Chile, 2015. Los alumnos de un liceo en Talcahuano protestan por recibir durante semanas verduras podridas y puré verde. En La Unión descubren un frigorífico que almacenaba mil kilos de carne en descomposición lista para ser repartida en la Región de Los Ríos. Colegios de Viña donde son las propias manipuladoras de alimentos a cargo de las cocinas las que deben comprar la sal y el lavalozas e ingeniárselas para hacer cundir las menores raciones de papas, manzanas y salsa de tomate. Establecimientos de La Ligua y La Calera donde sólo sirven arroz sin acompañamiento.

Pocos lo saben pero es el servicio responsable de manejar las licitaciones más cuantiosas del Estado. Sin grandes titulares ni mayores aspavientos, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) firma contratos por mil millones de dólares cada año en adjudicaciones a privados -sólo comparables con los de Obras Públicas o la compra de armamentos- y para un área especialmente sensible: la entrega de desayunos, colaciones y almuerzos a 1,5 millones de niños al día en los colegios municipales y subvencionados más vulnerables del país.

Pero algo huele mal.

Desde el inicio del año escolar, en marzo pasado, parlamentarios de distintos sectores políticos comenzaron a recibir una lluvia de denuncias desde sus zonas que apuntaban a que algunas empresas proveedoras de foodservice no estaban respondiendo adecuadamente con la entrega de los alimentos. Dos gigantes de la industria, Ferbas e Ibasa, cayeron en incumplimiento de sus contratos y dejaron de distribuir raciones, y las autoridades de Junaeb optaron por delegar el servicio a través de mecanismos de trato directo, sin licitación, o a empresas sin experiencia y desconocidas en el mercado.

Resultado: hoy la labor del director nacional del servicio, José Miguel Serrano (DC), está bajo la lupa. A una denuncia por irregularidades que presentaron en Contraloría el senador UDI Víctor Pérez y el diputado Sergio Gahona, se sumó el 25 de junio una querella criminal ante el 8°Juzgado de Garantía de Santiago por presunto fraude al fisco y un eventual sobrepago de $ 5 mil millones a empresas proveedoras de Aysén y el Biobío.  Detrás de la acción judicial está la empresa Servicios de Alimentación Outfood, del ex director de Junaeb, Cristián Martínez (PS), quien fuera subsecretario de Educación del primer gobierno de Michelle Bachelet.

“Acá falta una decisión política de abordar con mayor profesionalismo la gran danza de millones que maneja Junaeb”, dice el senador PS Alfonso de Urresti. “Me reuní con el contralor de Valparaíso; esto puede ser más grave que un simple desorden o negligencia”, dice la diputada UDI Andrea Molina.  “Somos las primeras fiscalizadoras y sabemos que no se puede seguir entregando el servicio a empresas endeudadas o incapaces de cumplir con la mínima calidad”, señala Nelmis Rodríguez, dirigenta sindical de las manipuladoras de alimentos. Hay coincidencia en que la crisis reventó este año, pero lo cierto es que los problemas de Junaeb comenzaron mucho antes.

LA RECETA DE JUNAEB

“Alimentar a los niños de Chile” es la misión de Junaeb. Desde el año 1938 que el Estado entrega almuerzo a los niños más pobres en las escuelas, pero fue en 1964 cuando se creó oficialmente el organismo, con el propósito de combatir la desnutrición y fomentar que en las zonas rurales y más apartadas del país los menores fueran a clases incentivados porque los esperaba un plato caliente de comida. Hasta 1978 el Estado cocinaba, pero ese año se privatiza el servicio: el gobierno se deshace de sus enormes bodegas, frigoríficos y cadenas de distribución. 6 mil manipuladoras dejaron de ser funcionarias municipales.

El proceso de concesiones era particularmente complejo. Los colegios beneficiados se distribuyeron en 90 unidades territoriales militares, que las empresas de alimentos y casinos podían adjudicarse combinando distintas zonas a lo largo del país y obteniendo puntaje según el precio, número de raciones y sus programas nutricionales. En 1996, estalló el primer gran escándalo. El caso “las coimas de Junaeb” copó la atención de la prensa. Millonarios anticipos del Estado a los proveedores por servicios jamás prestados obligaron al gobierno de Eduardo Frei a intervenir radicalmente el sistema, intentando eliminar la discrecionalidad en la entrega de puntajes para las las licitaciones.

Fue entonces cuando se creó un modelo que resultaría ser exitoso durante más de una década. El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile inventó un sistema matemático computarizado para asignar las concesiones al mejor proveedor, calculando las distintas variables. La aplicación, que según las estimaciones, significó más de US$ 200 millones en ahorro al Estado, recibió un premio internacional en Edimburgo y fue replicada en otros países, por ejemplo en licitaciones de radiofrecuencia en Estados Unidos.

