Cuando Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores del grupo Penta, declararon ante el fiscal Carlos Gajardo por primera vez, no sólo se refirieron a cómo se realizaron los pagos a los políticos  y su versión respecto a las boletas emitidas por sus mujeres. En sus declaraciones, que aún se mantienen en reserva hasta que se hagan públicas la próxima semana, revelaron que en sus empresas existía un mecanismo para sacar plata de la compañía sin dejar registro, lo que coloquialmente es llamado como “platas negras” y que, de paso, a través de esta fórmula se provocaba una rebaja en la base líquida imponible de Empresas Penta. Eso es lo que puso sobre la mesa Délano, el 5 de enero, y luego Lavín lo explicó en profundidad al día siguiente en las cerca de ocho horas que duró su testimonio en la Fiscalía Oriente.  

Ambos empresarios, dicen sus cercanos, decidieron contar su verdad, para así despejar todas las dudas, y diferenciar los delitos que podían atribuírseles a ellos, de los que eran irregularidades cometidas por su ex gerente general, Hugo Bravo, para quien esta semana el Ministerio Público solicitó su formalización por varios delitos.

Asimismo, la estrategia de entregar estos nuevos antecedentes al fiscal se enmarca en la decisión de la defensa de Délano y Lavín de colaborar con la investigación. Luego de sus declaraciones, el abogado de ellos, Julián López, afirmó: “Mis representados admiten que han cometido errores, el principal de los cuales es no haber implementado medidas de control que evitaran que en algunas de sus sociedades de inversión imperara una estructura de malas prácticas que nunca debió existir”.

Sin embargo, el punto más importante para haber entregado esta información -que hasta ese minuto el fiscal Gajardo no tenía en su carpeta- fue frenar la posibilidad de que se les abriera un nuevo flanco judicial, después de finalizado el juicio, cuya formalización esta prevista para el 4 de marzo aún cuando esto implicaba reconocer un delito y la responsabilidad de ellos sobre éste.

Lo que a comienzos de enero confidenciaron Délano y Lavín es la existencia de cuatro contratos de forwards, que básicamente son acuerdos de seguro de moneda que dos empresas realizan, apostando al valor futuro de ella: comparados el tipo de cambio actual contra el proyectado, se obtiene un diferencial que debe ser pagado por la parte que pierde; y que comúnmente es utilizado en mercados extrabursátiles, denominados OTC (over the counter), o mercados no organizados, que se ocupan para cubrir los vaivenes del mercado, y eventualmente podrían ser atractivos para inversionistas dispuestos a asumir riesgos, a cambio de una probable ganancia.

Así, en esta historia, aparece una empresa llamada Siglo Outsourcing (también conocida como Asesorías VSA), de propiedad del ingeniero comercial Roberto Carrasco, una firma que presta servicios tributarios, contables y financieros, además de asesorías económicas y de administración a varias empresas, y que, según mencionó Lavín en su declaración, cerró en 2013 cuatro contratos de forwards con Empresas Penta.

El problema es que todos ellos fueron antedatados, o sea contratos que se firmaron ex post -no con la fecha real y como si hubiesen sucedido varios meses antes-, pactando previamente la pérdida para Penta. Eso es lo que se mantuvo en reserva hasta ahora.

Esta pérdida aparente fue restituida a Empresas Penta. Así, el modus operandis fue el siguiente: la pérdida artificial, asumida por “los Carlos” ante el fiscal Gajardo, obligaba a Penta pagar a la empresa Siglo Outsourcing $ 350 millones, pero ese gasto, en realidad, nunca ocurrió: Carrasco cobraba una comisión y devolvía el dinero a las arcas del grupo. 

Eso les permitió, en 2013, contar con una caja de $ 350 millones (el retorno generado por los cuatro contratos) para repartir entre bonos para sus ejecutivos y dineros para políticos, un tema crucial en la compañía, pues se trataba de un año electoral y ellos son conocidos financistas de campañas. De paso, Penta rebajaba su base líquida imponible -pues el dinero era contabilizado como gasto- generando así un nuevo delito tributario.

En el caso de Penta, dos de los cuatro contratos que maneja hoy el Ministerio Público entre las sociedades de inversión del grupo y Siglo Outsourcing están firmados por Carlos Alberto Délano y Hugo Bravo; los otros, por Bravo y Marcos Castro, el contador que aún trabaja para las sociedades de inversión de Penta, y que en la causa ha declarado como imputado.

