—Que quede en actas, presidente, para los efectos de la historia de la ley.

Fue el senador RN Alberto Espina quien le pidió a la secretaría de la comisión de Constitución de la Cámara Alta tomar nota y dejar constancia en el registro oficial de tramitación de la ley que había sido el fiscal nacional (s) Andrés Montes quien propuso, apoyó y contribuyó a la redacción de los artículos que endurecían las sanciones penales para quienes violen el secreto de las investigaciones del Ministerio Público.

Así consta en el registro del 29 de febrero pasado, fecha en que el Senado avanzaba a toda máquina en el despacho de la agenda corta antidelincuencia que finalmente se aprobó el 22 de marzo pasado en la sala de la Cámara Alta.

Aunque entonces el detalle no importó demasiado, hoy cobra una relevancia inusitada.

El fiscal nacional Jorge Abbott enfrenta un nuevo escenario interno con el surgimiento de dos liderazgos (Manuel Guerra y Pablo Gómez) que ya comenzaron a desmarcarse de su plan de cierre de los incómodos casos sobre financiamiento irregular de la política.

La famosa enmienda despertó las inmediatas sospechas de la opinión pública, pues más allá de su origen (fue presentada por el gobierno tras un acuerdo entre los senadores de oficialismo y oposición de la comisión de Constitución y el Ministerio Público), fue aprobada en la sala del Senado sin siquiera haber sido discutida, ya que formaba parte de un paquete que fortalecía las facultades investigativas de los fiscales para atacar delitos comunes como el hurto, robos y receptación, aumentando también sus penas.

De inmediato se interpretó que la medida apuntaba a terminar con las llamadas filtraciones en aquellos casos que están asediando al poder político.

Pero también reveló otra realidad: no se trataba de una iniciativa aislada de un senador, ni del fiscal Montes, quien tuvo que reemplazar a Abbott —afectado por un infarto los primeros días del 2016— ni de La Moneda, sino de una agenda común que no busca otra cosa que comenzar a cerrar el capítulo de los escándalos por financiamiento irregular de la política.

Entre estos tres actores principales de la historia, hay voces que reconocen que la escalada de filtraciones, formalizaciones y nuevas líneas investigativas comienza a inquietar y se han vuelto una realidad incómoda. Desde los partidos de oficialismo y oposición y el propio gobierno temen lo peor: una eternización de los casos justo cuando se aprontan a enfrentar en las elecciones municipales de octubre su primer examen ciudadano tras la profunda crisis de desconfianza derivada de dichos escándalos. Y, peor aún, en un año más una incierta elección parlamentaria y presidencial.

Desde el Ministerio Público, la necesidad del nuevo fiscal nacional, Jorge Abbott, de despejar la agenda de la institución para orientar todos los esfuerzos en una vieja debilidad del organismo: la persecución de delitos contra la propiedad y la turbulenta agenda de seguridad ciudadana. Abbott dio señales claras en una entrevista en Reportajes del diario La Tercera donde avisó que su propósito es “cerrar” y “acotar” las investigaciones políticas.

EL NUEVO FRENTE INTERNO

Fue durante el primer consejo de fiscales regionales de todo el país, que presidió Abbott, realizado en Santiago entre el 21 y 22 de marzo pasado, y en el contexto en que se hablaba de las modificaciones a la ley antidelincuencia, que por primera vez se mencionó que se pretendía establecer un artículo que ampliara las sanciones por la filtración de las investigaciones.

Pero, lo que no se especificó, era que el propio Ministerio Público tenía una participación directa en la redacción de la indicación. Tampoco, que esta estaba tan avanzada en el Congreso.

De hecho, al principio la mayoría de los fiscales no le prestaron especial atención, debido a que ya existían dos normas —una en el Código Procesal Penal y otra en la Ley Orgánica del Ministerio Público— que iban en el mismo sentido. Sin embargo, le tomaron el peso varios días después, cuando se enteraron por la prensa de los detalles de la iniciativa, la misma que muchos de ellos catalogaron de inmediato como una situación, a lo menos incómoda.

Uno de los puntos que molestaron a varios fiscales es que la norma, por un lado, muestra al Ministerio Público demasiado alineado a los intereses del gobierno. Por otro, y el más delicado, es que estiman que la regla que castiga las filtraciones podría tener consecuencias negativas para el desempeño de su trabajo, en el sentido que los expondrá a ser inhabilitados con facilidad, sobre todo en investigaciones de casos relevantes.

Así, muy lejos de lo que pretendía desde que fue elegido fiscal nacional, sobre todo porque es conocido por su carácter más bien conciliador, Abbott acaba de abrir un frente interno que antes no tenía.

