De una u otra forma, la vida profesional de Juan Andrés Mosca, psiquiatra infantojuvenil y director de posgrados en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad San Sebastián, siempre ha estado ligada a los niños del Sename. Desde hace tres años dirige la unidad de corta estadía del Centro Metropolitano Norte de Til Til del Sename, en donde hospitaliza e interviene a los jóvenes en mayor peligro psiquiátrico del centro de reclusión penal, y está asesorando a la Fundación María Ayuda en un proyecto para construir una residencia diseñada para niños con problemas psiquiátricos severos. Pero antes comenzó su carrera atendiendo a jóvenes del Sename en el Hospital Barros Luco, y se hizo cargo en 2008 de la primera unidad hospitalaria para niños y jóvenes del Instituto Psiquiátrico Dr. Horwitz Barak, el principal hospital psiquiátrico del país. Hasta entonces, en Santiago sólo existían diez camas destinadas a problemas mentales en menores de edad, en el Hospital Roberto del Río. En regiones, nada.

Pero ese año, a raíz la promulgación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, se abrieron una decena de unidades de corta estadía psiquiátrica en hospitales pediátricos, y a él le pidieron encargarse del Horwitz, que recibiría a los casos más graves de Chile. Allí, cuenta, vio por primera vez los problemas que eran inmanejables para el Sename: muchachos violentos, con adicciones severas e historias de abusos sexuales y físicos de larga data, con unos cuadros psiquiátricos de un nivel de gravedad que nunca había visto en el sistema hospitalario.

En los seis años que estuvo a cargo de la unidad, en donde formó un equipo multidisciplinario de psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas familiares y técnicos en rehabilitación de adicciones, logró reducir el uso de fármacos y aumentar su pabellón de diez camas a treinta. También fue desarrollando un discurso muy crítico del sistema de redes de salud mental en Chile, en particular de los Centros de Salud Mental (Cosam), la principal apuesta del país en salud mental pública, centros comunitarios que atienden trastornos psiquiátricos sin internación en los sectores menos adinerados de Santiago.

“El Sename no se puede hacer cargo de estos niños en estado psiquiátrico grave,  es como meterlos debajo de la alfombra. Como no hay dónde derivarlos, los dejas ahí y les das pastillas o los amarras a la cama. Eso no puede ser. No puede ser que esos niños no sean derivados”.

—Son casas arrendadas, donde van unos médicos y trabajan en unas oficinas que son dormitorios acomodados, pero no tienen ningún estándar de calidad mínimo. Pienso que no se podrían ni acreditar sanitariamente —dice Mosca—. Y todos los años dicen “vamos a destinar recursos a los Cosam para que ahí atiendan a los niños del Sename”. Pero si vas a pedir una hora, te la dan en dos meses más. No hay interés de rescatar el caso ni hacer seguimiento.

Lo que veía el psiquiatra infantojuvenil era que no existían centros destinados a que los jóvenes del Sename —donde hay alrededor de un 70% de presencia de trastornos psiquiátricos—, fueran internados y recibieran un tratamiento adecuado. Con ese discurso se sumó como coordinador de la Unidad de Salud Mental del gobierno de Sebastián Piñera, y una vez allí, cuenta, se encargó del diseño de un proyecto para crear las primeras dos unidades hospitalarias psiquiátricas de corta y mediana estadía para niños del Sename, una en Santiago y la otra en Concepción, y otras diez unidades residenciales, los primeros hogares especializados. Cada una incluiría una unidad cerrada para los niños y otra ambulatoria para sus familias, y funcionarían como el lugar para derivar a todos los jóvenes del Sename en serio riesgo vital. El proyecto llegó a estar listo en 2013, después de trabajarse en mesas intersectoriales entre los ministerios de Justicia y de Desarrollo Social, el Sename, Senda y Unicef. Y luego de que ese año la comisión investigadora liderada por la jueza Mónica Jeldres revelara el estremecedor estado del servicio —desde medicación sin autorización médica hasta una red de explotación sexual en Arica—, el Ministerio de Hacienda, cuenta Juan Andrés Mosca, aprobó el presupuesto para la construcción de los centros y residencias, pero estos nunca llegaron a hacerse realidad. Y con el cambio de gobierno él fue despedido del ministerio.

