El ambiente estaba más frío dentro del salón que afuera. Así lo grafican algunos de los fiscales presentes en el último consejo general del Ministerio Público dirigido por Sabas Chahuán en el Hotel de Castro en la isla de Chiloé. El cónclave se desarrolló durante dos jornadas que terminaron el viernes 25 de septiembre, con despedidas tan frías y tensas como el aire que corre habitualmente por esa ciudad.
¿La razón? En la mesa había tres de los 11 candidatos a convertirse en el próximo fiscal nacional. A saber, los fiscales regionales de Santiago Sur, Raúl Guzmán; de Rancagua, Luis Toledo; y el director ejecutivo de la entidad, Jorge Abbott, quienes de una u otra manera marcaron fuertes matices en varias de las últimas discusiones que Chahuán puso sobre la mesa. Otros, no escondían en las conversaciones privadas sus apoyos al fiscal de Alta Complejidad, José Morales; al candidato externo y favorito del gobierno, Juan Enrique Vargas, o al que podría ser la sorpresa, el abogado Juan Carlos Manríquez.
La tensión más evidente se vio entre Guzmán y Chahuán. En los días previos, el fiscal nacional había iniciado una investigación contra el fiscal regional sur, a raíz de una denuncia que apuntaba a gestiones que habría realizado para favorecer a un detective imputado por apremios ilegítimos a un detenido.
Para nadie es un misterio que el candidato de Chahuán no es precisamente Guzmán, ni menos Toledo, a quien unas semanas antes le había quitado el caso Caval para evitar suspicacias. Es sabido que el fiscal nacional ha jugado todas sus cartas por Abbott, quien podría asegurar una línea de continuidad a su mandato.
Los fiscales sintieron el peso del proceso que se inicia este viernes 2 de octubre, cuando el pleno de la Corte Suprema escuche a cada uno de los candidatos y, luego, los ministros voten por una quina que será llevada a la presidenta Michelle Bachelet. La mandataria escogerá un nombre que deberá pasar el cedazo del Senado, lugar donde tampoco se vive un ambiente precisamente de calma.
A diferencia de los dos anteriores nombramientos desde que comenzó a operar la reforma procesal penal, esta vez hay mucho en juego. Del próximo fiscal nacional depende el futuro y destino de las investigaciones que golpean al corazón del poder político. La decisión no es fácil y nadie se atreve a hacer una apuesta. Más que un juego de póquer, hoy hay verdaderos calculistas midiendo el impacto de cada una de las opciones.
Y Chahuán también hace su juego. Busca una salida limpia. Y prepara sus últimos movimientos de piezas.
Ganar tiempo
El próximo 9 de octubre se vence el plazo de 90 días decretado como prórroga por el 8° Juzgado de Garantía para la investigación del caso Penta, causa que terminó abriendo la llave de cuestionamientos sobre el financiamiento de campañas políticas. Lo que debería ocurrir, mencionan varios conocedores de la causa, es que la Fiscalía cierre la investigación y presente acusación, que es el paso previo para un juicio oral o negociaciones de eventuales salidas alternativas.
Los abogados defensores del caso Penta buscarían ganar tiempo para que la etapa final de la causa encuentre al nuevo fiscal nacional ya instalado, lo que alentaría un nuevo trato o eventuales movimientos de piezas en el equipo de fiscales que trabaja hoy bajo el mandato de Sabas Chahuán.
En la Fiscalía Nacional comentan que Chahuán había considerado avanzar hacia dicho escenario, bajo la premisa de que le permitiría abandonar su cargo el último día de noviembre próximo con la tranquilidad de haber cerrado una de las investigaciones de mayor impacto público en la vida institucional.
Pero la causa está lejos de su término por la cantidad de diligencias que se encuentran pendientes, en su mayoría solicitadas por los defensores de los principales imputados. Una revisión a la carpeta investigativa da cuenta de una avalancha de escritos presentados durante las últimas semanas de septiembre por los abogados de los ex controladores del holding, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, así como de la defensa del ex senador UDI Jovino Novoa, entre otros.
El 16 de septiembre pasado el abogado de Délano y Lavín, Julián López, ingresó uno de estos escritos en el que pedía al Ministerio Público oficiar a la Tesorería General de la República para que informe el “monto enterado por pago de impuestos” de 119 sociedades y empresas del holding en los últimos 14 años. Según el documento, la diligencia busca desvirtuar la afirmación de los fiscales, el 6 de marzo pasado durante la formalización de sus clientes, en la que señalaron que el grupo “no había pagado impuestos en seis años”. Según los cálculos de la Fiscalía, la información no estaría disponible antes de dos meses.
