Cada vez que Gala Barrezueta (26) se asoma a la ventana se indigna. Frente a su oficina, una infinita fila de inmigrantes aguarda que se abran las puertas del Departamento de Extranjería, en la calle San Antonio. Los abusos que genera esa espera son vergonzosos: están los chilenos que venden formularios de solicitud de visa a 5 mil pesos, los que ofrecen contratos falsos de trabajo por 40, y también los que, aprovechándose de la desesperación ajena por regularizar su condición en Chile, les cobran el puesto en la fila.

—Abuso y desinformación —suele murmurar Gala con rabia antes de volver a sus quehaceres como abogada recién titulada. Pero un día el abuso cruzó su puerta y ya no pudo seguir mirándolo desde lejos. En un café de Providencia, la joven recuerda ahora lo ocurrido en octubre de 2017:

—Llegaron a la oficina tres haitianos jóvenes con sus finiquitos firmados. Derivados de la Inspección del Trabajo, sólo uno de ellos entendía un poco más de español —cuenta.

Gala les preguntó cómo los podía ayudar. Los haitianos le explicaron que la constructora donde trabajaban los despidió y que les hizo firmar esos documentos que apenas comprendían. Gala tomó sus finiquitos. Se dio cuenta de que los tres habían tenido contrato indefinido y que su relación con la empresa venía de hace unos años. Pero que esta sólo les había pagado el último mes de servicio.

La organización responde consultas online e interviene espacios públicos, como fue la última feria migrante de La Cisterna, donde los voluntarios atendieron a una multitud ávida de respuestas.

—Luego miré la causal de despido y en los documentos timbrados decía “mutuo acuerdo”.

Gala empinó los hombros y suspiró profundo:

—Habiendo firmado esto ante notario, no hay nada que pueda hacer por ustedes. Se los fregaron —les explicó con pesar.

Los haitianos pudieron reclamar el mes de aviso o una indemnización por los años trabajados, pero ya era tarde para reaccionar.

Gala se quedó pensando en ello. Ese mismo día, en la noche, ocupó las redes sociales para transmitir un mensaje pensando en compensar injusticias como esas:

—¿A alguien le interesaría formar parte de un voluntariado que entregue asesoría legal a los inmigrantes? —escribió en su Facebook.

El primero en subirse al buque fue su amigo de infancia Gastón Iturriaga (25). Aunque no se veían hacía años, coincidían en algo clave: ambos estaban próximos a titularse de Derecho —él había estudiado en la Universidad Diego Portales y ella en la Andrés Bello—.

—Otros abogados siguieron respondiendo. Y una vez que teníamos una decena de personas que querían sumarse, nos juntamos —dice Gala sobre el día en que le dieron forma a la iniciativa.

En una casa en Los Jesuitas nació entonces Proyecto Migramigos: un colectivo que en apenas seis meses ha reunido 40 abogados de universidades privadas y públicas dispuestos a asesorar legal y gratuitamente a extranjeros, y cuyas edades oscilan entre los 25 y 35 años.

–Siento que las problemáticas que viven los migrantes son tantas que todos deberíamos ayudar desde lo que sabemos —dice Gala a la cabeza de un grupo que lo que busca es generar una comunidad migrante autovalente.

Loobens Theodile (29), haitiano que también llegó como voluntario a Migramigos y que traduce del creole al español a algunos consultantes, sabe lo vital que es el servicio que los jóvenes abogados entregan.

Dice Loobens:

-La mayoría de los inmigrantes llegamos muy perdidos. No conocemos el país, no tenemos vínculos ni conocemos la legislación, por lo que no sabemos qué hacer para regularizar nuestra situación ni tampoco dónde recurrir. Son preguntas simples, pero si a eso le sumamos que algunos no manejan el idioma y tienen pocos recursos, todo se complica. Los abusos existen porque hay ignorancia y es por eso que una orientación gratuita es un regalo.

 

 

 

Necesito ayuda

—Hola, soy venezolana, estoy con visa temporaria y necesito ayuda: arriendo un departamento en el centro de Santiago y me quieren sacar. ¿Qué puedo hacer?

La consulta fue hecha a través del Facebook de Migramigos, luego de que la joven fuese notificada de una denuncia que puso el arrendador en policía local.

—Muchas veces se hace difícil defender sus derechos porque los arriendos son informales. En el caso de la venezolana hay recibos al menos, y eso nos hace ganar tiempo. Pero hay otros que por temor a que llamen a Carabineros y los descubran en situación irregular, aguantan horrores. De un momento a otro les suben el pago, los echan, o les dicen que de ahora en adelante van a compartir el departamento con más personas sometiéndolos a hacinamiento.

Un universo de problemas con múltiples aristas. Eso fue lo que encontraron Gastón y Gala cuando crearon el proyecto Migramigos. Pero para dar respuesta a la decena de consultas a la semana que reciben a través de sus redes sociales, no bastó el entusiasmo. Tuvieron que organizarse bien.

