De los 11 abogados que se han inscrito, la mitad ya forma parte del Ministerio Público. Se trata de una elección que está cruzada por las investigaciones contra parlamentarios, justamente los que tendrán que votar en el Senado una vez que Bachelet escoja a su favorito.
Acá cuatro claves para entender la elección más difícil desde que partió la Reforma Procesal Penal.
1. FRENTE INTERNO
El pasado lunes 14 fue el último intento que hizo un grupo de fiscales de la Fiscalía Centro Norte para convencer a Ximena Chong de que fuera candidata a fiscal nacional. La abogada, sin embargo, nunca estuvo disponible: es parte de los fiscales que indagan el financiamiento ilegal de la política, específicamente la arista Corpesca.
Más allá de la ascendencia que Chong tiene al interior de su fiscalía –de haberla convencido habría sido la candidata más joven, con 43 años-, los sondeos que varios de sus pares hicieron para que se presentara para reemplazar a Sabas Chauhán revelan el otro frente que se vive al interior del Ministerio Público: dar una señal de que el tipo de liderazgo que muchos quieren provenga de un fiscal de carrera y con experiencia en investigación. Es decir, uno que parta “desde abajo” y que no salte de una alta jefatura a otra. La situación es extrapolable a las duras críticas que el gremio ha realizado a Chahuán por la llamada “silla musical” o “carrusel”, al designar fiscales de una región a otra (el caso de Alberto Ayala y de Juan Agustín Meléndez) sin que terminen su período e impidiendo, según los dirigentes, igualdad de condiciones en las postulaciones.
El miércoles 17 de septiembre de los 10 candidatos que han presentado sus cartas ante la Corte Suprema, cuyo plazo se cierra esta medianoche, la mitad es parte del Ministerio Público: Jorge Abott, actual director administrativo de la Fiscalía Nacional y brazo derecho de Chahuán; Luis Toledo, fiscal regional de Rancagua a cargo del caso Caval; Rafael Mera, fiscal regional de Valdivia; José Morales, fiscal de alta complejidad de la zona metropolitana centro norte y Raúl Guzmán, fiscal jede de la zona sur de Santiago.
A ellos se suma José Luis Pérez, hoy dedicado el ejercicio libre de su profesión y ex fiscal de la Región de O’Higgins; Hilda Cerda, ex defensora de los primeros carabineros que investigaron el caso Spiniak; Juan Carlos Manríquez, quien ha sido abogado de parlamentarios como Laura Soto, Maximiano Errázuriz y Marta Isasi; Iván Pavlov Peric, asesor de la Seremi de Educación de Antofagasta; Jaime Jansana Medina y Juan Enrique Vargas, decano de Derecho de la Universidad Diego Portales y quien en 2007, pese a ser el favorito de la Suprema al obtener mayoría de votos en la quina (10), no fue elegido por la presidenta Michelle Bachelet.
El debate que existe ahora frente a la posibilidad de que el sucesor de Chahuán sea un candidato de carrera, es si éste se concentrará más en el funcionamiento interno del Ministerio Público o en la persecusión penal, justamente el punto que más preocupa la ciudadanía.
Un fiscal nacional externo, en tanto, podría llegar a “oxigenar” al Ministerio Público en tiempos en que han sido públicas las rencillas entre varios fiscales tras los casos Penta, SQM y Corpesca.
2. FACTOR PENTA Y SQM
Cuando Sabas Chauhuán tomó la decisión de liderar las investigaciones de los casos Penta y SQM, automáticamente se politizó la elección de fiscal nacional. Esto, porque lo hizo en febrero pasado, a nueve meses de que comenzara la carrera para su reemplazo y en medio de las pesquisas que han ido involucrando cada vez a más parlamentarios en el financiamiento ilegal de la política.
El punto hoy es que finalmente, una vez que la Corte Suprema elabore la quina –tiene de ocho a 10 días para hacerlo después del cierre del concurso esta medianoche-, y la presidenta de la República escoja a su candidato, será el Senado el que finalmente zanjará en votación de quién será el próximo fiscal nacional. El tema de fondo es que es en la Cámara Alta donde hoy los fiscales tienen puestos sus ojos en la investigación de los delitos de financiamiento ilegal de la política y ocho de ellos están siendo cuestionados.
De ahí que será clave la opinión que los candidatos tengan frente a los delitos que hoy se están investigando. Según el abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Chile, Luis Cordero, la distorsión que esto produce es que “nadie estará preocupado de los atributos del próximo fiscal nacional, sino que la principal pregunta será cuál es su punto de vista en relación de los delitos de financiamiento ilegal de la política”.
La postulación del fiscal Toledo también se ha convertido en un factor de conversación al interior del Ministerio Público, luego que esté a cargo de la investigación del caso Caval que involucra tanto a la nuera como al hijo de la presidenta Bachelet.
3. LA SEÑAL DE LA SUPREMA
El primer filtro para definir quién será el sucesor de 
Chauhuán será en la Corte Suprema. Por ello el gobierno debe tener más que nunca los ojos bien puestos en lo que ocurrirá en el pleno en que se votará la quina.
