El 23 de noviembre pasado la Corte Suprema remitió a la Cámara de Diputados un segundo informe en el que expresa su opinión sobre el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género, que se encuentra en tramitación en la Comisión de Derechos Humanos, presidida por Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), y que se discute con suma urgencia. Entre otras cosas, el máximo tribunal reconoce la necesidad de adecuar sus procesos judiciales para enfrentarse a esta nueva definición de identidad de género y, entre otras cosas, a situaciones como las de cambio de sexo y nombre por parte de personas que así lo deseen.
Entregada esta opinión, el documento de la Suprema contiene casi al final una prevención del presidente del máximo tribunal, Sergio Muñoz y del recientemente designado supremo, Jorge Dahm, en la que reconocen que "pocas veces fue tan evidente la deuda del Estado chileno en materia de matrimonio igualitario".
Los ministros argumentan que "por más que la ley que crea el Acuerdo de Unión Civil, discutida por años en el Congreso, intenta asimilar dicho acuerdo a la institución del matrimonio , éste último -o sea el estado civil de casado- abandona a quien hace uso de su derecho de obtener la rectificación del nombre y/o sexo".
Y profundizan: "Que lo hasta acá dicho -que pretende poner de relieve no otra cosa que la deuda del Estado chileno con las parejas del mismo sexo- queda mejor sintetizado de la siguiente manera: el artículo 10, inciso quinto, del proyecto de ley es una consecuencia natural del tipo de matrimonio con que contamos en Chile: sólo entre personas de distinto sexo. Como a ojos del legislador chileno, las parejas del mismo sexo no pueden tener vínculo matrimonial, las personas unidas en matrimonio que devengan del mismo sexo por virtud de esta nueva legislación, perderán dicho lazo matrimonial".
El pronunciamiento es inédito para la historia del máximo tribunal, pero va en línea con la llamada "doctrina Muñoz", quien se ha caracterizado durante su mandato al frente de la Suprema, que termina en diciembre, por expresar opiniones sobre materias actualmente en discusión pública. Un sello que ha marcado su línea discursiva es la idea, que ha repetido hasta el cansancio, en cuanto que en Chile no debe haber una justicia de clases y que la desigualdad no se debe reflejar en el acceso a justicia.
"El Poder Judicial se está haciendo cargo de los problemas reales que existen pero que para el Ejecutivo y el Legislativo parecieran no existir. Espero que esto haga reaccionar ambos poderes del Estado para legislar pronto sobre las familias homoparentales, que existen, son una realidad, pero que están totalmente ausentes de las políticas del gobierno y del interés de los parlamentarios", dijo a Qué Pasa el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín.
