LOS CAMINOS QUE CONDUCEN A CHADWICK
La gestión del síndico de quiebras Herman Chadwick está en el centro de las miradas del fiscal del caso Caval, Luis Toledo. Esto, después de recibir en junio el testimonio del contador Jorge Lufín, quien trabajó para la empresa Wiesner S.A., antigua dueña de los terrenos que compró Caval en Machalí. Según dicha declaración, Chadwick no sólo recibió su pago legal ($ 183 millones) como interventor y liquidador del convenio judicial preventivo, al vender en enero de 2014 los terrenos de la familia Wiesner a la empresa de Natalia Compagnon, sino que además en julio de ese año recibió un “premio” extra de $ 96 millones.
Según la declaración de Lufín, a petición de Chadwick ese pago lo hizo Helga Riffart, la esposa de Patricio Wiesner, a una sociedad llamada Vicuña y Compañía. Revista Qué Pasa pudo establecer que dicha empresa está relacionada con uno de los asesores de mayor confianza de Chadwick, el ingeniero comercial Andrés Ignacio Orchard, ya que la sociedad está controlada por la esposa de éste, María Francisca Vicuña. Orchad es parte del estudio Chadwick & Cia Abogados y ha trabajado con Herman Chadwick en varias quiebras y convenios judiciales, incluyendo el de Wiesner.
El diario La Segunda publicó que el fiscal también tiene en su poder un correo electrónico donde Alex Wiesner, hijo del antiguo dueño, les pide a Chadwick y Orchard manejar las gestiones para el cambio de uso de suelo en reserva sin notificar a los acreedores del convenio judicial.
Estos antecedentes se suman a la anterior información de que durante su mandato, Chadwick pagó una comisión al operador político de la UDI, Juan Díaz Sepúlveda, de $ 415 millones, supuestamente por gestionar la venta del terreno y conseguir el cambio en el plan regulador para que los predios pasaran de ser de rurales a urbanos, lo que nunca se concretó.
Además de la indagación de la Fiscalía, la labor del síndico está siendo vigilada por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento que dirige Josefina Montenegro. En la entidad señalaron que están realizando una fiscalización sobre el convenio judicial y ya han requerido antecedentes por el pago a Vicuña y Compañía. Están a la espera de la junta de acreedores del próximo 14 de agosto que debe objetar o aprobar la cuenta final de Chadwick.
En el equipo del síndico sostienen que el pago de los $ 96 millones a través de una empresa está dentro de la ley, ya que corresponde a gestiones y asesorías que le realizó a la familia Wiesner después de la ejecución del convenio, que se concretó tras pagar a todos los acreedores, en mayo de 2014. Una versión que contrasta con lo señalado por la superintendencia, la cual recalca que el convenio recién concluyó en noviembre de 2014, cuando Chadwick pagó a la familia $ 2 mil millones por la venta del terreno y que su responsabilidad como síndico continúa hasta que le aprueben la cuenta final que rindió en mayo de 2015.
UN PLAN DESREGULADO
En paralelo a la causa de Caval, la Fiscalía de O’Higgins abrió otra investigación penal que puede estar estrechamente relacionada. Varios propietarios de lotes en el sector norte de Machalí han presentado denuncias, así como recursos de protección en tribunales, por la decisión que adoptó en septiembre de 2014 el alcalde de la comuna, José Miguel Urrutia, de congelar indefinidamente, a través de un decreto, permisos de edificaciones, reduciendo la densidad autorizada de número de habitantes por hectáreas.
La sospecha es que el edil bajó la densidad en el sector norte para dársela al sector sur, en el caso de que los terrenos rurales en esa zona pasen a ser urbanos cuando cambie el plan regulador. Es en ese sector donde está el terreno que adquirió la empresa Caval en enero de 2014 y que luego vendió en febrero de 2015, además de varios paños de otros inversionistas que hoy esperan que cambie el uso de suelo.
Según el abogado y ex fiscal Pedro Orthusteguy, que representa a la empresa de gestión inmobiliaria Polz & Asociados, damnificada por el decreto del alcalde, van a estudiar si solicitan que la causa se una al caso Caval bajo un mismo RUC (Rol Único de Causa): “El temor de muchos propietarios es que estas densidades urbanas fueron retiradas para distribuirse en sectores rurales que se quieren cambiar a urbanos, porque de alguna parte tienen que salir las nuevas densidades. Con todo lo que está pasando, la sospecha es que son víctimas de esta especulación inmobiliaria”.
