El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, tomó cartas en el caso de las altas pensiones que se estaban otorgando en órganos como Gendarmería. Así, antes incluso que finalice el sumario interno que está en curso en el órgano contralor que busca determinar eventuales irregularidades en el proceso de control en estas asignaciones, el contralor ordenó este martes la salida del jefe de la División de Personal de la Administración del Estado, Hernán Fonseca. La razón del alejamiento del funcionario, quien desde el año 1979 trabajaba en el organismo, se debió— según comentaron fuentes extraoficiales— a que todas las pensiones que se han aprobado desde 2008 (año que asumió el cargo) caen bajo su responsabilidad de mando, lo que a juicio de las mismas fuentes generó una pérdida de confianza en el contralor. En su reemplazo asumió, en calidad de subrogante, el actual Contralor Regional de Valparaíso, Víctor Hugo Merino.

Pero esta no fue la única drástica medida tomada por Bermúdez, pues también dispuso una completa reestructuración del servicio al degradar (bajar de cargo) a otros dos funcionarios:   Marta Morales, quien se desempañaba como subjefe de división, pasó a ser jefe de área, mientras que a Alexandra Guaita se le removió de jefe de área a abogada informante.

Fuentes afirman que la decisión de la máxima autoridad del organismo se da en el marco de la fuerte molestia que le provocó conocer estos montos de pensiones, debido a que casi de inmediato se dio cuenta que algo dentro de la Contraloría no estaba funcionando bien al autorizar dichas cifras que se alejaban de las normativas vigentes. Agregan, además, que esta situación se transformó en el primer “gran dolor de cabeza”, que le tocó revisar como primer gran problema que detectó en el funcionamiento de la institución. De este modo, en Fonseca se determinó la primera responsabilidad de mando en el caso pensiones; no obstante el sumario continua su curso para determinar qué otras personas pueden haber actuado de forma irregular al interior de la entidad.

Fuentes también confirman que si bien sorprendió la radical medida adoptada por Bermúdez, se enmarca dentro de su estilo de rápida toma de decisiones y de no dejar ningún cabo suelto al interior de la institución, ante lo cual no le tiembla la mano al momento de tener que despedir funcionarios o removerlos, por muy dilatada trayectoria que tuviesen como el caso de Fonseca.

Las primeras dudas de Bermúdez sobre las altas pensiones

Bermúdez a los pocos días de asumir en el cargo el pasado 17 de diciembre de 2015 convocó a una  serie de reuniones con todas las jefaturas de divisiones, con quienes revisó los criterios y jurisprudencia que se estaban utilizando a la hora de resolver cuestiones administrativas, de las que necesitaba enterarse para iniciar a plenitud su mandato. Esas reuniones se extendieron hasta marzo, ya que durante el verano Bermúdez se dedicó también a recorrer el país visitando cada una de las dependencias del organismo.

En marzo, precisamente en una reunión con la división de personal, el contralor se dio cuenta— según quienes conocieron el contenido de estas conversaciones— de que había una serie de decisiones que no le resultaban regulares. En particular, decide encargar un estudio de legalidad sobre las resoluciones de toma de razón sobre un cúmulo de pensiones, específicamente de Gendarmería.

Tras recibir este informe, el 20 y 21 de abril, Bermúdez firma el congelamiento de las toma de razón de 16 casos de pensiones que se elevaban sobre el tope de imponibilidad de 60 UF, devolviendo dichos expedientes de jubilación sin el visto bueno.

Tras esta decisión, el contralor estudió el tema y detectó que la jurisprudencia interna registraba dos dictámenes de 1995 y 1998 que consagraban para el caso de las pensiones de la institución penitenciaria el tope imponible de 60 UF, antecedentes que no estaban siendo considerados a la hora de dar luz verde a las pensiones de la institución. El mismo análisis permitió detectar que la Contraloría había tomado razón de jubilaciones por sobre el límite legal por lo menos desde 1999.

Así las cosas, el contralor decidió corregir la situación y emitió un dictamen que resultó decisivo: el 9 de junio se determinó como límite las 60 UF que fueron definidas en $1.778.000 aproximadamente.

Esta determinación activó un intenso lobby de las asociaciones gremiales de Gendarmería, e incluso motivó consultas a la Contraloría de la Subsecretaría de Justicia e incluso de la propia Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca). La presión de los gendarmes llegó hasta el Congreso, donde se aprobaron en la Cámara y el Senado sendos proyectos de acuerdo en favor de la postura de los funcionarios penitenciarios.

Pero el tema no se volvió público sino hasta hace algunas semanas, cuando se conoció el caso de Miriam Olate, ex mujer del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, quien se jubiló con $5.214.799 tras dejar una subdirección técnica en la institución.

Fue ahí que Bermúdez decidió tomar cartas en el asunto: instruyó un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en el tema. Al parecer, en la Contraloría ya habían detectado quien venía tomando razón de dichas pensiones desde 1999.

En paralelo, se inició una revisión exhaustiva de todos los casos resueltos desde 1999. Hasta aquí quienes conocen el tema explican que la Contraloría está haciendo distinción entre dos tipos de casos: todas aquellas pensiones que exceden el tope, pero que contienen asignaciones regulares de aquellas que son superiores al límite legal pero que conllevan asignaciones "críticas" o "transitorias", o donde se detecta un evidente "abultamiento". Estos últimos casos están siendo derivados al Ministerio Público.

Otra explicación que dan quienes conocen de derecho administrativo, es que la decisión del contralor tiene otro trasfondo: cuando los funcionarios de Gendarmería fueron pasados a Dipreca, en 1993, tras la muerte  de cuatro gendarmes que fallecieron acribillados tras una emboscada del grupo "Lautaro" en el Hospital Sótero del Río, se llevaron "lo mejor de dos mundos", dice un abogado experto en el tema. Esto, pues se acogieron al sistema de Carabineros, pero manteniendo sus remuneraciones en la Escala Única del Sueldos del sector público, es decir, no se generó una escala de sueldos institucional como en el caso de Carabineros. Esto explicaría la existencia del tope de 60 UF que, según esta misma fuente, ya es considerado alto para el resto de las ramas castrenses.

Consultada la Contraloría por su versión oficial, confirmó la desvinculación de Hernán Fonseca y que la División de Personal de la Administración del Estado está siendo reestructurada para "hacer más eficientes los procesos"

Con todo, la Contraloría seguirá trabajando por esclarecer con plena claridad porqué se estaban autorizando estos excesivos montos para las pensiones, como también está indagando si existen otro tipo de irregularidades en sueldos o pensiones en otros órganos del estado.