EL PESO MÁS PESADO
Hijo de, amigo de, primo de, hermano de, Herman Chadwick Larraín es sin duda el más influyente y poderoso de los nueve formalizados. Reconocido por liderar las quiebras más bulladas y exitosas del país —como Pescanova, Exportadora Conosur S.A. y Distribuidora Rabié—, el abogado es hijo del ex dirigente UDI, ex alcalde de Providencia y ex Presidente del Consejo Nacional de Televisión, Herman Chadwick Piñera y sobrino del ex ministro Andrés Chadwick Piñera (UDI). Su padre es, además, primo hermano del ex presidente Sebastián Piñera. La hermana del síndico, María Irene Chadwick, fue la jefa de programación del ex mandatario y hoy le ve las comunicaciones al abogado.
La relación de Herman Chadwick y Caval se remonta al 2011, cuando el ex dueño de los terrenos de Machalí, Patricio Wiesner, le pidió asesoría para administrar sus bienes, dado que se encontraba en una compleja situación financiera. Fue Chadwick quien negoció la enajenación de los paños a Caval. Hoy ese negocio lo mantiene entrampado en dos aristas: la civil donde se discute la cuenta final del síndico —luego de que fuera objetada por los bancos, la autoridad y la familia Wiesner—, y la penal, bajo la cual será formalizado el próximo 29 de enero como autor del delito de ventajas indebidas del síndico del artículo 38 del libro IV del Código de Comercio.
LOS ABOGADOS DE WIESNER
Habían pasado desapercibidos. Durante el anuncio de las formalizaciones, surgieron dos nombres que distaban bastantes de los tradicionales protagonistas del caso. Daniel Huerta Cordero y Pablo Ovalle Andrade —socios del estudio Ovalle y Cia.— aparecían entre los imputados en calidad de autores del delito de prevaricación de abogado, y como encubridores del delito de ventajas indebidas del síndico Herman Chadwick. Lo curioso, es que ambos abogados son los defensores de Patricio Wiesner, el ex dueño de los terrenos de Machalí que posteriormente fueron enajenados a Caval, y que mantiene una disputa con Chadwick en sede civil, donde la familia Wiesner acusa al síndico de perjuicio patrimonial en instancias en que éste administraba sus bienes en el marco de un Convenio Judicial Preventivo.
Huerta, de hecho, ha sido sumamente duro con Chadwick y lo ha acusado claramente de apropiarse de $96 millones pertenecientes a la señora de Patricio Wiesner bajo concepto de honorario adicional, lo que el síndico niega. Este monto en cuestión es uno de los mayores dolores de cabeza del síndico, ya que es uno de los puntos que la Superintendencia de Insolvencia ha puesto en su radar a la hora de impugnar la cuenta de Chadwick. El 14 de diciembre pasado, de hecho, la autoridad le pidió al Juzgado Civil donde se tramita la quiebra que oficie al síndico para que abra sus cartolas bancarias, con la finalidad de ver si está parte o todo ese dinero.
Dado ello, resulta extraño para los cercanos a Huerta y Ovalle que ahora estén siendo acusado de encubrir a Chadwick. Aún más, ya hay voces que aseguran que el síndico es quien los estaría involucrando en el caso sólo a modo de represalia.
¿Por qué no cae Compagnon?
Una de las grandes interrogantes que generó el anunció de las formalizaciones es por qué no son mencionados ni Sebastián Dávalos ni Natalia Compagnon, pese a que sí serán formalizados la empresa Caval como autora del delito de soborno y el dueño de la sociedad Mauricio Valero, por el mismo delito. En el caso del hijo de la presidenta, se explica porque él sólo era un empleado de Caval –gerente de proyectos- y no hay ningún testimonio que registre su participación en las gestiones de cambio de uso de suelo. Natalia Compagnon, en cambio, es dueña y socia fundadora de la Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada y tenía relación directa con Juan Díaz. Una de las explicaciones de porque ella no será imputada en esta arista es porque no es la representante legal de la empresa. No obstante, el fiscal Luis Toledo afirmó esta mañana que las formalizaciones no se reducirán sólo a las anunciadas para el 29 de enero.
El matrimonio Silva-Navarrete
El ex jefe de la Dirección de Obras Municipales de Machali, Jorge Silva Menares y su esposa Marisol Naverrete serán formalizados como autor del delito de cohecho y cómplice del delito de cohecho respectivamente. El matrimonio ha estado desde el inicio en la mira del fiscal para detectar si recibieron pagos del operador Juan Díaz a través de la empresa inmobiliaria de Navarrete. Durante la realización de los negocios de Caval, era comentario en el municipio cómo la pareja multiplicó su tren de gastos y su calidad de vida comprando dos automóviles Volvo último modelo y terrenos en la VI Región. En la investigación ellos han argumentado que los pagos se deben a otros trabajos de arquitectura realizados para Díaz. Este año Silva fue destituido de la municipalidad por “graves faltas a la probidad” tras una investigación interna. El funcionario fue quien promovió el cambio de uso de suelos en la zona, aprobó el nuevo diseño del mapa, entregó información clave a Caval e hizo un estudio de capacidad vial sin haberlo licitado. Su relación con Juan Díaz era de grandes amigos y el operador solía visitar e instalarse en la oficina del DOM de la municipalidad. Juan Díaz que será formalizado por el delito de soborno también registra pagos a la arquitecta Cynthia Ross ex asesora a honorarios del municipio que será imputada por el delito de cohecho. Su defensa argumenta que los pagos se deben a otros trabajos realizados para Díaz, ajenos a la tramitación del plan regulador.
