“En este negocio, tú puedes rezarle a Dios y encomendarte a todos los santos para nunca cometer algo indebido o ilegal, pero tarde o temprano caes o pisas el palito”. Las palabras son de un oficial en servicio activo y verbalizan una realidad algo incómoda: las compras realizadas de armamentos y pertrechos militares que se hacen en el contexto de la Ley Reservada del Cobre pueden ser vulneradas. Y de hecho lo han sido en el pasado. La palabra corrupción asoma cada cierto tiempo en blog de internet y en la prensa tradicional cuando se habla de licitaciones calculadas en millones de dólares en las que se pagan jugosas comisiones a los intermediarios. Pasó con el caso Fragatas (en juicio actualmente), con los tanques Leopard (terminado y con condenados) y con los aviones Mirage (cerrado previo a sentencia). Y está pasando ahora cuando la investigación sobre el ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba avanza en el Ministerio Público.
Faltaban pocos días para las fiestas de Año Nuevo del 2014 cuando el fiscal jefe, en ese entonces, de la Fiscalía de Alta Complejidad (FIAC) Centro Norte, José Morales, decidió abrir una causa desformalizada luego de las denuncias aparecidas en varios blogs y páginas de internet con críticas al Ejército, sobre la fortuna fijada mediáticamente en tres mil millones de pesos (la Fiscalía trabaja en establecer empíricamente los montos, ya que las cifras podrían ser diferentes dependiendo, principalmente, de los avalúos fiscales y comerciales actuales de las propiedades). Algo no cuadraba con los números, y con más de un año en una causa que mantuvo en reserva para evitar filtraciones y acumular la mayor cantidad de información sin levantar alertas en quien investigaba, la Fiscalía estima que es muy difícil que el oficial en retiro haya conseguido esa cantidad de recursos con su sueldo, destinaciones, viáticos, gastos reservados y las herencias que Fuente-Alba o su esposa, Anita Pinochet, pudieran haber recibido. Entonces, de dónde venía el dinero acumulado. La mirada de Morales, quien ahora ocupa la jefatura de Santiago luego de postular sin éxito a fiscal nacional, se enfocó en el listado de más de cien proveedores e intermediarios que el Ejército utiliza para la compra de pertrechos, armas y equipo tecnológico de alta gama.
La investigación actual apunta a establecer, entre otras cosas, los nexos entre Virgilio Cartoni y el general Fuente-Alba. Por ahora los datos que se manejan son que Cartoni, quien actualmente se encuentra fuera de Chile, y el alto oficial sí se conocían y tenían una relación más bien cercana.
Y entre esos nombres hay varios que llaman la atención. Pero uno más que otros. El de Virgilio Cartoni, conocido en el medio como el “vendedor favorito del Ejército”. Según los datos que maneja el mismo Ejército y que publicó El Mercurio, el 25% de las licitaciones de la institución armada son adjudicadas a este proveedor, que representa a más de 50 empresas extranjeras relacionadas al rubro.
Cartoni, cada cierto tiempo está en la mira de la justicia y de los medios. Su última vez fue luego de la adjudicación de venta de visores nocturnos por más de US$ 16 millones. Hubo denuncias en Contraloría por irregularidades que apuntaban a que el empresario se reunió con oficiales miembros de la comisión de evaluación de la licitación, lo que estaba prohibido en las bases. También estuvo involucrado en la cuestionada compra de helicópteros por parte del Comando de Aviación del Ejército, en la segunda parte de la década anterior. En ellas, el comandante en jefe de la época, Óscar Izurieta, rechazó la compra de una partida de helicópteros Puma por considerar que hubo irregularidades en el proceso de selección y oficializó la compra de un grupo de aeronaves de un modelo superior, pero de la misma marca. En ambos procesos la empresa que se adjudicó el negocio por un monto de US$ 170 millones fue CyM de Virgilio Cartoni. El escándalo, sacado a la luz por el periódico electrónico El Mostrador, terminó (según los medios de la época) con la sanción del oficial que denunció irregularidades en el proceso que beneficiaba a la empresa de Cartoni.
