El presidente boliviano Evo Morales, con casi nueve años en el poder, está a punto de lograr el resultado electoral más favorable de su carrera política. El próximo 12 de octubre, día de las elecciones presidenciales y parlamentarias, espera garantizar su tercer mandato, no tanto por el fuerte apoyo que sigue teniendo, especialmente de las clases populares bolivianas, sino por la división de las fuerzas opositoras.

Las encuestas demuestran que, quitando a los indecisos, Morales podría obtener alrededor del 55% del voto y que el 45% restante será dividido entre cuatro fuerzas, ninguna de ellas claramente superior a las otras. Dos candidatos opositores figuran mejor en las encuestas, pero ninguno con la capacidad de polarizar la carrera electoral y aspirar a obtener una tajada importante del voto contrario a Evo, que llegó al poder en enero de 2006. El empresario y ex ministro Samuel Doria Medina tiene entre 15% y 20% de la intención de voto, y el ex presidente Jorge Quiroga, entre 10% y 15%. Doria Medina y Quiroga, ambos de centroderecha, son considerados por algunos sectores de la ciudadanía como “representantes del pasado”. El ex alcalde de La Paz Juan del Granado, de izquierda, y Fernando Vargas, dirigente indígena de tierras bajas, figuran últimos en las encuestas, con menos del 5%.

En las dos elecciones anteriores, un candidato opositor congregó buena parte del voto anti-Evo y, aun así, el actual oficialismo logró controlar el Legislativo con holgura (incluso con más de dos tercios en el período que acaba en enero). Que ningún candidato opositor logre ahora estar por encima del 30% generará una situación catastrófica para las fuerzas contrarias al presidente Morales.

 

MIRANDO AL 2019
La posición del mandatario es tan sólida, y la dispersión opositora tan evidente, que el partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), está pensando ya no en los comicios de octubre próximo sino en los de 2019: varios legisladores oficialistas han señalado que buscarán que sea aprobada la reelección indefinida, con un modelo similar al que tienen Venezuela y Nicaragua, y que analiza actualmente Ecuador.

Para lograr ésta, siguiendo el camino constitucional, el Legislativo debe aprobar una ley de necesidad de reforma con dos tercios de votos -que el MAS espera tener en el Parlamento tras las elecciones de octubre, en parte por la beneficiosa forma de distribución de escaños- y luego convocar a un referéndum nacional. Seguramente el oficialismo calculará, tras el inicio de la tercera gestión de Morales, prevista para el 22 de enero próximo, si valdrá la pena seguir con esos pasos constitucionales para asegurar la reelección indefinida o si será mejor usar alguna triquiñuela legal, una “vía rápida” que eluda el siempre riesgoso referéndum. Eso es lo que teme la oposición, que el gobierno intentará esa reforma sin cumplir con la Constitución. Pone como ejemplo que el texto constitucional aprobado por el gobierno actual en 2009 prohíbe expresamente un tercer mandato presidencial, pero que de todas maneras el Tribunal Constitucional lo autorizó mediante un polémico fallo.

“No hay duda de que este gobierno tuerce la ley y la Constitución a su antojo; no hay duda tampoco de que espera aprobar la reelección indefinida bajo cualquier circunstancia. Morales quiere eternizarse en el poder y por eso es tan importante la unidad opositora”, dijo Doria Medina, candidato del frente Unidad Demócrata. Quiroga, del Partido Demócrata Cristiano, insistió en que “el Gobierno ya tiene un plan listo” para “reformar la Constitución una vez más y quedarse para siempre en el Palacio”.

