Por casi siete meses estuvieron tranquilos. Pero la calma volvió a romperse hace tres semanas en la población La Legua, una de las más antiguas y emblemáticas de Chile: las disputas por territorio entre dos de los seis clanes de narcotraficantes activos del sector La Emergencia —Los Gálvez y Los Cochinos— salieron a flote una vez más. Los disparos, como es habitual, fueron la manera de tomar venganza por rencillas de antaño. El fuego cruzado duró horas y obligó a los vecinos a refugiarse en sus casas y a los niños a evacuar sus colegios. Un hombre cercano al bando de Los Cochinos murió en el Hospital Barros Luco y dos personas quedaron heridas. Fue el primer homicidio del año.

Pocos días después, la Policía de Investigaciones allanó siete viviendas de La Emergencia e incautó dos fusiles, tres escopetas, cuatro pistolas y más de 1.800 municiones de grueso calibre. Fue el mayor decomiso de la historia de La Legua.

“Los narcos pagan hasta $600 y $900 mil por 21 m2 construidos. Queremos abrir los pasajes y sacar a los tipos enquistados ahí, que dentro tienen túneles para huir de la policía”, dice el prefecto de la PDI.

A pesar del éxito del último operativo policial y de la tregua que habían vivido los vecinos desde noviembre del año pasado, el tráfico de drogas y armas sigue siendo el problema crítico de esta población de 14.000 habitantes, ubicada en la comuna de San Joaquín.

Seis años después de la intervención de mayor envergadura de su historia, el Plan Maestro Iniciativa Legua, el objetivo principal de erradicar la violencia, no se ha cumplido aún. Hasta la fecha se han invertido en torno a los $21.000 millones (US$32 millones).

Según la última encuesta de percepción de seguridad de Paz Ciudadana, el índice de inseguridad aumentó de 10,4% en 2013 a 25,1% en 2015.

Para los legüinos, la mayor preocupación siguen siendo las balaceras.

—La violencia ha sido cruda en la última semana. No pasaba hace rato. El control policial es pésimo porque están instalados en las orillas y no entran. Las armas y la droga ingresan por algún lado, mientras que los seis accesos son vigilados. Para Antonio (quien prefiere no dar su apellido), las balaceras son parte de su vida. En esos momentos se refugia en las habitaciones del fondo de su casa, hasta que la pesadilla pase.

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La crisis salitrera fue el punto de partida: la ola de inmigrantes provenientes del norte, en los años 30, instaló sus viviendas a una legua (5 km) del centro de la capital hacia el sur. Así nacía La Legua Vieja. A los pocos años se le fueron sumando nuevas familias desde los conventillos y poblaciones de Santiago, que se tomaron los terrenos y conformaron la Legua Nueva. La Emergencia nació después, cuando en 1951 el gobierno le concedió soluciones habitacionales de emergencia, de 18 metros cuadrados, a otros grupos sin casa. Tras el golpe de Estado la población fue un emblema de la resistencia contra el régimen.

Luego llegó el narcotráfico.

Según el prefecto de la PDI del sector sur, Iván Villanueva, el problema de La Legua no son las altas tasas de violencia en comparación con otras poblaciones de esa zona, sino que los delitos con armas de fuego se concentran en La Emergencia, por su configuración de pasajes cerrados que protegen a estos grupos de narcotraficantes en un punto estratégico de Santiago.

El 2001, el gobierno de Ricardo Lagos realizó la primera intervención policial en La Legua. En el marco del programa Barrio Seguro (2001-2007), la población comenzó a vivir bajo el permanente control de Carabineros en varios puntos fijos. Pero la violencia continuó. El miedo de ser alcanzado por una bala loca mientras se iba a comprar el pan, las noches en vela a causa del ruido de los disparos, los asesinatos a sangre fría, las drogas y el alcohol y la sensación de aislamiento demostraron el fracaso de ese enfoque basado solamente en el control. En su desesperación, el sacerdote de la Iglesia San Cayetano, Gerard Ouisse, de la Legua Nueva, fue personalmente a La Moneda a entregarle una carta al entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter. Esta carta marcó un punto de inflexión en el foco de los programas de intervención del Estado en zonas vulnerables.

