1. EL FRAUDE
Durante años el Ejército pagó facturas falsas, duplicadas, sin el timbre de Impuestos Internos o de empresas con término de giro, en la mayor operación de defraudación cometida al interior de esa institución en el siglo XXI.
Hasta ahora el ministro en visita Omar Astudillo pudo comprobar judicialmente que al menos unos 5.500 millones de pesos fueron desfalcados entre 2010 y 2014, a través de operaciones ligadas a empresas como Raúl Fuentes Quintanilla, Tecnocentro, Tajamar y Frasim.
La investigación de la VI Fiscalía Militar, caratulada con el número 515-2014, aún tiene pendiente revisar lo sucedido antes del año 2010. También debe precisar las operaciones supuestamente irregulares cometidas a través de otra variedad de empresas que aún no son indagadas.
Los fondos supuestamente malversados corresponden a recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, los que tienen como destino tanto la compra de material bélico como la adquisición de repuestos para estas maquinarias de guerra.
2. EL MODUS OPERANDI
El corazón de las defraudaciones fue el Comando de Apoyo a la Fuerza, unidad creada el año 2006 bajo el mando del general Juan Emilio Cheyre, y que tiene por misión gestionar las compras de material bélico asociado a los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Los informes de la Policía de Investigaciones, y las propias confesiones de los detenidos, indican que toda la operación comenzaba cuando un militar conseguía una factura con un proveedor.
Este documento, fuera real o falso, era luego ingresado irregularmente al Comando de Apoyo a la Fuerza donde eludía todos los controles establecidos, para luego ser enviado a la Tesorería del Ejército.
En esta última unidad, según información oficial del Ejército entregada por Ley de Transparencia, las facturas debían recorrer cinco secciones antes de ser pagadas.
Una vez canceladas, los proveedores retenían esencialmente el IVA y entregaban todo el resto de los recursos a los militares, según declaraciones contenidas en el proceso, como la aportada por la suboficial y paracaidista Millaray Simunovic, miembro de la División de Mantenimiento y secretaria del general Héctor Ureta, investigado también por la Fiscalía Militar.
El Comando de Apoyo a la Fuerza dependía directamente de la Comandancia en Jefe. Todos los jefes del CAF eran por tanto hombres de absoluta confianza de los máximos responsables de esta rama castrense.
3. LA TESIS DE LA ASOCIACIÓN ILÍCITA
La Justicia Militar trabaja con la tesis de que los desfalcos fueron cometidos por diversos grupos, los que a su vez tenían ramificaciones en distintas áreas del Ejército. El fraude, para funcionar, requirió burlar decenas de procedimientos durante años.
Los sujetos investigados incluyen desde el ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba hasta el polémico cabo Juan Carlos Cruz, uniformado que gastó 2.368 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello, según un reporte de esa propia casa de juegos, entregado a la Justicia Militar.
Clovis Montero, coronel y ex tesorero del Estado Mayor del Ejército, dijo desde su reclusión en el Regimiento de Policía Militar, que “existía una máquina de defraudación”. “Yo no imaginaba que tan grande era”, agregó quien es hasta ahora el único oficial detenido en el caso.
El ministro en visita Omar Astudillo indaga hoy el patrimonio y las operaciones financieras de unos 25 uniformados, tanto activos como en retiro, entre ellos los generales que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza entre 2010 y 2014, como el actual agregado militar en Washington, Iván González.
4. ERRORES INCREÍBLES
El año 2012, según las investigaciones judiciales, fue cuando los desfalcos escalaron a dimensiones inéditas. El cabo Cruz, por ejemplo, apostó 760 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello.
Ese año, coincidentemente, fue cuando el general Jorge Salas Kurte, comandante de Apoyo a la Fuerza, entregó por escrito la orden de no revisar más las facturas que ingresaban al CAF. El oficial explicó que la idea era que esos documentos vinieran revisados desde los regimientos. “Me gustaría tener una explicación inteligente”, dijo ante el Congreso sobre su decisión.
Desde entonces, cientos de facturas falsas comenzaron a circular por el Comando de Apoyo a la Fuerza sin ningún tipo de control. “No se revisó”, admitió sin ambages el coronel Fernando Grossi a la Policía de Investigaciones cuando se le preguntó por los hechos.
Grossi, ex tesorero del Ejército, estuvo a cargo de la gestión directa de las adquisiciones con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre en el CAF.
5. EL POLÉMICO CABO CRUZ
El cabo Juan Carlos Cruz, que apostó delirantes 2.368 millones de pesos en los tragamonedas del casino Monticello entre 2008 y 2014, era el hombre a cargo de digitar las estratégicas adquisiciones de material bélico en el Comando de Apoyo a la Fuerza.
Llevaba la contabilidad de todas estas complejas operaciones en una tabla Excel que sólo él dominaba a la perfección y que jamás pudo ser revisada por los tribunales, debido a que el computador en que trabajó este militar sufrió casualmente daños irreparables luego del arresto de este uniformado. Nunca se supo cómo se dañó este equipo ni qué información contenía.
