Fernando Osorio es un ex operador de las fenecidas micros amarillas de Santiago. Su padre, Fernando Osorio Osorio, también fue empresario. Creció en un mundo del que tuvo que despedirse abruptamente. Hoy está jubilado de la época de oro. No le queda más que un alto enorme de carpetas y documentos sueltos que le recuerdan la dura batalla que debió enfrentar. Hizo todo lo posible por salvar de la ruina a tanta gente. Pero ya no estaba en sus manos.

Osorio llegó a tener más de 20 buses. Principalmente de la línea Ovalle Negrete, pero, a medida que la empresa creció, operó en muchas otras comunas. “Partamos por la génesis —se queda un momento en silencio, organizando la información que tiene en la cabeza—. La licitación de los servicios en Santiago comenzó el año 90, con Patricio Aylwin y la DAE (Dirección de Aprovisionamiento del Estado). Compraron todos los buses viejos para modernizarlos. Los pequeños empresarios recibieron por ellos un valor que les permitía comprar otros nuevos”.

Fernando Osorio calcula que, entre 1990 y el 2000, hubo al menos 7 cambios de vehículos por modelos más modernos. Aunque ahora sin el apoyo del Estado. Así comenzó el mayor problema: todos los pequeños empresarios del transporte público estaban endeudados al momento de la llegada del Transantiago. Su vulnerabilidad era completa ante lo que vendría.

En 2002, el presidente Ricardo Lagos ya había iniciado los planes para modificar completamente el sistema de transporte en la capital. “Hicieron una licitación internacional y ofrecieron garantías a las empresas que quisieran hacerse partícipes de este asunto, bonos soberanos del Estado en garantía para que ellos puedan venir. ¡Eso fue tremendo! Capitales de todos los chilenos para un sistema que funciona en Santiago. Pero, ese año,  no hubo postulaciones de extranjeros”.

Fue entonces cuando Lagos hizo un convenio con el HSBC (Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), un banco internacional chino-inglés, y consiguió los créditos. Previamente conversó con Volvo y con carrocerías Marcopolo para que ellos financiaran la compra de los buses “oruga”, que comenzaron a llegar entre el año 2004 y 2005.

El gobierno tenía como ejemplo el TransBogotá. El plan de transporte utilizado en la capital de Colombia. “Querían hacer algo así y fueron a Colombia a buscar inversionistas, gente poderosa que pueda hacerse cargo del sistema. Lagos ya tenía todo amarrado. Invitó a Chile a empresas colombianas del transporte de la basura y otros —relacionados con la mafia— y los trajo a Chile”, dice.

Según lo relatado por Fernando Osorio, ni siquiera los parlamentarios sabían cómo eran los contratos con las empresas extranjeras. Solamente el coordinador general del Plan de Transporte, Germán Correa, y el Presidente de la República.

“Entonces empezaron las conversaciones de todos estos seudodirigentes gremiales del transporte y pensaron que el negocio era maravilloso si alguien lo monopolizaba”. Ahora escarba entre el cúmulo de papeles: sobre la mesa tiene todos los documentos que ha reunido durante diez años y que evidencian la estafa de los dirigentes de la Asociación Gremial de Transportes (AGT) a los pequeños empresarios. Estafa que partió con la creación de cuatro empresas: Buses Huelén S.A., Buses Metropolitana S.A., Buses La Capital S.A., y Buses Gran Santiago S.A.

La estafa

Osorio relata cómo los dirigentes Juan Pinto, Jorge Gómez y Manuel Navarrete engañaron a la gente del gremio haciéndoles creer que formarían cuatro empresas en las que todos serían socios gracias a los aportes —de los empresarios— en propiedades, dinero y máquinas. Les pagarían un monto mensual por concepto de arriendo de sus vehículos, los que formarían parte del Transantiago. Sin embargo, ocurrió otra cosa. Les pagaron  sólo durante dos meses; de ahí en adelante comenzaron los problemas. Nadie sabía dónde estaban sus máquinas. Cuando por fin lograban dar con el paradero de los buses, los encontraban completamente desmantelados: sin motor, sin neumáticos, inservibles. “A mí me dejaron una millonada en deudas de TAG. Todos se lavaban las manos porque este es un negocio para los grandes”.

Lo que más les duele es que el gobierno haya hecho todo entre cuatro paredes. Que no se les haya dado la oportunidad ni siquiera de mejorar lo que tenían, dejando a miles de personas en la calle. Les decepciona el actuar de los dirigentes. Fernando Osorio reconoce que fueron  ingenuos. “El poder corrompe”, dice.

“Fuimos dos empresarios que dijimos no a los ofrecimientos de los dirigentes de esa época. A los demás les dieron puestos claves dentro de las empresas (Metbus y Gran Santiago). Me llamó Manuel Navarrete para decirme que para qué seguía peleando por los pequeños empresarios. Me ofreció un puesto con un sueldo de 10 millones de pesos”.

