Daniela Villanueva (23) estaba en sus vacaciones viendo Grey’s Anatomy cuando su mamá le dijo que pusiera las noticias porque estaban hablando de su universidad. Cuando le preguntó qué canal, la mamá respondió: “Da igual, está en todos lados”.
Al mismo tiempo empezaron a sonar las notificaciones de los grupos de WhatsApp. Todos sus compañeros de psicología saturaban las redes con la histeria de ver en la prensa que su universidad estaba en quiebra y que podía cerrar. Las vacaciones habían terminado y marzo derribaba la puerta.
Supo que había llegado lo peor. Y aunque esperaba ese momento desde 2014, cuando entró a la universidad, la primera semana de marzo de 2017 trajo todo de vuelta: la angustia, los dolores de cabeza, las náuseas.
2014 parece ser el punto de quiebre. El momento en el que sintieron que sus futuros tambaleaban. Y coincide, precisamente, con la retirada del Partido Comunista del establecimiento. Según consignó Ciper, a finales de 2012, un año antes de la salida oficial del PC, se retiraron utilidades por $530 millones. El déficit millonario de la universidad sólo se acrecentó en el tiempo y uno de sus pocos ingresos consistía en el Crédito con Aval del Estado (CAE), que se suspendió por dos años en 2008 por fallar en la acreditación. Fue el 28 de febrero de este año cuando se hizo oficial: el tribunal decretó la quiebra por las deudas que arrastraba y se estableció un liquidador para incautar los bienes (ver recuadro). La Arcis, en su mejor momento, llegó a contar con 6.800 estudiantes.
"Da rabia que la gente haya abusado de este proyecto para beneficiarse ellos mismos. No piensan en que hay gente que se endeuda, que hay familias”, dice Daniela Villanueva, estudiante de psicología.
Daniela siempre buscó estar preparada para este momento. Cuando llegó a la Arcis —proveniente de la ex Ucinf, que fue comprada por la Universidad Gabriela Mistral—, se dio cuenta de que la crisis se palpaba en las salas de clases. Los profesores despedidos que no llegaban a impartir sus cátedras eran el símbolo de que las cosas estaban empeorando. Y que nada lograba detener la crisis.
Entonces, decidió tener sobrecarga académica: en vez de seis ramos, como es costumbre, tomó 10. En ocasiones, 11. Tenía que apurarse porque la universidad tambaleaba y era una carrera contra el tiempo. Y contra las deudas. Ya con tres años cursados —le convalidaron dos—, debe $11 millones por el CAE. El año pasado le pasó la cuenta. Se empezó a enfermar por el estrés y tuvo que atrasarse un semestre. Ahora le queda un año completo por cursar, debe hacer la práctica y la tesis. Pero despidieron a su coordinadora de práctica la misma semana que su universidad aparecía en las portadas de los diarios. Se tuvo que conseguir una empresa para su práctica por sí sola, pero la cuestionaban en la mayoría de los lugares en que la entrevistaban: “¿Tu universidad es la que está cerrando?”. Y tenía que volver a empezar.
Es lunes 13 de marzo. Daniela, con un pelo rojo que brilla y un vestido negro, está sentada en la mitad de una universidad que parece que fue abandonada hace más tiempo del que dicen. Las hojas caen y un señor barre casi automáticamente. Están esperando que llegue gente para poder hacer una asamblea y tener información. Todos fuman y se mueven nerviosos. Excepto una niña de 11 años que acompaña a su mamá. Pero Villanueva se cansó de las asambleas, de no llegar a acuerdos, de no saber qué va a pasar. Y también se cansó del cariño irrestricto a lo que alguna vez fue la Arcis, ese proyecto ideológicamente de izquierda, nacido al alero del Partido Comunista, que aseguraba formar estudiantes con sentido crítico.
Porque los alumnos que llenan —o llenaron alguna vez— esos pasillos oscuros o que pintaron los murales que adornan un casino abandonado no llegaron ahí por azar. Muchos de ellos escogieron esa universidad por lo que representaba, porque era un proyecto del que se sentían parte.
“Se pierde algo distinto, una esencia diferente —dice y luego agrega—: da rabia que la gente haya abusado de este proyecto para beneficiarse a ellos mismos. No piensan que hay gente que se endeuda, que hay familias, todo lo que hay detrás de los estudiantes, de los profesores, de los auxiliares. Y es terrible de un día para otro perder todo”.
Daniela mira sin muchas esperanzas el futuro.
“¿Qué siento?”, se pregunta, mientras ríe nerviosa. “Siento rabia, siento pena, siento frustración”. Luego de eso, se levanta de la silla y se va, nuevamente, a preguntar si recontrataron a su coordinadora. Mañana empieza la práctica y no sabe si podrá ir. Nadie le da respuestas.
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Oscar Carrasco (78), de pelo blanco y boina negra, tiene una memoria obstinada. De esas que se rehúsan a olvidar.
Eran las 2.00 a.m. del 16 de septiembre de 1973 cuando lo sacaron de su casa. Lo tuvieron en una comisaría entre Plaza Ñuñoa y Plaza Egaña por 12 horas, para después trasladarlo al Estadio Nacional. Cuando lo bajaron, recuerda, comenzó a correr. Chocó tan rápido que se demoró en notar con qué: hombres y mujeres desnudos, de cuyos cuerpos goteaban sangre. Eran cadáveres. En ese momento, dice, se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Luego pasó por Chacabuco. De ahí, Puchuncaví. Finalmente fue al centro de detención Tres Álamos. Un año y cinco meses pasaron para que lo liberaran. Le entregaron sólo una cosa: su pasaporte, que decía “válido sólo para salir”. Desde ese momento tuvo que irse de Chile. Era —y es— militante del Partido Socialista y trabajaba en la Subsecretaría de Transportes de la Unidad Popular.