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—El sacerdote nos abrió los ojos — recuerda el ex subsecretario de Prevención del Delito Cristóbal Lira.

Desde entonces, el gobierno focalizó los recursos y los esfuerzos en un Plan Maestro para intervenir social y urbanísticamente la población, manteniendo el control policial. El equipo de la cartera de Interior se reunió con los subsecretarios de los gobiernos de la Concertación, para ponerse al día respecto a la realidad de La Legua.

—Nos dimos cuenta de que el error había sido creer que la violencia sólo se solucionaba con control policial, cuando lo que había que hacer era penetrar las comunidades, sostiene Lira.

La socióloga Javiera Benítez fue la delegada de Interior en esta misión. Iba casi todos los días, durante más de tres años. Por primera vez, el Plan Maestro era trabajar directamente con los vecinos y el gobierno local.

Así, el gobierno de Sebastián Piñera destinó casi $19.000 millones (US$28 millones)_para impulsar el desarrollo social del barrio en diferentes planos: educacional, de infraestructura,  urbanístico, de empleo y de control. Lo que más urgía era devolverles la seguridad a los habitantes, mediante la apertura de los siete pasajes que encierran el sector de La Emergencia, para permitir el acceso a los policías.

Lo primero que hizo la Subsecretaría de Prevención del Delito fue expropiar terrenos de la embotelladora Andina por $9.000 millones. Luego se construyeron 200 casas y 44 departamentos, los mismos que se entregaron en marzo de este año, con un costo de $4.000 millones. El nuevo complejo habitacional Los Jardines de San Joaquín venía a saldar una deuda histórica de la vivienda del Estado con La Legua y a aliviar el hacinamiento en que viven sus pobladores.

Rosa fue una de las legüinas a quienes les cambió la vida el nuevo departamento. Por años vivió con miedo en La Emergencia. Hoy las balaceras ya no forman parte de los ruidos cotidianos a los que se había acostumbrado.

—Estoy feliz. Duermo y salgo a comprar tranquila.

La idea de priorizar la urbanización, según Javiera Benítez, era acercar la ciudad a La Legua, y mejorar sus condiciones físicas y la conectividad para trabajar mejor los desafíos sociales y de violencia. Así, estos seis años se instaló un BancoEstado, se reconstruyeron las calles Canning y Mataveri (con un costo de un poco más de $4.000 millones), se desarrollaron talleres recreativos, terapias sistémicas y programas de emprendimiento y de reinserción laboral y escolar se repararon jardines infantiles, plazas y áreas verdes, centros deportivos, juntas de vecinos y sedes sociales, y se ha ampliado la red de iluminación pública.

“Nos dimos cuenta de que el error había sido creer que la violencia sólo se solucionaba con control policial, cuando había que penetrar las comunidades”, sostiene Cristóbal Lira.

—Es evidente que ha habido avances sociales y urbanísticos, pero no han ido acompañados de éxito en el ámbito del narcotráfico. No podemos tener desarrollo social sin éxito policial —dice el alcalde Sergio Echeverría, aunque enfatiza que este es un plan de largo plazo.

El muro que encajona a La Emergencia sigue ahí, intacto pese al paso de los años. Hoy mantiene divididos a las autoridades y vecinos: entre quienes quieren derribarlo y mejorar la entrada y el trabajo policial, y aquellos que quieren que se mantenga, por razones de seguridad.

—Los traficantes se sienten seguros dentro de los pasajes. Nos cuesta vigilarlos e interactuar en la zona mientras no se abran — dice Iván Villanueva, prefecto de la zona sur de la PDI, para quien la conformación geográfica del barrio es peligrosa. —Sacamos a los narcos y otros se toman esas casas y pagan hasta $900 mil por casas de 21 m2 construidos y con patios de 20 metros de fondo, porque es un punto de venta de droga.

Por sus pasajes se asoman cúmulos de basura, coloridas casas pequeñas de un piso, en donde pueden llegar a vivir hasta 18 personas, y de cables de los que cuelgan zapatos. Grafitis de soldados caídos se ven pintados en algunas paredes.

