Los últimos cuatro años han sido uno de los periodos más intensos en cuanto a discusión sobre educación en la historia del país. Y eso aún está lejos de zanjarse.

En los primeros años de la segunda administración de Michelle Bachelet comenzó a discutirse el proyecto de ley de educación superior —que entre sus puntos principales aspira a la gratuidad universal y a la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE)— que hoy, después de un año y medio en el Congreso, está en el Senado.

Las próximas semanas serán claves: la votación de la Ley de Presupuestos 2018 definirá si finalmente se extenderá la gratuidad en 10%, al sexto decil. En forma paralela, una parte importante del proyecto también se discute en el Congreso: la ley de universidades estatales, que les garantizaría un piso de recursos a las estatales a través de una ley permanente. Ambas son parte de la agenda inmediata del gobierno, que busca aprobarlas antes de fin de año..

Por eso, la reunión anual de la red Universia del pasado lunes, que convocó a casi 40 rectores de la universidades chilenas y los representantes de las candidaturas presidenciales, llegó en el momento oportuno. Ahí se debatieron las propuestas y el futuro de la educación superior.

Luego de esta jornada, tres rectores —Juan Manuel Zolezzi (Universidad de Santiago), Ignacio Sánchez (UC) y José Antonio Guzmán (Universidad de los Andes)— comentan lo que viene y hacen una autocrítica de este proceso desde sus diferentes veredas: la estatal, tradicional y la privada. La jornada coincidió con una semana en que estallaron críticas sobre el rol que ha tenido la UC en la discusión valórica.

La serie de reformas ha dividido a las máximas autoridades de los planteles del Consejo de Rectores (CRUCh), con críticas cruzadas por temas de autonomía, participación y por la discusión sobre lo público y lo estatal. La pregunta que se hacen algunos es si las universidades no estatales hacen una contribución social, ¿no merecerían un aporte equivalente por parte del Estado? Los tres rectores concuerdan que sí:

“Cada uno entiende la autonomía como quiere. Las universidades no son de los estudiantes, de los funcionarios ni de los académicos. Son de la sociedad chilena, que la administra el Estado”, destaca Zolezzi sobre la discrepancia que ha planteado el proyecto.

—Nuestro país se ha constituido con un sistema mixto desde hace más de 170 años, en que universidades que no le pertenecían al Estado han jugado un rol evidente en la formación de estudiantes y el desarrollo de investigación. Lo público va más allá de lo estatal, porque tiene que ver con el aporte a la sociedad, con el compromiso con las comunidades —explica Sánchez.

—Respecto al proceso de reforma, en que el CRUCh ha tenido divisiones, ¿cuál es la autocrítica que hacen ustedes sobre el rol que han jugado?

—Sánchez: Como autocrítica, hemos tenido desconfianza al tener falta de información, por lo que no trabajamos con toda la apertura y generosidad con la que debimos. Pero insisto en que se dio porque la información se ha entregado de forma parcelada. ¿Por qué no se muestran todas las cartas arriba de la mesa a tres o cuatro años?

—Zolezzi: De mi parte hubo, al principio, mucho entusiasmo ante la perspectiva de que íbamos a participar, pero hasta los primeros dos años y medio no recibimos nada sustancioso. Eso te decepciona y te pone en una situación en que empiezas a luchar con este gobierno que dijo que iba a tener un trato preferente con las universidades del Estado. Y la información que entregaron no fue suficientemente buena.

—Sánchez: ¿Por qué como Consejo de Rectores no generamos esa confianza de trabajo? Puede ser que este gobierno o el anterior vea al CRUCh como una defensa corporativa más que con una mirada colaborativa a nivel país.

—Guzmán: Aquí si los dos rectores del CRUCh dicen que han participado poco, nosotros no hemos participado prácticamente nada en la discusión, no hemos tenido ninguna injerencia. Y la autocrítica es que no hemos sido capaces de tomarnos ese espacio.

 

Gobernanza y autonomía

El proyecto de ley busca fortalecer la fiscalización de las universidades estatales. Uno de los puntos polémicos ha sido la propuesta de designación de tres miembros de cinco en el Consejo Superior por Alta Dirección Pública. Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, ha sido uno de los más críticos, llegando a decir que “es un golpe mortal a la autonomía”.

