El niño tiene siete años y trabaja desde los seis. Es pastor como su padre, juntos crían animales en la Región de Tarapacá. No va al colegio, tampoco fue al jardín. Cada vez que una oveja se le escapa, cada vez que comete un error, por pequeño que sea, viene un castigo. Su padre lo agarra de los tobillos y lo sumerge en un tambor lleno de agua. Su cabeza, su espalda, sus piernas desaparecen, el agua salpica, se rebalsa. Pasa un segundo, dos, tres, hundido sin respirar. Debe prometerle a su padre que no volverá a equivocarse.

Unas ciudades más al sur de Chile, una niña de dos años se mueve frenética en una cocina. Recorre el espacio caminando apenas. Encuentra un tarro de leche en polvo y la vierte en su mamadera. Le añade agua y se forma una mezcla turbia: la comida del día. Su madre no está ahí para ayudarla. Lleva años perdida en la pasta base, en la cocaína.

Ambos menores, como miles de otros niños, llegaron a las salas de los Tribunales de Familia. Abandonados, dejados a su suerte, quedaron en las manos de un sistema que debía protegerlos. Haciendo uso de sus facultades, los jueces los derivaron a organismos colaborativos, centros privados que funcionan con la subvención del Estado, como por ejemplo Fundación Mi Casa, Fundación Ciudad del Niño y Corporación Opción. En aquellos lugares, estos niños deben recibir atención profesional inmediata: pericias psicológicas, tratamientos ambulatorios o, en el último de los casos, internación.

Pero este sistema ya no da abasto: a los problemas y cuestionamientos que ha debido enfrentar el Sename en los últimos meses, se le suma una deuda millonaria con los organismos colaborativos, los cuales no podrán estar capacitados para recibir a los miles de niños que son derivados desde los Tribunales de Familia, menores vulnerados reiteradamente y que sólo necesitan una oportunidad.

 

El colapso

El Servicio Nacional de Menores se creó en 1979, durante la dictadura. Desde sus inicios, la oferta de atención para los menores estuvo a cargo, mayoritariamente, de organismos privados. La misión principal del Sename era la fiscalización de estos centros. En ese entonces, los privados abarcaban alrededor del 70% de la atención. Hoy, esa cifra llega al 97%, y el resto queda para los organismos estrictamente estatales.

En el año 2008, con la reforma a la Ley 19.698, se crearon los Tribunales de Familia y se incluyó el artículo 80 bis, que faculta a los jueces para derivar a menores —que han sido vulnerados en sus derechos y que deben recibir atención con urgencia— a distintos centros, incluso, cuando no hay vacantes o profesionales disponibles. Estas víctimas, que han sufrido maltrato o abuso sexual, llegan a estas instituciones —privadas o estatales— sobre todo a programas ambulatorios. Los organismos están obligados a recibirlas y darles atención inmediata, como terapias individuales o con los padres.

Cada centro debe enviar un programa en el que detalla, minuciosamente, sus capacidades para atender a los menores y postularlo a la licitación. En él, debe especificar el número de niños, la cantidad de profesionales para generar una atención apropiada y el monto para costear esos gastos. Sin embargo, la atención entregada a los niños que vienen por el artículo 80 bis —que deben ser atendidos de urgencia— no está contemplada en ese presupuesto de la licitación, aunque sí está determinada en la glosa presupuestaria que presenta cada año el Ministerio de Hacienda.

“Existe una imposibilidad real de seguir sosteniendo una situación extrema que nos ha llevado a recibir fondos con incluso cinco meses de retraso”, señalan desde la ONG Paicabí.

Cuando se empezó a aplicar este mecanismo era de carácter excepcional y, generalmente, se ocupaba cuando era necesaria la institucionalización del menor, es decir, que quedara internado en una residencia. Pero ahora eso cambió.

—Un programa nuestro que se planificó con 75 plazas (cupos) ha llegado a atender a más del doble: 180 niños, niñas y adolescentes. Este exceso es producto de las derivaciones de tribunales a través del art. 80 bis —comenta Iván Zamora, director ejecutivo de la ONG Paicabí, un centro colaborativo del Sename.

Zamora cuenta que en junio atendieron a 2.021 menores correspondientes a plazas regulares y 894 niños derivados desde tribunales, cifra que puede variar según el mes que se considere y que genera un gasto adicional: se requiere un mayor número de profesionales, adquisición de nuevos equipos y ampliación de la infraestructura.

Yerka Aguilera, directora ejecutiva de Corporación Llequén, otro centro colaborador, dice que en 2016 el 35,5% de las atenciones fueron a niños derivados por jueces de Familia por ese mecanismo, lo que equivale a 2.283 menores. Por su parte, Corporación Opción, uno de los organismos colaboradores acreditados más grandes de Chile, recibe 5.700 niños al año por el art. 80 bis.

