“Su Señoría, cito textual el informe del psiquiatra”, dice el abogado defensor, “su cerebro no logra controlar impulsos que sobrevenían, los cuales tenían que ver con el juego y las apuestas”. Es el martes 10 de diciembre y el juicio por estafa contra Javier Garriga está en sus últimos días. En las bancas de la derecha de la sala, atrás del imputado, su familia escucha atenta al defensor explicando los hábitos que ellos mismos habían visto antes. Al lado izquierdo, cuatro hombres del lado querellante hacen lo mismo. Uno de ellos se ríe irónicamente y mueve su cabeza de un lado a otro, mientras el defensor continúa. “Javier Garriga no jugaba como cualquier jugador. Era una condición que lo obligaba a apostar”, dice el abogado Ricardo Napadensky.

De acuerdo a las denuncias de la fiscalía, Garriga, un empresario financiero viñamarino, se apoderó de poco más de 1.935 millones de pesos. Como administrador de una casa de cambio tomó dineros de personas que quisieron invertir en divisas, incluyendo fondos pertenecientes a la comunidad israelita, de la cual era parte, y de los dueños del edificio donde él vivía. Pero, además de los montos, hay un elemento distinto en su historia: el hecho de que los defensores argumentaran una enfermedad psiquiátrica como la ludopatía para disminuir su pena.

Desde pequeño, Garriga mostró interés por el juego. En los 80, luego tener éxito con dos tiendas de ropa deportiva en la Avenida Valparaíso, empezó a frecuentar el casino de Viña del Mar. “Terminó por perder sus negocios producto del juego. La empresa quebró y, gracias al apoyo de su familia, logró salir adelante y saldar sus deudas”, explica Napadensky. Después de eso, bajó la intensidad de sus apuestas, aunque nunca dejó de jugar. Mientras tanto, comenzó a administrar una casa de cambio, con buenos resultados. De acuerdo a la defensa, el terremoto de 2010 lo hizo recaer, y peor. Su edificio, el Tenerife, fue uno de los más afectados en Viña del Mar y, sumado a un trastorno bipolar previo, su condición se complicó. “El edificio prácticamente se vino abajo y Javier Garriga perdió su casa”, dice Napadensky. “Comenzó a apostar más fuerte y sumas mayores”.

Entre lo que apostó estaban, de hecho, los fondos que el seguro le pagó a él y a los dueños de su edificio. La comunidad se los pasó para que obtuviera mejores rentabilidades, pero Garriga los apostó en el casino Enjoy de Viña del Mar. Lo peor era en los fines de semana: esperaba que su hija saliera en la noche y ponía medicamentos en el té de su mujer para que se quedara dormida. En esos días, tenía acceso al salón Picadilly, el vip del casino. “Ahí apostaba fuerte”, dice su abogado, “entre 30 y 50 millones por noche en el último tiempo”.

Como enfermedad, la ludopatía ha sido un campo de definiciones controversiales. Recién este año el nuevo Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales -fuente autorizada de diagnóstico psiquiátrico, conocido como DSM-5- cambió la definición del juego patológico. “Hasta hace poco tiempo estaba clasificado como un trastorno relacionado con el control de impulsos”, explica Carlos Ibáñez, jefe de la Unidad de Adicciones de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Ahora, ésta se encuentra bajo el área de desórdenes adictivos. “Es un paso importante, porque de alguna manera se acerca aún más a las adicciones a sustancias”, dice Ibáñez. En ese sentido, la ludopatía presenta tolerancia, abstinencia y provoca que el sujeto descuide sus otras actividades, tal como el abuso de drogas o el alcohol. Sin embargo, advierte el doctor, esto no justifica caer en acciones ilegales. “En ningún caso un diagnóstico es excusa de por sí. Hay que precisar, primero, si esta conducta delictiva partió antes o después del consumo, del juego en este caso”, dice Ibáñez. “Y lo importante es cuánto de esta alteración, más allá de lo biológica que sea, influye en la capacidad de la persona para darse cuenta de que lo que está haciendo es bueno o malo”.

A LA SUERTE DEL TRIBUNAL

Era de madrugada cuando Eileen Garriga recibió la llamada de su hermana. Su padre no estaba en la casa y su madre dormía. Eileen se fue directo al casino. Lo encontró en una mesa del segundo piso, el salón vip, rodeado de un cerro de billetes. “Me tiritaba el cuerpo, me puse a llorar. Lo agarré de un ala y lo saqué”, declaró Eileen en el tribunal. No le contaron a su madre, pero acordaron ir a un psiquiatra. El doctor Walter Lips le diagnosticó juego patológico.

Lips declaró en el juicio, siguiendo una tendencia a nivel mundial, que en Estados Unidos han bautizado como neurolaw o “neuroderecho”. En ese país, los casos que toman datos e informes desde las neurociencias han pasado de 100 a 250 al año, de acuerdo a un estudio de la académica Nita Farahany. “Lo que es novedoso es el uso de defensores criminales que dicen, esencialmente, mi cerebro me dijo que lo hiciera”, explicó Farahany ante la Sociedad para las Neurociencias en San Diego.