—¿Cómo se conjuga la gobernanza que incluye el proyecto con la falta de autonomía que plantea y por la que reclaman algunos?

—Zolezzi: Cada uno entiende la autonomía como quiere. Primero las universidades no son de los estudiantes, de los funcionarios ni de los académicos, son de la sociedad chilena, que la administra el Estado. Por lo tanto, el Estado es el dueño, y tiene derecho a poner todos los representantes que quiera y de ahí para abajo empieza el tema de la autonomía: la libertad de cátedra, de expresión, etc. La autonomía comienza desde la relación del académico con el estudiante y la sociedad, ese es el camino. Entonces, querer tener derecho a voto en una universidad del Estado en la elección del rector es un esquema de participación muy pequeño. El gobierno dejó claro que no iba a haber elección por los estudiantes de sus autoridades, pero sí iba a haber participación de un pequeño porcentaje de estudiantes y funcionarios en los consejos Universitario y Superior. Nos parece que es una buena solución, en la experiencia en la USACh ha sido buena.

“Antes de incrementar deciles, hay que financiar bien el sistema para que sea sustentable. Si (la gratuidad) se va a subir al 60%, hay que analizar en profundidad los aranceles regulados”, dice Ignacio Sánchez.

—El G9 (red de universidades tradicionales no estatales del CRUCh) ha criticado las altas atribuciones de la nueva superintendencia de Educación…

—Sánchez: No estamos de acuerdo en que la Superintendencia de Educación saque el sistema único de admisión del Consejo de Rectores y se lo lleve al ministerio. Hay que fortalecer el sistema único de admisión con representantes del Ministerio de Educación, pero no nos parece que vaya a cumplir su rol de coordinar políticas públicas haciéndose cargo del sistema de admisión. Creemos que la Superintendencia es necesaria para regular el sistema y evitar los abusos que han existido, pero cuando se ven sus atribuciones, son inmensas, y puede significar burocracia y una serie de trabas que pueden significar un retraso en el desarrollo de la innovación y el emprendimiento.

—Guzmán: Me parece que está hecha a imagen y semejanza de la Superintendencia de Educación Escolar. Pero las universidades tienen muchos años de autonomía. Hay que corregir los abusos, pero la lógica del sistema universitario es que se establezcan autocontroles del aseguramiento de la calidad y de uso de los recursos. Que venga un señor de afuera con poderes para ver lo que quiera y cuando quiera, es una cosa nueva. y frente a lo nuevo hay que mirarlo con sana desconfianza. Las superintendencias demoran un buen tiempo en tomar vuelo, crear jurisprudencia y ver hasta dónde se meten. Alguien puede decir que esta Superintendencia es similar a la de los bancos y ellos no están asfixiados, pero han pasado 80 años de funcionamiento, ya se han creado la prácticas y el sistema bancario lo asimiló. Es muy importante que el sistema de transición se haga de forma prudente o gradual, porque va a significar un costo si se mete de la noche a la mañana hasta el último detalle.

 

Gratuidad y financiamiento

—¿Es posible elevar la gratuidad desde el 50% de menores ingresos de la población al 60% sin sacrificar calidad?

—Zolezzi: Lo que se ha hecho hasta ahora ha sido sin sacrificar calidad. No se sabe qué va a pasar un delta más allá, si el otro 10% haría deficitarios ciertos aspectos de la docencia o atención de los estudiantes a nivel de pregrado. Tiendo a pensar que este 10% no debiera ser tan influyente. Quizás si uno piensa en un 75% puede ser muy complejo de manejar para ciertas instituciones porque hoy día la forma como se está calculando el arancel regulado para estimar la gratuidad, está poco clara. Lo complejo es que si se logra aprobar en la ley de presupuestos el aumento a un 60%, alguien sea capaz de traerlo al 50%.

