Fue un escándalo, incluso para una de las democracias más antiguas del mundo. En 2009, la Cámara de los Comunes de Gran Bretaña se vio remecida por una serie de publicaciones en que, a partir del uso de la Freedom of Information Act -el equivalente británico a la Ley de Transparencia-, los parlamentarios se vieron obligados a revelar en qué usaban las asignaciones monetarias que tenían para su gestión. El resultado no fue para nada halagador: legisladores que pagaban con fondos públicos a sus hijos, a sus empleadas domésticas o que usaban ese monto para reparaciones en sus casas, como nuevas piscinas o sistemas de riego. Hubo renuncias transversales y compromisos de no repostular, el entonces primer ministro Gordon Brown pidió disculpas a nombre de toda la clase política, y el diario The Times calificó las revelaciones como “el día más negro del Parlamento”.

Aunque todo eso pasó hace cinco años, Graham Smith lo recuerda como si fuera hoy. Es uno de los mayores hitos en sus 13 años como comisionado adjunto y director de Libertad de Información para la Information Commissioner’s Office (ICO) del Reino Unido, la entidad independiente que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia. A él le tocó firmar las resoluciones que obligaron a los parlamentarios a desclasificar aquello que no querían revelar. “Fue un golpe que cambió las reglas del juego en el país”, dice sentado en las oficinas del Consejo para la Transparencia, en pleno centro de Santiago. “Porque aunque en buena parte de los casos los parlamentarios cumplían con las reglas que estaban fijadas, el problema estaba en las reglas”.

Smith fue uno de los invitados estelares del seminario con el que el consejo celebró los cinco años de plena entrada en vigencia de la ley en Chile. Representa a una de las instituciones más antiguas en el área, ya que, en el caso de Gran Bretaña, la legislación lleva 30 años. “Chile es uno de los líderes en Latinoamérica en transparencia. Ha hecho muchísimos progresos y el consejo siempre ha estado activo”, comenta desde su experiencia.

Pero más allá de eso, el abogado británico dice que la transparencia está cambiando. Que en un mundo de redes sociales, los estándares ya no son los mismos, y que las definiciones que existían están quedando obsoletas. En ese camino, el campo de juego está cada vez más abierto.

LAS FRONTERAS DE LO PÚBLICO
Hace un par de años, al escritorio de Graham Smith llegó un caso que lo obligó a definir nuevos límites: una petición que incluía no sólo entregar los correos enviados por una autoridad sobre un tema desde la casilla gubernamental, sino también aquellos que hubieran sido enviados desde la dirección de e-mail personal, como Gmail o Yahoo!. El problema era que la práctica se había expandido: como las casillas públicas eran objeto de la legislación, muchos dirigentes comenzaron a usar sus direcciones privadas. Smith dio vuelta el escenario: planteó que, si se compartía información pública en el correo privado, éste era público. Y generó estándares que definieran esta práctica como una infracción.

“Hoy día el eje principal es tecnología y gente que usa las redes sociales. Es una nueva área, y las leyes obviamente no fueron diseñadas para ella”, comenta. “Lo que implica para la transparencia es interesante, porque la gente está usando estos mecanismos y esperan obtener información desde cualquier lugar, sobre cualquier cosa, en un par de clics o de taps. Las expectativas están cambiando”.

El área no es la única sobre la que Smith y la ICO han puesto la mirada. Otro punto de interés es el uso de Twitter y Facebook en los servicios públicos y por parte de las autoridades electas. El límite es difuso: el abogado comenta que se debe avanzar en definiciones. Por ejemplo, sobre qué pasa si las cuentas personales en esos servidores se usan para fines públicos, como recibir pedidos de ciudadanos y comunicar otro tipo de informaciones. “Ese tipo de intercambios también es información pública”, afirma Smith.

Aun cuando no es el área que tiene a cargo, la autoridad británica plantea que también la ICO está pendiente de otros elementos vinculados a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la entidad tiene a cargo también todo lo vinculado con protección de datos personales, y actualmente tiene una campaña en su sitio web donde enseña a borrar toda información sensible en los computadores o teléfonos inteligentes antes de venderlos. Aunque suene extraño, Smith plantea que los principales destinatarios de la campaña son los funcionarios públicos, porque se han encontrado con episodios en que, tras dar de baja computadores, los nuevos dueños han encontrado archivos que contienen datos que deberían haber sido eliminados. “Tenemos un montón de situaciones que llamamos una data breach, donde se exponen datos personales por brechas de seguridad, incluyendo datos sensibles, información de salud, de intereses políticos, sobre su vida sexual”, dice. “Una de nuestras tareas es evitar que eso pase cuando las organizaciones y las personas den de baja sus computadores”.

Pero, además, la irrupción de las nuevas tecnologías está creando oportunidades. Smith cuenta que la ICO tomó como una de sus definiciones impulsar la agenda de open data, una demanda que no existía cuando el organismo se creó, pero que va en la línea de su misión: permitir que se libere información que, a su vez, facilite a los ciudadanos la comprensión y análisis de las decisiones que toman las autoridades políticas a nivel local o central.

LA TRANSPARENCIA AL ALZA
En 2013, la ICO recibió un récord de reclamos: 50 mil apelaciones por denegación de entrega de información de parte de otros servicios públicos. Una tendencia al alza que, explica Smith, se ha mantenido desde el inicio de la ley, pero que se ha visto incentivada por episodios como el caso de las asignaciones parlamentarias. “Cuando la gente vio cómo los legisladores se estaban gastando su dinero, eso fue un tremendo escándalo, porque todos se podían sentir identificados con lo que estaba pasando”, afirma.

Los organismos públicos británicos más proclives a entregar información son los municipios, una diferencia considerable con lo que ocurre en Chile, donde las comunas siempre están en los últimos lugares de los rankings. Para Smith, quien antes de llegar a su actual puesto trabajo dos décadas como abogado municipal, esto es un efecto cultural: “Las autoridades locales siempre han sido más abiertas que el gobierno central. Esto se da en parte porque hay leyes específicas que, por ejemplo, hace 100 años obligan a que sus sesiones sean públicas. Además, son vistas como más cercanas, representativas y que deben rendir cuentas. Y los periódicos locales también son importantes para poner presión a las autoridades e indagar cómo se invierte el dinero”.

Curiosamente, otra diferencia con Chile es que en Gran Bretaña los funcionarios públicos han sido más reacios a que se desclasifique su sueldo, algo que la Ley de Transparencia nacional obliga a hacer con prácticamente todos quienes trabajan en el gobierno o los municipios. “Estamos tomando decisiones que hasta cinco años atrás no tomábamos. Los sueldos antes eran algo sacrosanto, pero hoy la gente está más abierta a que ese tipo de información sea desclasificada”, dice Smith.

Sin embargo, la similitud más valiosa para la autoridad británica es que en ambos países hay entidades independientes que velan por la transparencia, algo que ayuda a evitar suspicacias a la hora de tomar decisiones, sobre todo con una ciudadanía global cada vez más demandante y activa. “Antes había una cultura de que el gobierno controlaba la información que se desclasificaba, o las autoridades locales. Ahora hay un giro de poder”, analiza Smith. “La transparencia es una herramienta vital para la democracia, que le permite a la gente saber qué decisiones se toman en su nombre y con su dinero. Y, para mí, eso es un derecho democrático fundamental”.