Otra de las defensas que reactivó su ofensiva en las últimas semanas fue la de Jovino Novoa. El 21 de septiembre su abogado, Matías Balmaceda, solicitó a la Fiscalía profundizar en el episodio que, a su juicio, invalidaría la querella presentada por el SII en contra del ex senador y fundador de la UDI.
El oficio pide citar a declarar al ex director del SII Michel Jorratt y al ex subdirector Cristián Vargas, entre otros ex funcionarios y fiscalizadores de la entidad, con el fin de aclarar la decisión de Jorratt de firmar la querella, en su calidad de director, justo un día antes que el Diario Oficial publicase la resolución en que Vargas le devolvía la potestad —que hasta ahí le había delegado su superior— para deducir denuncias o querellas. En el mismo escrito, Balmaceda solicita que la Fiscalía envíe oficios al SII para conocer el detalle de todas las rectificaciones presentadas tras el llamado hecho por el propio servicio a comienzos de año, así como el “número de casos identificados por el SII a lo largo del país, por presuntas boletas ideológicamente falsas desde el 1 de enero de 2015 a la fecha”, entre otras diligencias que aún no han sido concretadas.
Con todo, habría una estrategia mayor detrás de estos requerimientos: en círculos judiciales comentan que junto con ejercer el “debido derecho a defensa”, los abogados buscan ganar tiempo para que la etapa final de la arista Penta encuentre al nuevo fiscal nacional ya instalado en las oficinas de General Mackenna 1369, lo que alentaría un nuevo trato o eventuales movimientos de piezas en el equipo de fiscales que trabaja en las diferentes aristas.
Los abogados defensores estarán atentos a la interpretación que el próximo fiscal nacional tenga respecto de la persecución penal de los delitos tributarios asociados al uso de boletas ideológicamente falsas, pues una crítica recurrente a Chahuán es el cambio de criterio según el caso: en Penta optó por formalizar este jueves a un cúmulo de “emisores” de boletas — cuando había anunciado originalmente que no los perseguiría—, mientras no ha tomado hasta ahora una decisión similar en SQM, donde entre otros emisores, se encuentra, por ejemplo, el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo.
“Esperamos con el nuevo fiscal nacional un avance decidido en la artista política, ya que hasta el momento sólo hay un político formalizado por cohecho. El actual fiscal nacional sólo está enfocado en los delitos referidos al pago de impuestos, pero estos casos implican algo mucho más profundo, la captura de facto de nuestra clase política por el poder económico”, dice Pedro Orthusteguy, abogado querellante de la causa por la Fundación Ciudadano Inteligente.
La caja negra de SQM
El miércoles, el fiscal nacional Sabas Chahuán ingresó al 8° Juzgado de Garantía un escrito que podría complicar aún más al senador PS Fulvio Rossi. Según las fuentes consultadas, en el documento se entregan nuevos antecedentes sobre el listado que la Fiscalía había detallado a inicios de septiembre, en un escrito similar, con nombres de candidatos a concejales, alcaldes y diputados para los que Rossi habría gestionado recursos con SQM. El tribunal en aquella oportunidad había pedido precisiones a Chahuán, antes de acceder a la solicitud de levantar el secreto sobre los aportes reservados recibidos por aquellas personas en el Servicio Electoral (Servel). Con el nuevo oficio del miércoles el Ministerio Público envía una potente señal: en el caso SQM la línea que apunta al senador Rossi es una de las más avanzadas hasta ahora.
Altas fuentes de la institución señalan que una de las diligencias pendientes que Chahuán no dejará escapar antes de retirarse es el interrogatorio al senador PS, quien se ha excusado hasta ahora debido a un cáncer de tiroides que lo aquejaba y por el que fue intervenido hace unas semanas.
El lunes Rossi regresó a la actividad política en una cena con todos sus compañeros de bancada, incluyendo a la presidenta del PS, Isabel Allende, aunque en el Senado señalan que sigue con licencia médica, por lo que no se sabe cuándo podría declarar ante Chahuán.
Las mismas fuentes no descartan que fiscal nacional se aventure con una formalización e incluso dejar solicitado, antes de irse, un eventual desafuero parlamentario.
