Por Raúl Peñaranda, director del diario boliviano Página Siete // Ilustración: Pablo Lobato
El presidente Evo Morales enfrenta estos días el tercer evento político grave de los dos últimos años: el descubrimiento de una red de extorsión que fue organizada desde por lo menos dos ministerios del gabinete, con la posible anuencia de altas autoridades, y aparentemente destinada a anular la actividad de líderes opositores. De no haber sido por la presencia en Bolivia del actor norteamericano Sean Penn, que visitó el país para ayudar a uno de los afectados por esa banda mafiosa, su compatriota Jacob Ostreicher, quizás el escándalo nunca se hubiera producido. Hoy existen siete detenidos principales, entre ellos dos fiscales y tres prominentes abogados del oficialismo.
Este tercer incidente que enfrenta el gobierno es tanto o más serio que otros dos que lo sacudieron en los últimos años: primero el denominado “gasolinazo” de diciembre de 2010, que subió los precios de los carburantes hasta en 83%, y luego revertido ante la ola de violencia generada ante la medida. Y, en septiembre de 2011, la brutal represión ejercida contra indígenas de tierras bajas que realizaban una marcha contra la construcción de una carretera diseñada para atravesar su territorio, el Tipnis (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure).
Después de esos dos eventos, la popularidad del gobierno cayó notablemente. Según las encuestas, de un respaldo cercano al 80% logrado en 2010, tras su reelección, cayó a menos de 30% durante el último trimestre del año pasado. Doce meses después ha logrado, según una encuesta de la empresa Ipsos, contratada por el diario Página Siete, ubicarse en 59% de respaldo. Es el líder nacional mejor evaluado y, con o sin escándalos, se dirige, a velocidad de crucero, hacia su tercer mandato.
Roger Cortés, analista político y columnista, cree que Evo es, por el momento, “incombustible”. “La experiencia reiterada es que el presidente Morales es incombustible ante estos problemas; la gente suele atribuir a ‘malos asesores’ cualquier situación de este tipo (como ocurre con Lula frente al juicio del mensalao). Al mismo tiempo es probable que la opinión pública sea mucho menos benévola en el futuro con esos ‘asesores’, que son ministros que ocupan puestos clave”, dice.
La única manera que tiene la oposición para evitar un tercer mandato es presentar una candidatura única, algo que hoy parece remoto. Sus tres principales líderes son el ex alcalde de La Paz, Juan del Granado, que fue uno de los principales aliados de Evo, de centroizquierda; el empresario y ex ministro de Planeamiento (1992-1993) Samuel Doria Medina, de tendencia de centroderecha; y el gobernador de Santa Cruz y representante de la derecha de esa región, Rubén Costas. Los tres se dividirían, dicen las encuestas, el 50% del voto. El restante 50% estaría en manos del presidente. Victoria (casi) cantada.
Para llegar a la re-reelección, sin embargo, Evo debe reformar la Constitución boliviana, que prohíbe un tercer mandato. O, por lo menos, adaptarla. No es tarea imposible para un régimen con una tendencia creciente a la intolerancia y al autoritarismo. Pero tampoco será fácil. El camino que, según se pensaba, iba a elegir, era consultar al Tribunal Constitucional, pero ahora esa opción está en duda considerando los recientes fallos contrarios al gobierno emitidos por ese ente. Los miembros del Tribunal fueron elegidos en unas polémicas elecciones populares en 2011, de un grupo de precandidatos designados por la mayoría oficialista del Congreso. Sin embargo, han demostrado mucho más autonomía de la esperada. Dos resoluciones demuestran su distancia: la primera forzaba al gobierno a consensuar las características de la consulta indígena sobre construir o no el camino a través del Tipnis (que el Ejecutivo incumplió); la segunda declaró inconstitucional la figura del desacato, que ha sido usada para combatir judicialmente las críticas de los opositores (sin embargo, el gobierno anunció que un tipo penal similar reemplazará al del desacato, eludiendo así el veredicto del Tribunal).