—Sánchez: Hoy, a dos años de vigencia de gratuidad no se ha afectado la calidad. Este segundo año hay cinco o seis instituciones con déficit, que tiene que ver con una mala percepción de los aranceles regulados. Pero luego de varios años con un continuo déficit, obviamente que la calidad se va a ir afectando. Este año se pusieron recursos extra que reconocieron a instituciones que hacen investigación y educación de nivel internacional. Pero tenemos situaciones como pedagogía u odontología, donde los aranceles quedaron muy bajos. Mientras no se corrija eso, el déficit va a existir. Para esta institución, subir del 50% al 60% significa 1.000 alumnos más. Antes de incrementar deciles hay que financiar bien el sistema para que sea sustentable. Si se va a subir al 60%, hay que hacer un análisis en profundidad de los aranceles regulados.

—Uno de los proyectos que propone el gobierno es reemplazar el CAE. ¿Es necesario reemplazarlo y sacar a los bancos del proceso?

—Guzmán: Como no hay recursos para una gratuidad universal y sí hay un grupo importante de gente de clase media que necesita el apoyo, ha funcionado bien porque es blando, hay tiempo de latencia, porque al cabo de cierto tiempo se extingue, es un instrumento de financiamiento que en muchos casos funciona bien. Por lo tanto, hay que mejorarlo. Si los bancos están o no, a mi juicio, es anecdótico. Podrían no estar y no pasa nada. El Estado podría administrarlo de otra forma.

—Zolezzi: Ahí tengo una pequeña diferencia. Es cierto que en los sistemas masivos de crédito principalmente hay un grado de regulación, pero hay muy poca mirada sobre la institución que entrega el beneficio. Eso hizo que algunos se transformaran en eternos estudiantes, que desertaron y se fueron quedando con un endeudamiento caro. A una tasa de 6% significaba que empezaban a trabajar debiendo $30 millones. La persona hizo todos los trámites, pero el sistema era perverso en ese sentido. Entonces ahí faltó regulación, decir “Estas instituciones no califican para esto”. Si hay más regulación teniendo en cuenta la institución, es posible de manejar. Lo otro importante es que Chile no está en condiciones de soportar todo lo que se produce en términos académicos. Seamos realistas. No podemos titular 1.000 abogados más todos los años. El tema es ese, y la gente termina trabajando en cosas que no remuneran ni un tercio de lo que se necesita pagar.

—Sánchez: Me parece que hacer un sistema de crédito lo más similar al fondo solidario es lo más sensato. El fondo solidario no tiene a la banca incorporada, sino que son créditos con aval del Estado. Tiene tasas al mismo nivel, pero pagando hasta 5% y no el 10% del ingreso. Se extingue a los 10 años y no a los 15. Tiene algunas formas de crédito blando más convenientes para el egresado. En nuestras instituciones (CRUCh), los que tenían crédito antes de la gratuidad estaban en fondo solidario. No debiera haber tanto problema para migrar. Habrá problemas de recursos porque si se retira la banca —cosa que yo creo que es razonable de hacer—, hay que pagar la deuda, pero el Estado podrá hacer una negociación o podrá incorporarse esto de manera gradual.

—¿Por qué sería razonable sacar a los bancos?

—Sánchez: cuando uno conversa con los representantes de los bancos, ellos dicen que no es un gran negocio y que son pocos los bancos que están interesados en esto, dos o tres. Pero hay una mala percepción de que los bancos estén en un sistema crediticio. Por lo tanto, si no es tan buen negocio, si el Estado puede poner los recursos, es un sistema que queda mucho más limpio.

—¿Entonces, hay que sacarlos porque es mal visto que estén?

—Sánchez: Es que no podemos tener los datos exactos de cuántas ganancias tuvo cada banco, pero sí lo que conocemos es que esto trae toda una carga negativa de cuando las tasas eran altas, los créditos Corfo tenían tasas al 9%. El CAE era entre 6% y 8%, y hoy estamos en 2%. Y estos cambios se han dado en seis, siete años. Hay una cosa emocional de imagen que es muy fuerte y que tiene al movimiento estudiantil mirando esta situación.

—Zolezzi: ...Más emocionalmente que financieramente. Todos los chilenos y el Estado de Chile fueron a subsidiar a la banca cuando tuvo crisis. La deuda subordinada se ha pagado en 40 años y se puede hacer al revés ahora, que el Estado le pague a la banca en 40 años.