Hoy, mientras está a cargo de los casos extremos del centro de reclusión penal del Sename en Til Til, sigue apoyando de manera informal al servicio con los casos graves. Luego de la muerte en abril de Lissette Villa, de 11 años, en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino del Sename, cuenta que tuvo una reunión con la dirección del servicio, donde le pidieron su opinión sobre la treintena de casos más graves que hay en sus centros. Y no vio nada que no esperara. Cree que la situación, que califica de “deprimente y catastrófica”, es mucho más grave de lo que se piensa. Que la cantidad de niños muertos no puede ni saberse, porque no hay un registro fidedigno, pero es mucho mayor a lo que se ha dicho. Y que a nadie parece importarle demasiado.

—Yo te diría que más o menos un 10% de los niños del Sename están en un estado psiquiátrico grave. Si son 150 mil niños en total, unos 1.500 deberían ser hospitalizados ya, y compensados. Y para eso deberías partir por tener al menos un décimo de esas camas: 150.

—¿Qué estado de gravedad tienen?
—Hay cuatro motivos: intento suicida, con trastorno de personalidad. Adicciones a drogas de gravedad infinita, muchachos que en general se arrancan y están en la calle semanas consumiendo y vuelven a comer y se van de nuevo. Psicosis aguda. Y agresividad incoercible. Hay gente muy agresiva, que puede cometer homicidio porque lo miraste mal, o pegarte sólo para desahogarse. Y están en un hogar de menores o en la calle. Y hay muchos que tienen un cuadro muy biológico y requieren un tratamiento psiquiátrico. No es un tema moral.

—¿Existen lugares preparados para ayudarlos?
—No los hay, por eso lo más importante hoy es derivarlos a hospitales, eso he tratado de inculcar. El Sename no se puede hacer cargo de estos niños, es como meterlos debajo de la alfombra. Como no hay dónde derivarlos, los dejas ahí y les das pastillas o los amarras a la cama. Eso no puede ser. No puede ser que esos niños no sean derivados.

—¿Y quedan en los hogares, sedados?
—Claro, y los hogares colaboradores, al verse sobrepasados, a la larga tratan de desvincularse de ellos. Empiezan a presionar al juez y a decirle que no tiene la capacidad para atender a ese niño con esa complejidad, y lo mandan a un Cread, que nunca fueron diseñados para eso: son sólo hogares de tránsito, para que los niños que ingresan sean diagnosticados. Pero como los hogares no son capaces de tener a estos niños, el juez de menores dice: “Sename, hágase cargo”. Y los Cread se han transformado en un lugar para depositar a los niños con dificultades, sin que se haga una adecuada intervención.

—¿No hay hogares que se puedan hacer cargo?
—No, no existen. No hay hogares para niños con riesgo suicida o de desintoxicación de drogas. Eso no está en la cartera de servicios del Sename, está en la del Minsal, que no tiene dispositivos. Si los tuviera, estarían llenos, porque les mandarían a todos estos niños. ¿Por qué Salud no los tiene? Por lo mismo, porque sabe que tenerlos significaría el mismo problema: que se empiecen a llenar. Entonces el ministerio prefiere no hacer nada, y así tiene cerrada la puerta.

—¿De quién es la culpa de esto?
—Los dardos yo los apunto principalmente al Minsal. Históricamente ha carecido de las capacidades técnicas para abordar este tema. Y no tiene interés. Ni tampoco las redes de salud, los hospitales. Yo me he agarrado con los directores de urgencia de los hospitales, porque no quieren recibir a los niños. Te dicen: “Es que son drogadictos, aquí no recibimos drogadictos”.

—¿En qué hospitales has visto eso?
—En todos. Prefiero no personalizarlos, pero no hay ninguno que no. Todos los hospitales públicos, todos los servicios de urgencia y las unidades psiquiátricas infanto-juveniles se niegan a atender a los niños del Sename. Repetidamente. De repente te reciben uno, como si te hicieran un favor.

—¿De qué depende lograr que los hospitalicen?
—De cuánto uno presione. Yo creo que acá ha habido una complicidad de parte de todos los actores. Los jueces tampoco demandan con la exigencia legal, porque ellos pueden mandar hasta presos a los médicos si no los hospitalizan, pero todo se trata de mantener una buena relación entre las instituciones. Y el costo de esa buena relación es de los niños.

—¿Qué pasa entonces con los niños?
—El niño se arranca y se va a la calle, o sigue en el hogar pero amarrado y lleno de fármacos, que no es lo adecuado. No es el lugar adecuado para tener a un niño con patología psiquiátrica. Ahí es cómplice el juez de familia, o el de garantía si es un caso penal, es cómplice el Sename y todas las instituciones que están viendo esto y no activan los procesos legales que son necesarios.

