El ambiente en el Juzgado de Garantía de Temuco, el pasado viernes 9 de febrero, estaba enrarecido. Había una tensión adicional a la de cualquier otra audiencia de rutina. Esa mañana se enfrentaban por primera vez, los abogados del Ministerio Público con los del gobierno, para discutir la controvertida reapertura —solicitada por el propio gobierno— de la investigación de los confusos procedimientos realizados por Carabineros en la Operación Huracán.

Dos semanas antes, la Fiscalía había decidido cerrar la causa, tras comprobar que las pruebas presentadas por Carabineros, con las que se detuvo a ocho comuneros mapuches el 23 de septiembre de 2017, acusados de cometer una serie de delitos incendiarios en La Araucanía, habían sido adulteradas. Junto al cierre, y en un hecho sin precedentes, la Fiscalía decidió abrir una investigación contra Carabineros por un delito que, de comprobarse, sería uno de los más graves de la historia de la institución en democracia.

El caso de Hans Pozo (2006) fue la prueba de fuego del nuevo sistema procesal penal en Santiago y, en términos operativos y de coordinación, fue un fracaso.

La audiencia en Temuco se prolongó por tres horas, y la tensión fue en ascenso. Desde la esquina del gobierno, representado por el abogado de la Intendencia, Matías Moya, se escucharon descalificaciones personales hacia un perito de la Fiscalía, por haber estudiado en un instituto profesional. La esquina contraria, por su parte, liderada por el fiscal de Alta Complejidad Felipe González, acusó de negligente al gobierno por su inacción como parte querellante. Con tonos y términos también en ascenso, y argumentos cada vez más dudosos, cada parte defendió lo suyo.

El tenor de la contienda sorprendió a muchos de los presentes, pero no a quienes conocen el enfrentamiento histórico que arrastran los cuatro sectores: la Fiscalía, Carabineros, la PDI y el propio gobierno. Un desencuentro que viene desde los inicios de la Reforma Procesal Penal, en el año 2001, pero que ha tenido varios hitos que han trizado cada vez más la relación.

El más importante de ellos y quizás el definitivo comenzó en 2005, cuando un centenar de bombas empezaron a estallar en distintos puntos de Santiago.

 

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La mañana del 27 de enero pasado, los carabineros que hacían turno en la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Temuco vieron una escena extraña: un grupo de detectives de la Policía de Investigaciones bajándose de sus autos y caminando hasta el cuartel. En sus manos llevaban una orden emitida por el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, para allanar los computadores y celulares que podrían haberse usado para alterar pruebas en la Operación Huracán.

Lo que encontraron los detectives fueron puertas cerradas, primero, y luego más que eso: un amplio despliegue de carros de las Fuerzas Especiales resguardando la entrada. Qué hubiera pasado si la PDI intentaba entrar de todas formas no está del todo claro, pero un ex subsecretario de la Concertación señala que el hecho fue el “mayor acto de insubordinación de Carabineros o de cualquier rama de las Fuerzas Armadas desde la detención de Manuel Contreras en 1993”. En la Fiscalía aún no comprenden esa reacción al operativo. Seis horas después, desde Santiago, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, dio la orden de dejarlos entrar. El conflicto entre las policías podía escalar a puntos nunca alcanzados.

Aunque se evitó llegar a ese escenario incierto, las relaciones entre la Fiscalía, Carabineros y el gobierno se han vuelto, en las últimas semanas, aun más delicadas. Diversas fuentes, en los tres sectores, califican a este como el momento más difícil de la última década, aunque reconocen que detrás de este estallido puntual se arrastra una tensión histórica en ascenso. Entre otras cosas, debido a las diferentes culturas de las que provienen las dos policías y los propios abogados de la Fiscalía, nada fáciles de hacer congeniar. A esto se suman las débiles facultades del Ejecutivo, que en ningún momento ha logrado poner orden entre los actores.

Villalobos era director de Inteligencia de Carabineros cuando se indagó el caso bombas. Aunque en ese entonces dijo que la investigación era robusta, las pruebas fueron desestimadas.

