Hijo de, sobrino de, primo de... Herman Chadwick Larraín (47 años, casado, cinco hijos) pertenece a una de las familias más influyentes de Chile. Es hijo del abogado, ex alcalde de Providencia y ex presidente del Consejo Nacional de Televisión, Herman Chadwick Piñera y sobrino del ex ministro Andrés Chadwick Piñera. Su padre es, además, primo hermano del ex presidente Sebastián Piñera.

Estas conexiones, sin embargo, no evitaron que Chadwick se convirtiera en una de las piezas clave del escándalo en el que ha derivado la compra de tres terrenos en Machalí por parte de la nuera de la presidenta, Natalia Compagnon, y su socio Mauricio Valero.

Como síndico de quiebras, Chadwick era el encargado de vender los terrenos de la familia Wiesner en el marco de un convenio judicial preventivo que buscaba que sus dueños no se fueran a la quiebra. La liquidación fue exitosa: se pagó el 100% de lo adeudado, con un saldo a favor de más de $2.364 millones. Sin embargo, desde el momento en que salió a la luz el caso Caval, fueron apareciendo más y más antecedentes que hacían sospechar que el proceso había sido menos transparente de lo que parecía.

Ya en agosto, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento había detectado una serie de anomalías graves en la venta de los terrenos a Caval. Por otra parte, los antecedentes presentados a la comisión investigadora de la Cámara demostraban una fluida relación entre el síndico con Patricio Wiesner, el dueño original de los terrenos de Machalí.

Según la declaración de Jorge Lufín, contador que trabajó para Wiesner S.A,  Chadwick no sólo recibió su pago legal ($ 183 millones) como interventor y liquidador del convenio judicial preventivo, sino que además en julio de ese año recibió un “premio” extra de $ 96 millones por parte de Helga Riffart, la esposa de Wiesner. Este pago se hizo, por petición de Chadwick, a través de la sociedad Vicuña y Compañía, propiedad de María Francisca Vicuña, esposa de Andrés Ignacio Orchard, socio y hombre de confianza de Chadwick.

El problema era que si es que se hubiese querido sumar un honorario adicional, se habría podido, siempre y cuando, se tuviera la aprobación de todos los miembros de la comisión de acreedores, integrada por Banco Security, Rabobank y BCI. Pero la junta ni siquiera fue notificada.

A esto se le sumó otro antecedente: en un correo que la fiscalía tiene en su poder, Alex Wiesner, hijo de Patricio Wiesner, le solicitó tanto a Chadwick como a Orchard mantener las gestiones para el cambio del uso de suelo en reserva, nuevamente omitiendo cualquier consulta a los acreedores.

Por último, la contratación de Juan Díaz por $ 415 millones tampoco había sido aprobada por esta instancia.

Chadwick no sólo estaba en la mira de la fiscalía, sino que también lo vigilaba de cerca la Superintendencia de Insolvencia. En septiembre, la comisión de acreedores rechazó por unanimidad la cuenta pública en la que el síndico detallaba todas las acciones que realizó para subsanar la deuda de Wiesner S.A. y la superintendencia elaboró un informe impugnando tanto el honorario adicional que se adjudicó el síndico como el pago a Juan Díaz.

Hecho esto, el futuro de Chadwick está en las manos del Cuarto Juzgado Civil de Santiago. Si falla a favor del informe, el tribunal podría poner fin a su labor como síndico de quiebras.

En la arista penal, fue formalizado por ventajas indebidas y delitos tributarios, y arriesga un pena de hasta 10 años.