El mediodía del martes 27 de marzo, Ignacio Sánchez estaba en Puente Alto y al lado de la primera dama, Cecilia Morel, cuando se enteró del fallo del Tribunal Constitucional que declaró ilegal la prohibición de tener sostenedores con fines de lucro en las universidades. Estaba participando en el lanzamiento de Red Activa, un proyecto para mejorar el transporte de los adultos mayores en la comuna. Sánchez se mantuvo en silencio durante el acto, pero ya de regreso a su oficina se conectó para leer las reacciones al fallo. También coordinó a los rectores de las instituciones privadas tradicionales para que acordaran, en una reunión pactada para el día siguiente, la posición que tendrían al respecto.
Sentado en su ordenadísima oficina en el segundo piso de la Casa Central, rodeado de su colección de miniaturas de citronetas, hoy dice que el fallo puede generar confusión entre los actores del sistema educacional, y que la discusión sobre el lucro dista de estar cerrada.
—El derecho de lucrar está claramente impedido por ley, entendiendo el lucro como extracción de recursos. Si hay controladores con fines de lucro en los consejos directivos, ellos no debieran poder sacar recursos. El fallo pone esta complejidad: permite que existan controladores, pero reitera que el lucro no está en educación.
—La decisión del TC vuelve a instalar el debate sobre si las universidades deben lucrar. ¿Daña esto al sistema educacional?
—Las personas saben distinguir las universidades de tradición y no creo que este debate dañe a todo el sistema por igual. Sí confunde a muchos que no entienden claramente que el lucro está prohibido.
—Que no haya lucro quedará bajo la responsabilidad de la futura superintendencia. Considerando las dificultades que tiene el país para fiscalizar, ¿el lucro puede quedar en una zona gris?
—Creo que la superintendencia va a tener las herramientas para esa fiscalización. Ahora, después de la promulgación hay un reglamento, un trabajo arduo y complejo…
—¿O sea que no es un tema zanjado?
—No puede estar zanjado para nadie.
—El ministro de Educación, luego de su reunión con el Consejo de Rectores, dijo que el tema del lucro estaba zanjado.
—Creo que lo que dice el ministro es que está zanjado en la ley, pero no puede estar zanjado hasta que no se implementen los reglamentos.
—A causa de las políticas de gratuidad, la Universidad Católica acumula un déficit de cinco mil millones de pesos. ¿Cómo evalúa las señales que ha dado el gobierno respecto a la reforma?
—El déficit se va acumulando y cada año es de 1.600 a 1.800 millones de pesos. Si no cambiamos el modelo, se va a ir acumulando más. El ministro ha expresado su preocupación por el financiamiento a largo plazo.
—Usted es cercano al ministro Gerardo Varela, él los ayudó con la venta de Canal 13 a fines del año pasado.
—Lo conozco hace seis años porque ha asesorado en varias situaciones a la universidad en temas del canal, de la red de salud y en el proyecto Educa UC. Tengo una buena impresión de él. Está acostumbrado a resolver problemas.
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—La semana pasada el gobierno anunció que las clínicas podrán acogerse a la objeción de conciencia institucional, en caso de que no quieran realizar abortos. La presidenta del Colegio Médico dijo que el cambio suscribió a los intereses de la UC, y Camila Vallejo que era “el resultado de un lobby de la universidad”.
—Lo del lobby es completamente falso. Lo único que hicimos con el actual gobierno fue presentar la misma argumentación en una carta al ministro de Salud. Hubo otras instituciones, como la Clínica Indisa, la Clínica Alemana de Osorno y la Universidad de los Andes, que también presentaron argumentos en el mismo sentido, y el ministerio modificó el protocolo considerando estos argumentos. Mal se podría decir que esto está a la medida y que es un lobby.
—Pero hay una similitud clara entre lo que ustedes expusieron y los cambios del protocolo.
—La misma que con la Clínica de Osorno e Indisa. No veo por qué se le adjudican a la UC los términos de “a la medida” o “lobby”.
"Si uno pudiera echar el tiempo atrás, la Iglesia debiera haber sido más drástica en aislar estos casos (de abusos). Creerles más a las víctimas."