Otra arista que Chahuán podría dejar encaminada es la establecida en la última querella del SII que, entre otras novedades, apuntó a la responsabilidad penal del ex jefe de campaña de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, quien podría ser formalizado por el fiscal nacional por delitos tributarios vinculados a los aportes que recibió de la filial SQM Salar, a través de su empresa de comunicaciones y marketing. El SII estableció en su querella que el monto de $362.600.000 recibidos por Warner por supuestas asesorías comunicacionales justificadas en 34 facturas no cumple con los requisitos para ser considerados gastospor SQM Salar. Con todo, Chahuán aquí también se habría planteado un objetivo claro antes de entregar el cargo: citar a declarar al ex candidato presidencial para desvirtuar la presunción sobre posible financiamiento irregular de sus campañas. Sobre todo después de conocer un correo electrónico, revelado por Qué Pasa entre Warner y Katherine Bischof, secretaria de Patricio Contesse, gerente general de SQM por más de 30 años.
El e-mail fue enviado por Warner el 27 de diciembre de 2010 –un año después de su primera elección y mientras se estaba rearmando para su segunda campaña– con el asunto “saludos” y es clave porque marcaría el inicio de la relación más directa de la minera no metálica con el ex candidato presidencial: la compañía se comprometió a pagar $ 4 millones mensuales, monto que con el tiempo se aumentó a $ 14 millones, sumando en total los $ 362 millones entre 2011 y 2013.
Una línea investigativa que quedaría definitivamente abierta es la que apunta al financiamiento del ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, entre otros, a través de la empresa Asesorías y Negocios (AyN) de Giorgio Martelli, quienes trabajaban en la que ha sido llamada la “precampaña” de la entonces ex presidenta Bachelet. Para el fiscal Chahuán, AyN fue una empresa creada para que “ciertas personas pudieran tener financiamiento para poder dedicarse a actividades políticas”, según dijo en la audiencia en que formalizó por delitos tributarios a Martelli.
Un punto que ha profundizado Chahuán es la constitución de dicha sociedad, donde este último involucró al ex presidente de Enersis Jorge Rosenblut, y al abogado Cristián Quinzio, como quienes participaron y alentaron la creación de AyN.
La Fiscalía ha investigado en profundidad la tramitación de la Ley de Pesca en la Cámara y el Senado. Los movimientos en la causa Corpesca han encendido las alarmas en el Congreso, donde creen que Chahuán podría ampliar la indagatoria, que había estado focalizada en el senador UDI Jaime Orpis.
Tanto Rosenblut como Quinzio han descartado ante el fiscal su participación en la creación de la empresa, pero la arista que quedará pendiente serán los aportes del grupo Angelini al proyecto de la Nueva Mayoría –donde Rosenblut reconoció en su declaración haber servido de nexo- luego que el propio holding rectificara ante el SII $ 850 millones por impuestos de boletas y facturas que Empresas Copec, Arauco y Copec Combustible ingresaron en su contabilidad y que fueron aportes irregulares a campañas políticas, según la indagatoria.
El misterio de Corpesca
Una serie de oficios reservados y una cantidad importante de documentación han salido en las últimas semanas del Congreso Nacional. Tanto desde la Cámara de Diputados como desde el Senado se han entregado sendos informes al Ministerio Público con el detalle de la tramitación de la Ley de Pesca que fue aprobada durante 2012, en especial el trabajo de las comisiones de Pesca de ambas cámaras.
Los movimientos del Ministerio Público han encendido las alarmas en el Congreso, donde creen que Chahuán podría ampliar la indagatoria, que hasta ahora había estado focalizada en el senador UDI, Jaime Orpis.
La información está siendo trabajada con sigilo por la fiscal Ximena Chong, quien hasta ahora ha profundizado en la situación de Orpis. Según la querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), el senador habría recibido todos los meses la suma de $ 2 millones entre los años 2010 y 2013 de parte de la empresa Corpesca, del grupo Angelini. Dichos aportes fueron recibidos mientras participaba en la tramitación del proyecto en la comisión de Pesca del Senado, en la que además habría votado a favor de los intereses de la empresa.
En el Ministerio Público apuntan como inminente la decisión del fiscal Chahuán de formalizar a Orpis antes de su salida y eventualmente también dejar avanzada la petición de desafuero.
El problema de esta causa es que si el fiscal nacional decide avanzar antes de entregar el mando, podría provocar un duro golpe al Senado, justo cuando es la Cámara Alta la que debe ratificar el nombre de su sucesor.
