Hay carreras y agitación en el séptimo piso del Mineduc. La jefa de gabinete, María Inés de Ferrari, interrumpe la entrevista para decir que afuera ya está esperando el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, para una negociación clave que busca deponer el paro. Al fondo de la oficina repica ruidoso el teléfono rojo de la Presidencia: es la mandamás del segundo piso, Ana Lya Uriarte. “Díganle que la llamo más tarde”, responde sin perder la calma la nueva ministra de Educación, Adriana Delpiano (asistente social, PPD). Ese día tiene reunión con los estudiantes secundarios del Cones, al siguiente con los dirigentes universitarios de la Confech y luego tendrá otra con los rectores del Cruch. A todos debe informar las malas noticias: que está en duda la gratuidad universitaria para el 70% el 2018 que se prometió en campaña, que los planteles privados no tradicionales quedarán fuera del beneficio el 2016, que se pisará el freno en la desmunicipalización, partiendo con planes piloto en algunas comunas. Sabe que se mueve en un escenario complejo y que deberá echar mano a toda la experiencia política adquirida en sus años como ministra e intendenta de los gobiernos de la Concertación.

–¿Usted se siente Concertación o Nueva Mayoría?

–Me siento las dos cosas, y genuinamente las dos cosas, yo vengo de la Concertación, participé en sus gobiernos, luché, soy militante de un partido que fue Concertación y esa coalición se abrió y yo me siento muy cómoda en esta coalición más amplia.

–Pero parece haber una pugna entre Concertación y Nueva Mayoría, son dos maneras de ver las cosas.

–Cuando partió la Concertación, todos los agoreros, los mismos que hoy día hablan de la Concertación como una cosa monolítica, decían cómo van a entenderse bajo el mismo techo sectores que piensan tan distinto. Lo mismo cuando se amplió esa coalición en el gobierno actual, todo el mundo dijo esto no va ni para atrás ni para adelante. Evidentemente, mientras más sectores políticos tienes dentro, hay que dedicar más tiempo y energía en ponerse de acuerdo, en tener generosidad con las posturas, porque aquí hay un eje común: cómo hacemos una democracia más inclusiva. Por eso el desafío es entenderse como coalición, es tener claridad sobre la mesa, es ver la forma en que resuelves las diferencias frente a un montón de temas, incluida la educación. Es necesario sentarse a conversar con un acuerdo muy amplio.

–¿Usted comparte esa mirada crítica de lo que hizo la Concertación en los '90 y el 2000?

–No, para nada. Yo más bien tiendo a ser optimista en la vida, creo que se lograron muchísimas cosas. Hay una frase célebre: porque hemos hecho lo que hemos hecho podemos plantearnos otras materias. Yo no creo en los cambios así de la noche a la mañana, creo que los cambios se van haciendo cultura, y transformar los cambios en cultura es un tema que toma tiempo. Hay un momento en que los cambios a la gente le incomodan, porque los cambios incomodan. Todos somos un poquito progresistas y bastante conservadores en nuestra alma. Un ejemplo mínimo; cuando se plantea el tema del cinturón de seguridad, o el tema del cigarro, las voces eran terribles, que se  limitaba la libertad, pero hoy es cultura. Hoy nadie prende un cigarro sin pedir permiso. Hay cosas que cuestan, pero que de repente se transforman en cultura.

–¿Y esa sensibilidad de entender los cambios fue lo que faltó en los primeros meses del gobierno?

–Yo creo que mientras más dialogadas sean las cosas arriba de la mesa, mejor. Que dejemos explícito qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Yo creo que la gente es razonable y entiende. No sé si a mí me va a ir tan bien en esto,pero ese va a ser mi estilo.

EN BUSCA DE LA GRATUIDAD

–¿Cómo descifrar la frase de “realismo sin renuncia” que dijo el viernes pasado la presidenta Bachelet? ¿Es la nueva “en la medida de lo posible”? 

