Durante seis años mantuvo su compromiso de guardar reserva sobre el informe que recibió en Colombia. Pero el actual contexto de violencia en el sur de Chile motivó al abogado Felipe Silva (49) –del estudio Silva y Lira– a hacer público el documento de más de 400 páginas que le entregó el edecán del entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos –hoy presidente de ese país– y que acusa un vínculo de las FARC y grupos mapuches, y de los lazos que el grupo guerrillero mantuvo con el Partido Comunista (PC).

“Me llama la atención que pasado todo este tiempo y teniendo en las manos un informe tan detallado como éste no haya sido posible calificar los delitos que ocurren hasta hoy como tales. La cantidad de ataques, el orden con que actúan, la logística, la capacidad para hacer daño y replegarse evidentemente corresponden a personas que recibieron instrucción armada. Y aquí no se hizo nada”, recrimina el profesional que hoy busca poner a disposición de las víctimas el contenido completo de ese secreto informe –un conjunto de correos electrónicos encontrados en el computador de Raúl Reyes, el segundo hombre más importante de las FARC, y el encargado de la propaganda internacional del grupo terrorista, abatido en marzo de 2008– cuyo contenido íntegro siempre se mantuvo bajo total confidencialidad  (ver extractos de varios correos electrónicos en recuadro inferior).

El primer link sobre el tema lo obtuvo la presidenta Michelle Bachelet, en su primera administración cuando, en mayo de 2008, el ex mandatario Álvaro Uribe le envió por medio de Gustavo Villalobos –también director de la ANI en ese gobierno– un completo dossier que el gobierno nunca entregó al Ministerio Público, por considerar que la información no acreditaba delitos. El revuelo se armó cuando tres meses más tarde, en agosto de 2008, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y el senador Alberto Espina entregaron al fiscal nacional Sabas Chahuán esa misma documentación, sin explicitar cómo habían accedido a ella.

Si bien nunca se hizo público el contenido completo de la carpeta, el conflicto político fue evidente: varios de los ministros de entonces acusaron a Piñera y Espina de “ser parte de una operación política y personas que pusieron temas de política exterior y seguridad nacional como temas de política interna”. Muchos, incluso, pusieron en duda la veracidad del informe y lo tildaron de “montaje”.

Los contactos de ambos políticos y el gobierno colombiano continuaron después del impasse. De hecho, seis meses después, el Ministerio de Defensa ofreció a la “dupla” nuevos antecedentes, incluido un mensaje en que señala que fue Guillermo Teillier, presidente del PC, quien autorizó el viaje de varios de sus camaradas al campamento de Raúl Reyes; una carta de Juan Andrés Lagos a las FARC, una misiva de Raúl Reyes a Lautaro Carmona, y otra de Reyes al entonces secretario general de las Juventudes Comunistas, Sergio Sepúlveda, quien se señala también visitó al abatido líder del grupo armado.

Fue en una caminata por el cerro Manquehue, cuando Piñera y Espina le pidieron a Felipe Silva que fuera al Ministerio de Defensa colombiano a retirar un nuevo informe. “Entonces yo viajaba con regularidad a ese país para asesorar a un cliente. La misión de emisario me pareció completamente posible”, afirma el profesional.

CONTACTO EN BOGOTÁ

“Yo iba a una reunión con el ministro de Defensa, pero no por eso tuve un trato especial. En la cita con el edecán de Santos supe que lo que me iban a entregar era información de máxima gravedad. El hombre relató mi vida, cuántos hijos tenía, sus nombres, los colegios a los que iban y me advirtió que esta información tenía que ser entregada en Fiscalía para ser investigada y procesar a las personas responsables de esta colaboración terrorista, y no ser utilizada para fines electorales”.

–Salí atemorizado, entendiendo la advertencia –dice Silva.

Por eso, apenas pudo cumplió con el cometido: entregó a Alberto Espina el informe en papel –“titulado: Soporte Información Chile”–, que cuenta con 469 páginas y su formato digital que obtuvo en el Ministerio de Defensa, no sin antes guardar una copia en su computador. Los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público. Ya para entonces Chahuán había puesto a investigar a Emiliano Arias, fiscal que tiempo antes había iniciado una investigación de oficio para dilucidar los vínculos de las FARC con los chilenos; y al fiscal por La Araucanía, Francisco Ljubetic.

–No tengo certezas si la Fiscalía ejerció bien su labor. Lo pongo en duda. Creo que hay un desaprovechamiento de esta información para calificar estos delitos como corresponde: asociación ilícita o que se haya aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado para tipificarlos de alguna forma. El tema es que no lograron judicialmente solucionar el problema. Los cabecillas después de seis años siguen intocables, los daños se están multiplicando, las zonas de conflicto se han ampliado y la capacidad que tiene el Estado de reaccionar es nula”.

Pero el abogado va más allá. Cuestiona que el PC siga legislando, aún cuando los mensajes electrónicos dan cuenta, según él, de la vinculación de varios de sus personeros con las FARC. Además, pide explicaciones a la presidenta Bachelet. “La ANI consideró que las materias del informe no eran constitutivas de delito. Yo me pregunto ¿es la aAgencia de Inteligencia la institución indicada para decir si existen o no delitos? La respuesta es no. Eso es atribución de los tribunales de justicia. Entonces, obviamente, uno sospecha, ¿hubo interés para que esto no se investigara?”.

