Por Emilio Maldonado y Lorena Rubio Abril 21, 2011

Hablan del " pacto". Es un acuerdo que pocos conocen, pero de gran relevancia, un documento de apenas 15 páginas, firmado en noviembre del 2000 entre los grupos chilenos que controlan el holding energético CGE. Suscrito para "defenderse" del ingreso de la estadounidense PP&L a la propiedad de la empresa, el acuerdo ha cobrado inusitada importancia y se ha transformado en texto de cabecera de los controladores de la distribuidora y sus abogados.  
Era un documento de defensa contra forasteros. Ahora puede dirimir una guerra interna.

La firma de gas y electricidad es controlada por tres familias: los Marín Correa, los Pérez Cruz y los Hornauer. Las dos primeras se han vuelto bandos irreconciliables.

Tanto la familia Marín como los Pérez reconocen que el pacto del 2000 podría definir cómo y quiénes serán los controladores de la única gran firma energética -junto con Colbún- que se mantiene en manos de chilenos.

Ad portas de declarar fracasada una mediación entre ambos grupos iniciada en diciembre de 2010, ese documento, aseguran, es la única salida.

Una silla vacía en la testera

El lunes de esta semana, Pablo, el mayor de los Pérez Cruz, golpeó la mesa con uno de los gestos más drásticos que -al menos puertas afueras- se han visto en la centenaria compañía: su inasistencia a la junta de CGE.

Quienes conocen por dentro la disputa aseguran que la decisión de Pérez Cruz fue motivada por los sucesos en el directorio de Gasco, una de las filiales del holding, donde se esperaba que Matías Pérez volviera a ocupar la presidencia, un cargo que había tenido por diez años hasta ser reemplazado, en abril del año pasado, por Claudio Hornauer. Era su retorno a la "joya de la corona" de su familia, y con ello se buscaba sanar la fisura que se arrastraba entre ambos grupos familiares.

Sin embargo, la llegada de Matías a la presidencia de la distribuidora de gas, a la que algunos incluso habían puesto fecha (el viernes de la semana pasada en la junta de accionistas), no ocurrió. Esto explicaría, según quienes siguen el caso, la molestia expresada de manera pública por Pablo Pérez con su inasistencia del lunes pasado a la junta de CGE.

Respecto a la causa del fallido ingreso de Matías Pérez a la presidencia de Gasco existen dos versiones: mientras unos señalan que fue Jorge Marín -presidente de CGE- quien se opuso a la idea, otros dicen que la negativa provino de la familia Hornauer, que sentía como un desagravio remover de la testera de la empresa de gas a uno de los suyos.

La ausencia de Pablo Pérez de la reunión de socios de CGE revivió los soterrados roces que los Pérez Cruz vienen protagonizando hace ya varios años con su socios en el grupo eléctrico. Lo que hasta entonces era un secreto a voces, se inmortalizó en una fotografía ineludible: la testera de la junta de CGE con uno de sus asientos vacío.

Ese lunes, la que hasta ese momento se había manejado como una empresa de bajo perfil se transformaba en comentario obligado en los círculos empresariales.

En negociaciones recientes, estaba a punto de lograrse que Matías Pérez Cruz volviera a ocupar la presidencia de Gasco. Con su retorno a la que es considerada la "joya de la corona" de los Pérez Cruz se cerraba una fisura que había distanciado a ambos grupos por un año.

Los primeros roces

Para muchos fue la muerte del ex presidente de CGE, Gabriel del Real, en septiembre de 2006, el origen de las discrepancias. Su deceso, luego de 38 años en la mesa de la firma, dio paso a que dos fuerzas contrapuestas tuvieran libertad para confrontarse sin catalizadores.

Casado con Loreto Marín Estévez, Del Real era la unión entre las diversas ramas de los grupos controladores. El ex timonel era el puente de comunicación entre los Pérez Cruz y los Marín, accionistas tradicionales de CGE. Con su fallecimiento, y con la llegada de Jorge Marín Correa a la presidencia del grupo en los meses siguientes, las facciones encontraron mayor espacio para expresar sus divergencias.

Hasta ese momento, los "patriarcas" que manejaban la empresa eran Del Real, José Claro (padre del empresario Juan Claro) y Pablo Pérez Zañartu, padre del actual director de la distribuidora eléctrica. La venta de Claro a la estadounidense PP&L, en 2000, deshizo el histórico triunvirato que gobernaba el holding y gatilló un reacomodo de fuerzas. La muerte de Del Real acrecentaría la brecha.

