A mediados de 1984, con apenas un semestre de experiencia como estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, Julián López Masle recibió un llamado telefónico que lo sorprendió. Del otro lado de la línea, el entonces dirigente de la Secretaría Nacional de la Juventud del gobierno y hoy senador por la UDI, Iván Moreira, le avisaba que era el flamante ganador del Premio Presidente de la República Augusto Pinochet: había sacado el mejor promedio de enseñanza media de la Región de Magallanes, donde vivió junto a su familia hasta que egresó del Liceo Salesiano San José de Punta Arenas.

López tenía 18 años. Sin titubear respondió muy serio:

-No le voy a aceptar el premio. Tengo mis convicciones políticas.

Moreira insistió:

-Pero esto no es político. El premio se lo dará ,en una ceremonia en Santiago, personalmente el Presidente de la República.

-Por eso mismo no lo voy a aceptar-respondió.

Es una historia que, ahora que ha vuelto a cruzarse, al menos tangencialmente, con el mismo Moreira, resulta curiosa. Pero cómo iba Julián López a imaginar lo que sucedería más de 30 años después, cuando se convirtió en el abogado de los dos principales imputados en el caso Penta, Carlos Alberto Délano  y Carlos Eugenio Lavín, una causa en la que, coincidentemente, apareció involucrado el hoy senador Moreira luego que en diciembre se revelaran los correos en que pedía dinero al ex gerente general de Penta Hugo Bravo, para financiar su campaña a senador por la Región de Los Lagos.

Moreira fue el primero de los involucrados en reconocer públicamente las irregularidades que hoy investiga en fiscal de Alta Complejidad de la Zona Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo. Un día después, el 8 de enero, y sólo minutos más tarde que la Fiscalía Oriente pidiera audiencia al Octavo Juzgado de Garantía para formalizar en marzo a Délano y Lavín, los controladores del Grupo Penta, fue el propio Julián López quien dio una inédita conferencia de prensa, en la que aparecía como vocero de sus clientes, afirmando que sus defendidos reconocían infracciones tributarias, aunque no delitos penales.

La conferencia fue en el hotel Marriott, perfectamente organizada, en la que López fue el único orador. Incluso aceptó algunas preguntas de los periodistas. Hasta ahora, en ningún caso, menos de alta complejidad, había ocurrido una vocería así. Detrás de la rueda de prensa se buscaba “explicar” el alcance del anuncio de la fiscalía, que había informado que los “dos Carlos” serán formalizados en marzo por delito tributario y soborno.

De sus clientes, López reconoció que a partir del caso “han detectado que existen errores e irregularidades dentro del manejo contable de algunas de sus sociedades de inversiones, que constituyen, a nuestro juicio, infracciones a las leyes tributarias y a la ley de financiamiento electoral”. Y añadió: “Mis representados admiten que han cometido errores, el principal de los cuales es no haber implementado medidas de control que evitaran que en algunas de sus sociedades de inversión imperara una estructura de malas prácticas que nunca debió existir”.

Según varios penalistas, aquella conferencia de prensa marcó un antes y un después en el caso. Esto, porque comunicacionalmente descomprimió la presión hacia Délano y Lavín, quienes hasta ahora no han hablado en público. Pero lo principal es que dio indicios de la estrategia de la defensa: ir reconociendo, paulatinamente, participación en parte de los hechos.

Según comenta un conocido abogado que ha litigado en varios casos contra López, la rueda de prensa ha sido comentario obligado en el rubro. Varios de ellos han aplaudido el método. Otros lo han visto sólo como “una muy buena puesta en escena, que responde más a una estrategia comunicacional que penal”. Pero reconocen también que podría marcar tendencia a futuro para las grandes causas penales. “Eso es propio del estilo gringo”, apunta un jurista y recuerda que López tuvo parte de su formación en Estados Unidos: tras egresar de Derecho en la Universidad de Chile, cursó un máster en Derecho Penal en Harvard entre 1995 y 1996, posgrado que han estudiado cuatro chilenos, entre ellos Felipe Bulnes, ex ministro de Justicia.

La estrategia de “colaboración”, a partir de esa rueda de prensa, se ha hecho cada vez más evidente, en especial luego que se filtraran las declaraciones que Délano y Lavín hicieran al fiscal el 6 de enero. En ellas, no sólo reconocieron aportes irregulares a campañas políticas. Fueron más allá: los propios dueños de Penta revelaron a Gajardo que, además, en la empresa se usaba una fórmula para sacar dinero del holding sin dejar registro y rebajando así su base líquida en su declaración de impuestos, algo que hicieron a través de cuatro contratos de forwards con la empresa de asesorías Siglo Outsourcing.