Sin embargo, a partir de 2009 se comenzó a alivianar el software, revisando los criterios y quitándole variables a la fórmula. El procedimiento continuó durante el gobierno de Sebastián Piñera y con Fernando Rojas como subsecretario de Educación. Con el fin de hacer más eficiente el proceso se dejó de ponderar las condiciones de endeudamiento y financieras de las empresas, se eliminó el registro de proveedores de Junaeb (el que sí tienen otras reparticiones de primera línea, como el MOP o el Serviu), generando el ingreso de nuevos actores a competir, y se puso fin a la banda de precios que velaba por mantener las ofertas dentro de un rango promedio que garantizara el cumplimiento del servicio.

Finalmente, en el gobierno de Bachelet con la llegada de José Miguel Serrano a Junaeb –y con Valentina Quiroga como subsecretaria de Educación y supervisora directa del servicio-, la licitación estaba prácticamente reducida a la propuesta de mejor precio y se puso fin al contrato con la Universidad de Chile, entregándola a la Universidad de Santiago en convenio con la Universidad de Paris 6.  La idea es que la licitación ya no fuera más un proceso externo, sino que manejado por el nuevo departamento de informática de Junaeb.

Según la denuncia de Pérez y Gahona, que está en manos de Contraloría: “Los cambios realizados por Junaeb carecen de estudios o informes que los respalden. Con la eliminación de estas variables, empezaron a emerger pequeñas empresas que no estaban preparadas para enfrentar contratos de la envergadura que exige el Programa de Alimentación Escolar (PAE), mientras que otras empresas que operaban con Junaeb comenzaron a tratar de mantenerse en sus contratos de manera irresponsable, poniendo el foco en el precio y no en la calidad del programa de alimentación”.

Ante este escenario, grandes empresas internacionales del rubro, como Sodexo y Compas Group, además de otras históricas del sistema como Osiris, comenzaron a retirarse de las licitaciones de alimentación escolar.

Al cambio en el modelo de licitación se sumó otro factor decisivo. Durante todo el 2014 el Ministerio del Trabajo, que estaba a cargo de Javiera Blanco, negoció con el movilizado sindicato de las manipuladoras de alimentos, que representan a cerca de 25 mil trabajadoras a cargo de los casinos. Lograron un sonado triunfo que comenzó a aplicarse este año: un aumento en salario y bonos en torno a los $ 100 mil. Así, según estudios del Centro de Investigación, Desarrollo y Promoción de la Alimentación Escolar, Cidpae,  las manipuladoras terminaban ganando por hora de trabajo más que un profesor. El gobierno ordenó que contemplar el pago de estos beneficios fuera una de las principales variables a la hora de adjudicar los nuevos contratos a las empresas proveedoras.

Esto, sumado al siempre volátil precio de los alimentos, disparó aún más el costo necesario para que las empresas pudieran cumplir realmente con el servicio.  El director de Junaeb tuvo duras discusiones con la Dirección de Presupuestos para que le aumentaran los fondos y algunas de las licitaciones de 2014 se cayeron por falta de recursos.

“Distinguido señor Director: conforme a lo conversado me permito reiterar las diferencias presupuestarias insalvables, que hacen estrictamente necesario un incremento de nuestro presupuesto para el Programa de Alimentación y de Párvulos”, escribía José Miguel Serrano por mail el 30 de diciembre al jefe de la Dipres, Sergio Granados, con copia a la subsecretaria Quiroga. Granados le respondía ese mismo día en forma cortante: “Sr. Serrano: le reitero que debe usted adoptar las medidas necesarias para ajustarse a los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos”.

Sin presupuesto, con las primeras empresas concesionarias fallando en los servicios y anunciando que pondrían fin a los contratos, y a contrarreloj por el inicio del año escolar 2015, Junaeb tenía una bomba entre las manos.

A TRATO DIRECTO
Durante un año Ferbas estuvo avisando a Junaeb que pondría fin a su contrato de servicios. La empresa de Jaime Fernández Ruiz-Tagle tenía desde 2013 y hasta 2017 un contrato por $ 63 mil millones para alimentar a 100 mil estudiantes del Biobío y Aysén. Pero la compañía no tardó en darse cuenta que el precio con que había postulado no le alcanzaba para cumplir adecuadamente con la entrega de las raciones. Registraba una pérdida cercana al 20%.

Junaeb hizo varias licitaciones frustradas el 2014 para intentar reemplazar al proveedor, pero el monto presupuestario del que disponían no era suficiente y canceló o declaró desiertas las licitaciones.

El 6 de febrero de 2015 y ante la inminencia del nuevo año escolar, Serrano resolvió entregar por trato directo, sin licitación, las zonas que administraba Ferbas. Su secretaria le mandó un correo a 12 empresas para que hicieran sus propuestas, y en los cuatro días hábiles siguientes envió varios correos aclarando el procedimiento. Finalmente, el 12 de febrero se informó que el contrato se lo adjudicaron las empresas Hendaya y Verfrutti por un total de $ 25 mil millones.

Para los derrotados Agrícola y Comercial  Santa Cecilia y Servicios Alimentarios Outfood, el Estado había pagado un sobreprecio y la adjudicación era inexplicable. Verfrutti había hecho la oferta más cara de todas. Por eso recurrieron a tribunales, para que la Fiscalía investigue un eventual fraude al fisco. Verfrutti es dirigida por Pedro Moreira, antiguo militante socialista del sector de la Nueva Izquierda, y conocido en la industria: en 1997 su empresa Alidec fue una de las principales involucradas en el caso de pagos irregulares del Estado.