En su testimonio ante la Fiscalía, el gerente de Polz & Asociados, Otmar Polz, indica que debió paralizar un proyecto de 50 hectáreas y 1.800 viviendas, que implica pérdidas millonarias. Esto, pese a que presentó a la municipalidad una estudio de descongestión vial. “Estoy seguro de que esta negativa y entorpecimiento al proyecto inmobiliario que he desarrollado durante 5 años, se deben a la intención de entregar esas densidades a otros proyectos, especialmente el que está en discusión pública y que está siendo investigado en esta Fiscalía”, declaró.
El cambio en el Plan Regulador Intercomunal (PRI) se ve de difícil salida. La consultora Habiterra, que había sido contratada por el renunciado seremi Wilfredo Valdés, ya entregó sus preinformes a los distintos municipios con el cambio de uso de suelos. Sin embargo, en la Municipalidad de Rancagua consideran que aún no se cumplen los requerimientos de descongestión vial necesarios, por lo que sería rechazado si no se hacen modificaciones.
EL TESTIMONIO CLAVE
A Jorge Silva Herreros la Fiscalía lo citó a declarar por error. Lo confundieron con el también arquitecto, Jorge Silva Menares, destituido director de Obras de la Municipalidad de Machalí, acusado de faltas a la probidad, de presionar por el cambio en el plan regulador y de entregar información privilegiada a Caval. Pero al contrario de Silva Menares, que se acogió a su derecho de guardar silencio ante la Fiscalía, Silva Herreros sí tenía mucho que declarar.
Desde su cargo de seremi de Vivienda de la VI Región entre noviembre de 2012 y marzo de 2014, le tocó la tarea de impulsar el cambio en el Plan Regulador Intercomunal (PRI) y reunirse con las seis comunas que se verían impactadas por el nuevo diseño. Allí fue testigo de las presiones provenientes de la Municipalidad de Machalí sobre la modificación a los terrenos en el eje entre la carretera del Cobre y Nogales. Según su relato al fiscal, tras una reunión en su oficina con el alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia, y un grupo de técnicos, fue comentado en la Seremi lo insistente y molesta que resultó ser la asesora del edil, Cynthia Ross (en la foto), no sólo pidiendo que se ampliaran las hectáreas urbanas, sino que demandando que aumentara la densidad de las mismas –el número de habitantes por hectárea-, asunto que no estaba en el proyecto. Luego se sabría que Ross era sobrina del dueño del terreno que compró Caval, Patricio Wiesner; que trabajó para el síndico Herman Chadwick y que su informe de tasación del sitio que elaboró el 2013 -donde aseguraba la inminencia del cambio en el plan regulador- fue presentado por Caval al Banco de Chile como respaldo para pedir el crédito.
En cualquier caso, el ex seremi Silva era firme partidario de cambiar el plan regulador regional para responder al fuerte crecimiento urbano de Machalí, y por esto se enfrentó en fuertes disputas con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, que se oponía a la medida. Incluso en septiembre de 2013, el seremi intentó desconocer el voto de rechazo al plan regulador manifestado por el Concejo Municipal de Rancagua, argumentando que había sido presentado un día fuera del plazo.
Tras el fracaso del PRI, el proyecto fue reimpulsado con fuerza en agosto de 2014 por el seremi de Vivienda del gobierno de Bachelet, Wilfredo Valdés, quien no informó a sus superiores el eventual conflicto de interés de haber sido tasador de los terrenos de Caval el 2013, por lo que renunció al cargo en junio pasado.
EL POLÉMICO LIBRO DE SERGIO BUSTOS
Sergio Bustos, quien destapó el caso Caval al presentar una demanda laboral contra dicha empresa, quedó en una complicada situación luego que este martes el juez Claudio Arias resolviera someterlo a proceso, acusándolo de entregar información a la DINA que permitió el asesinato del militante del MIR Rolando Angulo, en San Carlos, en 1974. Tras manifestarse sorprendido e insinuar que era víctima de una persecución política, Bustos ha comentado además que da por perdida la demanda laboral en tribunales que esta semana se discutía en la Corte de Apelaciones, ya que siempre manifestó su extrañeza de que en en el Juzgado de Letras tuviera que pasar por tres jueces diferentes, hasta que le rechazaron su demanda.