El 28 de agosto, La Moneda experimentó una derrota cuando la Suprema escogió al abogado Juan Ignacio Vásquez, ligado a la derecha, como ministro del Tribunal Constitucional en reemplazo de Francisco Fernández, quien era un voto duro de la Nueva Mayoría. El Ejecutivo estuvo lejos de imponer a su candidato, el profesor de Derecho Juan Carlos Ferrada, quien apenas sacó dos preferencias en el pleno. El problema es que el oficialismo perdió un voto en un año clave de las reformas que, lo más probable, irán a parar al TC, como la laboral educacional y la despenalización del aborto.
“Lo que le ocurrió al gobierno en la Corte Suprema con la designación de Vázquez en el TC no puede volver a pasar”, comenta un abogado ligado al máximo tribunal.
A su vez, la señal que dará la Suprema en la elaboración de la quina será clave: ¿escogerá a un candidato interno o externo?
En la última elección de fiscal nacional para reemplazar a Guillermo Piedrabuena, en 2007, y en la que resultó electo Chahuán, la Suprema entregó una señal clara y votó en mayoría para que el fiscal nacional fuera un candidato externo y no de carrera funcionaria. Fue Juan Enrique Vargas quien obtuvo la mayor cantidad de preferencias (10 votos) frente a tres competidores que venían desde dentro del Ministerio Público - Chahuán, entonces fiscal de la zona Metropolitana Occidente; Sonia Rojas, quien era jefa de la zona metropolitana centro norte y Xavier Armendáriz, jefe de la Fiscalía Oriente-. El quinto “extranjero” fue el abogado Ricardo Israel.
Se sabe que en muchos supremos, y también entre los jueces de garantía y de tribunales orales, hay una visión crítica sobre el trabajo del Ministerio Público, en especial por la serie de rencillas que se han hecho públicas a raíz de los casos Penta, SQM y Corpesca y con el excesivo protagonismo de algunos persecutores. Pero también ha habido cuestionamientos a su labor en la persecución penal, críticas que evidenció en agosto el ministro Manuel Valderrama en su exposición ante el Senado para ascender al máximo tribunal. “Los fiscales deben mejorar sus técnicas de investigación”, señaló.
4. EXPECTATIVAS Y DESAFÍOS
Las pesquisas en los casos de financiamiento ilegal de la política han generado altas expectativas en la opinión pública. Sin embargo, la realidad chocará con las penas que la ley permita cuando finalicen los juicios, algo que ocurrirá cuando Chahuán ya no sea fiscal nacional, por lo que será su sucesor quien enfrentará ese complicado escenario.
En los últimos meses Chahuán convirtió a la fiscalía en protagonista clave en la persecución a los delitos que involucran a políticos, catapultándose él mismo en un personaje relevante en el país. Más allá de la anécdota, el comediante Yerko Puchento, conocido por burlarse de las autoridades, durante sus rutinas, varias veces hizo alusión al fiscal nacional como un “héroe nacional”.
Sin embargo, la nueva autoridad tendrá que hacerse cargo del destino que tengan esas causas y de ahí que sea tan importante para los senadores su opinión frente a este tipo de delitos de connotación política. El propio Chahuán, en entrevista con revista Capital, se adelantó a ese escenario cuando dijo: “Es muy posible que en varios casos no haya pena de cárcel”.
Pero los desafíos del próximo fiscal, pese a lo mediáticas de las causas Penta, SQM y Corpesca, irán por otro lado. Según las encuestas de opinión pública, la delincuencia (la última Cadem arrojó que un 76% de la población cree que aumentó) sigue siendo la mayor preocupación de la ciudadanía y en eso el Ministerio Público tiene un rol clave. Por ello, lo que se espera de los candidatos es la definición de su política de persecución penal.
Hay cifras que no acompañan hoy al Ministerio Público, que son decisivas, y que se convertirán en un desafío para el sucesor de Chahuán. Es el caso de los delitos contra la propiedad, donde los imputados desconocidos, es decir los delincuentes que comenten un delito y cuya identidad se ignora cuando la denuncia llega a las fiscalías, son muy superiores a los casos en los que se logra condena.
Así, durante el 2014 de las 589.841 denuncias que se presentaron por delitos contra la propiedad, 471.210 tuvieron imputados desconocidos y 118.631 con imputado conocido. Tan negativa es la cifra que Chahuán reconoció que revelan “un fracaso en la persecución penal respecto de este tipo de delitos”.
Otros dos temas clave serán la coordinación con las policías, que sigue siendo un problema, y el alza de las absoluciones en los juicios orales. Esto, luego de que en lo va corrido de la Reforma Procesal Penal, según especialistas debería ser al revés: hoy las absoluciones son el doble que eran hace 10 años y pasaron de un 10% a un 20%.
Pero la promulgación de la ley del Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público –un logro de Chahuán y de la Asociación de Fiscales- debería ayudar a cambiar las cifras, pues se traducirá en el aumento de 577 funcionarios y fiscales adicionales. Y su implementación será otro desafío del nuevo fiscal nacional.