—Otro cambio que anunció el gobierno fue que las clínicas que tienen convenios con el Estado, a partir de ahora también podrán recurrir a la objeción de conciencia. ¿Ustedes habían pensado en terminar sus contratos públicos para acceder a la objeción de conciencia?
—Por supuesto que no, por eso presentamos un recurso de protección. No se puede poner como una especie de moneda de cambio la presencia de convenios que son altamente valorados por la población.
—Estas modificaciones podrían generar que otras instituciones se sumen a la objeción de conciencia, lo que reduciría las opciones para alguien que necesite realizarse un aborto.
—Siempre está la posibilidad de que eso ocurra, pero no ha ocurrido en estas semanas. Pero el número de casos de estos procedimientos no es tan alto como para no poder absorberlo en Santiago y en regiones.
—¿Siente el cambio del protocolo como un triunfo de la UC?
—No, nosotros no estamos en la lógica de triunfos y derrotas, sino que en la lógica de que la argumentación que hicimos se recogió. Está muy lejos el hecho de manifestar esto como un triunfo.
—En 2015, el Hospital Clínico de la UC no incluyó en la lista de trasplantes de corazón a Daniela Vega, una niña de 13 años que pertenecía al Sename debido a su precariedad social. La menor murió. ¿A la luz de los hechos, hoy la UC habría actuado distinto?
—Lo que hemos visto con el equipo médico es que si se diera otra situación similar, el seguimiento y diálogo con el Sename debiera ser más cercano.
—¿La deberían haber operado?
—En la situación que llegó, claramente no. En ninguna parte del mundo se operaría a un paciente si no tiene una red de apoyo frente al sufrimiento o riesgo de someterse a una cirugía mayor.
—¿Ese apoyo no lo podía dar la universidad?
—Lo que debiera haberse hecho es una comunicación más completa con el sistema y ver cuáles son las posibilidades que tiene una paciente así. Pero pensar que el Hospital Clínico de la UC se puede hacer cargo por años de años de un paciente así es imposible.
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—¿En algún momento ha dudado de su cercanía con la Iglesia católica a raíz de la crisis en que se ha visto envuelta?
—Las crisis de la Iglesia están íntimamente relacionadas con comportamientos de personas. En tema de abusos sexuales, no hay nada que explique ese comportamiento y la Iglesia tiene que ser muy estricta en parar ese tipo de conductas.
—El caso Karadima demostró que hubo una estructura detrás que permitió esto, y no lo detuvo cuando debió hacerlo.
—Lo que en algún momento se pensó como excepcional hoy sabemos que es un número de casos importante. Si uno pudiera echar el tiempo atrás, la Iglesia debiera haber sido más drástica en aislar estos casos. Creerles más a las víctimas.
—Algunos denunciantes de Karadima fueron alumnos de esta universidad. Quizás alguna vez se cruzó con ellos en estos pasillos. ¿Qué sintió cuando salieron a la luz estos testimonios?
—No tenía amistad con ellos, pero los conocía. Tuve una sensación de impotencia, de pena, de rabia muy grande, de cuestionar por qué situaciones así ocurrían y también de empatía con el dolor que ellos manifestaban.
(Canal 13) Era un serio riesgo económico que podría afectar a la institución. Nos estábamos jugando la sustentabilidad a largo plazo de la Universidad Católica
—Las investigaciones apuntan a que el cardenal Francisco Javier Errázuriz fue advertido de los abusos, que se negó a aceptar esa realidad y rechazó las acusaciones.
—No conozco el caso del cardenal Errázuriz. Cada uno de ellos ha reconocido que no tuvo toda la información, o que lo podríamos haber hecho mejor. La solicitud de perdón que hace el papa Francisco en La Moneda es un símbolo de reconciliación.
—¿Se empañó ese signo con la presencia del obispo Barros?
—Hubiera esperado un menor protagonismo del obispo Barros en la visita del Papa; podría haber estado en las actividades estrictamente necesarias. Había una efervescencia, una molestia de la comunidad de Osorno y una resonancia que hacía poco prudente que él tuviera tanto protagonismo. Son errores importantes que pueden confundir a la opinión pública.