–Realismo sin renuncia es que efectivamente tenemos un programa de gobierno que tenía plazos para ser cumplidos y que de alguna manera esto se va a hacer, pero se va a hacer  más aplanadamente. Porque no pueden entrar leyes que estén desfinanciadas.

–La presidenta reconoció que los recursos no están alcanzando para llevar adelante el programa, ¿qué significa esto para la reforma educacional?

–Ese día la presidenta fue súper explicita al decir que educación es la principal reforma de su gobierno y en términos generales planteó el tema de ajuste con realismo, sin claudicación de los principios. Pero en educación nos dio piso para continuar adelante toda la reforma. El financiamiento para la carrera docente no se toca, estamos hablando de US$2.300 millones. Para la nueva educación pública vamos a iniciar el trabajo con unas experiencias piloto previas, no por un tema de recursos, sino que básicamente por un problema de detectar en terreno qué significa este cambio. Ahí el tema es por dónde partimos y la velocidad de la implementación; la idea es partir por dos regiones pequeñas. La ley de inclusión, de fin al lucro y fin al copago, es una ley cara, pero que ya está financiada. Y finalmente la ley de educación superior, siempre se planteó en tres etapas: 60% de los alumnos, después llegaba al 70%, y después escalar el 2020 en términos de una gratuidad universal.

–¿Pero va a haber o no gratuidad para el 70% cuando se termine el gobierno, eso quedó en la nebulosa?

–Eso lo estamos viendo con Hacienda en este momento. En qué minuto podemos alcanzar el 70%. Estamos viendo los ajustes y viendo exactamente para poder dar una respuesta prístina. Si por razones presupuestarias el 2018 no llegamos al 70% como estaba previsto, en la ley va a decir cuándo se alcanza completamente.

–La bancada estudiantil fue bien dura este fin de semana y los dirigentes estudiantiles también; dijeron que es injustificable, inexplicable, una vergüenza, no cumplir con el compromiso por razones de presupuesto y crecimiento económico. 

–Yo recibí un mandato de la presidenta de que esta reforma es la principal, entonces antes de disparar que esto o que lo otro, que sepan que están trabajando los equipos de Educación con Hacienda para ver cómo realmente se pueden hacer reajustes o reasignaciones de medidas distintas. Quiero mandar el proyecto de ley en septiembre, entonces tenemos dos meses para tener claridad.

–Pero si hoy no hay claridad si se alcanza el 70%, menos de la gratuidad universal del 100%, que va a requerir de otra reforma tributaria...

–Y otro precio del cobre, y otra China creciendo a otra velocidad… La verdad, cuando te muestran por dónde viene la situación de ajuste presupuestario, hoy día hay un tema de racionalidad también del que nadie puede escapar. Hay una baja de los ingresos proyectados, porque la diferencia en el precio del cobre entre 2012 y ahora es casi la mitad. Pero lo que yo más quisiera destacar es lo que dijo la propia presidenta al final del cónclave del viernes: la reforma educacional es prioridad absoluta, y se cumplirá completamente. La presidenta no ha abdicado.

–Pero ya se veían nubes negras en materia económica durante la campaña. ¿Estuvo mal calculada la reforma tributaria?

–No. Estuvo hecha adecuadamente en cuanto, efectivamente, entrega los recursos que se requerían durante esta etapa. Se veían nubes negras, pero no al nivel del impacto que ha tenido; el problema está en lo que decía, que hay factores macroeconómicos que sin duda inciden en nuestro país y, cuando se hace el programa, no se tenían previstos. Eso no es un tema de mal cálculo. También hay temas de confianza interna.

ATERRIZANDO LA REFORMA

–¿Por qué se desechó la idea de ampliar los parámetros e incluir a universidades fuera del Consejo de Rectores en la primera etapa de la gratuidad el 2016? 