Pero no son sólo estos antecedentes los que ponen la duda en Cartoni y su empresa CyM. La investigación actual apunta a establecer, entre otras cosas, los nexos entre el cuestionado intermediario y el general Fuente-Alba. Por ahora, los datos que se manejan son que Cartoni, quien actualmente se encuentra fuera de Chile, y el alto oficial sí se conocían y tenían una relación más bien cercana. Eso sí, habrían evitado juntarse en lugares públicos y de carácter oficial. Un antecedente en el que trabajan los que llevan la causa es indagar la compra del Audi que perteneció al ex jefe máximo de la institución castrense por parte del empresario. Si bien este negocio fue realizado con la intermediación de la concesionaria Klassik Car, el dato no es menor a la hora de establecer la relación entre ambos. Esto, ya que allegados al empresario señalan que, si bien se conocían, no tenían una relación cercana y menos de negocios.
Otro nombre que maneja la Fiscalía en el puzle de la relación entre Cartoni y Fuente-Alba es el de Pedro Pablo Bustos, coronel en retiro del Ejército, quien trabaja con el empresario como gerente de operaciones. Bustos fue agregado militar en la ONU en 2004 y terminó su carrera voluntariamente, luego de no ser incluido en la lista para generales el 2005. Su nombre se hizo público cuando fue asociado a la denominada “Brigada Azul” de la CNI e involucrado mediáticamente al homicidio de dos militantes del MIR. Nunca fue condenado ni procesado por esa causa. Sus cercanos señalan que el paso por la Central Nacional de Inteligencia fue sólo nominal y mínima en el tiempo. De hecho, cuando se hizo conocida la polémica, la ministra de Defensa de la época, la ahora presidenta Michele Bachellet, lo defendió al señalar que sólo ocupó un cargo de oficina en el organismo represor. Bachelet y Bustos fueron compañeros de curso por un semestre en un magíster dictado por la Academia de Guerra el año 1997.
Luego de salir del Ejército, Bustos fue recontratado en la unidad de Comunicaciones. En la página de transparencia de los uniformados aparece desde enero de 2010 hasta enero de 2012 como asesor del Consejo Consultivo de Estudios e Investigaciones Militares, con un sueldo de alrededor de $ 1,3 millones. Quienes lo conocen dicen que su asesoría en el Ejército partió en tiempos de Izurieta y que se extendió sólo hasta diciembre de 2011, ya que en 2012 partió con su labor en la empresa CyM (Cartoni). Bustos también es director de Nitratos Chile, una sociedad que forma parte de la estructura de control de SQM.
Cercanos al empresario cuentan que ambos se conocieron en la Escuela Militar, en tiempos en que Bustos fue profesor de Cartoni. Después, dicen, la relación fue prácticamente inexistente hasta que se reencuentran en 2012 cuando se genera la oferta de trabajo. La versión, en todo caso, deberá ser corroborada por los investigadores, quienes están enfocados en la red que manejan Cartoni y Bustos en el Ejército, la que les podría facilitar el acceso a información clave en la adjudicación de licitaciones. Si bien la investigación en esta línea está en una etapa inicial, fuentes conocedoras del caso señalan que la Fiscalía ofició a la institución para conocer detalles de los proveedores y cuál fue el devenir de las licitaciones adjudicadas en el período en el que Fuente-Alba fue comandante en jefe.
Cercanos a CyM, en todo caso, señalan que no existe tráfico de influencias en sus negocios, sino que las denuncias se han generado debido a la envidia de otros intermediarios que no poseen la misma capacidad de concretar acuerdos. En todo caso, desde la semana pasada trabajan con la empresa de comunicaciones de Cristina Bitar, Azerta, para asesorarse en lo que viene. Además, insisten y remarcan que el sistema de licitaciones de verdad funciona y es poco vulnerable. Además, que nunca han sido sancionados.