—El sistema simplemente no está dando abasto para acoger a todos los niños que llegan de tribunales —asegura José Pedro Silva, presidente de la Fundación Ciudad del Niño, centro que atiende diariamente a 1.800 menores derivados.

En un documento entregado por Sename a Qué Pasa, la institución especifica que esta facultad excepcional que se les dio a los jueces “tiene como finalidad dar respuesta a graves vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando no hay un cupo disponible en el sistema residencial de protección o para asegurar atenciones de salud”. Sin embargo, desde el servicio aseguran que el uso de este mecanismo debería ser sólo en casos excepcionales.

En ese mismo documento, se señala que en 2009 el total de derivaciones realizadas por los jueces a través del art. 80 bis fueron 246, pero se atendieron sólo 168 menores. El resto quedó en lista de espera o fue enviado a algún programa que todavía tenía cupos disponibles. Siete años después, las derivaciones aumentaron considerablemente, llegando a un total de 161.992, mientras que el número de atenciones fue de 143.646.

Según un oficio que presentó la directora nacional del Sename, Solange Huerta, a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en diciembre de 2016, la atención de menores derivados por el art. 80 bis a centros colaborativos estuvo valorizada en más de $17 mil millones ese año. Sin embargo, los pagos realizados por el servicio a las instituciones para cubrir este gasto fueron de alrededor de $10.300 millones, generando un déficit económico que tiene como últimos perjudicados a los niños, niñas y adolescentes que no reciben los tratamientos que necesitan.

 

El ultimátum

La Asociación Gremial de Instituciones de Infancia y Adolescencia (Ainfa) agrupa a diez centros colaborativos, tres de ellos de los más grandes del país. En conjunto, Sename les debe alrededor de $4.500 millones , cifra que llegaría a los $10 mil millones si se consideran todos los centros de Chile, de acuerdo con José Pedro Silva, presidente de Ciudad del Niño.

Según las cifras del Sename, sólo en protección, es decir, sin contabilizar a los centros de privación de libertad de menores, existen 251 centros, ya sean ambulatorios o residenciales, pertenecientes a organismos privados que colaboran con el Estado. La cifra es dinámica porque continuamente se están licitando nuevos programas u otros llegan a su fin. Las intervenciones tienen distinta duración, desde un año hasta tres. De exclusiva administración del Estado son 11.

Desde Corporación Opción aseguran que la deuda asciende a $1.243 millones. Fundación Mi Casa, por su parte, alega que se les adeuda $1.135 millones.

—Históricamente ha habido una pequeña deuda de arrastre con los centros, de unos meses de retraso, que era absolutamente administrable. Sin embargo, a partir del año 2016, esta deuda ha crecido considerablemente —dice Silva.

Consuelo Contreras, directora ejecutiva de Opción, asegura que el Servicio Nacional de Menores le debe a su institución $1.243 millones y que ya no pueden costear los gastos:

—La verdad es que estamos absolutamente agobiados porque somos una organización sin fines de lucro y que, además, se funda en una lógica distinta a la caridad y a la beneficencia. No voy a sacar a los profesionales a pedir plata a la calle, tienen que estar atendiendo a los niños. Por lo tanto, no tenemos recursos propios.

Según información entregada por algunos de los centros de Ainfa, las deudas de Sename por concepto de derivaciones a través del art. 80 bis son: ONG Paicabí, $536.879.833; Fundación Mi Casa, $1.135 millones; Ciudad del Niño, $1.200 millones; Corporación Llequén, $472.442.278.

El 10 de julio, la Ainfa presentó un reclamo formal ante la Corte Suprema. Los diez organismos le exigen a Sename que pague el total de la deuda o, de lo contrario, suspenderán todas las atenciones a niños derivados a partir de agosto. Miles de niños quedarían sin tratamiento ni terapia.

—El Sename no se ha pronunciado con las instituciones. Las instituciones en particular han informado de sus deudas a Sename en diferentes modalidades. Hay algunas que le informan todos los meses y van actualizando, otras cada dos o tres, pero no han obtenido respuesta —asegura Raúl Heck, vicepresidente de Ainfa y director general de gestión de Fundación Mi Casa.

Solange Huerta, reconoció en el oficio una deuda millonaria que mantienen con los centros colaborativos: $8.701 millones. En el informe se explica:

“Cada juez o jueza de Familia decreta (las derivaciones) sin saber si existe presupuesto que pueda cubrir las sobreatenciones que ordenan, generando deudas de arrastre, ya que no es posible proyectar cuál será el uso que individualmente le dará cada juez a esta facultad”.

La jueza de Familia Gloria Negroni explica que es el bienestar de los niños lo que debe estar primero, que esa es la razón por la cual se creó el artículo 80 bis: asegurar la atención de los menores aunque no haya oferta de programas.

—Los jueces hacemos lo que tenemos que hacer en el uso de nuestras facultades legales frente a la necesidad de un niño de un programa de intervención. Entonces, el punto no es si lo usamos en exceso, el punto es que lo usamos porque tenemos la facultad de hacerlo —asegura Negroni.