—Partimos con las puras ganas. Pero luego nos contactamos con organizaciones que ya trabajaban con migrantes para aprender de su experiencia y fuimos generando redes —cuenta Gastón sobre las reuniones que tuvieron con el Instituto Católico Chileno de Migración, el Servicio Jesuita a Migrantes e Infomigra (app), entre otros.

Todos los recibieron de brazos abiertos. Así como el Departamento de Extranjería, no encontraron ninguna que no estuviera sobrepasada.

—Nos querían derivar casos altiro. Pero nosotros necesitábamos instalarnos primero —cuenta Gala.

No hubo mucho tiempo para ello. Dos meses después, en diciembre de 2017, Migramigos ya estaba en una feria, que organizó la Municipalidad de Recoleta, entregando información y atendiendo consultas que van desde cómo renovar la visa hasta cómo poder trabajar o recibir atención en el sistema público de salud. Los voluntarios siguieron paralelamente capacitándose. En calidad de oyentes asistieron a la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados que dirige la profesora Francisca Vargas en la UDP, donde realizaron talleres intensivos en torno a los procedimientos de asilo de refugiados en Chile y la legislación migratoria.

La profesora, que hoy ellos consideran su mentora, dice:

—Ellos llegaron con muchas ganas, pero también con mucha humildad, y para nosotros fue un orgullo saber sobre el proyecto porque si bien la asesoría jurídica gratuita es una responsabilidad que recae en el Estado y es un servicio que existe, sabemos que es insuficiente y no sólo para los migrantes, lo que hace que agrupaciones como estas, desde la sociedad civil, sean tan bienvenidas. Ellos deben ser el colectivo más joven, pero además cuentan con las herramientas. Se han especializado. Saben de lo que hablan.

 

Migramigos reúne a 40 abogados jóvenes que orientan a inmigrantes de manera gratuita desde octubre a la fecha. Todos tienen entre 25 y 35 años.

 

“No nos dejan casarnos”

Ese fue el reclamo online que recibió Migramigos hace algunas semanas de parte de una pareja de inmigrantes. Con visa de turista en mano fueron a pedir hora al Registro Civil para casarse. Pero allá les contestaron que mientras su situación en el país no estuviese clara, no tenían derecho a una cita.

Los abogados de Migramigos les ofrecieron patrocinar un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones que están a punto de presentar.

—Si la sentencia es favorable, entonces vuelvan con ella y sus carnets a realizar el trámite, y no deberían tener problemas —les dijeron.

Preguntas específicas como esas los llevaron a formar siete células dentro de Migramigos. Subagrupados en temáticas como Derecho Civil, Penal, Familia, Visa, Laboral, Constitucional y Violencia de Género, procuran dar una atención más personalizada a los migrantes.

“Hay una visión utilitarista: mientras el inmigrante ayude a aumentar el PIB, tenga posgrados o estudios calificados es bienvenido, pero si no, no. El enfoque (de las modificaciones anunciadas por Piñera) sigue siendo de control y no de derechos humanos”, dice Gastón.

Los voluntarios tienen reuniones cada vez que se presenta una emergencia, y así fue el lunes recién pasado, cuando Piñera propuso cambios a la regulación migratoria.

Por un lado, el mandatario presentó indicaciones al proyecto de ley que ya había ingresado este gobierno en 2013 y que ahora se encuentra en el Congreso. Por otro, ordenó por vía administrativa eliminar la visa temporaria por motivos laborales, la que contiene el 75% de las solicitudes ingresadas al Departamento de Extranjería en 2017. También anunció que a partir del 23 de abril se abre un plazo de 30 días para que las personas que entraron a Chile por pasos fronterizos no habilitados regularicen su situación migratoria de manera extraordinaria mediante la presentación del documento de indentificación vigente y el certificado de antecentes penales.

—Considerando que el sistema ya no da abasto y que conseguir los documentos en los consulados extranjeros puede tardar más de un año, los plazos tan acotados son irrisorios e indican que todo va a colapsar más aún —dice Gastón.

Otro de los asuntos polémicos que echó a andar Piñera fue la visa consular de turismo simple que se les va a exigir a los haitianos. Desde el 16 de abril, estos extranjeros sólo podrán ingresar a Chile en calidad de turistas y habiendo solicitado este documento previamente en el consulado chileno de su país. Algo que ya se les pidió a los dominicanos en 2013 y que tuvo como consecuencia que aumentaran los ingresos irregulares en un 4.550%, y que se dispararan las cifras del tráfico de migrantes.

Para Gastón, si la situación de los migrantes ya es precaria por los altos estándares que se les exige cumplir al millón que contabilizó el Ministerio del Interior hasta julio de 2017, con el nuevo proyecto de ley y estas modificaciones administrativas empeorará.