Según autoridades de la época, las cosas se empezaron a torcer en 2006, a sólo un año de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal en Santiago —que creó la figura del Ministerio Público—, con el mediático caso del descuartizamiento de Hans Pozo. Esa fue la prueba de fuego del nuevo sistema en términos operativos y de coordinación, y fue un fracaso. El fiscal del caso, Pablo Sabaj, le ordenó al OS9 de Carabineros tomar la investigación, pero la PDI decidió hacer sus propias diligencias. Todo terminó en el suicidio del único sospechoso. El caso prefiguró lo que serían las relaciones a futuro: las policías no se entendieron ante la presencia del nuevo actor que tenía que coordinarlas, el fiscal.

En un segundo incidente en 2011 para el caso bombas, el director de Inteligencia de Carabineros era el mismo hombre que hoy está en la cima de la institución y en el centro de la tormenta: el general Bruno Villalobos. Según una alta fuente del gobierno de la época, en su momento el propio Villalobos se reunió con las principales autoridades del Ministerio de Interior y les aseguró que la investigación por el caso era extensa y robusta. Les dijo también, en esas mismas reuniones, que todo apuntaba a que se iban a lograr condenas. El resultado es conocido: La Moneda se enfrentó con la Fiscalía y el proceso acabó sin imputados, luego que el juez Luis Avilés desechara las pruebas. El revés marcó a Villalobos, cuya gestión fue mal evaluada por el gobierno de Sebastián Piñera, y acabó siendo reasignado a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites.

Altas fuentes al interior de la Fiscalía son tajantes al analizar ese desencuentro: acusan una instrumentalización de la investigación de Carabineros y del propio fiscal, pugnas personales entre el general Villalobos y el fiscal Alejandro Peña, y reproches cruzados por el fracaso en las pericias, que llevó a la desprolijidad de las pruebas. Según esas mismas fuentes, el caso es un reflejo del enfrentamiento actual, aunque en esta oportunidad ya ha corrido más agua bajo el puente, y la situación es más grave: hay una acusación de un delito de manipulación de evidencias.

Lo que está claro, o al menos se reconoce en todas las instituciones involucradas, es que el sistema penal aún no cuaja. Según una ex autoridad del gobierno de Ricardo Lagos, que participó en la instalación de la reforma, La Moneda no ha logrado tener un rol claro en el manejo de la seguridad pública, y pese a intentos de orden, cada actor aún corre por su cuenta.

Durante dos años, entre 2005 y 2006, se crearon grupos de trabajo entre el alto mando de Carabineros y la Fiscalía, para internalizar una reforma que no estaba claro cómo se iba a poner en práctica. Las jornadas, que los involucrados califican de “intensas”, se realizaban todos los martes, pero las dinámicas de trabajo nunca se pudieron compatibilizar del todo. Se han hecho esfuerzos para lograr un trabajo mancomunado, e incluso se creó un manual de procedimientos en conjunto para fiscales y policías, pero aún no se han visto resultados. Incluso hay quienes dicen que estos manuales, elaborados con Chahuán y luego por Abbott, están apilados en cajas llenas de polvo. “Los funcionarios policiales, y especialmente carabineros, que son los que más desarrollan primeras diligencias, son refractarios a dar cumplimiento a proyectos que hemos trabajado en conjunto”, comentan desde el Ministerio Público.

El Ministerio Público reconoce que hay un tema de fondo que trasciende a este hecho puntual, sin embargo, insisten en que la pugna no es entre instituciones. “Acá el Ministerio Público persigue personas con nombre y apellido que habrían cometido delitos en Temuco”.

Esta historia comenzó con un operativo simultáneo en cuatro ciudades de La Araucanía que, se suponía, sería un éxito.

 

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—¡Alto, alto!, Carabineros

—¡Libertad a los presos mapuches!

—¡Al suelo!

Los detuvieron en sus casas y en las calles. En operativos en Temuco, Los Ángeles, Talcahuano y Ercilla. Fue un sábado 23 de septiembre, y todos pensaron que era un gran logro: Carabineros, la Fiscalía y el Ministerio de Interior. Habían dado por fin un golpe de fuerza en La Araucanía y capturado a ocho comuneros mapuches, que eran sospechosos de atentados incendiarios en la zona. Entre ellos el propio Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco.

—Tiene una orden de detención en su contra —dijo ese día uno de los policías que entraron a la casa de la suegra de Llaitul.