La versión de Fernando Osorio no dista nada de la de los otros. Demetrio Marinakis, el histórico líder gremial microbusero —ahora jubilado—, dice sin titubear: “Jorge Gómez debería estar preso, porque nos tuvo un año a los empresarios sin pagar los arriendos y después quebró la empresa. Nosotros perdimos todo el patrimonio, se quedó con todo”.

“Un gobierno socialista vino y dijo ‘aquí vamos a traer puros hueones grandes, y los chicos que mueran’ ”, dice Demetrio Marinakis.

Demetrio Marinakis no se quedó tranquilo mientras vio que a todos los ex operadores les robaban sus herramientas de trabajo, además de propiedades y capitales que habían invertido en la formación de cuatro empresas. Con dos de ellas ganaron licitaciones —Buses Metropolitana S.A. y Buses Gran Santiago— que, supuestamente, les generarían ganancias. Estas eran lideradas por los tres dirigentes —Juan Pinto, Jorge Gómez y Manuel Navarrete—. Marinakis interpuso una demanda, mientras era presidente de la Gremial, contra los responsables. Sin embargo, el conflicto no fue resuelto. “Esa demanda se bypaseó durante dos, tres años y no llegó a ninguna conclusión. Ahora Luis Vargas, el actual dirigente reabrió la demanda. Está peleando, pero es mucho el poder que tiene Jorge Gómez. Su abogado es Isidro Solís, el mismo de Bachelet”.

Investigaciones

Ulises Urzúa fue colaborador del libro Historia Secreta del Transantiago, escrito por el periodista Benedicto Castillo. Es experto en transporte urbano, fue operador de las micros amarillas y ha investigado el caso. Señala que “En el año 2004 se ponen de acuerdo Jorge Gómez, Manuel Navarrete y Juan Pinto  para licitar y repartirse los cupos en las empresas. Eso es colusión”. Con su abogado llevaron el caso a la Fiscalía Nacional Económica para que investigara. Se declaró prescrito.

Ulises Urzúa también se refiere a la actual licitación: “Este ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, miente. Les está entregando ‘a dedo’ los servicios a las empresas de Juan Pinto. Entonces, ¿qué van a licitar si ya va a estar todo repartido?”

El Tiburón

Hans Pérez es, probablemente, el más joven de los ex operadores de las micros amarillas. Hoy, a sus 35 años, afirma que jamás entraría al sistema del Transantiago. Se dedica a su taller mecánico y a realizar viajes especiales (colegios, municipalidades, entre otros). Y, aunque no llegó a tener

vehículos que perder cuando ocurrió la catástrofe, sí los adquirió justo cuando comenzó a andar el actual sistema de transporte. Cuando comenzó el Transantiago él compró su primera micro amarilla con el objeto de piratear de noche: “La gente estaba botada, de un momento a otro Santiago se quedó sin micros”.

Así compró un bus que pintó de negro y lo llamó “Tiburón”. Con este sigue incluso hoy transportando gente desde Plaza Maipú hasta Plaza Italia, ida y vuelta, de lunes a domingo.

Alí Babá y los 40 ladrones

Demetrio Marinakis siempre lo tuvo claro. El nuevo sistema de transporte de Santiago no iba a funcionar. “Le dije al mismo Presidente Ricardo Lagos que esta hueá no tenía patas, era una locura. Lagos estaba asesorado por Alí Babá y los 40 ladrones”.

“En el año 2004 se pusieron de acuerdo Jorge Gómez, Manuel Navarrete y Juan Pinto  para licitar y repartirse los cupos en las empresas: eso es colusión”, dice Ulises Urzúa.

“Esta fue la peor política pública en toda la historia de Chile. Yo sabía que no tenía soporte técnico ni económico. Un gobierno socialista vino y dijo ‘aquí vamos a traer puros hueones grandes, y los chicos que mueran’”. También señala que:  “Un día Piñera me preguntó, antes de ser presidente: ¿Cómo se arregla esto? Hazme una propuesta. Si la propuesta estaba a la vista: volver a empresas chicas, como eran antes, las 45 líneas que habían en Santiago, en vez de tener cuatro empresas. Él no hizo nada”.

La voz de Demetrio Marinakis se quiebra cuando recuerda a sus compañeros: “Yo lo siento por la gente que perdió todo, por esos 25 dueños de micros que se suicidaron. Aquí nadie derramó ni una lágrima por ellos”.

“Lo que puedo ofrecer es que el Estado no gaste un peso. Me tienen que dar el tiempo y las facilidades para volver a un sistema mejor. Nosotros manejamos la tarjeta y todas esas cosas”. No se ilusiona Marinakis, no cree en la capacidad del Estado para dejar de lado los compromisos con políticos
y empresas.

Fernando Osorio dice que si ponemos en la balanza el sistema antiguo con el actual, la mayoría de la gente prefiere el antiguo. “Ya llevamos 10 años con un Transantiago que ha despilfarrado alrededor de 12 mil millones de dólares”.

 “Antes el sistema le costaba cero peso al Estado. Las prioridades del señor Lagos, de la señora Bachelet, siempre han sido otras”. Osorio termina de ordenar los documentos en su mesa. Ya no hay más que hablar.