—15 mil niños parece una cifra imposible de abordar.
—Suena mucho, pero es la realidad. Todo esto tiene que venir de la mano con medidas de prevención, pero igual hay que hacerse cargo de los casos más graves. Uno no puede esperar a ser un país desarrollado, sin drogas ni pobreza, para que recién ahí no se te mueran los niños.

 

LOS CENTROS QUE NO FUERON

—¿En 2013 el presupuesto para construir centros especializados fue aprobado?
—Pedimos cerca de cinco mil millones de pesos anuales en total para el Sename. Ese presupuesto fue aprobado por Hacienda y por el Congreso. En junio llegó el dinero, había que distribuirlo a los servicios de salud, y empezamos a hacer las obras de construcción de las dos unidades hospitalarias en Santiago y Concepción. Los centros estaban listos en marzo de 2014. No tengo claro si compraron el equipamiento o no. En enero se empezó a contratar gente y los enviamos a comisión de servicio al Instituto Psiquiátrico para que aprendieran con un equipo con experiencia cómo trabajar con los niños.

—¿Y qué pasó después con ese proyecto?
—En abril me pidieron que me fuera del ministerio y desarmaron todo. Las unidades hospitalarias nunca fueron ocupadas para esto. Los profesionales los destinaron para otras funciones, algunos quedaron trabajando en el instituto, y con el resto no sé qué pasó.

“Todos los hospitales públicos, todos los servicios de urgencia y las unidades psiquiátricas infantojuveniles se niegan a atender a los niños del Sename. Repetidamente. De repente te reciben uno, como si te hicieran un favor”.

—¿Y las dos unidades que construyeron?
—En la de Santiago, que queda en Pudahuel, funciona sólo una parte de forma ambulatoria, pero no para los niños del Sename, sino para programas de salud mental del Servicio de Salud. Y en Concepción, en la del Hospital Grant Benavente, tampoco se hizo una unidad exclusiva para el Sename, sino que se amplió la ya existente para población general, en donde no son prioritarios.

—¿Qué pasó con las diez residencias que iban a hacer?
—La subsecretaria detuvo esos oficios, y mandó un nuevo oficio redistribuyendo la plata para los hospitales. Para pagar deudas hospitalarias.

—¿Los recursos se diluyeron?
—De las unidades residenciales, trabajamos con el Sename un proyecto para habilitar adentro del Cread de Pudahuel una unidad de residencia, que se construyó. Tres iban a ser las primeras: ésa, la de Coquimbo, que no se construyó, y la de Arica, que era en un Cread que ya se iba a formar, y donde íbamos a poner los recursos para que fuera una residencia mejor en salud mental. Ese Cread es del que se fugaron hace poco los 15 niños.

—¿Ese presupuesto ya se acabó?
—Para las diez unidades residenciales eran dos mil millones de pesos, y para las hospitalarias había otros dos mil millones. Estos presupuestos fueron aprobados con continuidad, son platas que se destinan todos los años y se siguen destinando. Todos los años se están destinando a una cosa distinta a la cual fue aprobada por el Congreso. Y eso es malversación de bienes públicos.

—¿En qué dices que se están ejecutando?
—En deuda hospitalaria. Y sería superfácil recuperar esos montos de plata, simplemente es un trámite administrativo. Ni siquiera hay que pedir al Congreso. Es cosa de decir: sabe qué, todas estas platas que son para esto hoy en día tienen que ser usadas para esto. Las platas están.

 

las cuentas trágicas

—La ministra Blanco reconoció 185 niños muertos en los últimos 12 años. Contando el sistema penal, el diputado Saffirio elevó la cifra a 477. ¿Por qué mueren?
—Creo que son muchos más los que mueren en el Sename. No en los hogares, sino los niños que estando con una medida de protección, se arrancan del hogar y mueren en la calle. Y están bajo el cuidado del Sename, porque se los quitaron a los padres.

“Cuando dicen: tengo los datos de niños muertos de los últimos diez años, esos datos no sirven de nada. Eran 185, ahora 477, mañana pueden ser 600 o después mil, porque no había un sistema de registro adecuado. Hasta el 2012 no había ningún control, ni nadie pedía informes semestrales”.

—¿La cifra es mucho más que esos 185?
—Yo creo que es diez veces más.

—¿Y por qué no se cuentan?
—Porque de partida creo que el Sename ni siquiera tiene los registros. No tiene ni idea de cuántos niños se les mueren.

