Iba a ser la primera rectora en Chile. Iba a inaugurar la primera universidad en la región de Aysén. Pero nada de eso pudo ser para Roxana Pey.

Siete meses antes de que se inauguraran las clases, la ministra Adriana Delpiano le pidió la renuncia. Se le acusó de no tener las mismas ideas en materia educacional ya que, a pesar de haber sido de las asesoras más cercanas en la reforma, la rectora criticó duramente el Crédito con Aval del Estado (CAE) y el bajo alcance de la gratuidad. Se rehusó a entregar el cargo y la ministra optó por la destitución. Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema determinó que la remoción fue ilegal, arbitraria y vulneró el derecho de igualdad ante la ley.

—Fue de conocimiento público que ustedes tuvieron diferencias respecto a la reforma educacional. Incluso la ministra dijo que tenían “ideas distintas a las que ellos dibujaban en el proyecto de reforma”. ¿Fue esa la razón principal?

—Lo de las diferencias es muy importante porque yo no fui la única que tuvo una opinión distinta, especialmente respecto a la autonomía de las universidades. Casi todos los rectores tuvieron las mismas discrepancias, pero sólo me removieron a mí. Por eso la Corte Suprema dice que no hubo igualdad ante la ley. En el proceso judicial se le pidió al gobierno que entregara sus motivos y omitió las razones políticas porque ahí sería aún más arbitrario. Lo que está diciendo este fallo es que, aun cuando tengan las atribuciones para actuar, esa acción debe estar fundamentada. Porque si es por discrepancia, todo el Parlamento discrepa. Los rectores también.

—¿El motivo fue político?

— Digamos que yo estaba completamente de acuerdo con lo que se estaba proponiendo: desmercantilizar la educación, avanzar en gratuidad, mejorar la calidad. Discrepancias en eso, no. Pero sí con agendas ocultas, no explicitadas.

—Fuiste asesora del Mineduc para la reforma entre 2014 y 2015, ¿hubo en algún momento una discrepancia?

—Ninguna. Tanto así que eso culminó con mi nombramiento como rectora. El gobierno conocía perfectamente mis ideas, mis planteamientos y estaban de acuerdo. Con un grupo de personas trabajamos activamente y terminamos prácticamente el borrador de ley de reforma de educación superior. Pero después fue mutilado, transformado, tergiversado e intervenido por una gran cantidad de lobby y de presiones. Han tratado de dejar a todo el mundo contento, sin tomar verdaderas decisiones.

—La semana pasada se aprobó en la comisión de educación el término del CAE. ¿Qué crees que ocurra con eso?

—Sí, pero al mismo tiempo salió el gobierno a decir que no se va a poder hacer, a pesar de la votación. Ahí hay una ambigüedad porque el gobierno se comprometió en las elecciones pasadas a terminar con ese mecanismo. Cuando los parlamentarios les dicen que hay que eliminarlo, se escandalizan y dicen que no se puede, que no tienen preparado los instrumentos, porque la ley tiene un artículo transitorio en donde se impide la gratuidad universal. Por lo tanto, siempre van a necesitar un voucher.

—¿Cómo crees que va a terminar la reforma educacional?

—Esto es un asunto muy necesario, socialmente hablando y para el desarrollo del país. Es fundamental terminar con la frescura del negocio de la educación porque aquí se está jugando con el futuro de las personas. Lo más penoso es que es posible resolverlo. Pero, siempre y cuando, nos atrevamos a cortar con el negocio que tienen algunas empresas, que se disfrazan como si prestaran grandes servicios, pero lo que de verdad hacen es aprovecharse de las necesidades de la gente y de la plata del Estado.

—Tú dijiste que este gobierno mutiló el primer borrador en ese afán de dejar a todos contentos. En esa misma línea, ¿crees que pueda conseguir la reforma que planteó en el inicio?

—De ser posible, es posible. Esto es una discusión abierta y en el momento más álgido. Ya vemos lo que pasó en la comisión de educación con el CAE, pero esto va a pasar a Hacienda. Hay que estar atentos en cada etapa. Porque en cada etapa va a haber un intento por borrar los avances.