En los últimos meses, desde su casa de Chillán el hombre de 68 años se ha dedicado a escribir un libro con su versión de lo que ha sido el caso Caval. El relato está centrado en sus gestiones para conseguir el millonario crédito para la empresa de la nuera de Bachelet. Uno de los capítulos lo dedica a las fallidas tratativas con el Banco Santander y cómo Caval estuvo a punto de denunciar a dicha entidad por los problemas en las tasaciones del terreno. Otro capítulo es sobre sus conversaciones con las secretarias de Andrónico Luksic y con el Banco de Chile, que finalmente dio el crédito. Sobre Mauricio Valero, dueño de Caval, escribe en su libro: “Me trató de mentiroso, dijo que su empresa nada me debe y que sólo me había visto en dos oportunidades; no quiero entrar en más polémicas con individuos de esta calaña, pero le recordaré al señor Valero algunas de las tantas veces que estuvimos reunidos: una veintena de veces en el Hotel Lyon; en un café del centro de Santiago esperando una reunión con el abogado Andrés Levine; en un café de Isidora Goyenechea con los abogados planeando estrategias, yo pagué los cafés; en otro café en el edificio del síndico Chadwick esperando a Juan Díaz, a quien también le debe dinero, y este personaje tiene mucho que ver con el negocio de Machalí”.
LOS COVACEVICH Y LA UNIVERSIDAD EN MACHALÍ
El cineasta y paisajista Álvaro Covacevich, financista de la candidatura presidencial de Michelle Bachelet, era el contacto original que tenían Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon para revender los terrenos de Caval en Machalí. Los tres se habían conocido durante una actividad de campaña y tuvieron varias conversaciones para concretar el proyecto de Covacevich de construir una ciudad del cobre en la VI Región. Si bien contaba con capitales mexicanos para adquirir el terreno por $ 27 mil millones a través de la empresa Aguas Sustentables que maneja su sobrino Sergio Covacevich, el diseño contemplaba a futuro gestionar recursos públicos para la construcción de un museo y convencer al gobierno de que se levantara allí una universidad estatal. De hecho, cuando compraran los suelos le querían presentar a Bachelet una maqueta que detallara todo el proyecto, pero esto nunca se concretó.
Hoy día la posibilidad de que la universidad estatal se emplace en ese lugar está cada vez más lejana. Cumpliendo con su promesa de campaña, el lunes la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea dos nuevas universidades financiadas por el Estado en las regiones de Aysén y O’Higgins para que comiencen a operar en 2017. Se espera que dentro de un mes el Ejecutivo informe la ciudad específica en donde se van a instalar y del mismo modo designe a los rectores responsables para dirigirlas. En el caso de la VI Región hay una encendida disputa entre las distintas comunas para quedarse con el premio mayor; San Fernando y Rancagua han hecho fuerte lobby, videos virales y campañas mediáticas para ello, al igual que Rengo que argumenta que ya tiene la infraestructura. La comisión ad hoc que creó la Intendencia de la zona propuso que se hiciera una universidad en red, con campus especializados en distintas localidades; así Pichilemu podía abordar áreas marítimas, Santa Cruz con profesiones agrícolas y Machalí con alguna facultad minera.
BACHELET FIJA LÍNEA DESDE CABURGUA
A fines de enero, en medio de la crisis de la centroderecha por el caso Penta, La Moneda celebró la aprobación del cambio al binominal y proyectos clave de la reforma educacional. En ese distendido ambiente, Bachelet partió de vacaciones. Con la sede de gobierno casi vacía, los ministros Rodrigo Peñailillo y José Antonio Gómez, en calidad de vocero subrogante, debieron enfrentar el caso Caval. La primera reacción fue guardar silencio, hasta que el lunes 9 de febrero Gómez marcó la primera definición, que horas antes había transmitido la propia presidenta: “La operación es completamente regular, fue una transacción entre privados. Es bien distinto al caso Penta”, señaló Gómez esa calurosa mañana. Exactamente lo mismo que le había dicho Sebastián Dávalos a su madre en Caburgua.
Días después, Peñailillo enfrentó a Dávalos, lo que iniciaría su distanciamiento definitivo de la “jefa”, como solía decirle a Bachelet. El ministro le pidió al hijo de la mandataria que le mostrara su carta de renuncia al cargo, lo cual no hizo. Sólo su asesora de prensa le indicó a Peñailillo el tenor de la declaración leída la tarde del 13 de febrero, en el patio de Los Cañones, pese a que el jefe de gabinete hubiera preferido que lo hiciera desde su casa.
Pero no sólo Dávalos salió de su cargo por esos días. Tras regresar de vacaciones la entonces jefa de la Secom, Paula Walker, cuestionó ante la presidenta el mal manejo de la crisis por parte de La Moneda. Esto llegó a oídos del ministro, lo cual produjo un fuerte quiebre entre sus dos colaboradores más cercanos. Fue entonces cuando la presidenta le hace ver a Walker que no podía seguir este conflicto. La periodista le presenta su renuncia, pero la mandataria le pide que siga en La Moneda, pero en el área de estudios.
