Apenas salió de la sala especial para juicios orales, el fiscal Carlos Gajardo apuró el paso hacia la salida de la mole de cemento y vidrio conocida como Centro de Justicia, edificio que alberga a la mayoría de los tribunales penales de Santiago. En su celular tenía una llamada perdida que se apresuró en responder. Detrás de él caminaban los fiscales adjuntos con los que investigó durante poco más de nueve meses el caso Penta, Pablo Norambuena y José Luis Villalobos, quienes arrastraban sendas maletas colmadas de archivadores. Apenas cortó, esbozó una sonrisa y se dirigió a sus compañeros.

- ¿Vamos a almorzar?, necesito subir los cuatro kilos que bajé estos días.

Minutos antes de las dos de la tarde del martes pasado, el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente fue notificado del anuncio que dos horas más tarde se haría efectivo: apenas regresó de sus vacaciones, esa mañana, el fiscal nacional Sabas Chahuán decidió tomar cartas en el asunto y despejar todas las dudas.

Había determinado apropiarse de todas las aristas abiertas a propósito del caso Penta, especialmente la que apuntaba a la antigua Sociedad Química y Minera de Chile (Soquimich), hoy SQM, para dirigir personalmente las pesquisas. Por primera vez en la historia de la institución, el máximo representante del Ministerio Público investigaría y tramitaría directamente una causa.

El golpe de timón contemplaba la continuidad de Gajardo en el diseño de un nuevo equipo de fiscales bajo su directa supervisión, integrado además por el fiscal Norambuena, y la incorporación de otro investigador, el fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias.

Dos horas después, Chahuán se tomó 16 minutos para explicar públicamente, en una conferencia de prensa que fue transmitida en directo en televisión y radio, una decisión que buscaba descomprimir la presión activada por los cambios que él mismo había visado hace unos días desde su lugar de descanso. La reorganización de las líneas investigativas de Penta y SQM, y la reasignación de fiscales: Gajardo pasaba a un segundo plano, pues se le entregaba la arista SQM al fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes (hijo del senador PS Carlos Montes y hermano de la subsecretaria de Turismo, Javiera Montes), y toda la causa en la que se había quemado las pestañas en los últimos meses quedaba en manos de su superior jerárquico, el fiscal regional Oriente, Alberto Ayala.

Aunque Chahuán se preocupó de señalar que su decisión buscaba ir más allá y tenía que ver con la musculatura creciente que iban adquiriendo ambos casos, fue leída como un retroceso: la reasignación original no sólo había dejado malparado al Ministerio Público ante la opinión pública, sino que además desnudó una trama que se tejía en silencio al interior del órgano persecutor. La carrera para suceder al Fiscal Nacional estaba desatada.

EL GATILLO DE AYALA CON GAJARDO
A fines de diciembre, apenas el fiscal Carlos Gajardo profundizó en varios antecedentes que apuntaban a que el modelo utilizado por Penta para financiar irregularmente campañas políticas podría haber sido replicado en otras empresas, su superior jerárquico, el fiscal regional Alberto Ayala, lanzó una advertencia al interior del Ministerio Público: el caso crecería irremediablemente día tras día. Fuentes al interior del organismo señalan que Ayala argumentó, en varias reuniones de coordinación con la Fiscalía Nacional, sobre la necesidad de separar las investigaciones.

Incluso fue tema de discusión a mediados de enero pasado, cuando el propio fiscal regional se inhabilitó de conocer los antecedentes expuestos en la querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) que apuntaban al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y su cuñada María Carolina de la Cerda, quienes habrían facilitado boletas a SQM, empresa en la que Ayala trabajó durante poco más de 12 años como abogado asesor. Por ello, fue su hombre de confianza en la Fiscalía Oriente, José Veizaga, el designado para  continuar adelante junto a Gajardo en las pesquisas ligadas a dicha arista. Hasta ese momento, Ayala continuaba supervisando a Gajardo en el caso Penta, y buscaba ejercer control sobre sus pasos. Algo que, irremediablemente, tensionaba la conocida distancia que marcaba la relación entre ambos.

