“Lo que ha ocurrido es la situación más grave que ha experimentado la atención de la infancia en Chile durante muchos años”, dice José Pedro Silva, presidente de la Fundación Ciudad del Niño, uno de los centros privados que colabora con el Servicio Nacional de Menores (Sename). Esta organización recibe a niños y adolescentes derivados desde Tribunales de Familia por el artículo 80 bis de la Ley 19.968, que permite a los jueces tomar la decisión de enviar menores a programas de protección subvencionados por Sename.

La crisis, explica Silva, se debe a que el sistema no da abasto para acoger a todos los niños que llegan de tribunales, escenario que se agrava por las millonarias deudas que mantiene el organismo público con los centros colaborativos.

— ¿Cómo es la situación actual en que se encuentran las instituciones que trabajan con Sename?

—Los privados atendemos al 97% de la demanda de infancia vulnerada en Chile y nos obligan a atender a estos menores más allá de los programas que están previstos y que han sido objeto de licitación. Hay programas licitados en una región determinada, donde se pueden atender 40 niños, pero, por la vía de estos ingresos forzados, esa cantidad se duplica en la práctica. Por lo tanto, se produce una situación de desajuste económico en la cual nos vemos obligados a contratar más profesionales, a contratar más infraestructura, nos aumentan exponencialmente los gastos. Históricamente ha habido una pequeña deuda de arrastre, que era absolutamente administrable. Sin embargo, a partir del año 2016, esta deuda ha crecido considerablemente.

— ¿Y cuánto dinero se les asigna por Ley de Presupuesto?

—Los gastos reales de los centros colaborativos privados que reciben niños por 80 bis están por los $18 mil millones, pero el presupuesto entrega sólo $12 mil millones. Sabiendo el Estado que estas prestaciones requerían cada vez más recursos, congelaron la glosa presupuestaria en esa cantidad muy por debajo de lo que se gasta. Esto significa que las instituciones colaboradoras del Estado estamos en una situación económica progresivamente crítica, unas más que otras, pero esto es un proceso de deterioro gravísimo.

El presidente de Fundación Ciudad del Niño cuenta que los gastos suben año a año y que en 2017 es probable que esta cifra llegue a los $20 mil millones, pero la Ley de Presupuesto sigue considerando una cantidad mucho menor.

—Eso es lo grave. La cantidad de niños que necesitan ser atendidos es muy superior que en 2015, por ejemplo, pero ahora contamos con menos recursos: ese año se entregaron $13.300 millones y ahora nos entregan $12 mil millones.

Silva explica que, además de este problema presupuestario, el Sename mantiene deudas que se arrastran hace varios meses con una gran cantidad de centros colaborativos privados. Platas que se deberían haber entregado para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, pero que aún no llegan.

— ¿De cuánto es la deuda en el caso de Ciudad del Niño?

—Esa cifra está bordeando los $1.200 millones. Los únicos perjudicados son los niños vulnerados de Chile. Últimamente se ha hecho mucho énfasis en que se quiere proteger a los menores, supuestamente se ha tomado una cierta conciencia, pero cuando llega el momento de que el Estado apoye económicamente y que se haga cargo de este problema, no se hace.

— ¿Cómo han podido costear la atención de menores con estas deudas?

—De diferentes maneras, hemos tratado de reordenar los dineros entre los programas compensando con los que son deficitarios transitoriamente. También hemos puesto algo de nuestro patrimonio a disposición para atender a los menores, pero eso tiene un límite, no podemos mantener esto en el tiempo.

— ¿Han alcanzado un punto crítico?

—Sí. De hecho, en una de las asociaciones gremiales que agrupa a estas instituciones de infancia, la AINFA A.G., se ha tomado una determinación que se informará en los próximos días a la excelentísima Corte Suprema: nosotros no vamos a atender a ningún niño más en nuestros recintos que sea derivado por el artículo 80 bis a partir del 15 de agosto. Esto, mientras el Estado no pague su obligación. Y eso al margen de las acciones legales que corresponda tomar para obtener las platas que nos deben.