La aprobación de las reformas constitucionales en el año 2005 intensificó el debate constitucional. Desde aquel año y hasta la fecha se incrementaron sustantivamente las propuestas de reforma en el Congreso y se intensificaron las propuestas programáticas asociadas a cambios cada vez más relevantes a la Carta Magna. A partir del año 2014 advertimos un aumento significativo de los debates sobre esta materia, pero ¿quiénes son los dinamizadores de este debate? ¿Cuáles son los contenidos que debaten? ¿Cuál es el perfil profesional e institucional de ellos?

El Laboratorio Constitucional UDP se propuso examinar estas preguntas. Sistematizamos las actividades públicas organizadas por el gobierno, universidades y centros de estudios en Chile entre agosto de 2014 y abril de 2016. Aunque esta medida no representa al conjunto de actores que participan en el debate público (por ejemplo, a través de los medios de comunicación), sí nos da cuenta de los espacios y perfiles de quienes están influyendo hoy con sus ideas en el proceso constituyente. Se trata de un buen proxy de las fuentes de influencia intelectual en las cuestiones constitucionales.

En el mundo académico, el perfil de quienes exponen es extremadamente homogéneo. Se trata de hombres (82,9%), abogados (75%) y no indígenas (97%). A lo anterior debemos agregar que el 88% de las actividades registradas se realizaron en la Región Metropolitana.

Registramos la participación de 322 académicos en 35 actividades organizadas por un total de 42 instituciones. Realizamos búsquedas tanto a partir de palabras claves en la web como a partir del seguimiento del calendario de actividades de instituciones claves. El mapa de influencia que elaboramos nos permite explorar el tipo de instituciones que están aportando a la construcción de debates y las orientaciones y preocupaciones que estos actores tienen. Pero también nos dice mucho respecto de las instituciones y actores que no han estado presentes en esta coyuntura. El análisis confirma algunas intuiciones que circulan entre las élites (por ejemplo, la relevancia de la Universidad de Chile como catalizadora del debate), y desmitifica otros supuestos (por ejemplo, que sólo se ha debatido sobre el mecanismo). Comprobamos que este último supuesto debe relativizarse.

¿Quiénes discuten?

Los principales agentes dinamizadores del debate constitucional han sido sin duda las universidades. A diferencia de hace algunas décadas, cuando los centros de estudios (o think tanks) asumían un rol preponderante en la producción y difusión de ideas, hoy las universidades asumen esa función. Dentro de ellas, las que han estado más presente son, la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica y la U. Diego Portales —las tres con las más prestigiosas facultades de derecho del país—.

Desde el punto de vista institucional, llama la atención la presencia de académicos provenientes de universidades extranjeras. Esto se explica por el aporte realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrolo (PNUD) que, en conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, realizaron una serie de actividades involucrando académicos de alto nivel internacional, expertos en estos temas. Ello ha permitido promover un debate comparado constitucional, aunque concentrado en un número bastante limitado de eventos. Suelen dominar actividades que giran en torno casi exclusivamente al proceso político chileno contemporáneo y, en algunos casos, con referencias históricas.

El perfil de quienes exponen es extremadamente homogéneo. Se trata de hombres (82,9%), abogados (75%) y no indígenas (97%). A lo anterior debemos agregar que el 88% de las actividades registradas se realizaron en la Región Metropolitana. Muy probablemente este perfil refleja problemas estructurales del mundo académico y se asocia con la poca presencia de mujeres y académicos(as) indígenas. Pero además, también refleja una aproximación extremadamente legal a los debates constitucionales. Pese a que se trata de un tema que teóricamente podría involucrar otros saberes (economía, politología, ciencias de la salud, educación, etc.), la problemática constitucional—al menos en los foros públicos— continúa siendo un campo reservado al derecho.

¿De qué se discute?