—¿Eso tú lo has visto?
—Lo que yo he visto es que hasta el 2012 no tenía un sistema informático adecuado, que pudiera tener a los niños rutificados en todo Chile. Todo era carpetas de papel. Cuando dicen: tengo los datos de los últimos diez años, esos datos no sirven de nada. Eran 185, ahora 477, mañana pueden ser 600 o después mil, porque no había un sistema de registro adecuado. Hasta el 2012 no había ningún control, ni nadie pedía informes semestrales. Lo único que se hacía era el registro a través de las subvenciones.

—¿No hay un registro confiable de fallecidos?
—En el Sename no había nada, y hoy tampoco lo hay. Cuando un niño se arranca del hogar de menores, ¿qué hace el hogar? Informa al tribunal que el niño se arrancó. Y el hogar no tiene ni la facultad ni la responsabilidad de ir a buscar el niño a la calle. No puede ir un educador a buscarlo y llevarlo a la fuerza al hogar. Eso lo puede hacer un carabinero con la orden de un juez.

—¿Ese niño desaparece del sistema?
—Desaparece. El hogar lo termina egresando después de un tiempo porque el niño no volvió. Y ahí quedó la cuestión en manos de un juez. Y el Sename no tiene una instancia de seguimiento de los casos, de coordinación, de análisis de los procesos. Entonces lo que uno ve, a la larga, es que estos niños tienen montones de causas de protección, que han sido vistas por montones de jueces. Y hay distintas medidas que no son coherentes entre sí: al niño lo mandan a un hogar, después a la casa del papá, después le prohíben la visita del padre. No hay seguimiento de las intervenciones. Y no hay un análisis de si se murieron los niños que están interviniendo.

—¿Y esos 185 niños a qué corresponden?
—Probablemente son los que se enteraron que murieron. El hogar de menores supo que al niño lo atropellaron en la calle, y le informa al Sename: se arrancó, lo atropellaron y se murió en una urgencia. Y le ponen que se murió en un hospital. Pero son niños que se mueren porque están en la calle, porque los atropellaron. Porque los acuchillaron. Porque se murieron de frío, de hambre, de una sobredosis.

—También se ha denunciado el abuso de utilización de lo que llaman SOS, una fuerte mezcla de antipsicótico con lorazepam para controlar las crisis. ¿Eso se hace?
—Sí, y es una mala práctica. Y si se hace de forma inyectada es ilegal. Si a un niño en un hogar de menores le están inyectando eso, está claro que es ilegal. Porque tienes que tener una sala adecuada con personal capacitado para tratar una complicación de un SOS, que puede ser un paro cardiorrespiratorio. O sea, tienes que tener un médico, un reanimador, una enfermera, un paramédico. Y se hace sin tener muchas veces un paramédico siquiera.

—¿Lissette Villa recibía un nivel de fármacos alto?
—A mí me mostraron la ficha cuando ya había muerto, una asesora de gabinete del Sename, para ver si era como para que se muriera. Lo que yo vi en esa hoja es que no era un tratamiento como para que alguien se muera. No eran dosis altas, eran dosis mínimas.

—¿Entonces qué le pasó?
—Yo, en base a ese tratamiento, no me lo explico. Pero esa niña no debió estar en el Cread de Galvarino, debió estar hospitalizada.

—¿Y por qué no lo estaba?
—Estuvo un mes hospitalizada en una unidad de corta estadía, pero no fue suficiente. Esa niña requería dos, cuatro, seis meses hospitalizada. Y requería después una unidad diferencial para niños con problemas psiquiátricos, que no existe. Debió haber sido hospitalizada mucho antes, debió haber salido del hogar mucho antes, debió haber estado en el hospital el tiempo necesario hasta estar bien. No puede ser que sea devuelta a un hogar de menores en malas condiciones. A mí eso me parece criminal. No existen unidades especializadas, pero igual te tienes que hacer cargo con lo que hay. No puedes decir no es problema mío.

—¿A Lissette el hospital la rechazó?
—Sí, finalmente la rechazan. Aceptaron hospitalizarla, pero la dieron de alta sabiendo que lo que le estaban ofreciendo no era lo que necesitaba, y después la debieron haber rehospitalizado inmediatamente. ¿Por qué la siguieron viendo de forma ambulatoria si estaba mal? La niña no se murió de sobredosis de fármacos de ese tratamiento ambulatorio. A lo mejor le pusieron un SOS y se murió de una sobredosis de fármaco SOS, eso no se sabe.

—¿A la larga se sabrá qué le pasó?
—A lo mejor nunca, no lo sé. Si el Servicio Médico Legal dice que no se murió de un SOS, tampoco le creo. Con eso te lo digo.