—¿Me puede mostrar la orden? —pidió Llaitul, sin levantarse del sofá, y rodeado por efectivos del GOPE.

—Es una orden verbal. Vamos…

Los operativos fueron grabados y filtrados a los canales de televisión. La imagen de los comuneros trasladados en helicóptero fueron repetidas una y otra vez, mientras Carabineros y la Fiscalía se enviaban felicitaciones mutuas. Era en un caso de alta connotación política y esta vez todo parecía haber funcionado como reloj. Incluso al día siguiente, tras la audiencia de formalización que dejó en prisión preventiva a los ocho comuneros arrestados, el fiscal Cristián Paredes le dio el mérito públicamente a la labor de los policías involucrados en el caso: “Hay un cúmulo de antecedentes que reunió Carabineros. Esos antecedentes, que daban cuenta de la comisión de ilícitos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía y, ponderados estos antecedentes, se pidió las órdenes de detención”, dijo ese día.

Tras la audiencia de formalización de septiembre, el fiscal Cristián Paredes le dio el mérito públicamente a la labor de los policías involucrados en Huracán.

Se suponía que la gran diferencia, esta vez, estaba justamente en lo incriminatorio de las pruebas: Carabineros decía haber interceptado conversaciones telefónicas e intercambiado mensajes por WhatsApp y Telegram que supuestamente probaban que los sospechosos habían participado en al menos dos atentados en la zona, y planeaban un par más. El objetivo total era quemar cien camiones. De acuerdo a la información pública, estas fueron las únicas pruebas que se presentaron.

Incluso la Subsecretaría de Interior publicó en Twitter, tras la formalización: Operación Huracán. Estamos conformes con la decisión del tribunal que ponderó los antecedentes aportados por la Fiscalía. Hasta ese momento la operación parecía un éxito en términos de coordinación y aplicación de la ley de inteligencia. Pero las felicitaciones se acabaron de forma abrupta cuando la Fiscalía decidió, once semanas después, volver a revisar las pruebas.

Una alta fuente del Ministerio Público relata el modus operandi para este tipo de casos: cuando la Fiscalía recibe pruebas de la Dirección de Inteligencia de Carabineros, debe ponderar los antecedentes y disponer diligencias para contrastar esa información con otras fuentes. Una de las preguntas claves que rodean al caso hoy es justamente esa: en qué momento y de qué forma la Fiscalía hizo esas diligencias en la investigación de la Operación Huracán.

En el Ministerio Público tienen una postura dura al respecto: dicen que ese chequeo de la evidencia derechamente no existió. La interceptación de los teléfonos, explican, fue autorizada por un juez y luego se asumió que en esa instancia se habían hecho los chequeos correspondientes. “El paquete viene armado y autorizado por un ministro de la Corte y ahí no tengo por qué poner en duda la legitimidad de esa autorización”, dicen desde el Ministerio Público. Lo que sucedió después fue que “en la obligación de una investigación objetiva, la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público revisó los antecedentes y le llamaron la atención las pruebas”. Esa investigación, en la cual el destino del caso se empezó a torcer, se realizó casi tres meses después de la detención.

El informe que entregó la Unidad Especializada daba cuenta de incongruencias tanto en los formatos de los mensajes como en las supuestas horas en que habían sido enviados. A raíz de eso, la Fiscalía encargó otros dos peritajes, que le permitieron determinar, a fines del año pasado, que en sus manos tenían una bomba de tiempo. “Se llegó a la conclusión de que había manipulación, y por primera vez se decidió perseguir a Carabineros por manipulación de pruebas falsas, algo que es gravísimo”, aseguran en el Ministerio Público. Con esa información la Fiscalía decidió cerrar la causa y, en cambio, abrir una investigación por falsificación de instrumento público y obstrucción.

Durante toda la investigación de la Operación Huracán, el gobierno optó por mantener un rol más bien de observador. Aunque era parte querellante, no pidió mayores diligencias y tampoco un levantamiento del secreto de la carpeta. Recién esta semana decidió tomar un rol más activo. Amenazó con hacer una presentación al fiscal nacional, Jorge Abbott, por las “situaciones acaecidas” en la causa, la que —al cierre de esta edición— no se había recibido en las dependencias de la Fiscalía. Además, interpuso una querella, igual que la Fiscalía, en contra de quienes resulten responsables por obstrucción y falsificación en la Operación Huracán.