El primer impasse entre ambos se remonta a mediados de 2014, cuando Ayala nombró a Gajardo como jefe de la Unidad de Alta Complejidad (UAC), cargo administrativamente inferior al que detentaba en ese entonces como fiscal jefe de Ñuñoa y Providencia. Como condición para su traslado, el investigador pidió trabajar con fiscales de confianza, por lo que se aprobó su llegada a Las Condes junto a Pablo Norambuena y José Luis Villalobos.

Como una forma de mantener presencia en dicha unidad, Ayala designó al fiscal Rodrigo Varela, quien trabajaba en la fiscalía local de Las Condes como integrante adicional de la entonces incipiente UAC, decisión que fue resistida por Gajardo. Demostrando su carácter, el fiscal del caso Penta se negó a trabajar con Varela, argumentando que necesitaba colaboradores de extrema confianza. Varias fuentes consultadas en el Ministerio Público confirman que si bien Varela hasta el día de hoy pertenece administrativamente a la UAC, nunca ha abandonado sus funciones como fiscal de Las Condes. El episodio marcó el camino en los meses venideros.

Los antecedentes de divergencias entre Ayala y Gajardo hicieron despertar de inmediato las sospechas al interior del Ministerio Público el miércoles de la semana pasada: Ayala había ganado el primer gallito asumiendo el control total del caso Penta. Con dicho escenario, el fiscal regional Oriente lanzó inmediatas señales de que buscaría pasar a la ofensiva y tomar protagonismo en el caso. Según altas fuentes de la causa, su primera acción apuntó a revertir una decisión de Gajardo. No respetar el acuerdo que el fiscal Gajardo suscribió con los dueños del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. Ambos colaboraron con el fiscal Gajardo y entregaron en enero pasado nutridos antecedentes sobre los financiamientos irregulares a campañas, así como abrieron las pistas de otras aristas, como las operaciones forwards. Con ello, Gajardo se había abierto a suscribir un acuerdo en el que se comprometía a solicitar como medida cautelar el arresto domiciliario en la formalización de cargos del próximo miércoles 4 de marzo, desechando su decisión inicial de buscar la prisión preventiva para ambos imputados. Pese a este pacto, Ayala transmitió durante el fin de semana que endurecería su línea de acción y optaría por este último camino. Quienes conocen la indagatoria aseguran que Gajardo advirtió el movimiento. Y se comprometió con ellos el lunes pasado a revertir dicho escenario: pidió un día para dar vuelta la tortilla.

LA CARTA DE RENUNCIA
La decisión de Chahuán de colgarse personalmente la mochila de los casos Penta y SQM y todos sus derivados, a sabiendas de que golpean y podrían golpear a más parlamentarios y dirigentes políticos esta vez, sin distinción de partidos políticos ni de domicilio en el oficialismo o en la oposición, fue interpretado, a su vez, como un triunfo de Gajardo en su disputa con Ayala.

El primero defendió con uñas y dientes su presencia y protagonismo en el caso completo. Apenas fue citado la tarde del miércoles 18 de febrero pasado a una reunión con la fiscal nacional (s), Solange Huerta, Gajardo sabía lo que se venía. Según sus cercanos, atribuía el escenario venidero al resultado de la fuerte presión de su superior jerárquico y su pretensión de separar las investigaciones.

De hecho, una de las versiones sostiene que Ayala propuso una fórmula: asumir personalmente el control de Penta y que Veizaga, quien lo subroga como fiscal regional, asuma íntegramente la arista SQM, cuadro que dejaba completamente fuera a Gajardo y que, en principio, fue aceptado por Huerta y Chahuán.

Por eso, apenas fue convocado por Huerta para asistir esa tarde a una reunión en la Fiscalía Nacional, Gajardo redactó una carta de renuncia que dejó en las manos de la fiscal Huerta justo cuando se le comunicaba la fórmula. No aceptaría salir del caso sin que ello significara dejar el Ministerio Público.

