A sus 30 años el economista indio Gautam Rao es una pequeña celebridad en el ambiente académico. Ph.D. de la Universidad de California, Berkeley, acaba de ser fichado por la Universidad de Harvard para que comience a dar clases en julio de 2015. La razón de su éxito: el original paper que publicó a fines del año pasado donde investigó los colegios privados de Delhi en que conviven niños de altos y escasos recursos, y comprobó que en las escuelas inclusivas los estudiantes muestran más valores democráticos, de respeto y generosidad. También registró una mejora en el rendimiento de los niños pobres sin perjudicar significativamente el de los niños ricos. 

Y aunque el sistema de castas de la India pueda parecer muy distante a la realidad chilena, ése es uno de los estudios que empleó el gobierno para justificar en el proyecto de reforma educacional la necesidad de terminar con la selección en los colegios. Citar el nombre de Rao en el texto de la ley que comenzará a discutirse en el Senado se debe a que en Chile no existe prácticamente ninguna investigación local sobre los efectos de la selección en la calidad y mucho menos alguna sobre el “efecto par” al que aluden los partidarios de crear aulas más heterogéneas.

En total, el mensaje de la ley firmado por la presidenta Michelle Bachelet que termina con el lucro, la selección y el copago, cita 25 estudios académicos para fundamentar sus postulados. 18 de ellos fueron elaborados recientemente -entre 2011 y 2014- después de las movilizaciones estudiantiles y la mayoría son de la Universidad de Chile y su Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE), donde destacan Juan Pablo Valenzuela y Cristián Bellei. Pero quien para muchos es el principal cerebro detrás de la reforma es el cientista político Gregory Elacqua, asesor del Ministerio de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Él es autor de seis de las investigaciones que dan el marco teórico al proyecto.

Con estos documentos las autoridades de gobierno y los parlamentarios de la Nueva Mayoría cuentan con espaldas académicas para repetir los enunciados del proyecto de ley, como que “el sistema de financiamiento compartido ha generado uno de los sistemas educacionales más segregados del mundo”, “los mejores resultados de los establecimientos que seleccionan se deben a la composición socioeconómica de los alumnos y no a la efectividad de sus procesos educacionales” o que “la posibilidad de lucrar que tienen muchos establecimientos no ha redundado en mayor calidad para el sistema”.

Frases que se han instalado como verdades en el oficialismo, pero que sin embargo, en el mundo académico desataron una batalla campal entre los expertos en educación que para cada estudio exhiben uno contrario y acusan al gobierno de trabajar con textos sesgados, de utilizar erróneamente los datos y de omitir información.

AGREGADOS AL INFORME
Varios académicos se sorprendieron al ver sus trabajos citados entre los fundamentos de ley, más aún cuando sus investigaciones apuntan precisamente en sentido contrario. Tal es el caso del estudio “Choice in Chile Looking at the demand side”, de 2009 de los  economistas Francisco Gallegos (Ph.D. del MIT y profesor de la Universidad Católica) y Andrés Hernando (Ph.D. de Harvard e investigador del CEP).

El mensaje de la ley menciona a ese estudio para sostener la sentencia de que “el régimen de copago, tal como muestra la evidencia, ha contribuido a aumentar la segregación en todo el territorio nacional”. Sin embargo, Gallegos rebate que “el estudio no fue bien utilizado. Lo que arroja es que sin financiamiento compartido el índice Duncan (que mide segregación) baja de 0.39 a 0.34. No baja nada. Es un efecto muy acotado. Y así coinciden otros papers que emplean otras metodologías econométricas”. Según explica “este resultado presta más apoyo a la idea de que la segregación escolar es impulsada por factores del lado de la demanda”.

Otro caso controversial es el del economista del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica, Ricardo Paredes. El gobierno citó sus investigaciones sobre establecimientos con fines de lucro que realizó el 2008 junto a Rómulo Chumacero y el 2014 con José Zubizarreta y Paul Rosembaum. Según el texto que elaboró el ministerio, estos papers sirven para demostrar que los establecimientos con fines de lucro no entregan mayor calidad al sistema y que “en general tienen peores resultados que los establecimientos sin dicho fin, o bien muestran un efecto neutro o muy mínimo”.

Según Paredes los datos fueron usados de forma mañosa. “Yo lo contradigo. Si quieren dar un corte académico al mensaje presidencial tienen que ser serios y citar sin omitir los antecedentes importantes”.