El rol del gobierno ha sido fuertemente cuestionado. El oficialismo se ha dividido entre quienes consideran —como declaró José Miguel Insulza— que el gobierno “pecó de ingenuo” y quienes afirman que lo que faltó, como pasa desde hace años, fue un mayor control de las fuerzas policiales dependientes de Interior. De hecho, desde el Partido Comunista se habló expresamente de un montaje.

En cualquier caso, la principal figura en entredicho es la del general Villalobos, sobre todo luego de que tres días después de que se destapara el cuestionamiento de las pruebas, decidiera tomar un avión a Miami para iniciar sus vacaciones. Aunque le pidieron que volviera de inmediato, en el gobierno quedó instalada la idea de que Carabineros no le estaba tomando el peso a los hechos. El viaje de Villalobos fue leído como una muestra de su poder.

La cercanía y confianza que tendrían la presidenta y el general, por otra parte, dejó al gobierno en una situación incómoda. Según una ex autoridad del primer gobierno de Bachelet, ese es un factor clave: “Interior queda paralizado ante la estrecha relación de la Presidenta con Villalobos, y sin autonomía”. Otra fuente, de la actual administración, asegura que Bachelet simplemente confía en Villalobos, y que Interior creyó en la seriedad de la investigación y del procedimiento policial.

El firme apoyo que La Moneda le ha dado a Carabineros ha comprometido cada vez más al gobierno, mientras en la mesa se acumulan las sospechas sobre la intención y la seriedad de los métodos en la persecución a los ocho comuneros. Una de las figuras que han estado en el centro de la polémica es la de Álex Smith, un supuesto hacker contratado por la policía para acceder a los teléfonos de los comuneros a través de un software llamado “Antorcha”. Las incongruencias en el formato de los mensajes supuestamente interceptados han puesto todos los ojos sobre él.

De comprobarse que existió una manipulación directa de las pruebas, las siguientes dos preguntas abren un escenario oscuro: quién dio la orden y por qué. Las tesis que se repiten apuntan a la necesidad tanto de la Fiscalía como de Carabineros de anotarse un logro.

Por ahora, lo que está claro es que al margen de las responsabilidades del caso, el deslegitimado sistema persecutorio requiere una revisión profunda. Esa será la primera tormenta que recibirá a Sebastián Piñera en La Moneda este 11 de marzo.

 

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En el círculo cercano a Piñera dicen que el futuro presidente ha seguido el caso con preocupación, y consideran que el gobierno no ha llevado el tema de buena manera. Sobre todo, porque en vez de definiciones políticas claras, se ha percibido a nivel público una actitud errática y sin liderazgo desde Interior. A menos de un mes de asumir la presidencia, esta semana Piñera habló del caso y dijo que la confrontación entre la Fiscalía y Carabineros es muy grave, y que debilita la capacidad del Estado para combatir la delincuencia. Un tema que fue parte de sus banderas de campaña.

En tanto, declaró una serie de intenciones para reformular el sistema desde su raíz, pero encontrar mecanismos para llevarlas a la práctica y originar una nueva coordinación entre los actores confrontados por la Operación Huracán, será una tarea compleja. “Vamos a generar una profunda modernización de Carabineros y de la PDI. También vamos a reformular completamente el sistema nacional de Inteligencia”, dijo el futuro presidente.

Según sus cercanos, durante su gobierno se podrían sacar algunas funciones menores a Carabineros —como las constancias de accidentes o el chequeo de medidas cautelares—. También se podría impulsar la especialización para que los carabineros sean formados desde la Academia en investigación, prevención del delito u orden público, de acuerdo con lo que elijan. Incluso algunos han planteado evaluar una transformación más abrupta: que la investigación quede sólo en manos de la PDI.

Aun son sólo eso: ideas. Pero el presente por ahora es una incógnita, sobre todo luego de que la fallida Operación Huracán se transformara en una caja de Pandora. El gobierno intenta poner orden con la querella presentada el miércoles, mientras la Fiscalía y Carabineros siguen librando una batalla impredecible, pero no sorprendente. Quién ganará o cuál de los dos perderá más son preguntas que por el momento nadie se atreve a responder.