Aunque desde un comienzo la defensa de Sebastián Dávalos –que fue reproducida por La Moneda– fue que se trataba de un negocio legítimo entre privados, en el peor de lo casos imprudente, pero siempre legal, a medida que fue avanzando la investigación comenzaron a aparecer antecedentes que sugerían posibles delitos de cohecho, negociación incompatible, violación de secreto y tráfico de influencias, especialmente por la vinculación de varios funcionarios públicos de la Municipalidad de Rancagua.

En febrero, el Banco Santander reveló que Wilfredo Valdés –en ese momento seremi de Vivienda de la Región de O’Higgins y quien estaba a cargo de llevar adelante el cambio del plano regulador– fue quien tasó los terrenos de Machalí para Caval cuando la empresa solicitó un crédito a ese banco. Aunque Valdés negó haber cometido cualquier tipo de ilícito, finalmente tuvo que renunciar a su cargo, aunque por un período corto. Sólo llevaba tres meses fuera del gobierno cuando fue contratado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles como inspector técnico de obras, con un sueldo mensual bruto de $2.400.000.

Por otra parte, una serie de correos electrónicos demostraban que Jorge Silva Menares, ex director de Obras de la municipalidad y en ese momento jefe de finanzas, mantenía una fluida relación con el socio de Natalia Compagnon, Mauricio Valero. Por ejemplo, en uno de ellos le informó acerca de la densidad de habitantes por hectárea que tenían los terrenos (información privilegiada). Esto le significó la destitución de su cargo tras un sumario interno de la municipalidad.

Por último, Cynthia Ross, arquitecta y sobrina de Patricio Wiesner, trabajó primero asesorando a su tío en la venta de los fundos. Luego, fue contratada por el síndico Herman Chadwick con el objetivo de elaborar una propuesta de cambio de uso de suelo que fue entregada a la Municipalidad de Machalí, donde finalmente se quedó trabajando como asesora a honorarios. Su rol era ayudar a Jorge Silva con el plan regulador y además poder tramitar el estudio de vialidad.

La arquitecta conocía a Juan Díaz desde 2009 cuando trabajaron juntos en un proyecto en Independencia y fue él quien le recomendó a Herman Chadwick que la contratara. Mantenían una relación de amistad y tenían varios proyectos en carpeta.

Tanto Cynthia Ross como Jorge Silva mantenían una relación fluida con Juan Díaz. Constantemente los tres sostenían reuniones en la municipalidad y, por petición del gestor inmobiliario, se reunían con los posibles compradores de los terrenos de Wiesner, entre ellos Mauricio Valero. El informe de tasación del sitio que elaboró Ross en 2013 –donde aseguraba la inminencia del cambio en el plan regulador– fue presentado por Caval al Banco de Chile como respaldo para pedir el crédito.

En septiembre, la Fiscalía detectó pagos por un total $ 40 millones de pesos a ambos funcionarios, realizado por Juan Díaz, lo que quedó constatado en una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado por posibles delitos de cohecho. Hoy se sabe que esos montos ascedieron a más de $ 100 millones. Además, Mauricio Valero desembolsó otros $ 20 millones para que Díaz se los traspasara a los funcionarios. Ambos fueron formalizados por el delito de cohecho en carácter reiterado.