La tensa reunión obligó a la fiscal Huerta a mantener reiteradas comunicaciones con Chahuán, buscando una salida intermedia para evitar la dimisión del titular del caso Penta. Entre los análisis primó la idea del alto costo público que significaba sacar del camino a Gajardo, cuya renuncia sería un golpe difícil de revertir para el Ministerio Público, sobre todo luego que se impusiera su imagen de implacabilidad con el poder.

A regañadientes, Gajardo aceptó que Ayala comandara el caso Penta y la causa SQM pasara a manos del fiscal Andrés Montes, con la condición de mantenerse en ambas indagatorias.  La solución parecía correcta, pero lo que no calcularon en la Fiscalía Nacional fue el impacto político que provocaba el nombramiento del hijo del senador socialista, justo cuando además aparecían los primeros vínculos de eventuales aportes ilícitos a campañas de parlamentarios de la Nueva Mayoría. “Los fiscales son cuadrados, hicieron sólo el cálculo jurídico”, dice una fuente del Ministerio Público, pues se consideró que no existía ningún tipo de inhabilidad legal del investigador.

Los días siguientes, Gajardo siempre mantuvo su carta de renuncia a mano. Pero el revuelo causado le hacía pensar al fiscal que al regreso de sus vacaciones, el día martes, Chahuán podría revertir el esquema. Justo el tiempo que le anunció a la defensa de los Penta para salvar el acuerdo. Fue esa misma certeza la que le hacía enfrentar las cámaras con entereza y la versión de que no le “quitaron el piso” y de que seguiría en la indagatoria “caiga quien caiga”.

El fiscal nacional Sabas Chahuán comunicó su decisión de asumir personalmente la causa, junto a su fiscal subrogante Solange Huerta.

 

UN PROBLEMA DE SUCESIÓN
Tres horas y media duró este miércoles la primera reunión del nuevo equipo investigador de Penta-SQM y las aristas forwards y corredores de bolsa, al mando de Sabas Chahuán. Con la institucionalización de un equipo nuevo bajo su cargo, Chahuán consiguió limpiar el que se considera podría llegar a ser el caso judicial de mayor impacto en la vida política nacional. Para varios, acertó, dejando de lado los intereses en juego a propósito del término de su propia gestión, el 30 de noviembre próximo, y la carrera ya desatada por sucederlo.

La crisis que provocó la reasignación de las causas está directamente vinculada a la perspectiva de la sucesión, según varios en el mundo judicial.

“No hay otra explicación, principalmente en el caso Penta: influyó la carrera que se está desatando ya respecto del cargo de fiscal nacional.  Esta causa podría haber sido utilizada  para catapultar a alguien apareciendo en la prensa todos los días hasta que se cierre el concurso, o al revés, que se utilice como una herramienta que le genere una cortapisa a alguien para no ser designado. Eso es una realidad”, dice el ex fiscal Rodrigo Lazo.

En el Ministerio Público interpretan que Chahuán consiguió dejar fuera del caso a dos personajes que aspiran o aspiraban a convertirse en continuadores de su gestión: Solange Huerta y Alberto Ayala. Se trata de dos fiscales de exclusiva confianza de Chahuán y suscriptores de la línea “oficialista” de mando en el Ministerio Público. Hasta antes de este caso, incluso a nadie en la fiscalía le extrañaba que uno de los dos resultara ungido como el sucesor. Pero fueron víctimas del esquema que el propio Chahuán visó y luego revirtió para salir jugando de la crisis.

