Hace cuatro años, al ver que en el diario La Razón y en otros medios bolivianos comenzaba a imponerse una línea oficialista, Raúl Peñaranda, uno de los periodistas políticos con más trayectoria de su país, le propuso al empresario Raúl Garáfulic crear un nuevo diario. Así nació Página Siete que, bajo la dirección de Peñaranda, en poco tiempo se ganó la enemistad del gobierno de Evo Morales. En octubre del 2012, el mandatario altiplánico ordenó un juicio penal contra el periódico, acusándolo de haber distorsionado una declaración suya. Las acusaciones subieron de tono: desde el gobierno se argumentó que el medio favorecía los intereses de Chile, recordando que la madre de Peñaranda es chilena. Y la ofensiva desembocó en que hace casi un año, el 22 de agosto del 2013, el director decidió renunciar.  “He tomado la decisión de renunciar. El lunes tuvimos un error respecto a la excomunión de cuatro ministros, y el gobierno lo ha utilizado como pretexto para atacarnos nuevamente, pese a que nos hemos disculpado”, explicó.

Desde ese momento, Peñaranda comenzó una investigación periodística con el fin de develar la forma en que Palacio Quemado “controlaba” los medios de comunicación. La presentó el pasado 10 de abril bajo el título Control remoto. Mientras tanto, el autor continúa recorriendo ciudades bolivianas presentando su trabajo.

“Es el libro más vendido del año, además, y quizás, en su género, el más vendido de las últimas décadas. Ya está en su séptima edición, por lo que, cuando se agote, se habrán vendido 6.500 ejemplares.  En 40 minutos se agotó la primera edición, que consistía en 500 ejemplares”, cuenta  el periodista desde La Paz.

-¿Por qué cree que su libro provocó tanto interés?
-Porque demuestra que el gobierno boliviano, a través del vicepresidente Álvaro García Linera, controla periodísticamente a cinco medios de comunicación, tres de ellos nacionales -las redes de televisión ATB y PAT y el diario La Razón- y otros dos menores dentro de esta red, que son el canal Abya Yala y el canal Full TV, ambos regionales. Estos cinco medios se mostraban al público como si fueran independientes, pero no lo son. Yo los califico como “paraestatales”, siguiendo la definición del diccionario de la Real Academia Española, que señala que una entidad paraestatal es una “institución que, por delegación del Estado, coopera a los fines de éste sin formar parte de la Administración Pública”.

-¿Cómo sustenta su tesis?
-El libro demuestra cómo el gobierno, a través de periodistas designados en puestos claves de esos medios de comunicación, impone una línea informativa y editorial. Esa línea, obviamente, lo que hace es asegurarse de que todo lo que haga el gobierno sea ampliamente destacado y difundido y, al mismo tiempo, busca minimizar todas las iniciativas de los grupos opositores y críticos contra el régimen. Haber develado que es García Linera el que domina a estos medios y haber demostrado, con los estudios que hice, cómo éstos manipulan la agenda informativa y los millones de dólares de publicidad del gobierno que reciben causó la irritación enorme del gobierno.

-En la víspera del lanzamiento, el gobierno dijo que usted era de nacionalidad chilena.
-Yo soy de nacionalidad boliviana, pero nací en Santiago. Mi padre boliviano fue a estudiar en la universidad en Chile y conoció a mi madre, chilena. Yo nací en Santiago, pero a los 11 meses de vida mi familia se trasladó a La Paz. He vivido casi toda mi vida en Bolivia, excepto cuatro años en los que viví en Chile en mi adolescencia, y soy lo que la Constitución boliviana llama “boliviano de origen”, es decir, un boliviano que nace en el exterior hijo de un ciudadano boliviano. Para intentar desacreditarme a mí y al libro, el gobierno convocó a una conferencia de prensa donde me acusaron de ser un “agente chileno” y la “cabeza de playa” de intereses chilenos en Bolivia. Luego dijo también que era un agente norteamericano y un funcionario del Departamento de Estado de EE.UU.