 

LOS PILARES DE EVO
Morales basa su popularidad en varios factores. El primero de ellos es que, por ser él mismo un indígena, tiene una gran capacidad de relación con los amplios sectores indígena y rural bolivianos, que combinados representan más de la mitad de la población del país. Otro aspecto importante es que Morales supo identificar bien la desazón y descontento de la sociedad boliviana de principios de los años 2000, que exigía la nacionalización de los hidrocarburos y la introducción de cambios importantes en el sistema político, sobre todo la incorporación a la toma de decisiones de las capas populares, generalmente excluidas del poder. Una tercera explicación es que el gobierno ha manejado la economía adecuadamente, logrando un crecimiento promedio del 5%, aprovechando los altos precios del gas que los bolivianos venden a Brasil y Argentina. Con los excedentes se ha ejecutado una ambiciosa política de gasto público y entrega de bonos sociales a grupos empobrecidos de la población. Finalmente, otra razón de su poderío es que la oposición no ha logrado articularse y generar una candidatura única contra el oficialismo.

Aunque los índices sociales siguen siendo más precarios que en la mayoría de los países de América y que la pobreza es bastante mayor al promedio sudamericano, las condiciones de vida de los bolivianos han mejorado en los últimos años. La oposición asegura que ello se debe a la fortuna que han tenido las autoridades de llegar al poder en un escenario de altos precios internacionales de materias primas, y especialmente del gas, el principal ingreso fiscal. El gobierno señala que es la nacionalización de los hidrocarburos la que aumentó esos ingresos. Como sea, la bonanza boliviana es evidente. Y no hay un presidente en ningún país del mundo que pierda la reelección si la economía está bien.

 

LOS AUDIOS DE LA DISCORDIA
A los factores que explican el respaldo al presidente hay que añadirles el apoyo que le prestan los medios de comunicación. Casi todos los principales medios del país, ya sean radiales, televisivos o impresos, han sido cooptados por el gobierno o directamente comprados por empresarios amigos del oficialismo. Casi ya no quedan en Bolivia medios independientes que critiquen al presidente Morales y ni siquiera que presenten espacios equilibrados entre todos los de todos los bandos. Morales ocupa la mayoría de los espacios noticiosos bolivianos, generalmente con enfoques muy positivos.

La prueba de ello es que en medio de la campaña se dieron a conocer dos audios secretamente grabados, ambos potencialmente dañinos para dos candidatos: Evo Morales y el opositor Samuel Doria Medina. Primero se dio a conocer la grabación en la que se escucha hablar a Morales, de manera distendida y sincera, en una aparente reunión de dirigentes de su partido. Entre las muchas cosas que se le escucha decir al presidente, dos son las más importantes: que haber realizado en junio pasado la cumbre presidencial del G-77 en la ciudad de Santa Cruz, y que le costó a las arcas estatales 75 millones de dólares, fue decidido para ganar las elecciones en ese complejo distrito, tradicionalmente opositor al gobierno; y que las mujeres son “masoquistas”, dando a entender que les gusta “hacerse pegar por sus maridos”.

Al día siguiente de la difusión de la grabación, el oficialismo divulgó otra grabación reservada, en la que se escucha a Doria Medina hablar con una mujer, ex esposa de un dirigente de su partido. Con tono despreciativo, Doria Medina le dice que “no sea imbécil” de no aceptar un acuerdo de divorcio que le había ofrecido su ex marido y admite indirectamente que ésta sufrió violencia intrafamiliar.

Aunque las dos grabaciones eran de interés periodístico, tuvieron un tratamiento muy distinto por parte de los medios. El audio en el que se oye la voz del presidente apenas tuvo cobertura, mientras el otro fue divulgado y comentado hasta el cansancio.

Los medios cooptados obviamente no reflejan los aspectos criticables del régimen: entre otras cosas, que unos 50 líderes y dirigentes opositores están enjuiciados por el gobierno; que más de 700 personas viven hoy como refugiados en Brasil y otros países por motivos políticos; que los medios de comunicación independientes, como se ha dicho, están bajo formidable presión; que la justicia ha perdido totalmente su independencia; que el Tribunal Electoral ha dado muestras de seguir las órdenes del gobierno y que el Tribunal Constitucional ha terminado siendo diezmado por el oficialismo, que ha sacado a dos de sus integrantes en un proceso sumario en el Legislativo.  El oficialismo, con su abuso de poder y su inclinación autoritaria, viene abonando el camino para facilitar la aprobación de la reelección indefinida. Pocos dudan de que lo logrará.