No es lo único que dijeron al fiscal: esta semana se reveló que Délano contó que parte de las remuneraciones y bonos que se pagaban a los ejecutivos de Penta fueron con boletas a honorarios o facturas que se hacían de manera irregular.

Detrás de ese nuevo reconocimiento también está Julián López, quien el 12 de enero entregó a Gajardo un listado con los nombres de 15 ejecutivos que habrían recibido estos fondos. Una información que el fiscal remitió al Servicio de Impuestos Internos (SII) y que arriesgaría al Grupo Penta el pago de $ 2.105 millones por impuestos.

Años atrás, en 2010, el estilo “colaborativo” de López quedó plasmado en la defensa del ingeniero Andrés Contardo, quien tras reconocer su culpabilidad en dos delitos en el caso de irregularidades en el Registro Civil, del que era asesor al mismo tiempo que entregaba datos secretos a la trasnacional Tata Consultancy Services, fue condenado a cinco años de presidio remitido, evitando así llegar a un juicio oral.

Quienes conocen a López cuentan que parte de su sello es ser “muy pragmático en sus defensas” y que prefiere “asumir las realidades tal como son”. Y que mientras litiga, pese a que tiene una forma de hablar pausada,  también suele ser muy frontal,  irónico y agresivo, en especial en sus interrogatorios a testigos o imputados. Una escena de esas quedó registrada durante los alegatos por el desafuero de Jorge Lavandero en la Corte de Apelaciones de Temuco, causa en la que representaba pro bono a cuatro menores que fueron víctimas del ex senador DC: fue tal la intensidad y detalle con que relató los abusos sexuales, que uno de los jueces tocó una campanilla para pararlo.

Su pragmatismo también se reflejó, en el caso Lavandero, cuando López  propició un acuerdo con la fiscalía y la defensa del parlamentario para que se declarara culpable en un juicio abreviado.

No tiene problemas en tomar cualquier tipo de causa, a menos que vaya en contra de sus convicciones, como defender a un violador a los derechos humanos. Tampoco de tráfico de drogas, porque es profesor de la Universidad de Chile y, por tanto, funcionario público. Pero tiene una tendencia a las causas complejas. Un abogado comenta que “no hay mejor desafío para un penalista que defender casos impopulares”.

EL PROFESOR DE LA REFORMA
Detrás de las estrategias legales de Julián López, reconocen sus pares, está su gran conocimiento en la Reforma Procesal Penal.  No sólo fue uno de los primeros en enseñar litigación y funcionamiento del sistema, junto a su amigo, el abogado Jorge Bofill, en la Universidad de Chile. También, desde que comenzó a operar la nueva justicia, ambos han sido formadores de jueces en la Academia Judicial y también de fiscales y defensores públicos.

Hasta hoy imparte clases dos veces al año en la Academia Judicial sobre Control de garantía, Prueba ilícita y, ocasionalmente, un curso sobre Ley de penas sustitutivas y otro de Ética judicial.

De hecho, parte importante de su círculo cercano, además de sus compañeros de colegio  y de abogados como Bofill, Gabriela Zúñiga, del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y Claudio Moraga, entre otros, figuran varios jueces de garantía que son considerados del grupo de los más “progresistas” y “garantistas” del Poder Judicial. Varios de ellos son fundadores del Movimiento Jurisdicción y Democracia, como Fernando Guzmán, Francisca Zapata, Eduardo Gallardo y Luis Avilés.

Tan cercano es López a Avilés, que el juez, quien es parte del Octavo Juzgado de Garantía, donde recayó el caso Penta, se inhabilitó de conocer la causa, pues López es su abogado en el caso de un familiar que fue víctima de un accidente automovilístico.

Además, junto a Bofill defendieron a Avilés en 2010 ante la queja que presentó la Fiscalía Sur en su contra luego que criticara duramente en una audiencia la calidad de la investigación en el caso bombas.

López, tanto en sus clases como en varias columnas de opinión, también ha mostrado su postura “garantista” frente al sistema. En eso ha sido siempre muy crítico al abuso de la prisión preventiva. Una postura que, cuenta un abogado, en una ocasión le jugó una mala pasada: durante una causa en que era querellante, pidió la medida en contra del imputado. Con ironía, la jueza del tribunal le preguntó:

-¿Cómo puede usted invocar criterios orientados a favor de la prisión preventiva?

