Fiscalía -prácticamente desde los inicios de la Reforma Procesal Penal-, durante este tiempo ha dado contadas entrevistas, optando por un bajo perfil. Pero hoy decide poner sus puntos sobre la mesa: cuestiona las críticas del intendente Francisco Huenchumilla a la institución, rechaza que la persecución penal en la zona se esté ablandando y plantea que episodios como la renuncia del ex fiscal Luis Chamorro por amenazas reflejan una realidad que está instalada en la zona y que el sistema judicial chileno no estaba preparado para abordar.

-¿Con qué diagnóstico llegó usted a la Fiscalía?
-Al postular al cargo, sabía que era una región especialmente compleja, porque además de los delitos que ocurren ordinariamente tenemos una realidad delictiva inédita, que no se presenta con esta intensidad en ninguna otra parte del país. No es lo mismo investigar un delito de tráfico de drogas, un robo, que un episodio de violencia rural. Adicionalmente, debemos enfrentar una campaña comunicacional contraria y de descrédito permanente. Hay un desgaste adicional.

-¿El sistema estaba preparado para enfrentar eso?
-Nadie estaba preparado para afrontar una realidad delictual de este tipo. Ninguno de los actores del sistema lo estaba. Y en materia judicial, tampoco estaban preparados. Muchas veces queda la impresión de que el sistema funciona muy bien para los delitos flagrantes, pero en este tipo de delincuencia especial, de violencia rural, es casi imposible contar con personas detenidas en esa situación. Por tanto, hay que hacer un trabajo más arduo y complejo para lograr éxito. Además, en algunas ocasiones se ha malinterpretado por algunos tribunales el estándar de la duda razonable. Nos hemos enfrentado a fallos que sí establecen que cualquier duda, por poco plausible que sea, es suficiente fundamento para una absolución. Y hemos tenido que recurrir ante la Corte de Apelaciones, afortunadamente con resultados favorables.

-¿Entonces plantea que hay un estándar diferente?
-No podría afirmar que hay un estándar diferente para la generalidad de estos casos, pero también es cierto que es muy difícil abstraerse de un discurso instalado en torno a que se persigue y estigmatiza a todo un pueblo. Y vuelvo al punto: creo que hay una estrategia comunicacional creada para desacreditar nuestro trabajo.

-¿Qué piensa de la postura que ha tomado el intendente Francisco Huenchumilla? Él, llegando al cargo, hizo una crítica muy fuerte a los fiscales, advirtiéndoles que no fueran “opinólogos” ni “cazarrecompensas”.
-El intendente es la primera autoridad política de la región, y sus actos y dichos se enmarcan en dicha esfera. Y valoro positivamente que haya logrado instalar en la agenda nacional un problema crónico de la región como éste. Pero yendo derechamente a las críticas, creo que fue un episodio injusto, incómodo e ingrato. Así de claro.

-¿Por qué?
-Injusto, porque no es cierto. Incómodo, porque lesiona la honra de los fiscales, que son funcionarios públicos que desarrollan con esmero su trabajo. E ingrato, porque correspondía a expresiones de descrédito a una institución relevante para el Estado democrático y de derecho.

-Usted no respondió en ese instante a las críticas…
-El fiscal nacional respondió fijando la posición institucional. Hoy ya podemos afirmar que son cosas del pasado: dimos vuelta la hoja y estamos trabajando con el gobierno regional en diversos proyectos conjuntos.

-Otro hecho que causó polémica fue la visita que el intendente hizo el pasado 21 de mayo a Celestino Córdova en la cárcel. ¿Cómo evaluó ese gesto, considerando que Córdova está condenado por un delito de impacto nacional, la muerte de los Luchsinger Mackay?
-Nuestra preocupación está enfocada en las víctimas. Recordemos que Celestino Córdova fue condenado por el delito más grave cometido en todos estos años en esta materia, pero su situación procesal está finiquitada: está condenado, con una resolución a firme por la Corte Suprema, en forma unánime; la pena más alta para un delito de violencia rural se ha aplicado a su respecto.

