Antes del terremoto la promesa económica central de la nueva administración era un millón de empleos. Por mucho que buscaran relativizarla a posteriori, era evidente que si no cumplían enfrentarían costos políticos.

La minería no tiene un potencial generador de empleo a la escala necesaria, por ende, los sectores que cumplirían la promesa eran la construcción, los servicios y la agroindustria. La construcción se encontraba con un problema de exceso de stocks que tenían que gastarse y los servicios llevan años al tope. Lo que quedaba como sector estratégico para la promesa del millón de empleos era la agroindustria, es decir, la suma de la agricultura, pesca, acuicultura, silvicultura y de todo el sector industrial derivado (la celulosa, los muebles, los alimentos y los vinos), que es el sector transable con más potencial de desarrollo productivo de nuestro país. Ése era el espacio donde se jugaba el éxito del nuevo gobierno. Y ese es el sector que quedó devastado con el terremoto.

Antes del terremoto, el tema central para hacer rendir a la agroindustria era apuntalar su competitividad, la que llevaba hartos años amenazada por varios flancos: regulaciones ambientales y laborales, aguas, acceso y costo del crédito, energía y, críticamente, el tipo de cambio. Mucho de la estrategia económica de la nueva administración estaba dirigido a enfrentar varias de estas materias. Sin embargo, era previsible que el precio del cobre siguiera poniendo presión revaluadora con cierta frecuencia, por lo que el tema cambiario sería central, a nuestro juicio, durante este gobierno. Es por esto que la austeridad fiscal surgió apenas se designó al gabinete económico.

La razón por la cual menos gasto fiscal genera mayor competitividad cambiaria es porque aquel es intensivo en no transables y mano de obra, es decir, tiende a encarecer el trabajo. Restringir el gasto fiscal, en términos muy simples, le abarata la mano de obra al sector privado. Por eso no es demasiado sorprendente que la primera cosa que hizo el ministro Larraín fue anunciar una política fiscal austera, tratando -imaginamos- de generar una reacción cambiaria especulativa favorable antes de asumir.

El terremoto generó la imperiosa necesidad de gastar para enfrentar la emergencia humanitaria y para impulsar la reconstrucción, tirando al tacho de la basura la estrategia cambiaria de la austeridad fiscal. Pero, además, cualquier estrategia de reconstrucción tiene que contemplar la competitividad de la agroindustria y, por ende, el tipo de cambio. Éste es un elemento central para recuperar la economía de las zonas más afectadas. Parte del trabajo lo haría el renovado dinamismo de la construcción, pero eso tiene límites de escala y temporales.

Es por esto que el problema de financiamiento de la reconstrucción es un problema cambiario y no realmente uno de acceso a recursos. Chile tiene fondos soberanos y puede conseguir fácilmente más créditos en los mercados de crédito multilateral o de deuda soberana. El problema es que, curiosamente, esta abundancia de acceso a divisas no es tan útil, por sus consecuencias sobre la competitividad agroindustrial.

Cualquier alternativa de financiamiento que involucre liquidar masivamente divisas en el mercado local (liquidar fondos soberanos o pedir créditos en el exterior) tendrá un potencial anticompetitivo para la agroindustria y para las regiones por reconstruir. La alternativa de traer las divisas resultantes de estas estrategias, pasárselas al Central y pedirle pesos a cambio -lo que los economistas llamamos monetizar- es, de facto, una fijación del tipo de cambio, lo que generaría problemas muy serios a futuro.

La alternativa de privatizar o la posibilidad de subir el royalty, si uno las piensa con cuidado tienen un potencial de atracción y generación de flujos de capitales que se monetizan o revalúan. En el caso de las privatizaciones se han sugerido condiciones de residencia a los compradores, pero incluso en estos casos hay que pensar con cuidado cómo se hace (imaginemos un intermediario local que pide un crédito afuera para financiar la compra).

La emisión de deuda local genera presión al alza de las tasas de interés, que no son oportunas, pero que podrían suavizarse si la deuda es larguita. La reasignación de partidas presupuestarias es más fácil de titular que de explicar y tiene un potencial disruptivo sobre la gestión pública que no recomendaría a una administración entrante.

El nuevo gobierno tenía una estrategia antes del terremoto. Hoy debe buscar otra. En Hacienda tendrán que inventar un mix entre un conjunto de alternativas imperfectas, con gran incertidumbre sobre las elasticidades involucradas. Mi sugerencia es no comprarse ninguna solución "mágica" y cuidarse de los entusiasmos ideológicos interesados.

Subir impuestos al tabaco y alcohol suena bien, pero su potencial de recaudación es limitado. Subir los tributos a las empresas es algo que probablemente debiéramos hacer en el mediano plazo, pero la oportunidad y la capacidad de insuflar a las regiones afectadas es cuestionable. Subir el IVA es profundizar la desigualdad y subir el impuesto a la renta es difícil para un gobierno de derecha.

Finalmente, hay una alternativa que no se ha discutido tanto y es activar agresivamente una política de fomento productivo muy discrecional (usando Corfo y BancoEstado). Esto tiene problemas, pero también la virtud de compensar directamente a las empresas y regiones que se quiere ayudar frente a lo que venga en revaluaciones, impuestos y tasas de interés.

En Hacienda tendrán que inventar un mix entre un conjunto de alternativas imperfectas, con gran incertidumbre sobre las elasticidades involucradas. Mi sugerencia es no comprarse ninguna solución "mágica" y cuidarse de los entusiasmos ideológicos interesados.

Además que el mix de fuentes de financiamiento óptimo puede cambiar en el tiempo. Fijar el monto a financiar ya es un desafío. Fijar el mix óptimo para varios años es utópico. Recordemos, por lo demás, que aún hay incertidumbres flotando sobre la recuperación mundial y si algo fuerte pasa afuera, el mix óptimo cambia.

Lo que el gobierno necesita es recursos en pesos y no peleas políticas. Mi sugerencia es des-ideologizar completamente esta discusión legislativa. Partir con una declaración clara de que todas las medidas de financiamiento que se soliciten al Parlamento serán transitorias y reversibles (eso descarta la privatización, por lo pronto), pero que la mezcla esté sujeta a un monto total para varios años (llamémoslo Cuenta Macroeconómica de Reconstrucción), dejando al gobierno la flexibilidad de encontrar el mix óptimo para ahora, y de variarlo en el futuro próximo si es que se vuelve necesario.

Creo que un acto de buena fe de un lado (clarificar que no se va a intentar pasar reformas estructurales por medidas de emergencia) podría ser recibido por buena fe del otro (un monto total a financiar y un conjunto de herramientas discrecionales para ajustar en el tiempo). Ojalá se pueda establecer un trato como éste: la pelota está claramente en la cancha de las nuevas autoridades.