De hecho, junto a la polémica norma, también se le ha cuestionado internamente que dentro de sus cargos de confianza sumara a varios profesionales externos a la institución en puestos estratégicos, como el caso de Francisca Werth, ex directora ejecutiva de Paz Ciudadana y muy cercana a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, como directora ejecutiva de la Fiscalía Nacional; Rolando Melo, ex director del Sename en la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos y, entre otros, a la abogada Nelly Salvo, quien pasó de ser asesora legislativa del ministro del Interior, Jorge Burgos, a jefa de la División de Estudios.

Justamente Salvo, como representante de Interior durante la discusión del proyecto de agenda corta antidelincuencia, jugó un rol clave en la redacción de varios articulados, trabajando codo a codo con el fiscal Montes, quien más allá de que subrogaba a Abbott, es un conocido detractor de los efectos que las filtraciones generan en las investigaciones, los que considera negativos, como figura en las actas de la comisión de Constitución del Senado. Hoy son varios los fiscales que ven con reticencia que justamente la segunda funcionaria del área jurídica del gobierno termine trabajando en un puesto demasiado estratégico para el futuro del Ministerio Público.

¿GARANTÍA PERDIDA?

¿Cuál será su criterio para enfrentar investigaciones por delitos tributarios? ¿Formalizaría usted una investigación sin querella del Servicio de Impuestos Internos (SII)?

Es octubre de 2015 y las principales preocupaciones que los senadores de oficialismo y oposición planteaban en las reservadas conversaciones que sostuvieron con cada uno de los candidatos a fiscal nacional para escoger al sucesor de Sabas Chahuán giraban en torno al mismo tema: con mayor o menor disimulo, todos querían saber cuál sería el destino de las causas políticas.

Y Abbott, una vez que se convirtió en el elegido de la presidenta Bachelet tras escogerlo de la terna propuesta por la Corte Suprema, también debió enfrentar la misma interrogante cuando asistió a rendir examen ante la comisión de Constitución del Senado. Fue el presidente de la UDI, Hernán Larraín, quien puso el tema sobre la mesa, interesado en los criterios con que Abbott enfrentaría la continuidad de las causas que afectaban a dirigentes políticos, varios de ellos de su partido. Aunque uno de los intereses principales de Larraín ya apuntaba al tema de las filtraciones —el mismo tema que hoy está en la agenda—, el senador UDI se explayó con mayor ímpetu en su consulta respecto del criterio que usaría Abbott para enfrentar los delitos tributarios, a propósito de la vieja pelea que dieron Chahuán y el entonces fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, quienes se enfrentaron con el SII precisamente porque no iniciaba acciones judiciales pese a los antecedentes recopilados por uso de boletas y facturas falsas para justificar aportes de campaña y a actividades políticas. Situación que llevó, incluso, a formalizar al ex vicepresidente de RN, Claudio Eguiluz, sin mediar una querella del SII.

En octubre de 2015 fue la primera vez que Abbott evidenció su postura sobre el destino de los casos políticos y el rol del SII, cuando dijo ante el Senado, durante su exposición para ser ratificado como fiscal nacional, que “si no hay querella o denuncia, no es viable ninguna acción penal”.

“Es importante saber cómo se va a seguir en investigaciones que no tienen querella del SII, porque ahí hemos visto opiniones contradictorias, creo que es importante tener claridad sobre cuál es la política que se seguiría en esa materia”, preguntó directamente Larraín.

Ese día, el 21 de octubre del año pasado, Abbott evidenció por primera vez su doctrina, que fue uno de los elementos importantes para obtener el respaldo unánime del Senado. “Si no hay querella o denuncia, no es viable ninguna acción penal”, dijo tajante Abbott, junto con advertir que, además, dichas acciones legales debían ser nominativas, es decir, con nombre y apellido. También, señaló ser contrario y combativo con las filtraciones.

Ambos argumentos —además de su definición respecto de la prudencia con que deben, a su juicio, actuar los fiscales— fueron clave para el convencimiento de los senadores, siendo la bancada de la UDI la primera en entregarle ese día su respaldo, en la previa de la votación.

“Me pareció muy franco y directo. Repudió y consideró que las filtraciones eran graves. Garantizó igualdad de trato”, dijo ese día Hernán Larraín.

Esta definición de Abbott es crucial para entender el escenario que enfrenta hoy: hace unos días ratificó su doctrina en la entrevista con La Tercera, donde aseguró que la “mera formalización” no tiene sentido, no puede ser “gratuita”. Y añadió: “No es posible que formalicemos a alguien y luego el SII diga que no se va a querellar”.