Izurieta en juicio
La misma visión tenía —que el sistema de verdad funciona—, al parecer, el también ex comandante en jefe Óscar Izurieta, quien debió presentarse a las nueve de la mañana del pasado martes como testigo en el juicio que se le sigue al general retirado Víctor Lizárraga.
La causa que lleva el fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo, apunta al pago de sobornos que Lizárraga le habría entregado al ex oficial Alejandro Romero, recontratado en esos años como director de un proyecto que incluía la compra de materiales y explosivos conocidos como abridores de brechas. Los antecedentes apuntan a que Romero filtró información considerada como secreta desde el Comité Permanente de Adquisiciones (CPA) del Ejército, organismo consultivo del comandante en jefe, encargado de evaluar y proponer las compras. Para demostrarlo, el fiscal Gajardo liberó en el juicio y frente a Izurieta una conversación telefónica entre Lizárraga —condenado por el crimen de Gerardo Huber, ocurrido en el contexto de una investigación por tráfico de armas a Croacia— y Romero. En ella, este último entregaba datos clave sobre lo que se había definido al interior del órgano consultivo. Información privilegiada, que, según la investigación, permitió a Lizárraga y su socio, Guillermo Ibieta, a través de la empresa Serlog, adjudicarse así el proceso.
Al conocer los detalles del audio, cuentan quienes estuvieron en la audiencia, el ex comandante en jefe aclaró que, de haber conocido las irregularidades, hubiese anulado el proceso, sumariado y dado de baja a Romero y excluido a la empresa de Ibieta y Lizárraga de la lista de proveedores. Un dato: Víctor Lizárraga sigue apareciendo en la lista de proveedores oficiales que mantiene el Ejército en su web.
Cuestionada Ley
El abogado Andrés Tavolari trabajó como asesor legislativo del Ministerio de Defensa en tiempos de Andrés Allamand. El profesional es un conocedor a fondo de la ahora cuestionada Ley Reservada del Cobre (13.196). De hecho, trabajó en la tramitación del proyecto que presentó el mismo ministro Allamand para su modificación, el que se encuentra aún en el Congreso sin movimiento. Tavolari explica que la ley contempla que las Fuerzas Armadas presenten sus proyectos (en el caso del Ejército a través del CPA) a la Subsecretaría de Defensa y que, una vez que ésta los aprueba, se genera un Decreto Supremo que deben firmar los ministros de Defensa y Hacienda que autorizan la compra. La autorización vuelve a la rama de origen para que realice las licitaciones y concursos necesarios para seleccionar al proveedor.
“Con las platas aprobadas se hacen licitaciones o compras directas. En el tema de las licitaciones, que en general son como cualquier licitación del sector público, la forma y cómo se redactan las bases es muy importante porque a partir de una determinada forma de redacción estas, se puede orientar una licitación. Como todo este proceso es secreto, no hay ningún control por entidades externas”, explica el profesional y argumenta que el secreto viene debido a que la ley es reservada y la mayoría de los elementos que se compran en las instituciones armadas son calificados como estratégicos y de seguridad nacional: “Si yo quiero comprar y hago una licitación, por ejemplo, para comprar camionetas cuatro por cuatro doble cabina y pongo un requisito que sólo tiene un determinado tipo de camioneta en el mercado, es una licitación dirigida. Entonces no hay control sobre las licitaciones en ese sentido”.
Tavolari va más allá y agrega que otro elemento complejo es que no existe un estamento, independiente de los organismos uniformados, que tenga el peso para evaluar a fondo si lo que se compró estuvo bien en cuanto a satisfacer lo que Chile necesita desde el punto de vista de Defensa. O sea que si lo que se compró era realmente lo que se necesitaba. “Sólo existe la Contraloría y la Contraloría hace una revisión formal”, dice.