Si bien la fiscal Huerta, según cuentan sus cercanos,  ya había transmitido que no le interesaba postularse al cargo de fiscal nacional, los costos públicos de la reasignación de la causa recayeron sobre sus hombros, sepultando las pocas opciones que le quedaban. Ayala, por su parte, también ha señalado a sus cercanos que no se presentaría, pues baraja la idea de volver a la Región de Antofagasta, donde ya fue fiscal regional. Ahora, sin embargo, si bien quedó fuera del caso Penta, tendrá tiempo para lanzarse a una campaña por suceder a Chahuán. El problema para Ayala será medir los costos que le traerá su alejamiento del caso de mayor atención pública, así como de su soterrada disputa con Gajardo, la que en todo caso en su entorno desmienten, señalando que ambos mantienen “una cordial relación”. A Ayala se le reconocen en círculos judiciales habilidad política y llegada con varios ministros de la Corte Suprema, que es la encargada de preparar la quina que llegará a manos de la presidenta Michelle Bachelet los primeros días de septiembre. Pero antes deberá enfrentarse a la alternativa que promueve el propio Chahuán: el ex fiscal regional de Valparaíso, Jorge Abbott, a quien el fiscal nacional trajo de vuelta tras su partida de la entidad, para designarlo hace casi un año como el director ejecutivo nacional de la Fiscalía de Chile. Para otros, la imagen del Ministerio Público quedó en tela de juicio, lo que hace necesario un cambio de rumbo, una mirada externa.

“A mi juicio, la carrera por la sucesión influyó muchísimo, y demuestra la necesidad de un cambio profundo en la dirección de la Fiscalía Nacional”, dice Pedro Orthusteguy, ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. “Lamentablemente no se ven candidatos externos o alejados a la actual administración, los únicos nombres que no son ‘oficialistas’ y que han trascendido a la prensa son los de Soledad Alvear, Raúl Guzmán, y Xavier Armendáriz. Que Chahuán se hiciera cargo del caso Penta fue una medida extraordinaria ante una situación gravísima de desprestigio del Ministerio Público. Era eso o cerrar la fiscalía con candado, por fuera”, concluye.

EL DILEMA DE CHAHUÁN
Lo que ocurra el próximo miércoles en la sala especial del Centro de Justicia, en la formalización de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín y el conjunto de ejecutivos del grupo económico Penta por eventuales ilícitos tributarios, marcará el sello de cómo Chahuán guiará los destinos del caso.

Hasta ahora las señales son de endurecimiento: la designación de un fiscal como Emiliano Arias, especializado en delitos violentos y de marcado carácter persecutor, o la decisión de hacerse cargo personalmente de las pesquisas por la “envergadura de las personas involucradas”, prerrogativa que está reservada exclusivamente para casos excepcionales, son detalles que los abogados de la causa no pasan por alto. Pero tampoco en los partidos del oficialismo y oposición, ni menos en La Moneda. Si bien fue transversal el respaldo que recibió en público su golpe de mesa, en los partidos temen que la presencia de Chahuán signifique que va a investigar hasta las últimas consecuencias, sobre todo en una arista como SQM, donde es de público conocimiento que la empresa aportaba a campañas de todo el arco político.

En el plano judicial, será clave descifrar si Chahuán respetará el acuerdo alcanzado por Gajardo con los dueños de Penta o seguirá una línea más dura, como la que marcará el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que ya anunció en privado a los intervinientes que pedirá la prisión preventiva de los imputados. Más allá de lo que pase el miércoles, el fiscal nacional tendrá una dura prueba para sus últimos nueves meses de mandato, donde también pondrá sobre la mesa la necesidad de que el Congreso despache su plan de fortalecimiento de la entidad, el que le fue esquivo durante el gobierno de Sebastián Piñera, y la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad que, precisamente, investigue casos como Penta y SQM.

Ya dio un primer paso: los tres fiscales con los que trabajará se instalarán a partir de la próxima semana en dependencias de la Fiscalía Nacional. Será una especie de piloto, un ensayo, un modelo tan resistido hasta ahora por la clase política. Hasta dónde alcanzará a llegar Chahuán es la gran pregunta pendiente. La posta será tomada por el próximo fiscal nacional, quien deberá ser ratificado por senadores que, paradójicamente, podrían llegar a estar bajo su lupa.