En Chile, mientras tanto, la tendencia recién comienza. “En lo penal, a nivel académico hay un reconocimiento de esto, pero a nivel de jurisprudencia no hay avance, porque los jueces se escudan en los informes periciales y no tienen muchos conocimientos de neurociencias”, dice Gustavo Balmaceda Hoyos, profesor de Derecho Penal de la Universidad de los Andes. A esto se suma que, como argumentos, son extremadamente complejos. “Lo complicado es que una misma patología, en un delito similar, puede implicar que una persona responda judicialmente y otra no, porque depende de la condición biológica”, explica Balmaceda.

En el caso de Garriga, los querellantes plantearon que el argumento del juego patológico era sólo una estrategia. “Lo que se dice del ludópata es que tiene un contenido irrefrenable. Sin embargo, en este caso Garriga deja indemne el patrimonio de los cercanos”, dice el fiscal Lionel González.

En el juicio, el único testigo médico fue el doctor Lips. Se le pidió un informe al Servicio Médico Legal, pero éste demoró más de seis meses en llegar y terminó no siendo considerado ni por la defensa ni por los querellantes. “Eran apenas cuatro páginas, con conclusiones de dos líneas, donde una parte dice que es ludópata y otra que no lo es”, comenta Napadensky.

“En Chile hay dos centros psiquiátricos importantes. Tienen profesionales calificados, pero a mi entender no son suficientes”, dice Gustavo Balmaceda. La opción entonces es realizar pericias privadas, rápidas y de calidad, pero con costos que pueden llegar a los diez millones de pesos o más. La defensa de Garriga trató de solicitar un peritaje en el Departamento de Salud Mental de la U. de Chile, pero el costo empezaba en los dos millones y medio, que la familia no pudo costear. “Al final, estos juicios son guerras de peritajes y el sistema público no da abasto”, explica Balmaceda.

EN LA SALA DE JUEGOS

La historia de Garriga se repite. En Punta Arenas, el tesorero de la Confederación Deportiva de Magallanes, Rubén Vargas, está siendo procesado por 174 millones de pesos. Vargas reconoció haber gastado el dinero, pero su abogado, que también ha aludido a la ludopatía, decidió ir más allá y demandó al casino como responsable, en parte, de las acciones de su defendido. La razón: los regalos que Vargas habría recibido por parte del casino Dreams.

En el caso de Garriga, la defensa también ha hecho alusión a estos programas de fidelización. “El casino está actuando dolosamente, a sabiendas de que está provocando un perjuicio importante”, dice Napadensky. “Javier tenía acceso preferente a todas las dependencias vip, donde sólo entran los que mueven grandes cantidades de dinero, ya sea jugadores profesionales o, en este caso, patológicos. ¿Por qué? Porque son los clientes más atractivos para el casino”. De acuerdo a su abogado, Garriga recibía estacionamiento gratuito, alojamiento, cuponeras gratis y premios. “Son políticas que van fomentando, en vez de prevenir problemas”, comenta el defensor.

“Nosotros somos expertos en entretención y no en salud mental”, contesta Sofía Moreno, gerente de Asuntos Corporativos de Enjoy, “para nosotros es muy difícil poder diagnosticar. Podemos visualizar algunas conductas de riesgo, pero no somos especialistas. Eso es algo que tiene que hacer un profesional”. En Enjoy explican que tienen, desde 2008, un programa de prevención de conductas de riesgo, tanto para el abuso de alcohol como el de juego. Además de folletos, incluye una línea de asistencia telefónica gratuita para clientes y sus familias. Además, crearon la figura de los consejeros: son alrededor de noventa barmen, crupieres, personal de seguridad y jefes de mesa entrenados para dar información sobre conductas de riesgo. “Se les capacita sobre la problemática y también sobre cómo establecer conversaciones con los clientes”, dice Moreno. La idea es que ellos puedan motivar a las personas a establecer sus propios límites y buscar ayuda si es necesario.

A esto se suma el formulario de autoexclusión, que la Superintendencia hizo obligatorio en 2011, aunque en Enjoy lo tienen desde 2008. Ahí el cliente reconoce que tiene un problema. “Y te pide que tú le recuerdes eso cuando él accede al casino”, explica Moreno. Por ley, dice, no están capacitados para prohibirles la entrada, aunque sí quedan automáticamente bloqueados en el programa de fidelización. Pero, más allá de eso, dicen, no es posible actuar. “Para poder diagnosticar una ludopatía hay que hacer un análisis en 360 grados, más allá de la conducta que tiene la persona en el casino. Esto no tiene que ver sólo con el monto o con la frecuencia de visita”, dice Sofía Moreno.

En el caso de Javier Garriga, sin embargo, ni su comportamiento en el casino ni el análisis de su psiquiatra pudieron convencer a los jueces de la relevancia de su patología en el delito que cometió. El miércoles pasado, en la audiencia del veredicto, el juez Alejandro Palma lo confirmó como culpable, pero sólo de tres de los siete delitos que intentó probar la fiscalía. El tribunal decidió no considerar la ludopatía y sólo basarse en los argumentos jurídicos. Garriga, mientras tanto, seguirá en la cárcel de Valparaíso, donde lleva casi dos años desde que se entregó voluntariamente, después de escapar por unos días a Santiago y enviar una carta, donde dijo que pensaba en el suicidio. Sus posibilidades están entre quedar libre con pena remitida o, en el peor de los escenarios, ser condenado a trece años de cárcel. El 20 de diciembre a la una de la tarde, cuando se lea el fallo, Garriga sabrá si seguirá jugando brisca y naipe español en la cárcel, como lo ha hecho durante este tiempo, o si volverá a vivir con su familia.