LOS FISCALES SE DESMARCAN

Desde que asumió Abbott, el tema viene siendo objeto de intenso debate dentro del Ministerio Público, sobre todo al interior de los equipos de fiscales que investigan los casos Penta y SQM, los mismos que esta semana evidenciaron por primera diferencias con la visión del fiscal nacional.

Hoy los fiscales regionales Manuel Guerra (Santiago Oriente) y Pablo Gómez (Valparaíso), quienes dirigen Penta y SQM, respectivamente, junto con el anuncio casi simultáneo de ambos de que formalizarían a Pablo Longueira en SQM y Laurence Golborne en Penta, mandaron con matices el mismo mensaje: en el caso de los delitos tributarios formalizarán sin esperar querella del SII.

Por ejemplo, Gómez, quien era considerado como el más cercano a Abbott, dijo el martes que le bastaba la denuncia del SII de abril de 2015, que no es nominativa sino contra quienes resulten responsables, para formalizar a Longueira y el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse.

Consultado sobre si esto representaba una diferencia con su superior jerárquico, Gómez dio su propia versión sobre lo que significa el acto de formalización y la desdramatizó: “Una audiencia de formalización es un acto de garantía para el propio imputado en el cual se le da a conocer los antecedentes de la investigación y el hecho concreto por el cual está siendo investigado. De manera que la formalización opera siempre en favor del imputado y no podríamos entender una cosa distinta”, selló, marcando diferencias claras con Abbott.

Al día siguiente fue el turno de Guerra, quien durante la formalización de Tomás Carrasco, empresario vinculado al ex ministro Golborne, y quien habría emitido boletas ideológicamente falsas a Penta para la campaña presidencial de 2013, anunció que también llevaría a los tribunales al ex secretario de Estado pese a no existir querella tributaria en su contra.

“La conducta de él (Carrasco) abarca no sólo el financiamiento irregular de la campaña de Golborne sino que también otros hechos que nos parecía prudente formalizar primero. Pero eso no descarta en caso alguno que vayamos a formalizar al señor Golborne, lo vamos a formalizar prontamente”, dijo Guerra para sentenciar: “Si no contamos con la participación del Servicio (SII), seguimos adelante”.

Más allá del juego de palabras, en círculos judiciales y entre los propios fiscales se instaló una certeza: Abbott enfrenta un nuevo escenario interno con dos liderazgos que ya comenzaron a desmarcarse de su plan de cierre de los casos sobre financiamiento de la política.

Los anuncios de formalización de Pablo Longueira y Laurence Golborne le instalan un problema político a Abbott: la UDI reclama igualdad de trato en las decisiones sobre la judicialización de las investigaciones.

No sólo desordenaron la unidad de criterio que buscaba imponer el fiscal nacional para enfrentar estas complejas causas, y que fue comprometida ampliamente a los senadores que lo ratificaron en la Cámara Alta, sino que además Abbott quedó cada vez con menos juego de piernas para influir en el destino de los casos políticos. Esto, pues al dejar la causa SQM en manos de Gómez, y prescindir de su facultad de dirigir dicha investigación como lo hacía Chahuán, ya no tiene espacio para dictar instrucciones ni órdenes particulares, pues está impedido por ley.

Varios fiscales consultados para este reportaje consideran un error estratégico de Abbott haber soltado la indagatoria más importante del momento, justo cuando expresa a través de los medios el deseo de que deben comenzar a “cerrarse” dichas investigaciones.

A ello se suma un distanciamiento que, dicen altas fuentes del Ministerio Público, ha marcado su relación con Gómez, fiscal que en el pasado fue su brazo derecho en la región de Valparaíso.

Con Guerra también ha perdido manija, pues si bien era hombre de Chahuán, mantenían buenas relaciones. El problema para Abbott es que, según las mismas fuentes, Guerra ha profundizado en la Fiscalía Oriente sus vínculos con otro inmanejable para sus propósitos: Carlos Gajardo.

Los anuncios que hicieron Gómez y Guerra se produjeron de la misma manera en que la ley impulsada en el Senado busca evitar: anunciando sus criterios y las acciones a seguir en las investigaciones, en público.

Una iniciativa legal que, de todas maneras, podría naufragar debido al rechazo transversal que generó entre en la Cámara, donde deberá discutirse en las próximas semanas.

Finalmente, las acciones de Gómez y Guerra le abren un problema de carácter político al fiscal nacional: la UDI reclama igualdad de trato al no haber dirigentes o parlamentarios del oficialismo en la misma situación que Longueira y Golborne.

Así las cosas, lejos de comenzar a cerrarse los casos, hasta ahora la garantía que significaba para los senadores de oficialismo y oposición la elección de Abbott parece estar más cerca de la fecha de vencimiento que de su validez.