Partió a Inglaterra. Cuando volvió, ya avanzada la transición, y con una familia arraigada en Europa, decidió estudiar. O seguir estudiando. Porque el 63 egresó de Economía de la Universidad de Chile y en Londres consiguió un título para poder ser profesor. Pero Chile ya no era lo mismo para él. Su partido tampoco. Asegura que ni la Concertación ni la Nueva Mayoría le dieron trabajo.
Con más de 70 años, una familia lejos —porque sólo volvió él—, sin posibilidades de conseguir trabajo y con una pensión de exonerado, optó por estudiar Derecho, pues había sido beneficiado con la beca Valech.
Tal como muchos otros casos, la universidad no fue al azar. Sentía un compromiso por el proyecto, con los profesores de entonces —hoy gran parte despedidos— y la malla.
“Me enamoré de esta universidad porque era algo inusual. Parecida a lo que tuvo la Universidad de Chile después de la reforma universitaria (...). Yo he tenido al menos tres cátedras en que se pasan aspectos centrales del marxismo o seminarios sobre El capital. Todos por profesores de muy alta calidad”, cuenta. Muchos de ellos ya no están y esas cátedras ya no tienen quién las dicte.
El destino de Oscar en la universidad no sólo es incierto por la quiebra y posible cierre. También porque desde diciembre pasado no puede matricularse. Le dicen que el estado de su beca no está regularizada. No sabe si es por negligencia de la universidad y en el Mineduc no le dan respuesta. A Carrasco le falta sólo un año para terminar.
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En Libertad 53, la sede de la universidad, hay un portón que da la impresión de nunca haber estado abierto. Está oxidado y hay una cadena gruesa que impide la entrada. Colgado desde lo más alto, un cartel reza: “No al cierre de la Arcis”, con pinturas rojas y negras. Por una pequeña puerta del lado entra Daniela Cisternas, que viene a una reunión y a pintar lienzos para las marchas que están organizando en contra del cierre. Viene rápido, atrasada.
Esta no siempre fue su universidad. Viene de la Universidad Autónoma —donde estudió cinco años fonoaudiología—, un establecimiento duramente cuestionado por lucro. Daniela lo sabía. Por eso se cambió de lugar, optó por el “proyecto Arcis” e ingresó a Educación. Porque era acorde a lo que ella quería. Pero desde que entró por primera vez supo todo: que la universidad estaba en crisis. Y que los estudiantes no tenían nada seguro.
Nada lo retrataba mejor que las conversaciones de pasillo con los otros compañeros. Asustados, le contaban que ya no estaban sus profesores. Muchos habían renunciado por sueldos impagos. Las salas cada vez estaban más vacías. Varios estudiantes abandonaban la institución por miedo a que cerrara. A eso se le sumó una huelga de meses por parte de un sindicato, el segundo semestre de 2014.
Hoy Daniela no lo pasa bien. Tiene 29 años y está endeudada con ocho años de CAE. No se atreve a sacar la cuenta de cuántos millones de pesos son. Dice, entre risas nerviosas, que probablemente estará pagando toda la vida. Y sin siquiera tener un título.
Explica que lo más complejo es su familia. Vive en Pedro Aguirre Cerda con dos hermanos mayores y su papá. Su mamá murió de leucemia cuando ella tenía 14 años. Él tiene 72 y es electricista. No se puede jubilar porque todavía tiene una hija que estudia. Cuando Daniela habla de eso, se le nota la rabia. Cuenta que ha llorado muchas veces, encerrada en su pieza, tratando de que nadie la escuche. Siente una impotencia que le cuesta explicar. Dice que con sus compañeros saben que van a cerrar la universidad, pero no se quieren dejar derrotar. Por eso pintan lienzos, reúnen bandas para tocatas y organizan marchas.
Sin embargo, sabe que no es fácil.
“Una vez escuché una frase que decía: ‘Si la lucha por el capitalismo tiene que morir, que muera entonces la Arcis’. Esa es como la sensación de todos. Porque todos intentamos luchar por una causa que era salvar el proyecto, que es un buen proyecto, y lo mataron”.
Arcis en espera
En diciembre de 2013, la ONG ICAL y Ediciones ICAL Limitada —dos entidades vinculadas al PC— se retiraron de la Universidad Arcis, llevándose los dineros que hasta ese momento mantenían en pie al plantel. Fue entonces cuando los nuevos directivos de Arcis se dieron cuenta de que la situación era insostenible. Tres años después se declara la quiebra, tras la demanda de una empresa de seguridad que reclama la liquidación para que se le paguen $85 millones adeudados.
El 28 de febrero, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago declaró la liquidación forzosa de Universidad Arcis y, con ello, el nombramiento de Cristián Herrera como liquidador titular provisional. Tras la medida, el administrador provisional Patricio Velasco presentó una apelación en contra de la resolución el 4 de marzo.
En el caso de no ser acogida dicha apelación, el Ministerio de Educación ha señalado que debe cumplir lo que establece la Ley 20.800 de Administrador Provisional y de Cierre, que garantiza la continuidad de estudios de los alumnos, ya sea en Arcis o en otras instituciones de educación superior acreditadas que permitan reubicar a los estudiantes. El tribunal aún no se pronuncia.