López se vio obligado a responder:

-Tengo una opinión crítica frente a la institución de la prisión preventiva, pero como abogado tengo el deber de invocar la ley como es y no como me gustaría que fuera.

Julián López junto a Aldo Motta, quien fue formalizado por el caso cascadas el 20 de enero. Días antes, el abogado dio la conferencia de prensa en nombre de los dueños de Penta.

 

LIBERAL SIN MILITANCIA
Quienes conocen a López dicen que desde que era escolar “era un gran comunicador”. Es lo que cuenta el sicólogo Víctor Cabrera Ortiz, su ex compañero en el Liceo Salesiano San José de Punta Arenas y miembro de Libertades Públicas, al igual que López. En su colegio aún se recuerda su paso como periodista del diario “El Impertinente”, donde el abogado, pese a que en apariencia parece quitado de bulla, hacía las entrevistas más “puntudas”. Al punto que, en una ocasión, se atrevió a preguntarle a uno de los profesores más influyentes del colegio: “¿A usted se le subieron los humos a la cabeza?”.

En otra oportunidad, preguntó a una profesora: “¿Es usted la más gritona de todo Magallanes?”.

En su paso por el colegio, López fue uno de los mejores alumnos del curso. En Punta Arenas fue compañero, además, de los abogados Carlos Barros y Luis Hernández. Mientras que, en otro paralelo, estudiaba el ex diputado UDI y ex ministro de Energía de Sebastián Piñera, Rodrigo Álvarez.

En 1983, en cuarto medio, Julián López se enfrentó a Álvarez en la elección del Centro de Alumnos del colegio. El ex diputado UDI resultó electo, mientras que López, en la vereda opuesta, quedó como encargado de prensa.

Pese a que no viene de una familia especialmente política, Julián López se inclinó por la oposición a Pinochet desde muy joven. Su padre, Higinio López, un conocido empresario y dirigente de los camioneros de la zona, fue uno de los protagonistas del paro de transportistas en contra del gobierno de Salvador Allende.

De adolescente, estuvo influenciado políticamente por los sacerdotes salesianos, e incluso, llegó a simpatizar con la DC. Eso, sumado a que en su barrio, la calle Miraflores de Punta Arenas, varios vecinos eran de la Unidad Popular. Así fue forjando su identidad. Luego conoció de cerca las detenciones a los opositores a la dictadura, luego que varios de los papás de sus amigos del barrio fueran apresados por los militares y llevados a isla Dawson como prisioneros políticos.

A Derecho de la Universidad de Chile llegó en 1984. Eran tiempos, cuentan ex compañeros de escuela, “en que había que estar comprometido sí o sí con la oposición”. Del grupo más militante, pocos recuerdan a López. “Nunca estuvo en la primera línea”, dice un abogado.

Su participación en las protestas y la toma de la Escuela de Derecho por la designación del rector José Luis Federici, sin embargo, le valió ser detenido junto a varios compañeros.

Su generación estuvo marcada por la política: fue compañero de Yerko Ljubetic, un emblemático dirigente DC de la época, de la PPD Carolina Tohá, hoy alcaldesa de Santiago, y del activista y ecologista Luis Mariano Rendón, entonces PC. También estaba en su mismo curso Mónica Van der Schraft, su esposa, hoy socia de Cariola, Diez, Pérez-Cotapos y con quien pololeó desde primer año de universidad: ambos estudiaron en Harvard y hoy tienen tres hijos.

También coincidió en la misma sala con el fiscal nacional Sabas Chahuán, Andrés Jana, Lucas Sierra, Alejandro Ferreiro y la jueza Karen Atala, a quien representó en el juicio por la tuición de sus hijas y que puso por primera vez en jaque a la Corte Suprema al tener que pronunciarse sobre el caso de una madre que asumía públicamente ser lesbiana.

En la universidad, López abandonó su simpatía escolar con la DC y se acercó a la izquierda. Pero nunca, cuentan sus cercanos, se decidió a militar en un  partido. Hoy es considerado un liberal de izquierda. El año pasado fue parte del equipo constitucional del ex candidato presidencial Andrés Velasco, hoy también investigado en el caso Penta. Luego, en segunda vuelta, estuvo en el grupo de juristas con Michelle Bachelet, al que fue convocado por la actual ministra del Trabajo, Javiera Blanco (DC).