—Hace pocos días El Mostrador publicó la declaración de un ex académico de la UC, Mike van Treek, que acusó el retorno de un grupo de sacerdotes cercanos a Karadima a la universidad.
—Es una nota sesgada y no se atiene a la realidad. El profesor Van Treek tuvo una evaluación académica que tuvo ciertas consecuencias.
—Se habla de tres profesores: Rodrigo Polanco, Samuel Fernández y Cristian Hodge. ¿Enseñan en la universidad?
—Ellos han estado trabajando en la universidad hace muchos años, son profesores de la Facultad de Teología. Llevan 15 años trabajando, cada uno con su mérito y evaluación académica.
—¿Es oportuno que sigan ahí?
—Ellos no tienen ningún caso pendiente, no han sido investigados por ninguna acusación hacia ellos.
—¿Nunca estuvo en duda su continuidad?
—No, porque nunca ha habido un juicio mucha gente pudo haber conocido a Fernando Karadima.
—Según Ciper, estas tres personas enviaron cartas al Vaticano para bajar las acusaciones contra Karadima.
—No conozco ninguna acusación o juicio pendiente para ninguno de los profesores que están en la universidad, y mientras no haya culpabilidad, el profesor se va a mantener.
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—En 2010 usted impulsó la venta del 67% de Canal 13 a Andrónico Luksic. El año pasado la universidad vendió lo que le quedaba. ¿Hoy cree que hizo lo correcto?
—Entre 2012 y 2014 hubo una situación editorial, programática y financiera bastante positiva. La universidad tuvo dividendos por los buenos resultados de ese par de años. Sin embargo, a partir de 2014 la industria pasó por momentos muy complejos. En 2017 la deuda tenía gran parte del capital consumido. Puede haber parecido muy poco el pago, pero teníamos el equivalente a 25 millones de dólares de deuda. Los diez millones que recibió la universidad fueron lo que quedó después de saldar esto.
—¿Cómo fue tener de socio a Luksic?
—Es una experiencia interesante, porque es un gran empresario y nosotros no estamos en los negocios. Aquí hicimos una tarea conjunta leal y me gustaría que al canal le fuera bien porque es un aporte. Y también porque lo que le ocurra al canal tiene una repercusión económica para la universidad.
—Se refiere a la cláusula de venta del canal, que dice que si se vendiera antes de 2020 ustedes recibirían un porcentaje.
—Va decreciendo por año. El 10% en el último año y hasta un 30% si fuera este año. Es difícil que sea este año o el siguiente porque el canal tiene que despegar su situación económica.
—La universidad parecía ansiosa por salir del canal.
—En la gran mayoría de los temas no había conflicto, pero había temas puntuales que podían dar una señal equívoca de lo que la universidad quería presentar. Además, era un serio riesgo económico que podría afectar a la institución. Nos estábamos jugando la sustentabilidad a largo plazo de la Universidad Católica.
—Al vender dijeron que iban a buscar nuevas fórmulas de mantenerse en las comunicaciones. ¿Cuáles serán?
—No estamos pensando en tener un nuevo canal o medio específico, sino en generar contenido que pueda estar en distintas plataformas.
—¿Una productora?
—Exacto. En la universidad tenemos la posibilidad de generar contenido en arte, ciencia, humanidades. Parte de los recursos de la venta serán para un fondo anual que pueda ser invertido en comunicaciones. La televisión digital aumentará las señales y van a existir muchas oportunidades de presentar contenido.
—¿La reforma educacional los apretó al punto de tener que vender el canal?
—No, porque hemos mantenido separados los presupuestos. Los déficits que ha producido la gratuidad han significado invertir menos en crecimiento y dependencias para los estudiantes. Estamos entregando ochenta o cien profesores al año a todo el esqueleto universitario nacional. Que la Universidad Católica lo haga bien o mal no sólo le importa a la Católica, le importa al país.
—¿Cree que eso no se ha tenido en perspectiva?
—No se ha tenido fuertemente en perspectiva.