Paredes aclara que sus investigaciones, en efecto, arrojaron que, según el Simce, los subvencionados con fines de lucro registran más bajo rendimiento en promedio que los sin fines de lucro. No obstante, agrega, lo relevante sería compararlos con los colegios municipales y según sus estudios los colegios que lucran tienen mejores resultados. De hecho el proyecto de ley omite cualquier referencia a los liceos municipales y sólo menciona los buenos índices que tiene la educación pública según la experiencia internacional. Paredes enfatiza además que aunque en el promedio pueda haber diferencias de calidad, el 30% de los colegios con fines de lucro son mucho mejores que el promedio de los privados sin fines de lucro, por lo que sería un error eliminarlos a todos.

ELACQUA AL FRENTE
Un duro intercambio epistolar protagonizaron la semana pasada Gregory Elacqua y la investigadora en educación del CEP, Sylvia Eyzaguirre. Esta última lo acusó de, en menos de un año, dar un giro en su opinión ya que antes declaraba en foros y seminarios que “no existe evidencia empírica de que eliminar el lucro tenga impacto en la calidad, equidad e integración”, en cambio, ahora señalaba que “concuerda con eliminar el lucro no por razones ideológicas sino por razones empíricas”.

Elacqua respondió que “no he cambiado mi opinión. Aún creo que eliminar el lucro no genera grandes cambios radicales en calidad y equidad. Hay otras reformas clave para lograr ese objetivo como las que buscan mejorar la calidad docente”,  pero agregó que la existencia de este tipo de colegios no se justifica ya que “el lucro no ha cumplido con la promesa de crear alternativas de mejor calidad, innovación y diversidad”.

Los estudios del Ph.D. en políticas públicas de Princeton, principal sustento de la reforma, han estado bajo la lupa.  La ONG Acción Educar rebate su informe que indica que en los colegios con fines de lucro contratan profesores más jóvenes, con menos experiencia laboral y jornadas de trabajo más cortas, dando un ambiente en aulas de inferior calidad. Según ellos el impacto de esas variables es muy acotado, que las clases en este tipo de colegios son en promedio más personalizadas y que no hay diferencias en la experiencia de los profesores en los colegios con alta concentración de niños vulnerables.

En el ambiente académico cuestionan, aunque en voz baja, las limitaciones en sus metodologías de trabajo. Por ejemplo, el haber conseguido a través de encuestas los datos históricos de los colegios que lucran -tema sobre el cual no existe información oficial- o su informe que arroja que en la Región Metropolitana existe mayor segregación en los colegios que en las comunas en las cuales están emplazados, pese a que no existe un catastro completo que confirme esa afirmación.

EL SELLO DE CALIDAD
Para Francisco Gallegos de PUC, el problema del debate educacional en Chile pasa por otro carril: “En Chile estamos llenos de ‘academia’ que sólo se expresa en artículos de diario, documentos no publicados o publicados en revistas internacionales de tercer nivel. Hay muy pocas investigaciones buenas -Alejandra Mizala tiene algunas o Andrea Repetto- pero no hay más. La mayor parte de los textos que cita el proyecto del gobierno son documentos  de trabajo de Espacio Público o de la UDP”.  A su juicio, el estar legislando con investigación tan reciente y no certificada por organismos externos “es como hacer remedios sin que nadie controle su calidad”.

Al profesor de la Universidad de Maryland, Sergio Urzúa, le llamó la atención que el gobierno para el proyecto ocupó un trabajo suyo que aún es un working paper, que no ha pasado por el proceso de calificación académica. También cuestionan que ocuparan un dato de su investigación, pero no los otros informes que defienden los sistemas de selección de los liceos de excelencia como el Instituto Nacional. Agrega que al contrario de lo que dicen los informes del gobierno, la mayoría de los sistemas de educación del mundo, incluidos los mejores 10 del ranking PISA, aplican mecanismos de selección.

El pasado 7 de octubre por estos temas tuvo una discusión con Mario Waissbluth de Educacion2020 y Fernando Atria, dos de los intelectuales detrás de los lineamientos de la reforma. Ocurrió en un foro debate del centro Clapes UC sobre el fin de la selección en el Instituto Nacional. En su exposición Urzúa contradijo la tesis de Waissbluth sobre los beneficios del efecto par y aclaró que sólo existe un paper en Chile publicado sobre este tema (de la académica PUC Mónica Silva) y el resultado es negativo. Ante esto Atria rebatió: “Uno no puede esperar a que los expertos y académicos con sus revistas con referato se pongan de acuerdo y hayan llegado a probar evidencia antes de actuar. Hay que asumir el riesgo lo más fundamentado posible”. Agregó que aunque el efecto par no esté comprobado académicamente, lo importante es terminar con la segregación, ya que cuando los niños de clase media y baja están juntos en la sala, aumenta la presión social para que el Estado entregue mayor financiamiento y garantice la calidad de la educación pública.  Para él, “ése es el verdadero efecto par”.