A pesar de sus preferencias políticas, nunca ha sido convocado a trabajar ni por la Concertación ni por la Nueva Mayoría. Curiosamente, su única incursión en un gobierno se produjo en el período de Piñera, cuando la ex ministra de Justicia Patricia Pérez lo llamó en 2013 para formar parte de la Comisión de Expertos para el Perfeccionamiento del Sistema de Justicia Penal. Además, es frecuentemente invitado a la Comisión de Constitución y Justicia del Senado y un activo socio del Colegio de Abogados, donde junto a un grupo de Libertades Públicas propició el nuevo Código de Ética.

López es agnóstico y liberal en lo valórico: pro aborto porque considera que se trata de un derecho de la mujer, a favor de la despenalización del consumo de marihuana y partidario tanto del matrimonio homosexual como de la adopción de hijos de parejas homoparentales. Incluso, a fines de los 90 fue parte de los abogados que llevaron a los tribunales la prohibición de que se exhibiera la película La última tentación de Cristo.

Sus amigos, eso sí, sonríen al contar sus posturas liberales, pues en su vida privada, afirman, es todo lo contrario: tiene un matrimonio de más de 20 años con su esposa; y cuentan que jamás ha probado la marihuana. Hasta en lo laboral ha sido estable:   trabaja junto al penalista Davor Harasic desde 1993, y son socios a partir de 1995.

A Harasic lo conoció en la Universidad de Chile, donde fue su ayudante en Derecho Procesal a comienzos de los 90. Antes de trabajar juntos, primero en una oficina en el Paseo Ahumada y luego en Presidente Riesco, López estuvo tres años en la Fiscalía del BancoEstado. Sin embargo, siempre le gustó el Derecho Penal, al punto que, como recuerda su amigo Víctor Cabrera, en séptimo básico ya anunciaba que quería ser abogado. Su inspiración venía de Petrocelli, el protagonista de la serie de televisión homónima de los años 70, un penalista que investigaba sus propios casos.

DE CLODOMIRO ALMEYDA A CASCADAS
Uno de los primeros casos a los que se enfrentó Julián López fue uno de alta complejidad. Aún era estudiante de Derecho y, como procurador del abogado Luis Ortiz Quiroga, llegó a la oficina el requerimiento que el régimen militar formuló en contra el socialista Clodomiro Almeyda por apología del terrorismo y por el que fue encarcelado en 1987.

Luego vino el proceso de la Armada en contra de Óscar Guillermo Garretón, quien estuvo preso en la Cárcel de Valparaíso y fue liberado después del plebiscito de 1988. López iba, junto a Luis Arévalo, quien también era parte del estudio, a alegar la libertad.

Ambos casos, muy difíciles de tramitar, marcaron a López. Años después, cuando se dedicó de lleno al Derecho Penal,  combinó sus clases de profesor en la Universidad de Chile - es autor junto a María Inés Horvitz del texto Derecho Procesal Penal Chileno - con su trabajo en tribunales. Entre los abogados destacan como parte de su perfil que él mismo se hace cargo de todos los detalles de una causa, al punto de hacer hasta los trámites más mínimos. “Es muy apegado a las normas y conoce cada regla”, dice un penalista.

Junto a Harasic, suelen no manejar más de 10 causas paralelas. Todas son de alta complejidad y, generalmente, de connotación pública: además del caso del Registro Civil, donde defendió a Contardo, López fue abogado de Álvaro García en el caso Inverlink; del Grupo Claro y de la familia Schiess en la toma del Hotel Hanga Roa en Isla de Pascua por parte del clan Hito.

En sus manos hoy también está otra de las causas que acaparan portadas: el 20 de enero, la imagen de López salió por partida doble en la prensa. Por un lado, el caso Penta. Por el otro: acompañó a su cliente, el gerente general de las sociedades cascadas Pampa Calichera y Norte Grande, Aldo Motta, a su formalización en el Centro de Justicia acusado de entregar “información maliciosamente falsa al mercado”.

Hoy los ojos de todos los involucrados en Penta están puestos en los pasos que dará Julián López en su estrategia de defensa de Délano y Lavín. En palabras de un penalista: “Este caso está recién comenzando y ahora viene lo más interesante: ver el partido que darán en los tribunales todos los abogados. Es como poner en la misma cancha a jugar a Sampras, Agassi, Federer, Nadal, Djokovic, Murray y hasta Bjorn Borg”.