–Porque todo otro parámetro generaba aún más complejidades. Para el 2016 nunca estuvo prevista la gratuidad, este fue un avance y vamos a ir directo con el Cruch y ya. Lo otro era tal el enredo, porque abrirlo con determinados criterios significaba sacar a algunas del Cruch, era más arbitrario que decir esto es un recorte. Lo que queremos decirles a todas las universidades es cómo entran al sistema a continuación. Aquí no hay nada que haya cambiado salvo que la presidenta hizo un adelanto de la medida que se incluirá en la próxima ley de presupuesto y es para darle un viso de realidad a este esfuerzo de gratuidad.

–La queja de las privadas es por qué eligen a algunas, las tradicionales creadas antes de 1981, y no a las otras. 

–Y tienen toda la razón, ojalá pudiéramos elegirlas a todas. En la ley viene cómo vamos a escalar esto para el resto.

–¿Qué condiciones se van a  poner a las universidades para que puedan adscribir al sistema de gratuidad?

–Uno, la vocación pública del trabajo educativo, otro tema son los aranceles, que no se pueden disparar; lo otro que nos parece significativo es que las universidades tengan espacios internos de participación y reflexión de otros estamentos que no sean sólo los académicos.

–¿Que participen los estudiantes con voz y voto?

–Con voz y voto. Ahora ¿hasta dónde? en eso se está trabajando, pero los senados universitarios nos parecen elementos muy importantes porque ahí hay una participación proporcional de los distintos estamentos. Eso se podría replicar.

–Algunos planteles como la UC temen que estas condiciones de gratuidad vulneren la autonomía.

–Cada universidad elige a sus autoridades, tiene un proyecto educativo, tiene áreas de investigación el Estado no les va a decir qué investigar. Lo que vamos a hacer es un dibujo general del sistema educativo, todas sujetas a una nueva subsecretaría, y a una superintendencia y con reforzamiento de la acreditación para controlar universidades que no dan el ancho y que se crearon como instancias de lucro. Ni la Universidad Católica ni ninguna universidad de prestigio tienen nada que temer.

–Un 40% de los alcaldes se opone a la desmunicipalización, ¿cómo van a enfrentar eso?

–Son  menos, como 30 que no tienen por qué entrar al comienzo del sistema. Aquí hay dos temas, uno que hemos llamado la agenda corta de fortalecimiento de la educación pública, que tiene que ver con recursos para mejorar condiciones en infraestructura, dotaciones, equipamiento deportivo.

Todos los niños de séptimo básico van a recibir notebooks o PC, de hecho en estos días van a  escoger el color… por eso me duele tanto  el paro de los profesores, porque estamos haciendo un esfuerzo. También está el PACE, un programa de acompañamiento donde las universidades dan refuerzo académico y vocacional a alumnos de tercero y cuarto medio. Y a esta agenda se suma el proyecto de ley que dota al ministerio de atribuciones para manejar el sistema educativo público de una manera distinta, creando servicios locales de educación, una nueva institucionalidad que va a contar con un consejo en que van a participar los alcaldes y los centros de padres.

–¿El riesgo de haber partido la reforma con la educación subvencionada y no con la educación pública, es que se genere una fuga desde los liceos hacia los particulares subvencionados, que ahora van a ser gratuitos? Usted misma advirtió que 1.500 alumnos se han cambiado. 

–La matrícula en la educación pública viene bajando hace varios años, y esa caída se detuvo en 2015. Ahora, debido al paro de profesores, hemos visto otra baja, eso es constatable. Pero esperamos que con la ley de inclusión en funcionamiento las familias puedan ver las ventajas que tienen muchos colegios de la educación pública. Por ejemplo, que acceden a infraestructura deportiva o cultural de las mismas características que un colegio particular pagado.

–Usted dice que le duele el paro de los profesores. ¿Los profesores han sido el actor más difícil de enfrentar para el Mineduc en esta reforma?

–Los profesores no son los más difíciles. Son exigentes y es comprensible. Sabemos que son un factor clave no sólo para esta reforma, sino para el desarrollo del país en el largo plazo. Que estén conscientes de su valor es sano para nuestra democracia y nuestro futuro.