El general Iván González, jefe máximo de Cruz en el CAF, dijo ante la comisión investigadora ad hoc de la Cámara de Diputados que jamás se le pasó por la cabeza la necesidad de poner a resguardo el computador de Cruz. “Fue un error”, admitió ante los congresistas.
Cruz, pese a admitir su participación en algunos hechos, siguió además cobrando su sueldo de medio millón de pesos hasta diciembre de 2015, tras casi 20 meses de encierro. El Ejército jamás entregó una información oficial de por qué mantuvo en sus filas a un hombre confeso de defraudar sus arcas.
“Sólo te pido que me cuides las espaldas” fue una de las últimas frases que Cruz envió por WhatsApp a su amigo y colega en el CAF, el sargento Luis “Pitroko” Meléndez, antes de ser encarcelado en el Regimiento de Policía Militar, en las dependencias del ex penal Cordillera.
6. LA LEY RESERVADA DEL COBRE
Creada en 1958, la Ley Reservada del Cobre mantuvo bajo estricta reserva las compras de armas de Chile. Desde fines de la dictadura esta norma establece que el diez por ciento de las ventas al exterior de Codelco engrosan este ítem.
Si bien la Contraloría tuvo siempre la potestad para fiscalizar estas operaciones, eso no ocurrió hasta la llegada de Jorge Bermúdez a la jefatura de esa institución a fines de 2015.
El nuevo contralor otorgó “prioridad nacional” a la revisión de los procedimientos reservados de compra de armas en las tres ramas de la Defensa nacional, hecho inédito en la historia nacional.
Para girar fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, el Ejército levanta una petición a los ministerios de Defensa y Hacienda. Esa solicitud es efectuada por la Dirección de Finanzas del Ejército (DIFE).
Luego los ministros de Defensa y Hacienda firman un decreto reservado, exento de toma de razón, en el que en términos genéricos se observa que los fondos aprobados irán a financiar compras de artillería, blindados o infraestructura. Los gastos jamás pasan por la supervisión del Congreso, como ocurre en países miembros de la OCDE.
Ante la comisión investigadora ad hoc de la Cámara de Diputados, el ex ministro de Defensa Francisco Vidal admitió que tras firmar estos documentos se “despreocupaba” de lo que sucedía con esos fondos.
Los recursos quedaban desde ese momento a merced de las buenas o malas prácticas del Comando de Apoyo a la Fuerza, la Tesorería y la Contraloría del Ejército.
7. UNA MONTAÑA DE DINERO
Entre los años 2000 y 2015, unos 14.400 millones de dólares fueron aportados por Codelco a la compra de armas, a través de la Ley Reservada del Cobre. De ellos, los gobiernos redestinaron unos 1.700 millones de dólares a financiar acciones de reconstrucción en el país.
Las Fuerzas Armadas gastan en conjunto unos 350 millones de dólares anuales en compra de armas y mantención de su potencial bélico (repuestos). Los excedentes son incorporados al Fondo de Contingencia Estratégica que administra el Banco Central desde el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
Aunque no hay cifras públicas, el experto en Defensa José Santos estima en unos 5.000 millones de dólares el monto reunido en el Fondo de Contingencia Estratégica a la fecha, cifra equivalente a toda la Reforma Educacional.
Si nada cambia, es posible prever que anualmente otros 500 a 600 millones de dólares seguirán engrosando este fondo en el futuro. Al año 2020, este fondo ascendería por tanto a unos 8.000 millones de dólares, el mismo monto de la Reforma Tributaria de 2014.
8. LAS INVESTIGACIONES EN CURSO
Desde el año 2010, los civiles no pueden ser juzgados por la Justicia Militar. Por ello, los supuestos desfalcos son investigados paralelamente por los tribunales castrenses y civiles.
El ministro en visita civil Omar Astudillo investiga en la VI Fiscalía Militar la eventual participación de militares en los hechos, incluido el ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba. Por su parte, la fiscal Ximena Chong indaga la responsabilidad de los proveedores civiles en los hechos.
En paralelo, el fiscal José Morales investiga, aún desformalizadamente, el supuesto enriquecimiento indebido del general Fuente-Alba.
Cada tribunal puede llegar a fallos independientes. La Corte Suprema, en caso de contienda de competencia, puede concentrar todas las investigaciones en un solo tribunal.
En los últimos años, los tribunales optaron en general por favorecer que estos delitos sean investigados por la justicia civil.
9. EL GOBIERNO
El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet mantuvo hasta ahora un prudente silencio sobre el caso, salvo declaraciones aisladas del ministro de Defensa, José Antonio Gómez.
El titular de la cartera comprometió que el segundo semestre de este año enviará al Poder Legislativo una propuesta para derogar la Ley Reservada del Cobre. Contrariamente, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, sostuvo que el tema no es prioridad para el Ejecutivo.
En el Congreso, las conversaciones para modificar este tema son lideradas por el diputado democratacristiano Jaime Pilowsky, presidente de la comisión de Defensa de la Cámara Baja, además de los senadores Andrés Allamand (RN) y Andrés Zaldívar (DC).
La idea es que exista un tope máximo para los aportes a la compra de armas y que el Fondo de Contingencia Estratégico también posee un techo superior, menor al monto que ostenta actualmente.