—Estamos de acuerdo en que la ley vigente cambie porque esta se creó en dictadura y piensa al migrante como turista y no como alguien que llega a Chile buscando una mejor calidad de vida. Pero lo que se propone ahora establece nuevas prohibiciones que al igual que el muro de Estados Unidos no van a evitar la movilidad humana. Chile sigue siendo racista y aporofóbico (rechazo a los pobres). Las visas dependen de la nacionalidad y eso es discriminatorio. De hecho, en las indicaciones presentadas se establece una discriminación arbitraria en el ejercicio del derecho a la seguridad social. Los migrantes que están cotizando en el sistema no podrán acceder a las prestaciones y beneficios antes de haber cumplido dos años de residencia regular —dice Gastón.

Y agrega:

—En el fondo hay una visión utilitarista: mientras el inmigrante ayude a aumentar el PIB, tenga posgrados o estudios calificados es bienvenido, pero si no, no. El enfoque sigue siendo de control y no de derechos humanos.

Conscientes de que las modificaciones les van a generar más consultas, están haciendo horas extras después de sus trabajos oficiales: Gala es abogada en el estudio Betancourt & Vergara y Gastón acaba de terminar su práctica en la Corporación de Asistencia Judicial de Providencia.

—Entregar las asesorías sabiendo que estamos en desventaja nos hace estudiar y comprometernos aún más  —cuenta Gala.

 

Piénselo y llámenos

—Disculpa que me meta, ¿necesitan ayuda legal?

El que habla es Gastón. Interviene después de escuchar que en la mesa vecina del café donde está dando esta entrevista hay un grupo de inmigrantes que acaban de firmar un finiquito con el que se sienten estafados.

Gastón toma una servilleta y les anota las coordenadas de Migramigos. Así, y también generando nuevos proyectos se la llevan él y los demás miembros de la organización hace seis meses.

—Ideas para desarrollar hay varias —dice, y repasando algunos de los planes de Migramigos cuenta que están empezando a trabajar en la comuna de Estación Central a través de la Fundación Emplea. Dependiente del Hogar de Cristo, el objetivo de Emplea es la ubicación laboral de inmigrantes, en su mayoría haitanos. Para eso los capacita y les enseña español. A esas clases Migramigos llega dos veces al mes para entregarles asesoría jurídica y de paso ponerlos en conocimiento de sus derechos laborales.

Pero a veces los voluntarios sienten que no pueden agotar sus esfuerzos en lo estrictamente legal. Hace poco hicieron una exitosa colecta de ropa de invierno y también tomaron contacto con la fundación Derribando Fronteras. Creada por profesores, la idea es entrar con ellos a tres escuelas de la comuna de Independencia y generar protocolos de acción que se activen en casos de discriminación.

Por otro lado, se les está haciendo indispensable la creación de un departamento de Sicología.

—Han aparecido asuntos muy delicados y necesitamos formar un equipo que entregue contención emocional —dice Gala.

La alarma la encendieron dos jóvenes colombianas que hace dos semanas les pidieron auxilio. Ambas solteras y tramitando aún sus visas temporarias, confesaron haber sufrido abuso sexual en las casas donde las alojaron en Santiago. Al menos una está dispuesta a hacer la denuncia. La otra, temiendo que la policía la tome detenida por su condición de indocumentada, aún no se anima.

—Quedamos muy impactados porque una de ellas llegó con su hijo pequeño e indicó como su agresor a un chileno que le tocaba el trasero y se le metió varias veces a la cama —cuenta Gastón.

La idea de Migramigos es poder acompañarlas. En el caso de la mujer que llevará adelante la denuncia, quieren estar presentes cuando le tomen declaración.

—Son procesos judiciales superduros y ellas necesitan que les dediquemos tiempo y atención —expresa Gala.

Sábado 7 de abril. Gastón y otros voluntarios encabezan un stand de Migramigos en una feria migrante de La Cisterna, cuando una mujer de origen venezolano se pone a llorar. Cuenta que llegó a Chile con su marido y su hijo, pero que desde que el matrimonio se rompió, él dejó de aportar económicamente a la crianza.

—No quiero que me quiten al niño por falta de recursos —solloza. Gastón intenta tranquilizarla y le explica que puede demandarlo por alimentos, mientras la fila a su alrededor sigue creciendo.

—Piénselo y nos llama — le dice mientras ella se pierde en una multitud repleta de colores y acentos que busca respuestas.

—Hay veces en que eres la única posibilidad de alguien— agregará días más tarde Gala mientras elabora un comunicado con sus compañeros.

Migramigos sabe que la pista está difícil. Para el equipo, “la reforma debe ir orientada a establecer una política pública que se haga cargo de nuestra nueva realidad migratoria y multicultural, reconociendo las transformaciones económicas, sociales y culturales que estos procesos conllevan”. No es algo que vislumbren todavía, pero no piensan bajar los brazos.