“En las audiencias de la Reforma Procesal Penal soy muy preguntón, sobre todo en las revocatorias: Fiscal, ¿se decretó alguna diligencia probatoria? Ninguna. ¿Ninguna? Entonces en qué estamos. Por lo menos cite al querellado e interróguelo. Por lo tanto, es una falencia de los fiscales, un organismo autónomo que nosotros como jueces, no podemos darle instrucciones’”.

La frase, pronunciada hace un par de semanas por Manuel Valderrama (59) en el Senado, como era de esperarse causó molestia en el Ministerio Público. Sabas Chahuán, el fiscal nacional, salió inmediatamente y señaló que las críticas eran “un poco injustas”. Sus dichos también fueron rechazados por la Asociación de Fiscales, que consideró sus expresiones como “negativas respecto de la Reforma Procesal Penal, que concentra, personaliza y atribuye de manera exclusiva a los fiscales, no aportan ni apuntan al correcto funcionamiento del sistema”.

Pocas veces los fiscales han recibido una crítica tan frontal desde la testera del Poder Judicial. Hasta ahora, los cuestionamientos a su trabajo habían quedado plasmados en algunos fallos de primera instancia, como fue el caso bombas  o la absolución del único imputado en el juicio del caso Hijitus, Juan Manuel Romeo, entre otros. Pero esta vez fue diferente: Valderrama estaba a minutos de ser ratificado como ministro de la Corte Suprema, cargo que asumió el pasado miércoles 26 de agosto en reemplazo de Rubén Ballesteros.

Valderrama se acaba de convertir en uno de los jueces más jóvenes de la Corte Suprema, después de Gloria Ana Chevesich y Sergio Muñoz, presidente del máximo tribunal. Su nombramiento fue con apoyos políticamente transversales, aprobado por 30 votos en el Senado y sólo una abstención, de Alejandro Guillier. Por delante le quedan 15 años y medio como ministro.

Su debut en la Corte Suprema,  en la Sala Constitucional,  en el cupo que dejó Ballesteros. Y sus  críticas al Ministerio Público ya son interpretadas en el mundo judicial como una marca de su estilo.

—¿Qué falencias ha observado como ministro de parte del Ministerio Público?

—Uno ve en los recursos de apelación, sobre todo de medidas cautelares, que la prueba que presentan no es tan sólida. Y ahí también está el problema de las absoluciones ¿por qué han subido? Justamente porque la prueba rendida no es la que requiere el sistema.

—¿Cuál es su principal crítica?

—Que a veces  la calidad de la prueba que se presenta no es la óptima. Y en el caso de víctimas de delitos contra la propiedad, muchas veces, si no hay antecedentes, se archiva la causa. Eso es un hecho. La gente dice que le llega una carta diciéndole que no hay antecedentes y que se archivó su causa. Pero ¿se investigó? ¿Se habló con personas que pudieron haber visto algo? Esa es la insatisfacción de la gente. Puede que no haya resultados, pero sí tienen que hacerse las mínimas diligencias de la investigación. Eso es lo que yo veo.

—¿Cree que deben mejorar la calidad de investigación?

—Los fiscales deben mejorar sus técnicas de investigación. Primero, deben confiar en la policía. Porque los fiscales deben capacitarse en desarrollar investigación. Los policías son formados para investigar, los fiscales no, porque son abogados.

—¿Piensa que les falta preparación a los fiscales?

—Nosotros como jueces tenemos la Academia Judicial, donde se postula, enseña y repasa contenidos. Pero los fiscales no tienen una  academia, sino que hacen talleres entre ellos mismos. Por lo tanto, debería estudiarse la posibilidad de establecer una academia del Ministerio Público.

—Han aprendido en la práctica y en el camino.

—Como lo hacíamos los jueces antiguos.

—¿Es ese un error de la reforma?

—No es un error. Puede que no se haya pensado. Pero su trabajo ha dado resultados. Tal vez no el resultado que uno puede esperar. Pero sí se puede mejorar el sistema. Uno puede hacer un símil de la reforma con un ser humano. Lleva 15 años en el país, por lo tanto a nivel nacional está en la adolescencia, mientras que en Santiago lleva 10 años, es decir, está en la niñez. Por eso se puede estudiar y analizar, para que cuando llegue al estado de adulto, tenga bases sólidas.

"LA PUERTA GIRATORIA"

Manuel Valderrama es el cuarto de siete hermanos. Hijo de un empleado del Ministerio de Obras Públicas y una dueña de casa, se crió en Machalí. Sus padres se separaron cuando tenía nueve años, la misma edad en la que fue internado en un colegio en San Francisco de Mostazal. No fue, dice, una infancia dura, pese a que veía a su familia sólo una vez al mes.

La enseñanza media la terminó en Santiago, en el Colegio Manuel Arriarán Barros, de la congregación  salesiana. De ahí conserva su formación católica hasta hoy. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que en algunos temas valóricos no sigue al pie de la letra la religión. Por ejemplo, en el aborto estaría a favor de aceptarlo en caso de violación o cuando está en riesgo la vida la madre, algo que nunca ha dicho públicamente.

También, tuvo una prueba de fuego a comienzos del 2000, cuando se hicieron públicos los primeros juicios en Chile por abuso sexual en contra de sacerdotes. En abril de 2001, el Juzgado del Crimen  de Tierra del Fuego había absuelto al ex director del Colegio María Auxiliadora de Porvenir, el sacerdote Antonio Larraín, de dos casos de abuso. Pero cuando el caso llegó a manos del Valderrama, entonces fiscal de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, recomendó su condena, un criterio con el que coincidió la Corte.

