Jorge Winston Abbott Charme es de caminar  pausado y mirada elegante.  Pero este año alzó la voz, sin titubeos, para defender la autonomía del Ministerio Público. Lo hace con cierta sutileza y algo de ironía, dejando atrás ese bajo perfil  con el que llegó a la Fiscalía hace casi dos años.

Esta semana, en medio del aniversario institucional , anunció la creación de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales, que espera capacitar a los fiscales en este tipo de delitos.

El jefe de los persecutores hace una pausa en medio de un taller que reunió a los fiscales regionales y que tenía como objetivo definir la política de comunicaciones de la Fiscalía, para hablar sobre su gestióncon el sello que pretende dejar de igualdad total ante la ley para todos.

— Una vez más aparece un fiscal: usted es elegido como el más poderoso o influyente de la justicia chilena. ¿Por qué cree que el Ministerio Público ostenta tan alta valoración?

— Debe ser por las investigaciones que hemos estado llevando a cabo durante este último tiempo y que han impactado fuertemente en la ciudadanía. Estas han afectado a personas e instituciones relevantes dentro de la sociedad  y eso lleva a  quienes han opinado (en la encuesta) a valorarnos.

— Usted ha dicho en reiteradas ocasiones, casi como doctrina, que debe haber una justicia igual para todos, con corbata o sin corbata, ¿Cree que hoy existe esa igualdad?

— Es nuestra expectativa y vamos a trabajar para que aquello ocurra. Efectivamente, veo que socialmente el tratamiento que presentan ciertos tipos de delitos tienen, a su vez, grados de reproche distintos no sólo dentro del sistema, sino que también dentro de la sociedad. Eso no es posible si es que queremos tener un sistema penal que resulte legítimo para toda la población.

— ¿Influye el poder político en subrayar que un delito sea considerado sólo como una mala práctica?

— Creo que influye una concepción de un sector social respecto de sus propias conductas. Por ejemplo, hay sectores sociales que creen que la colusión no es un delito de especial gravedad, sino que es una muy buena negociación (o un muy buen convenio con el competidor). Eso, sin embargo,  es un delito tanto o más grave aún que un portonazo.  Si no entendemos como equivalentes ambas conductas, el sistema es su conjunto aparece deslegitimado. No es posible que nos pidan perseguir intensamente a aquel mechero que le roba un paté al supermercadista que se ha puesto de acuerdo con otro supermercado en defraudar a sus clientes con acuerdos de precios.

— ¿Tiene la Fiscalía hoy plena autonomía para investigar o existen presiones de algunos poderosos?

—Jamás sentí ninguna presión de ninguna naturaleza y eso habla bien de nuestro país.

“Ha habido una tendencia a usar el reproche penal como una herramienta política, y una de las obligaciones del Ministerio Público es evitar ser instrumentalizado”

—¿Ha cooperado el Senado con las investigaciones en el tema de las cuestionadas  asesorías (copy/paste)? 

—No ha existido un conflicto mayor entre el Senado y el Ministerio Público. Lo que hubo fue una forma distinta de interpretar el ejercicio de las facultades de los fiscales. El Senado entiende que no es posible que fiscales del Ministerio Público pidan toda la información de todos los informes realizados por los asesores. Dice que tiene que pedirlos acotadamente respecto de personas o informes específicos. El Ministerio Público, en el caso de los fiscales de la zona oriente, estimaron necesario contar con toda esa información. Lo que se ha producido ahí es una discrepancia técnica, jurídica, pero no un conflicto. Tanto así que el Senado ha colaborado entregando toda la información. Hoy día el fiscal  (Manuel) Guerra con la Fiscalía de Alta Complejidad están estudiando los antecedentes que ya envió el Senado.

— ¿A usted le parecía que deberían haber sido investigaciones acotadas y no pedir informes a todo el Senado?

—Es difícil opinar cuando uno no está inserto en la investigación  y no tengo esos antecedentes; en consecuencia, malamente podría tener una opinión más acabada. Lo que sí digo es que todo delito debe investigarse.

— ¿Es posible investigar con plena normalidad el financiamiento de la política en medio de un año de elecciones?

— Se puede seguir investigando con plena normalidad. Lo que sí es importante es tomar decisiones que no puedan, injustificadamente, afectar el proceso eleccionario.

— ¿A qué se refiere con eso?

— Puede pasar que existan antecedentes con méritos suficientes para poder formalizar una investigación, porque tenemos antecedentes claros para hacerlo. Pues bien, es nuestra obligación hacer la formalización respectiva, pero si no existen tales antecedentes y es necesario alargar más la decisión, habrá que postergarla.

— O sea , ¿en este período hay que ser plenamente rigurosos a la hora de pedir formalizaciones?

— Hay que ser particularmente rigurosos porque hay un efecto lateral que debemos tratar de evitar, lo cual no significa que debemos dejar de investigar o no tomemos la decisión que debemos tomar, lo que debemos hacer es ser particularmente cuidadosos en las decisiones, para no provocar un efecto extraprocesal producto de nuestras propias decisiones. En eso tenemos que ser muy responsables.

— ¿Se ha judicializado en demasía la política?

— Ha habido una tendencia a usar el reproche penal como una herramienta política, y una de las obligaciones del Ministerio Público es evitar ser instrumentalizado.

“La colusión es un delito tanto o más grave aún que un portonazo”

— ¿Qué le ocurre cuando, desde diferentes sectores, los acusan de sesgo a la hora de las formalizaciones de políticos o que se carga la mano para un solo lado?