Con el nuevo contrato los problemas no tardaron. Durante marzo pasado la empresa tuvo numerosas dificultades para llegar con los alimentos a las zonas más apartadas y también enfrentó la protesta del Liceo A 21 de Talcahuano por entregar alimentos en mal estado, paltas negras y frutas descompuestas. En Junaeb dicen que los casos fueron fiscalizados debidamente y hoy ya cumplen con el servicio.

Un caso similar al del fracaso de Ferbas fue el que se enfrentó con Ibasa. Pese a su prestigio la empresa, con contratos en Los Ríos, Concepción y Puente Alto, comenzó a entrar en otros rubros como el hospitalario y enredarse en las deudas. Dejaron de pagar a proveedores locales y los sueldos de las manipuladoras. El 11 de marzo, una fiscalización de Junaeb descubrió que guardaban toneladas de carnes y verduras descompuestas equivalentes a 20 mil raciones. Con el año escolar ya en marcha, Junaeb intentó salvarlos y permitió un inédito contrato de última hora para que Las Dalias Alimentación se hiciera cargo de respaldar el trabajo de Ibasa a partir del abastecimiento de productos. Lo mismo con Nutriplus S.A.

Detrás de la redacción de dicho acuerdo estaba el conocido lobbista y operador político de la DC Carlos Tudela, quien se presenta como abogado de las empresas alimentarias. El salvataje a Ibasa no dio resultado, y finalmente Serrano ordenó terminar el contrato y le dio la zona por trato directo a Soser S.A.

Otro caso controvertido ha sido el del consorcio Merken Spa. Constituidos recién el 16 de enero de este año entre una empresa de capitales uruguayos y la endeudada Ibasa. A la sociedad se fue a trabajar como gerente de operaciones Marco Antonio Urbina, quien hasta agosto del 2014 era jefe de supervisión del PAE en Junaeb a cargo del control y desarrollo de proveedores. Desde allí le tocó elaborar las bases y calificar las empresas que participaban en licitaciones.

Pese a ser nueva en el mercado, Merken se adjudicó en enero un contrato por $ 77 mil millones para tres años, para servir los alimentos en Coquimbo y Valparaíso. En ambas comunas hubo durante los primeros meses serios problemas de abastecimiento de gas y productos, y entregas de alimentos bajo la cantidad requerida, al punto que eran las propias manipuladoras quienes debían pasar a los almacenes a comprar ingredientes con dinero de sus bolsillos. El caso motivó la denuncia a Contraloría.

Dicho escrito señala, además, que en Coquimbo, Valparaíso, La Araucanía, Magallanes  Junaeb ha suscrito contratos por $ 200 mil millones anuales  hasta febrero de 2018 con empresas con alto riesgo financiero y deudas y protestos por $ 1.400 millones. Es el caso de Sercomaule, que se acaba de adjudicar un contrato de $ 14 mil millones anuales  para entregar 116 mil raciones diarias, pese a ser una empresa con más de 500 millones en impagos.

EL NUEVO MENÚ

Para el director de Junaeb las cosas están complejas.  En los últimos meses se han ido varios de sus colaboradores: Óscar Soto, Sebastián Pérez, Mauricio Olagnier y José Manuel Olivares, por diferencias internas. A cargo de compras y licitaciones quedó Nelson Hadad Abuhadba.

Serrano explica que él ha debido hacerse cargo de problemas que se arrastran de la administración anterior con las empresas proveedoras. Y que se ha visto obligado ha actuar con carácter de urgencia para no interrumpir el servicio a los menores. Y por ello debió optar por tratos directos –siempre visados por Contraloría- y no esperar los 90 días que tarda una licitación.

“Es un drama que se caigan las empresas y no puedan dar el servicio. Nosotros somos un organismo de una primera línea social, pero de muy bajo perfil. Llegamos a Visviri con alimentación, nuestra intención es mejorar el sistema y volver a ser uno de los mejores programas de alimentación del mundo”, sostiene el director de la entidad.  Dice que para esto es fundamental una normativa especial para Juneab que les permita no estar completamente amarrados a Chilecompras y poder tener, por ejemplo, un registro de contratistas y proveedores, para así evitar a las empresas sin capacidad financiera o relacionadas entre sí. Hoy unas pocas empresas vinculadas familiarmente controlan todo el mercado.

Y agrega que se han hecho avances importantes y desconocidos: a partir de este año se rediseñó y modernizó el menú de los colegios, agregando alimentos como palta y quesillo, mejorando la calidad de los granos de arroz, incorporando pan integral, exigiendo vasos de policarbonato para que no tengan mal olor y bajando las calorías a los alumnos de enseñanza media, porque hoy el problema es el sobrepeso y no la desnutrición.

Serrano advierte que comenzarán a fiscalizar con más fuerza para que las empresas cumplan y esta comida llegue a destino.