Una queja habitual en el país es la supuesta ausencia de la discusión de contenidos. Por lo mismo, quisimos comprobar si aquella afirmación era verdadera. Al evaluar el contenido de las actividades advertimos que en el 51,4% de ellas se debatió sobre la dinámica política actual para cambiar la Constitución (la pregunta si se requería o no una nueva Constitución, y la forma en que se está enfrentando dicho proceso). En tanto, en un 25,7% de las actividades se debatió sobre las formas específicas o mecanismos para cambiar la Constitución (análisis comparado, debate sobre Asamblea Constituyente, opciones vía Congreso, etc.). Pero, para nuestra sorpresa, en un 48,6% de las ocasiones se debatieron contenidos específicos referidos a una nueva Constitución, incluyendo derechos económicos, sociales y culturales, derechos de los pueblos originarios, derechos de propiedad, instituciones de gobierno, Tribunal Constitucional, etc. Los porcentajes totales superan el 100% por cuanto en varios seminarios se abordaban simultáneamente dos temas: usualmente el debate sobre contenidos y la cuestión del mecanismo.

De este modo, parece incorrecto señalar que en el debate público la cuestión de los contenidos constitucionales ha estado completamente ausente. Mecanismos, la evaluación del proceso actual y los contenidos de la Constitución forman parte de las preocupaciones de las élites intelectuales y políticas del país.

Los influyentes

Fernando Atria, Francisco Zúñiga y Pablo Ruiz-Tagle tienen una alta presencia en seminarios. Otros que concentran notoriedad son Patricio Zapata, Jorge Correa Sutil, Javier Couso, Marcela Ríos, José Francisco García, Miguel Ángel Fernández y Arturo Fermandois.

Asumimos que quienes organizan seminarios, talleres y foros públicos buscan identificar expositores(as) que representan determinadas ideas o visiones de mundo respecto de la Constitución. Al sistematizar la presencia de estos académicos en eventos públicos advertimos que Fernando Atria, Francisco Zúñiga y Pablo Ruiz-Tagle, de la Universidad de Chile, concentran una alta presencia en seminarios. Los tres participaron de la comisión que redactó las bases del programa de gobierno de la presidenta Bachelet en materia constitucional. Otros que concentran notoriedad son Patricio Zapata (Universidad de Las Américas), Jorge Correa Sutil y Javier Couso (Universidad Diego Portales), y Marcela Ríos (PNUD). En el caso de la Universidad Católica, destacan José Francisco García, Miguel Ángel Fernández y Arturo Fermandois.

El perfil de prácticamente la totalidad de los mencionados es que cumplen un rol de “intelectuales públicos”. En ningún caso se trata de “académicos puros”, que sólo se dedican a la función docente y de investigación. Varios de ellos tienen un domicilio conocido, varios han ejercido funciones de gobierno y, en la mayoría de los casos, se trata de actores que han asesorado gobiernos y actores políticos en materias constitucionales y de reforma política. Desmitificamos categóricamente esta creencia de observar un debate de mundos paralelos donde, por una parte, estarían los políticos y, por otra parte, los académicos. Cuando caracterizamos a quienes lideran el debate actual observamos que todos ellos han cumplido de alguna u otra forma funciones relevantes de articulación entre el mundo de las ideas y las decisiones políticas.

Los ausentes

Resulta llamativa la ausencia más destacada de actores políticos provenientes del Poder Legislativo. Salvo la presencia del presidente de la comisión de Constitución de la Cámara, el socialista Leonardo Soto, no se advierte una presencia más relevante de diputados y senadores. ¿La explicación? Seguramente la combinación de dos años intensos en materia legislativa, los escándalos de corrupción que han mantenido concentrados en otros temas a estos actores y la distancia de los partidos respecto del proceso constituyente en sus etapas iniciales. Muy probablemente esto cambiará el próximo año, cuando adquiera importancia el debate del proyecto de ley para incluir la posibilidad de cambiar la Constitución.

Otro actor ausente es el Poder Judicial, que ha participado escasamente del debate, y organismos no gubernamentales y centros de estudio que dejaron de tener la relevancia que mostraban en el pasado. Con todo, la discusión constitucional, al menos en los dos últimos años, ha estado circunscrita a un tipo de debate (el jurídico) y a un ámbito particular (la universidad), aunque siempre liderada por personas que cumplen esta doble función de pensar e incidir en la política. La fotografía nos muestra una escena bastante familiar y conocida en el proceso político chileno.