-¿Y cuál fue la reacción que se produjo cuando apareció eso en los medios?
-Recibí centenares de muestras de solidaridad y al acto de la presentación del libro llegaron 750 personas. Hubo gente que no pudo entrar al salón. Por primera vez en mi vida la gente me para en la calle para felicitarme, para decirme que siga adelante. Quienes conocen mi carrera se dan cuenta de que jamás he sido agente de ningún Estado y que he defendido siempre a mi país, que es Bolivia. Tengo una larga carrera así que la mentira, la bajeza del gobierno, no podía surtir ningún efecto. Por el contrario, produjo un gran interés por leer el libro, el texto se vende a un ritmo de unos mil ejemplares por semana, que no ha decaído, pese a que ya circula una versión pirata.

-¿Cuál es el estado de la libertad de prensa en Bolivia?
-Preocupante. Bolivia ha caído recientemente a los últimos lugares de los rankings de libertad de prensa. El más reciente, de Reporteros Sin Fronteras, coloca a Bolivia en el puesto 109 del mundo, de 179 en total. Sólo están peor en la región Ecuador y Venezuela. El gobierno, como en mi caso y otros, realiza un acoso y una agresión verbal increíble, con las más graves acusaciones, como que soy un agente de dos países, Chile y EE.UU., que por supuesto no demuestra jamás. Pero los medios independientes también son acosados por las oficinas de impuestos y otras similares, se les niega la publicidad del gobierno, se les impide la entrega de información pública.

REELECCIÓN INDEFINIDA

-En otro tema, ¿qué le parece la decisión de Evo Morales de haber llevado el tema del mar al tribunal de La Haya?
-Bolivia ha esperado 130 años para lograr una solución a su demanda marítima. El país intentó con Chile varias estrategias, desde las más amistosas hasta las más firmes, sin lograr avances. La Haya es un tribunal de alto prestigio, que ayuda a los países a resolver sus problemas y creo que el gobierno boliviano ha hecho bien en llevar ese tema allí. Lo que Bolivia pide, además, es poco: solamente forzar a Chile a cumplir las promesas realizadas a Bolivia en varias oportunidades y sentarse a negociar. Bolivia, a diferencia de lo que afirma Chile, no exige la anulación del Tratado de 1904.

-Hay elecciones este año, y el buen momento de la economía boliviana podría ser un factor clave en la reelección de Morales.
-Las políticas macroeconómicas han seguido la misma línea dejada por los gobiernos denominados “neoliberales”, en el sentido de que se han cuidado los equilibrios fiscales y se ha realizado una política destinada a mantener la inflación bajo control. Por otro lado, la economía boliviana está en un momento de bonanza y, como nunca antes, ha florecido la empresa privada, sobre todo relacionada al comercio y bienes raíces: hay más centros comerciales y nuevas urbanizaciones, muchas de ellas de lujo. En Santa Cruz, por ejemplo, se construyen dos barrios privados que tendrán lagunas artificiales. La economía se sostiene en los altos precios del gas y los minerales que vende el país, que luego se reinyectan en la economía, que está logrando afianzar un mercado interno un poco más grande. Pero el gobierno ha estatizado y nacionalizado los grandes sectores: gas y petróleo, electricidad, línea aérea nacional, etc. Lamentablemente, la economía no se ha diversificado, el sector informal sigue equivaliendo al 80% del total, no hay mayor industrialización. El 80% de las exportaciones bolivianas son de materias primas.

-¿Y cree que Morales volverá a ganar?
-Él tiene mucha popularidad y controla el Parlamento, el 80% de los municipios, siete de nueve gobiernos regionales, la Contraloría General... Y los medios. Uno pensaría que un gobierno así, con una oposición pequeña, tendría tendencia al consenso y al diálogo, pero ha ocurrido lo contrario, es una gestión muy agresiva, intolerante, que rechaza cualquier intento de disenso y fiscalización. También controla la justicia, lo que se demuestra en que el tercer mandato de Morales haya sido autorizado, pese a que la Constitución, aprobada por él, expresamente lo prohíbe. Y si gana en octubre y logra una presencia parlamentaria importante es seguro que intentará hacer una reforma constitucional para aprobar la reelección indefinida. Aunque viole la ley.