-¿Usted recibió alguna comunicación de Huenchumilla después de la visita?
-No nos fue comunicado ni antes, ni durante, ni después. En todo caso, creo que no corresponde que el intendente nos comente lo que haga con su agenda.

“HAY QUE EVITAR LA PERSONALIZACIÓN DE LOS CASOS”
En el balance de su primer año, Paredes destaca en especial dos puntos: la atención especializada que se está dando a quienes son víctimas de violencia rural y la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad, que, entre otros puntos, estará a cargo de las investigaciones en casos que pueden estar asociados al conflicto en La Araucanía. “Tenía la convicción de que este tipo de materias no podían seguir indagándose bajo la lógica del caso a caso”, dice, apuntando a un punto que le preocupa: la personalización de las causas en determinados fiscales.

-En mayo renunció el fiscal Luis Chamorro, uno de los que investigaban casos vinculados al conflicto, denunciando una serie de amenazas que presionaban  su labor. ¿Qué le pareció a usted esa situación?
-Lamentamos su renuncia. Pero acá quiero marcar un punto: es importante como Fiscalía evitar la personalización de los casos. Por eso hemos implementado cambios en la forma de abordar estos delitos. Uno fue crear una Fiscalía de Alta Complejidad, la primera que se crea en regiones, para abordar todo tipo de delitos complejos, dentro de los que se ubican los episodios más graves de violencia rural. Hoy hay un equipo especializado trabajando en estas materias, ya que no todo puede ser centrado en una persona en particular.

-El ex fiscal Chamorro dijo que “no es normal que un fiscal trabaje con un chaleco antibalas y un casco y cuello balístico, pero yo tenía que ir a trabajar así”…
-La situación que él describió es la que regularmente deben vivir nuestros fiscales cuando se enfrentan a este tipo de investigaciones, y hay que estar preparados. Para ser fiscal en La Araucanía se requiere un temple diferente.

-Ha habido juicios, como lo que ocurrió en el caso de uno de los últimos del ex fiscal Chamorro, el de Daniel Melinao -absuelto en el juicio oral por la muerte del carabinero Hugo Albornoz-, donde no se aceptó la tesis del Ministerio Público. ¿Hubo una falla en la estrategia y el procedimiento?
-Regularmente cuando se pierde un juicio se habla de “fracaso” de la Fiscalía, pero su función no es ganar juicios: es investigar objetivamente y acusar con seriedad cuando se dan los elementos en un caso. En el caso concreto, la Fiscalía tenía la convicción de que el imputado que fue llevado a juicio participó en los hechos. Recordemos que en el primer juicio, uno de los tres jueces compartió esta visión; que la Corte de Apelaciones anuló el juicio, y que enfrentamos un segundo juicio, en el que resultó nuevamente absuelta la persona, un resultado que lamentamos profundamente, pero que respetamos.

-El ex director de la ANI Gonzalo Yuseff dijo que “es un error aflojar la persecución penal” en La Araucanía. ¿Qué le parecieron esas declaraciones?
-Estando fuera del sistema es fácil opinar con ligereza de lo que debe hacerse. La afirmación de Yuseff está muy lejos de la realidad: la persecución penal no se ha relajado en la zona. El ex director de la ANI estuvo cuatro años en su cargo y se supone que debe conocer la realidad que vivimos en cuanto a inteligencia en La Araucanía. La información de inteligencia opera sobre otra lógica, apunta a proveer de información útil a la autoridad política de turno, pero que generalmente es inútil para un juicio.

-Entre los puntos por los que la Alianza solicitó la interpelación al ministro Rodrigo Peñailillo sobre la situación en La Araucanía está la recalificación de querellas en que se invocaba la Ley Antiterrorista. ¿Cuál es la posición de la Fiscalía sobre ese cambio?
-Tanto el gobierno como el Ministerio Público son entes autónomos y cada uno puede tomar las decisiones que considere adecuadas. Si ellos deciden recalificar sus querellas, imagino que deben tener razones jurídicas de peso para hacerlo. Ahora, si esto tiene alguna influencia o efecto en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer a raíz de decisiones de este tipo, la respuesta es no.