En el documento que envió Sename a Qué Pasa, la institución señala que una de las razones para el desfase en los pagos a los centros colaboradores es la fiscalización de que dichos servicios efectivamente se realizaron: “Gracias a esta verificación, Sename ha detectado prestaciones que fueron declaradas por organismos colaboradores, pero que no se habían realizado, por lo que el servicio efectuó las respectivas denuncias penales”.

Uno de los controles que realiza el servicio a los centros colaborativos es mediante una revisión de la cuenta bancaria creada para depositar el presupuesto de cada programa en ejecución. Otra forma de fiscalización es el envío de un documento de gastos, donde se detalle en qué se invierte el dinero. Además, cada tres meses, auditores visitan los centros para revisar facturas y boletas. Las supervisiones técnicas, por su parte, son trimestrales y anuales. En el caso del 80 bis, al ocupar cupos no contabilizados, debe existir una fiscalización adicional. Ese proceso puede tardar meses en llevarse a cabo. Y las autoridades de los centros privados piden urgencia.

—Existe una imposibilidad real de continuar sosteniendo una situación extrema que ha llevado, en nuestro caso, a recibir fondos con incluso cinco meses de retraso —dice Iván Zamora, de ONG Paicabí.

 

Un futuro incierto

Consuelo Contreras se pasea impaciente por su oficina ubicada en Providencia. Revisa sus estantes, saca una caja y deja unos libros sobre la mesa. Dentro de ellos, hay cuentos ilustrados que buscan recrear historias similares a las que viven aquellos niños que se atienden ahí. Tienen colores, animales y al final de cada relato vuelven a ser felices. La asistente social guarda los libros, que se convirtieron en una suerte de recuerdos de tiempos mejores, cuando había presupuesto para aplicar nuevas metodologías de reparación en los tratamientos.

—Hemos tenido que detener la práctica de innovar con las terapias. No lo hemos podido hacer con este nivel de déficit económico que tenemos —señala—. Estamos trabajando programas miserables para niños que han tenido vidas miserables. Eso no puede pasar.

Además de la reducción de gastos en materiales, otra de las medidas que se han tenido que tomar es el despido de personal, justamente, en un momento en que más se necesita de equipos numerosos. Estos centros, que funcionan con duplas —psicólogos y asistentes sociales—, deben tener un límite de menores por profesional. Pero muchas veces los apremios han obligado a sobrepasar sus capacidades. Esto deteriora, en consecuencia, la atención recibida por los niños. En la Corporación Llequén ha pasado algo similar. Yerka Aguilera, la directora, lo explica:

—Se han tenido que tomar medidas de emergencia, como retrasar pagos de consumos básicos de las oficinas, con el consiguiente costo de intereses por morosidad. También atrasos en el pago de los arriendos, disminuir los gastos de movilización, ahorro en materiales de oficina y, en situaciones más extremas, dejar de pagar las cotizaciones previsionales a los trabajadores.

Por esos motivos, los directivos de ese centro pensaron en pedir un préstamo bancario, sin embargo a última hora lograron que proveedores y profesionales esperaran la llegada de parte del financiamiento. El gran problema de pedir recursos a organismos externos, como bancos, es que hoy Sename no autoriza los préstamos, ya que cada ingreso de dinero a la cuenta establecida es considerado una donación que no se debe devolver.

Desde la ONG Paicabí, Iván Zamora explica que, como consecuencia de los atrasos en los pagos, se han precarizado las condiciones de funcionamiento de cada centro.

—Tuvimos que restringir la compra de materiales o la ampliación de los recintos. La inestabilidad laboral es permanente. Hemos tenido que postergar la contratación de psicólogos y asistentes sociales que los niños requieren.

La directora de la Corporación Opción, Consuelo Contreras, está nerviosa. En los 30 años que lleva funcionando la fundación —período en el que jamás han perdido una licitación—, este ha sido el momento más crítico y agosto es el mes clave ya que, según las cuentas que han sacado, es el último mes en que podrán sortear el déficit presupuestario. Si bien la Corte Suprema aún no se pronuncia, los centros esperan una respuesta favorable. Confían en que el Sename pague sus deudas y no tener que cumplir con la amenaza que hicieron de suspender las atenciones.

—Ya no podemos, no es que no queramos. Yo soy una defensora de los derechos de los niños aquí y en la quebrada del ají. Soy capaz de hacer cualquier cosa por esto, pero ya no podemos más. Tenemos una gran cantidad de niños atendidos por el art. 80 bis y tenemos una lista de espera de 600, 700 niños. Es irresponsable aparecer como que estamos atendiendo, cuando en realidad no podemos cumplir con los estándares mínimos para atenderlos —sentencia Contreras—. El Estado tiene que entender que aquí el problema es muy grave, y tiene que aumentar la cobertura. Hay más niños con problemas de lo que realmente está financiando.