— Los hechos desmienten categóricamente esa afirmación.  Mire usted cómo el fiscal Pablo Gómez de una semana a la otra pasa de ser el fiscal de Piñera —según la acusación de un candidato presidencial que mostró una foto en un espectáculo lamentable (ME-O)—, pero al lunes siguiente se daba a conocer la declaración de una persona sobre la campaña anterior del presidente Piñera y sus partidarios hablaban en contra de Gómez. Es decir, pasó de ser el fiscal de Piñera a uno anti-Piñera.

— ¿Cree que la política estaba muy viciada en cuanto a su financiamiento?

—Es reprochable que haya habido empresas que se dedicaran a financiar transversalmente a todos los sectores políticos. Eso parece impresentable existiendo financiamiento público de la política. Son hechos que perseguimos y vamos a seguir persiguiendo.

— ¿Existieron presiones políticas para frenar investigaciones como acusó el ex director del SII Michel Jorratt?

— No tengo antecedentes para comprobar una situación de esa naturaleza, en lo que sí hemos insistido es en que el SII presente las querellas que nos habiliten para seguir adelante con las investigaciones. Me parece interesante la entrevista del fin de semana en El Mercurio del director del SII, Fernando Barraza, que explicitó una nueva política que se acerca mucho a lo que son las expectativas del Ministerio Público.

— ¿Confía en que cambiará el panorama con la actitud de Barraza?

— Se acerca a lo que nosotros esperaríamos como conducta del SII de presentar las denuncias y querellas cuando correspondan.

— Se acerca, pero falta...

— Falta porque seguimos creyendo que el Ministerio Público debería tener una acción penal autónoma.

— Usted ha hablado de un pacto social para combatir delitos, ¿a qué se refiere con ese pacto?

—Básicamente a que la sociedad debe reprochar de idéntica forma todos los delitos. No es posible que aparezcan reclamando intensamente personas que han sido víctimas de delitos a la propiedad, pero que, a la vez, cometen delitos tributarios contra el mercado.

— ¿Hay un problema ético por resolver?

— Tenemos que subir el estándar ético en el funcionamiento de la economía y del mercado. Es fundamental que los actores del mercado actúen con pleno apego a las normas legales.

—¿Hay un mercado muy desatado y desregulado?

— No ha habido el suficiente reproche a prácticas que alteren las normas del mercado y que son constitutivas de delitos que hoy estamos investigando. Son prácticas que han provocado daños enormes a los ciudadanos.

— La elusión (de impuestos) también es una práctica que está en el límite.

— Con la reforma tributaria se ha acotado absolutamente la posibilidad de eludir impuestos y, más aún, se ha hecho responsables a los asesores tributarios y se han intensificado los reproches.  Se ha avanzado fuertemente en reprimir conductas violatorias de normas.

—¿Hace falta una mayor regulación de parte del Estado con el mercado?

— Existe la regulación, pero hay que ampliarla. Hay proyectos de ley en trámite que son relevantes.

— ¿Fueron desafortunadas sus declaraciones sobre los empresarios que debían cuidar mejor sus camiones para evitar los incendios?

— La verdad es que he quedado muy impresionado con las interpretaciones que dan a las declaraciones que uno hace. Se llega a extremos insólitos. Hubo un analista que llegó a la conclusión de que yo era un anarquista. Lo único que reclamé es que cuando hay situaciones de riesgo natural y cuando se trata de empresas, se tomen las medidas básicas de seguridad. Quince días después de eso hubo un robo de 15 mil millones de pesos en una empresa donde había dos nocheros y uno había salido a comprar cigarros. El único sentido que tenía mi afirmación era que, cuando uno está en una situación de riesgo, lo lógico es tomar ciertas medidas básicas. Pero en ningún caso estaba llamando a la autotutela. Puedo comprender a las víctimas de delitos, comprendo a la señora Marcela Vacarezza que haya salido muy enojada porque fue víctima y mis palabras, a lo mejor, pudieron herirla. Muchos trataron de sacar provecho político para distorsionar mi declaración que no tenía más sentido que eso. Como dicen los propios delincuentes en términos coloquiales: no hay que regalarse.

— Usted ha dicho que allá no existe un problema sólo policial, sino que político ¿Cómo se resuelve finalmente?

— Es un problema que tiene que resolver la ciudadanía en un contexto mucho mayor y que es dar cabida a unas reivindicaciones que, probablemente, de forma legítima está realizando el pueblo mapuche. Eso no justifica para nada el que ciertos sectores cometan actos de violencia. El Estado de derecho genera canales por los que la gente puede demandar sus reivindicaciones. El que se sale de esos canales y utiliza la violencia y el temor para sacar resoluciones a la autoridad, con objeto de generar temor,  debe ser investigado de acuerdo a la legislación vigente que es la Ley Antiterrorista.

— Ustedes la seguirán ocupando...

— Cada vez que exista la hipótesis que la ley establece tenemos la obligación de aplicarla. Es una ley vigente.

— ¿No le parece confuso que el gobierno no quiera ahora invocarla?

—Cada organismo tiene su propia estrategia de litigación. Nosotros estimamos que estas conductas se encuadran perfectamente en la Ley Antiterrorista.

— La presidenta Bachelet dijo que la delincuencia no está desatada, pero varios candidatos dicen que sí. ¿Qué cree usted?

— No está desatada, pero eso no significa que esto no es un problema serio y que se deba seguir trabajando, pero decir que existe una delincuencia desatada, me parece exagerado.