–La presidenta Bachelet tuvo cuatro meses para entregar el informe al Ministerio Público, y no lo hizo. Yo le pediría a ella que explique pormenorizadamente qué se hizo con este informe. Pasados los años vemos que el tema sigue pendiente y me parece grave que el gobierno chileno no haya adoptado una postura clara respecto al problema mapuche, que sigue con un nivel de desprotección jurídica y judicial.

–¿Por qué decide hoy hacer público el informe?

–Porque la violencia, que no es violencia común, sino que es violencia con un grado de perfeccionamiento y capacitación militar, no puede seguir quedando impune. No me cabe duda que la actuación que están desarrollando los grupos violentos en el sur, en todo el tema de la toma de tierras, está influenciada por una ideología, las FARC, por lo que se está llevando a cabo con un conocimiento del manejo de armamentos y logística guerrillera. Si esto no se ha podido probar es porque han fallado todos los sistemas. Las instituciones, la Fiscalía. Por más que todos queramos que no haya una vinculación, por la lectura del informe, a mí me parece que la hay. Después de analizar el informe y atendida la eficiencia demostrada por la Fiscalía para perseguir los distintos delitos, no estoy convencido de que se hizo la pega.

–Desde la Fiscalía explican que efectuaron una investigación exhaustiva, pero que en el caso del PC nunca pudieron acreditar los delitos.

–La recopilación de los correos electrónicos secuencial y cronológicamente que hicieron los señores de las FARC a personeros que hoy son parte de la Nueva Mayoría, Guillermo Teillier, Juan Andrés Lagos y Lautaro Carmona, por ejemplo, saben y debieran reconocer que formaron parte de la lucha armada directa en ese país. ¿No le parece suficiente que aparezca el señor Teillier, que ostenta la presidencia del partido, autorizando en los correos que su gente vaya a los campamentos de Raúl Reyes? Las FARC no son una casa de monja. Han tenido el interés de nutrir con capacitación armada al resto de América Latina.

–En su momento, si bien nunca se supo si los informes aludían directamente a Teillier, éste señaló que esto era un montaje y el trabajo de los servicios de inteligencia colombianos.

–Siempre las mismas explicaciones. A mí me parece grave que personas a cargo de legislar hayan estado involucradas en esto hace tan pocos años. Por eso me parece mejor que el tema ahora lo evalúe la ciudadanía y los tribunales de justicia.

EMILIANO ARIAS: "ACREDITAMOS VÍNCULOS DEL PC CON LAS FARC"

Durante dos años Emiliano Arias trabajó en colaboración con la Fiscalía Colombiana y de La Araucanía, y con Carabineros en este tema, logrando acreditar que Roque, el principal interlocutor entre el PC y Raúl Reyes, era el comunista Manuel Olate. Él lo niega hasta hoy.

A Roque llegaron a detenerlo y lo llevaron a juicio para extraditarlo. Pero finalmente Colombia se desistió: la justicia consideró que los correos electrónicos no eran una prueba legal, al haber sido incautados en territorio ecuatoriano, sin las autoridades de ese país.

Arias afirma que efectuaron una investigación “profunda y exhaustiva”. Y que si bien, pudieron probar la vinculación del PC con las FARC, las conductas no eran constitutivas de delito en Chile. Lo que sí comprobó es que una decena de mapuches viajaron a campamentos colombianos, y que luego estuvieron vinculados a actos criminales en Chile. Hubo presos, pero la mayor parte de ellos salió en libertad.

–Usted recibió varios informes que vinculaban a las FARC con el PC, ¿por qué nunca indagaron a las personas que fueron mencionadas en esos correos electrónicos? 

–Nosotros realizamos una investigación de varios años. Logramos acreditar que existían vínculos de algunos miembros del PC con las FARC por medio de los correos electrónicos del computador de Raúl Reyes, toda información verdadera. Accedimos a fotos de varios PC en los campamentos, y toda la información se verificó incluso con los ingresos y salidas de los pasos fronterizos. Sin embargo, no encontramos antecedentes para acreditar que hubo intercambio de armas o platas, de modo de establecerse, por ejemplo, el delito de financiamiento del terrorismo u otros.

–Silva dice que esto podría haberse tipificado como asociación ilícita.

–Si bien aquí se comprobó que hubo vínculos de una organización terrorista como son las FARC, nunca se tradujeron en la comisión de delitos en Chile, por lo que no se puede establecer el delito de asociación ilícita. En Colombia sí es delito, por tanto, nosotros colaboramos en la investigación del comunista Manuel Olate, alias Roque, el principal vínculo de las FARC en nuestro país, y se le llevó a juicio, para extraditarlo. Finalmente, Colombia se desistió.

–La ANI entonces señaló precisamente eso: que los hechos en el informe no eran constitutivos de delito, por eso el informe no fue enviado al Ministerio Público…  

–Lo que está claro es que en el informe había antecedentes suficientes para haber iniciado una investigación penal, independiente de si se encontraban delitos o no. La ANI no es la institución especialista para definir eso, sino que el Ministerio Público.

–¿Había alguna forma de investigar a los miembros del PC que supuestamente, y según los correos electrónicos (ver abajo), colaboraron con el grupo armado?

–Lo único que podría haber sucedido es que el gobierno aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado, por delitos contra el orden público. En Chile el terrorismo no ha llegado tan lejos como en otros países como Colombia, por ejemplo, por eso la reacción legislativa no ha sido tan dura como en otras partes respecto a definir como delito el promover ideologías terroristas. Si entonces se hubiese aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado podríamos haber comenzado una investigación penal cuyas diligencias habrían incluido llamar a declarar a todos los comunistas involucrados en los correos electrónicos. Pero eso nunca sucedió.