A primera hora del miércoles de esta semana, el fiscal Carlos Gajardo, quien hace más de un año lidera las investigaciones al grupo Penta, llegó hasta las dependencias de la  Fiscalía Nacional en el centro de Santiago para sostener una crucial reunión con la fiscal nacional (s) Solange Huerta, quien reemplaza al titular Sabas Chahuán durante sus vacaciones estivales.

Tras varias horas de discusión, el investigador se retiró rumbo a su oficina en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, en la comuna de Las Condes. Ya durante la tarde, la Fiscalía Nacional emitió un comunicado que no sorprendió al investigador: todos los antecedentes recogidos en el caso Penta que apuntaban a una nueva línea investigativa sobre presuntos aportes irregulares a campañas políticas, esta vez de parte de la empresa minera Soquimich Limitada (SQM), serían separados, quedando en manos del fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes.

“La decisión se fundamenta en la complejidad y extensión que muestra esta indagación, lo que aconseja su dirección separada por parte de un fiscal regional”, decía el comunicado, explicando en parte las razones de la decisión. Según comentaron ese mismo día en el Ministerio Público, fue la consecuencia lógica de una investigación que crecía cada día: de investigar a un grupo de contadores coludidos para defraudar al fisco y evadir impuestos en la causa conocida como fraude al FUT, las pesquisas dejaron al descubierto los aportes irregulares a campañas del grupo Penta a diferentes figuras políticas, principalmente de la UDI, lo que trajo como consecuencia una indagatoria que se amplió a otros grupos económicos, como el grupo Cruzat, y últimamente Soquimich.

La resolución de la Fiscalía Nacional buscaba poner a un fiscal de un rango mayor que el de Gajardo al frente de la nueva arista, que en un primer asomo salpicó a dos parlamentarios oficialistas: el diputado DC Roberto León, y el senador PS, Fulvio Rossi.

La decisión de nombrar a Montes (quien es hijo del senador socialista Carlos Montes y hermano de la subsecretaria de Turismo, Javiera Montes) radicaba en la inhabilidad expresada semanas antes por el superior jerárquico de Gajardo, Alberto Ayala, según el comunicado oficial de la entidad.

A mediados de enero, el Servicio de Impuestos Internos (SII) denunció ante la fiscalía al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner y a su cuñada María Carolina de la Cerda por eventuales ilícitos tributarios vinculados con la empresa Soquimich, a propósito de la información proporcionada por el propio Gajardo y que apuntaba a una serie de empresas donde se repetiría el modelo de Penta para financiamiento de campañas políticas. A raíz de estas pesquisas, el fiscal Ayala decidió informar la relación laboral que mantuvo con Soquimich durante 12 años, declarándose incompetente para supervisar a Gajardo, al menos en esa parte de la indagatoria.

Con Montes al frente, la fiscal Huerta -quien ganó notoriedad por la investigación del 27-F donde interrogó a la presidenta Bachelet en calidad de testigo- tomó otra decisión que llamó la atención de varios abogados de la causa, e incluso alertó al mundo político: el propio Ayala fue oficializado como el titular de la causa Penta en su calidad de fiscal regional. Si bien en el Ministerio Público explican que dicha determinación no cambia la relación jerárquica y de control de la investigación que ejercía desde antes, también reconocen que a partir de ahora todas las decisiones investigativas son de su exclusiva competencia. Con ello, Gajardo quedaba relegado a un segundo plano en la indagatoria, lo que se transforma en un golpe a sus aspiraciones de llegar hasta el final del caso en el que trabajó durante más de un año.

UN FISCAL INCÓMODO
Desde que se asomaron los primeros antecedentes de financiamiento irregular de campañas políticas en el caso Penta, el fiscal Carlos Gajardo se transformó en un dolor de cabeza para la clase política, y en particular para la dirigencia de la UDI, principal objetivo de impacto de las esquirlas de Penta.

La vehemencia con que actuó en la incautación de computadores en las oficinas de Jovino Novoa, Laurence Golborne, Pablo Zalaquett y Andrés Velasco, entre otros políticos, levantó inmediatas suspicacias en la oposición. El presidente de la UDI, Ernesto Silva, lo acusó de filtrar información y de actuar con “sesgo político”, e incluso le pidió personalmente al fiscal nacional, Sabas Chahuán, abrir una indagatoria por supuestas filtraciones.

