El año 2015 terminó con 9 imputados y una fecha, el 29 de enero, para su formalización. Entre ellos se encontraba Caval Limitada, en su calidad de persona jurídica, y Mauricio Valero, ambos imputados por delito de soborno, pero no estaba Natalia Compagnon. Sebastián Dávalos también había quedado fuera del cuadro.
Aunque muchos se preguntaban por qué la nuera de la presidenta no aparecía entre los formalizados, la razón era sencilla: los únicos antecedentes que podían vincularla con algún tipo de delito eran de carácter tributario, por lo tanto era necesaria una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) para que la fiscalía pudiera iniciar cualquier acción judicial. Pero hasta el momento, el organismo había permanecido en silencio.
Sin embargo, el 4 de enero, en un giro sorpresivo el SII –que hasta el momento había insistido en que carecía de antecedentes suficientes– presentó una querella ante el tribunal de garantía de Rancagua por delito tributario en contra de los representantes legales de Caval por la presentación de declaraciones de impuesto maliciosamente falsa, y contra el síndico de quiebras en la venta de terrenos en Machalí, Herman Chadwick, por la omisión de ingresos efectivamente percibidos.
De acuerdo a la querella, el perjuicio fiscal provocado a través de la incorporación de facturas falsas en la contabilidad, la omisión dolosa de ingresos y la facilitación de documentación tributaria por servicios no prestados asciende a $118.872.912 con una agravante: conducta reiterada.
El camino para que la nuera de la presidenta fuera formalizada estaba abierto, lo que terminó por ocurrir el 11 de enero, cuando el fiscal la incluyó en el listado de sus formalizados.
La situación tributaria de Caval ya había sido cuestionada en abril de 2015, cuando la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público informó al fiscal Toledo de inconsistencias en los datos declarados del patrimonio financiero y el capital propio tributario. Además, en la declaración de Patricio Cordero, uno de los gestores que trabajó con la firma, éste indicó que suscribió dos contratos con Valero para que él justificara gastos y eludiera impuestos mediante 19 facturas por servicios nunca prestados por la empresa Lo Beltrán, de la que Cordero era representante legal, a Caval.