La otra podría ser solicitar al Parlamento una “interpretación constitucional” que autorice la re-reelección. El partido de gobierno tiene dos tercios de los votos en ambas cámaras y podría hacerlo, pero ello implicaría invadir groseramente las atribuciones del Tribunal.
La “vía legal” para la modificación sería primero reformar la Constitución con dos tercios de los votos del Parlamento y, después, convocar a un referéndum popular. Pero en círculos del gobierno se teme que, en un voto polarizado Sí/No el presidente podría perder. Es distinta una oposición dividida en tres que unida a la fuerza.
El gobierno ha acentuado su visión autoritaria de la sociedad. De la agresión verbal contra opositores y medios de comunicación independientes, ha pasado a desarrollar centenares de procesos contra ellos. Los 20 principales dirigentes de la oposición (incluyendo a Del Granado, Doria Medina y Costas) están procesados y, muchos de ellos, arraigados. Varios alcaldes y gobernadores opositores han sido removidos de los cargos gracias a una ley promovida por el oficialismo y que permite exonerar a autoridades electas ante la sola acusación de un fiscal. El poder del gobierno se extiende a muchas áreas: los antiguos superintendentes sectoriales, que antes designaba el Congreso, ahora son elegidos directamente por el Gobierno. El contralor del Estado también es designado por el presidente. Y además está su poder sobre el Ministerio Público. El reciente escándalo de la red de extorsión demuestra que el oficialismo tenía bajo su mando a jueces y fiscales que aceptaban sus indicaciones.
El veredicto popular
Gasolinazo de 80%; golpiza a indígenas que defendían su territorio; red de extorsión organizada desde el Ejecutivo. Cualquier otro presidente boliviano del pasado hubiera caído por alguna de esas razones por separado. Hoy, las tres juntas no afectan la credibilidad del gobierno al punto de impedirle su reproducción en el poder. Lo zarandean, sí, pero nada más.
La popularidad del presidente se basa en su sintonía al mundo indígena y rural boliviano, que representa más de la mitad de la población y que por décadas estuvo excluido de la toma de decisiones.
“La principal fuerza del presidente es ‘la identidad’, en el sentido de que su electorado cautivo (alrededor de un 40% del total), percibe que ‘luce’, ‘piensa’ y se comporta como un hombre común, como alguien conocido o muy parecido a ellos mismos”, añade Cortés.
Morales, como presidente indígena que es, representa un símbolo muy potente, cuyo efecto se vivirá todavía por largo tiempo. Su niñez pobre y la forma cómo logró escalar en la vida sindical y política bolivianas son un ejemplo para miles de sus compatriotas.
Por otro lado está la economía. El crecimiento es relativamente alto -5,5% previsto para 2012, con una inflación del 5%-. Los importantes ingresos fiscales por la exportación de gas natural a Brasil y Argentina, que son de 2.383 millones de dólares anuales en promedio, seis veces más que lo obtenido antes de la nacionalización ordenada en 2007, le permiten al gobierno mantener una creciente inversión pública, que dinamiza la economía. Ésta no se diversifica ni se hace más eficiente, y menos aún logra inversiones privadas importantes, pero sí genera una sensación de bonanza.
El superávit fiscal, además, ha alentado al gobierno a distribuir bonos entre la población más vulnerable (niños en edad escolar, madres gestantes y ancianos), lo que ha reducido algo la brecha entre ricos y pobres y empujado, según cifras oficiales, a un millón de personas fuera de la pobreza. Hoy se cree que menos del 50% de la población es pobre, una cifra muy alta para los países de la región, pero alentadora comparada con el pasado reciente boliviano. El desempleo es de cerca del 6% (pero con una economía informal que representa dos tercios del total).
Finalmente, está la maquinaria de la propaganda, que dará sus frutos en el futuro. El gobierno ha multiplicado por cinco el presupuesto en publicidad oficial, ha cooptado medios privados y ha comprado, a través de empresarios afines, dos importantes redes de televisión y un diario (La Razón de La Paz). Además, el propio gobierno informó que en los diez primeros meses del año el canal estatal había transmitido 482 actos oficiales del presidente, unas diez veces más que el promedio de regímenes anteriores. Es el tiempo de cambio.