Pese a esta fuerte presión, Chahuán mantuvo al investigador al mando de las diligencias, pero bajo un estricto régimen de supervisión: de ahí en más, cada paso hacia adelante debía pasar por el cedazo de la Fiscalía Nacional.

Así sucedió, por ejemplo, con la decisión de formalizar por delitos tributarios a los principales controladores del grupo Penta: Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además de una serie de ejecutivos del grupo.

Tras dicha determinación, y luego que el tribunal aludido fijara la audiencia de formalización de cargos para el próximo 4 de marzo, Gajardo dejó la causa andando en manos de sus ayudantes en la Unidad de Alta Complejidad, los fiscales Pablo Norambuena y José Luis Villalobos, antes de salir de vacaciones las dos primeras semanas de febrero. De hecho, estos dos investigadores profundizaron en su ausencia en la arista relacionada con las operaciones forwards que salpicaron al grupo Cruzat.

Solange Huerta, que investigó el caso 27-F, resolvió separar las investigaciones en su calidad de fiscal nacional subrogante.

PRESIÓN SOBRE EL SII
Su regreso, el lunes pasado, coincidió con la divulgación de una nueva hebra investigativa.  Ya en medio de sus labores, el fiscal les abrió el naipe a varios de los abogados defensores y querellantes del caso Penta: el mismo lunes y también el martes, entregó copias de los últimos antecedentes de la carpeta de diligencias. El dossier, caratulado como capítulo 12 de la investigación, contenía un anexo con la declaración de María de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. En su testimonio, la ingeniera comercial reconoce haberle prestado en 2009 una serie de boletas de honorarios a su familiar, una de las cuales fue a parar a la contabilidad de la empresa minera, en particular, en julio de 2009, a sabiendas de que se trataba de aportes a campañas políticas, según su propia declaración.

La mujer menciona a Ernesto Silva Bafalluy -padre del actual presidente de la UDI, fallecido en 2011- como quien la contacta para solicitarle las boletas que, según presume en su propio testimonio, habrían sido utilizadas en la campaña senatorial de Joaquín Lavín.

Aunque parte de esta información era conocida por la propia denuncia presentada a mediados de enero por el SII, los antecedentes consignaban un elemento nuevo: a partir de dicha boleta el fiscal había solicitado a la PDI individualizar y contactar a todas las personas  que prestaron servicios a Soquimich durante ese mes de julio de 2009 y que aparecían en el libro de retención de honorarios y el libro de compras de la empresa. El informe, recibido por la fiscalía el 6 de febrero pasado, estaba en el capítulo 12, y fue advertido por los abogados. El martes pasado, La Tercera informó que, entre las 19 personas, figuraban Roberto Javier León, por ejemplo, entre las 19 personas, figuraban Roberto Javier León  Araya, hijo del diputado DC Roberto León, prestándole servicios a SQM por un monto bruto de $ 2 millones 500 mil. La Tercera informó también de una boleta de Mariela Loreto Molina Aguilera, periodista que trabajó para el senador Fulvio Rossi, quien consignaba una boleta por $4.444.444, y el ex embajador en República Checa, Mario Rozas, reconocido dirigente DC y cercano a Soledad Alvear y Gutenberg Martínez, quien también figuraba con una boleta al igual que su mujer, Michelle Reymond Larraín, así como el hijo de ambos Daniel Rozas Reymond.

El siguiente paso del fiscal era revisar los últimos cinco años de las contabilidades de SQM, diligencia para la que en principio contaba con la venia del SII, pero a poco andar la entidad decidió querellarse sólo a propósito del mes de julio de 2009, dejando fuera todas las campañas políticas desde dicha fecha. Cabe recordar que en materia de delitos tributarios el fiscal sólo puede iniciar acciones siempre y cuando cuente con la anuencia del servicio. Como a su regreso de vacaciones  la situación no había variado, según  interpretaron varios abogados de la causa, Gajardo decidió pasar a la ofensiva y ejercer presión pública abriendo la arista a los intervinientes, lo que trajo como inmediata consecuencia su publicidad en medios de comunicación.

Algo similar a lo que ocurrió durante el inicio del caso Penta: para seguir adelante con la línea investigativa que llevó a los posibles delitos tributarios de parlamentarios y dirigentes UDI e independientes, también requería de una acción del SII, la que se concretó una vez que los pormenores de las pesquisas llegaron hasta la opinión pública.