Desde la semana pasada, la firma CyM (Cartoni) trabaja con la empresa de comunicaciones de Cristina Bitar, Azerta, para asesorarse en lo que viene. Además, insisten y remarcan que el sistema de licitaciones de verdad funciona y es poco vulnerable.
Sobre los intermediarios, Tavolari es tajante: “Ahí hay uno de los puntos débiles en que se arman los problemas porque aquí existen representantes que las agarran todas. De hecho, ha salido mucho en la prensa y se menciona mucho a un señor que se llama Virgilio Cartoni como uno de los intermediarios más exitosos. A él yo no lo conozco y no he intervenido en sus temas. Pero me cuesta imaginar que sea una mera casualidad que, una y otra vez, sus representados resulten seleccionados”.
Francisco Vidal, ex ministro de Defensa, quien estuvo invitado a la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el desfalco a la Ley Reservada del Cobre por parte de funcionarios del Ejército, caso conocido como Milicogate, conversó con Qué Pasa antes de entrar a la sesión de los legisladores. Ahí aclara que las compras de sistemas de armas (tanques, buques, aviones, etc.) se realizan de gobierno a gobierno. Y que lo que se licita y compra a proveedores son los elementos que sirven para implementar los sistemas bases.
Sobre el secretismo que impera en las licitaciones y desarrollo de concursos, admite que es inapropiado en el mundo actual y que debería aplicar sólo para cuestiones muy específicas y estratégicas. “Es distinto a que me digan que es secreto cambiarle la oruga al tanque. El problema es que se tiende a generalizar (con lo del secreto)”, dice.
Ya en la comisión de la Cámara, Vidal, quien se ha visto salpicado por el escándalo de Fuente -Alba al conocerse que fue contratado por el general (luego de asumir como comandante en jefe) como parte del Consejo Académico Consultivo y con un sueldo que ahora está en $ 1,3 millones luego de salir del ministerio, lanza una frase reveladora a la hora de explicar, entre otras cosas, las motivaciones para tratar de modificar la Ley del Cobre a través de un proyecto que enviaron al Congreso en septiembre del año 2009 y que incluía presupuestos plurianuales y un fondo estratégico de contingencia: “Había que tener cuidado con el negocio de las armas porque generalmente hay corrupción”. Posteriormente Vidal aclara, eso sí, que se refería a los casos emblemáticos conocidos (Mirage, Leopard, fragatas), pero que igual se hacía necesaria una revisión a la ley.
Pero el intento de cambio, prometido en cada campaña presidencial a partir de la vuelta a la democracia no encontró piso político y se vino abajo al no definirse con claridad en la redacción si los presupuestas plurianuales (cada cuatro años) incluían una revisión o no cada año.
El segundo intento, vino de parte del gobierno de Piñera a través de un nuevo proyecto que, aparte de los presupuestos plurianuales y el fondo estratégico de contingencia (actualmente generado por la Ley del Cobre) que incluía el de Bachelet, agregaba un piso garantizado (el 70% de las adquisiciones de los últimos diez años).
Este último proyecto es el que llegó más lejos ya que se aprobó en las comisiones y en la Cámara, pero en el Senado se quedó estancado en las comisiones de Defensa y Hacienda. Hace pocos días el actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez, señaló que se trabaja en un proyecto de derogación de esta normativa y es probable que se envíe el segundo semestre de este año.
En todo caso, cualquier idea deberá enfrentar, al parecer, la oposición del Ejército, organismo que hace una defensa a ultranza de este sistema de asignación de recursos a través de su web. “Las argumentaciones para modificar el financiamiento de las nuevas inversiones de la Defensa Nacional no parecen tener la contundencia indispensable. En algunos aspectos se basan en juicios dialécticos que no dejan ver con claridad la necesidad de una propuesta que modifica elementos esenciales de la proyección de funcionamiento de las instituciones de nuestra defensa”, se puede leer en un archivo PDF.
Al parecer, se deberá tener más que el consenso político para derogarla.