El segundo caso, y que fue el más escandaloso de la zona, fue el juicio que se siguió en contra del sacerdote Víctor Hugo Carrera,  ex secretario privado del entonces obispo de Punta Arenas Tomás González: Valderrama no sólo recomendó su condena, también pidió que ésta se elevara de 541 días a 3 años y un día.

Pero hay un tercer sacerdote al que ha condenado en su carrera: en 2006, cuando asumió en la Corte de Apelaciones de Santiago, heredó los procesos más emblemáticos que hasta entonces llevaba el juez Sergio Muñoz cuando éste fue ascendido a la Corte Suprema: los casos Riggs, Spiniak y el proceso en contra de Gemita Bueno y el ahora ex religioso José Luis Artiagoitia. A estos últimos los sentenció por falso testimonio.

A Derecho entró en 1975, en pleno régimen militar. Es parte de la generación de la Universidad de Chile a la que pertenecen el ministro del Interior, Jorge Burgos; Roberto Ossandón, el senador RN Alberto Espina y el abogado de derechos humanos Alberto Espinoza.

Al contrario de muchos de sus compañeros, Valderrama se mantuvo al margen de la política. Apenas salía de clases iba a correr a la pista de atletismo. Entonces competía por la Universidad de Chile y llegó a ser campeón nacional de la posta  4 x 4. Las fotografías en blanco y negro que guarda de esa época muestran a un estudiante delgado y de pelo largo y crespo, siempre en el estadio. Nunca en otro lugar.

Hoy sigue siendo deportista. Corre la Maratón de Santiago y juega fútbol: en Los Tiuques en el Estadio de la FACh y en otro  equipo de jueces orales, de familia y de garantía, en el que Valderrama es el único ministro.

La escuadra de jueces tiene un nombre particular: La puerta giratoria. La bautizó así el propio Valderrama, quien es conocido en el Poder Judicial por su humor negro.

El nombre del equipo, sin embargo, está lejos de reflejar el comportamiento de Valderrama cuando está en sala. No suele ser parte de los llamados “jueces garantistas”. Al contrario, usualmente vota a favor de la prisión preventiva y es parte de los llamados ministros “duros”.

—¿Y qué opina de la frase “puerta giratoria”?

—Es una frase que ya está internalizada, que se usa. Pero no es tal. El 90% de las peticiones de prisiones preventivas, cuando el fiscal las solicita, se conceden. Ese es un hecho. Son estadísticas. Y cuando en causas mediáticas no se han otorgado, se apela, y se revocan.

DE SPINIAK A PINOCHET

Valderrama es parte de la generación de jueces de la antigua justicia. De los que se formaron investigando. De ahí que varias de sus críticas a la Fiscalía vengan desde su experiencia. Mientras fue magistrado en Punta Arenas, en los años 90, investigó varios crímenes. Parte del trabajo que le gustaba era tener contacto con quienes estaba procesando. Se acuerda, por ejemplo, de un hombre al que condenó por matar a otro de una puñalada, y que el día en que lo fue a notificar de su sentencia, el procesado le regaló un poema escrito a mano. “Ese lo guardo hasta hoy”, dice.

También recuerda la causa contra Claudio Spiniak, el último gran caso de la antigua justicia. Si bien no investigó el proceso (lo hizo Muñoz), Valderrama debió dictar la condena en su contra. Lo sentenció a cinco años en 2005, fallo que confirmó la Corte de Apelaciones.  Tiempo después la Suprema subió a 12 años la pena. Meses antes de dictar sentencia, Valderrama visitó a Spiniak en la cárcel.

“Fui a verlo cuando asumí el caso. Me presenté y le dije: ‘Yo soy el juez, para que conozca la cara de quien lo va a sentenciar’. Lo hice porque la crítica del antiguo sistema era que el sentenciado nunca veía al juez, a diferencia de lo que ocurre hoy. Es lo que siempre hice mientras fui juez del crimen”.

El caso  Spiniak le llegó de manos de Muñoz. Valderrama desestimó la tesis de que el grupo operó como una asociación ilícita y redujo las víctimas de abuso sexual de 21 a 4 menores de edad que también se dedicaban al comercio sexual. En el caso de los proxenetas, sólo condenó a cinco de los 14.

Fue con Valderrama que el caso Spiniak, que acaparó portadas durante dos años, quedó reducido a un proceso de abusos sexuales común.

“Tengo la sensación de insatisfacción de no haber podido determinar el origen del dinero de Pinochet que quedó sin justificación, que fueron US$ 14 millones”

Pero fue en el caso Riggs donde Valderrama sí pudo investigar. Lo recibió de manos del ministro Carlos Cerda (antes había estado también en poder de Muñoz), quien había procesado a todo el clan Pinochet, además de otros civiles, entre ellos su secretaria, Mónica Ananías. Sin embargo, la Corte Suprema ya había dejado fuera del proceso a la familia del general (R) cuando acogió los recursos de amparo al estimar que no les cabía la calidad de funcionarios públicos. Valderrama, entonces, no pudo legalmente volver tras ellos.

Sin embargo, en mayo pasado dictó condenas por malversación de caudales públicos  al Fisco por más de US$ 6 millones en contra de seis oficiales que eran del círculo íntimo de Pinochet: Jorge Ballerino, Ramón Castro,Gabriel Vergara, Sergio Moreno, Juan Mac Lean y Eugenio Castillo. También decomisó 24 propiedades, además de documentos bancarios.

—¿No hay frustración por no haber llegado a la familia Pinochet?

—No. Tengo la sensación de insatisfacción de no haber podido determinar el origen del dinero de Pinochet que quedó sin justificación, que fueron US$ 14 millones.

—¿Y habría condenado a Pinochet?

—Sí, por malversación de caudales públicos. Al menos en primera instancia.