Esta semana, la decisión del Ministerio Público de relegar a Gajardo a un segundo plano en el caso Penta y Soquimich en su entorno señalan que se pondrá a disposición de Montes para continuar colaborando con las pesquisas- levantó inmediatas suspicacias sobre la necesidad de entregar esta última arista a un fiscal como Alberto Ayala quien, según comentan en círculos judiciales, actuaría con menor independencia que Gajardo, ya que es uno de los que ha manifestado notorio interés en convertirse en el próximo fiscal nacional, proceso que la propia presidenta Michelle Bachelet y el Congreso, deben zanjar antes de octubre próximo.

Otra lectura que levantó los cambios impulsados por la Fiscalía Nacional en la indagatoria fue que al designar a un fiscal de mayor rango en el caso SQM, el Ministerio Público estaría decidido a ampliar sus indagatorias a los últimos años, aún cuando el SII no se haya pronunciado al respecto.

“Si en un mes se encontraron dos o tres vinculaciones, imagínese lo que encontrarían si revisan losúltimos años, nos afectaría a todos”, reconoce un parlamentario de oposición.

La investigación sobre Pablo Wagner llevó a descubrir una boleta para la campaña de Joaquin Lavín. Esta semana, Roberto León (DC) y Fulvio Rossi (PS) también fueron mencionados en la investigación.

¿LA CAJA DE PANDORA?
Justo cuando el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, abandonaba sus funciones para iniciar una semana de descanso tras enfrentar la crisis que significó para La Moneda la activación del caso Caval y la posterior renuncia del  primogénito de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, a la Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República, la arista SQM se instaló como un nuevo problema en la agenda del gobierno en ausencia de la mandataria. Aunque el lunes el ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, ya había asumido funciones como jefe de gabinete subrogante, además de ser el portavoz y titular (s) de Justicia; fue Robinson Pérez, principal asesor de Peñailillo, quien asumió el martes el control de lo que se asomaba tímidamente: la nueva arista abierta en la investigación del caso Penta volvía a apuntar a la clase política, pero esta vez salpicaba a la Nueva Mayoría.

Aunque en la Alianza varios celebraron la noticia, con el paso de las horas optaron por mirar y actuar con cautela. Igual que en el gobierno, donde Robinson Pérez reunía antecedentes y buscaba junto al triministro Elizalde una salida comunicacional: luego de intercambiar opiniones con dirigentes de los partidos aludidos, además de parlamentarios oficialistas, optaron por bajarle el perfil al tema y pidieron al oficialismo “no sobrerreaccionar”.

Es un secreto a voces en el mundo político y lo confirman varios parlamentarios, e incluso estuvo entre los factores de análisis de La Moneda: la empresa manejada por Julio Ponce Lerou, protagonista del caso cascadas, ha colaborado con candidatos de todos los partidos políticos, principalmente con representantes del norte del país, con lo que una investigación más avanzada del Ministerio Público podría abrir una llave que termine impactando a todo el arco político. Desde la oposición la señal se hizo evidente: mientras parlamentarios RN como Nicolás Monckeberg  y José Manuel Edwards anunciaban acciones fiscalizadoras, desde la UDI mantenían estricto silencio. Incluso, fuentes opositoras señalan que los legisladores RN ofrecieron a dirigentes de la UDI enarbolar una ofensiva conjunta, sin recibir una respuesta a cambio.

“Lamentamos que el gobierno artificialmente haya restringido la investigación a SQM, emplazamos al SII a que le permita al fiscal Carlos Gajardo investigar todas las boletas”, decía Edwards antes de conocerse el cambio de fiscal, y sin recibir mayor respaldo de sus socios.

Ahora, la causa SQM quedó en manos de Andrés Montes, quien de seguro trabajará con José Morales, fiscal que está bajo su mando y que lleva adelante precisamente la indagatoria contra Ponce Lerou en el caso cascadas.

Montes es un reconocido fiscal del Ministerio Público, respetado entre sus pares, y que ha sorteado con éxito, hasta ahora, las críticas que ha enfrentado, precisamente, por sus relaciones familiares y políticas. Ahora podrá pararse frente a su mayor prueba.