 

Uno de los puntos que revelaron Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, en sus declaraciones que aún se mantienen secretas, son cuatro contratos de forwards que le generaban pérdidas a Penta. Así, sacaban dinero de la firma para pagar campañas políticas y bonos.

 

¿DÓNDE QUEDÓ LA PLATA?
El dinero, que fue depositado en la cuenta corriente de Hugo Bravo, es al que el propio ex gerente se refiere en la grabación que él mismo realizó de la conversación que sostuvo con Carlos Eugenio Lavín, cuando éste lo visitó en su departamento en San Damián, el 7 de septiembre pasado.

En ella, Bravo se muestra molesto porque Alfredo Alcaíno, abogado de los dueños de Penta, le pide detallar en qué se gastó este dinero, evidenciando el manto de dudas que existía en la empresa respecto al verdadero destino de esas platas. En la firma, de hecho, siguen dudando a dónde fueron a parar, aun cuando Bravo en la grabación sostiene que $ 60 millones fueron para repartir bonos, y al menos $ 140 millones se entregaron a Pablo Longueira, para su candidatura a primarias, y luego de su renuncia, para ayudarlo a rearmar su nueva vida.

En Penta, sin embargo, dudan de si eso ocurrió. Por una razón simple: aseguran que Longueira nunca solicitó ayuda financiera ni a Carlos Alberto Délano ni a Carlos Eugenio Lavín. Y a diferencia de las boletas en las cuales Bravo escribía las iniciales de las personas que recibían el dinero, de estas platas no hay registro visible.

 “Esa vez me exigió que le dijera en qué había gastado cada peso, los cheques que giré. Seguramente (Óscar) Buzeta (gerente de Administración y Finanzas de Penta) dijo: ‘Hugo Bravo cobró $ 200 o $ 300 millones, repartió un bono de $60 millones, y faltan $240 millones, se quedó con ellos…’. No han pensado ese tema, pero se les olvidó que le pagué $ 100 millones a Pablo Longueira en efectivo, otro tanto a Golborne...”, le dice Bravo a Lavín ese día, quedando en terreno gris esta materia.

 

La empresa con la que Penta realizó estos contratos se llama Siglo Outsourcing, y es del ingeniero Roberto Carrasco. A través de ella, Penta obtuvo $ 350 millones sin dejar registro. La semana pasada la fiscalía allanó la empresa de Carrasco, que está bajo sospecha: estas operaciones también se habrían realizado con otras compañías.

 

LAS PRÓXIMAS DILIGENCIAS
Desde comienzos de enero, el fiscal Gajardo agregó los nuevos antecedentes entregados por “los Carlos” a la carpeta de investigación. Varios delitos se podrían detectar si se analizan estos contratos, dice un penalista. “Desde estafa a contrato simulado, aunque lo más probable es que este fraude termine en un delito tributario, que tendría que ser antecedido por una querella del Servicio de Impuestos Internos en los próximos días”, detalla esta misma fuente. Lo que quedaría descartado es una eventual infracción a la Ley de Mercado de Valores porque los contratos de forwards cuestionados no fueron realizados por una institución bancaria. 

El tema abre, así, un nuevo flanco: Gajardo decidió investigar la contabilidad de Siglo Outsourcing, pues este negocio irregular podría ser un servicio habitual prestado por esa firma de contabilidad a otras grandes compañías. Con esta sospecha en la mira, Gajardo allanó las oficinas de Carrasco la semana pasada llevándose parte de la contabilidad, lo que podría abrir un complejo escenario.  

Si bien la versión que investiga la fiscalía es la presencia de forwards artificiales, cercanos a Bravo aseguran que éstos son contratos de asesorías falsos, porque básicamente fueron servicios que la empresa nunca realizó, pero que le permitieron a Penta manejar una caja distribuidora de fondos para personajes públicos. Señalan, en todo caso, que la relación del grupo con esta firma de contabilidad se originó en un antiguo vínculo comercial que existiría entre Siglo Outsourcing y el director de Banmédica Héctor Concha.

Las nuevas revelaciones de Délano y Lavín marcan un nuevo capítulo del caso Penta. Cercanos a los empresarios admiten que la idea es que el fiscal tome estos antecedentes en la próxima audiencia, evitando así una eventual reformulación de cargos. A mediados de ese mes, por su parte, se espera que Gajardo llame a declarar en esta nueva arista a Bravo y Roberto Carrasco. Consultado este último prefirió no referirse al tema, pues éste se encuentra en manos de sus abogados, quienes recién están armando su estrategia de defensa.