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La batalla campal entre Los Cochinos y Los Gálvez de fines de mayo interrumpió la paz de los pobladores que hace dos meses habían recibido sus nuevas casas, justo al otro lado del muro que separa La Emergencia del resto de la población. La inauguración había sido una verdadera fiesta. Por fin, después de cinco años de espera, los que habían sido allegados de la zona más crítica de la población empezaban otra vida en una casa propia. Pero esa tarde, las balas atravesaron el muro y perforaron las paredes de algunas viviendas colindantes, recién entregadas.

Tres mujeres discuten el tema en la calle Mataveri, a punto de abrirse al público. Un niño anda en triciclo por las nuevas veredas.

—Si sacan el muro vamos a estar más desprotegidos. Al menos ahora podemos refugiarnos en el primer piso —, dice Antonia, una joven que antes vivía en La Emergencia.

El sacerdote Gerard Ouisse es escéptico respecto a que el derrumbe del muro venga a solucionar el problema de la violencia.

—Llevo 15 años viviendo aquí y el problema de las balaceras y de la violencia siempre ha estado, y no ha disminuido, al contrario. El aumento de carabineros no ha cambiado el problema de fondo: el tráfico de armas.

Para él, la solución es la mejora de la educación de los niños, para que sigan rumbos diferentes.

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En enero del año pasado, el gobierno incluyó a La Legua entre los barrios de complejidad crítica del país, junto a las poblaciones Bajos de Mena y Parinacota. Desde entonces, la implementación de los proyectos pasó desde el Ministerio del Interior a la Intendencia. En total, en el gobierno de Michelle Bachelet se han invertido alrededor de $2.600 millones (US$ 4 millones). Pero no han logrado frenar las balaceras, el tráfico, la muerte de inocentes, y la alta sensación de inseguridad. Según una encuesta de Percepción de Seguridad encargada por la Intendencia, y que todavía no se publica, el 74% de la población ha sido testigo del consumo de droga y alcohol en la vía pública durante la última semana. Además, el 43% de la gente de La Legua dice que no se siente segura caminando tranquila por las calles.

Por eso, la Intendencia está cambiando de estrategia respecto al control policial. Hace un año conformó, junto a la Fiscalía, Carabineros, la PDI y la municipalidad, una mesa de trabajo para estudiar la mejor forma de desarticular las pandillas y reducir el nivel de fuego. Y no les ha ido mal. Sólo en los últimos 60 días se han recuperado cerca de 10 kilos de clorhidrato de cocaína y pasta base, dice el coordinador de Planes Integrales para Barrios de Alta Complejidad de la Intendencia Hernán Ortega. —Es una de las requisas más grandes de drogas, producto de esta investigación focalizada—.

El 74% de la población ha sido testigo de consumo de droga y alcohol en la vía pública, según la última encuesta de Percepción de Seguridad de la Intendencia.

Cristian Retamal, subcomisario de la PDI, explica que el problema de las balaceras es cíclico y tiene que ver con los tiempos de detención y liberación de los líderes de las bandas, quienes son reemplazados en el manejo del narcotráfico por sus familiares cuando no están. A su juicio, lo que hay que hacer es romper con este círculo vicioso.

—En las intervenciones que se hicieron en 2004 detuvieron a los padres. Los hijos tomaron el negocio hasta que fueron detenidos en 2008. Luego fueron reemplazados por los tíos. Pero para el año 2016 los padres volvieron a estar libres y retomaron el tráfico.

Por eso, el nuevo plan apunta a desmembrar los lazos familiares y empobrecer a las organizaciones, que funcionan como verdaderas empresas. La Subsecretaría de Prevención del Delito ya dio su aprobación a un presupuesto de $100 millones para la apertura de los pasajes. Ortega dice que durante el segundo semestre se iniciaría el proceso de derrumbe del muro.

—Hemos logrado disminuir la actividad de ocho bandas a seis. De esas seis hay dos que están siendo objeto de una intervención fuerte—, asegura con orgullo.

Esas mismas dos bandas, Los Gálvez y Los Cochinos, fueron las que mataron hace tres semanas a un hombre, y que quebraron la tranquilidad pasajera de los vecinos.