En 2007, el directorio de CGE se preparaba para el ingreso de directores independientes. Para evitar que se diluyera el poder, Pablo Pérez Cruz conversó con Jorge Marín y le hizo una propuesta: aumentar de siete a nueve los miembros de la testera, para mantener intactas las fuerzas al interior de la mesa y dejar espacio para dos integrantes externos.

Marín dijo que lo pensaría. Sin embargo, a días de la reunión en la cual se renovó el directorio, habría comunicado que no se modificaría la cantidad de sillones. La rama de los Pérez Cruz debía conformarse con Pablo como su representante, y con sumar a un independiente como su aliado. El elegido: el ex gerente general de Gener, Juan Antonio Guzmán.

El impasse fue superado, pero no olvidado por los Pérez Cruz. Dos años después, según relata un importante ejecutivo del grupo, un fondo extranjero se interesó en Gasco, filial de CGE, e hizo una propuesta a Marín.

Si bien las conversaciones no rindieron frutos, para el clan Pérez el solo hecho de haber evaluado vender una firma especialmente importante para ellos les molestó. Fue el jefe de la familia, Pablo Pérez Zañartu, quien levantó Gasco y la transformó en la más importante de su rubro.

Desde ahí los ánimos quedaron resentidos, hasta el quiebre definitivo, en abril del año pasado.

Realizada la junta de accionistas, un novel Claudio Hornauer (representante del grupo Almería) llegó a la presidencia de Gasco. Matías Pérez era despojado del puesto que había ostentado por una década. Su hermano mayor, Pablo, no dejaría pasar el episodio.

 

Alta tensión

El directorio más tenso

Luego de que Matías Pérez dejó la presidencia de Gasco, su hermano manifestó su molestia en el directorio de CGE, matriz de la gasífera, considerando, según presentes, "que había sido una afrenta a su familia y al rol histórico de los Pérez Cruz en la firma". De ahí en adelante, el mayor de los Pérez reveló una actitud cada vez más opinante.

En julio, se opuso a la organización del evento "Pura Energía", con el cual la empresa celebraría el Bicentenario de Chile. "La tensión era evidente para todos", recuerda un ejecutivo. Eso sí, como había sido costumbre por décadas, se trataba de divergencias "puertas adentro".

En diciembre se viviría el directorio más tenso de CGE. Pablo Pérez Cruz pidió la palabra y solicitó que el gerente general de la empresa, el ingeniero civil Pablo Guarda, dejara el salón. Una vez a solas, Pérez pidió al directorio desvincular al ejecutivo de la compañía. Como razón para la salida de Guarda -quien había sido colocado en ese puesto por Marín-, Pérez Cruz aducía la caída en los resultados y los altos costos de su gestión.

Una vez terminada su intervención, el resto de los asistentes apoyó la permanencia del gerente. Pablo Pérez quedó solo.

A los pocos días del episodio, los socios al ver que no había sintonía, decidieron activar una de las cláusulas del pacto controlador que suscribieron el 23 de noviembre de 2000. Un mediador, Luis Simón Figueroa del Río, fue designado para el caso, el cual hoy sigue vigente.

 Según los detalles del pacto suscrito en el 2000, si la mediación no llega a puerto, el socio que solicitó la activación de este mecanismo es quien debe pedir un arbitraje. En este caso, debieran ser los Pérez Cruz quienes, mediante una carta, pidan a la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que designe a un árbitro que deje satisfechos a ambos. Ello siempre y cuando el pacto no establezca árbitros específicos en caso de controversias.

Hoy, son pocos los miembros de estos dos clanes que desestiman que se llegue a esta instancia. Ello, porque, como explica un cercano a uno de los grupos, "los hechos de esta semana muestran que la mediación no surtió efecto, por lo que correspondería pasar a la segunda etapa". Según el documento de 2000, si la conciliación no tiene éxito, la única alternativa es ir a un arbitraje.

Hoy, los ánimos están tan caldeados que las comunicaciones entre los Pérez Cruz y los Marín se realizan únicamente a través de los abogados de ambas familias: Álvaro Ortúzar, del bufete Ortúzar, Aguila y Concha, por el lado de la familia Pérez Cruz; y Pedro Pablo Gutiérrez, del estudio Gutiérrez, Waugh, Jimeno & Asenjo, en representación de los Marín Correa.

Una medición de fuerzas

"Como familia estamos cuadrados detrás de Pablo José. Él lidera la causa contra los Marín", comenta por teléfono un integrante del clan Pérez Cruz que se excusa de seguir profundizando. Todos los miembros de la familia tienen claro que el asunto se está manejando con abogados, y que no pueden interferir en él.

Los once hermanos confían en que el mayor de ellos logre zanjar las diferencias con sus tradicionales socios. No habrá mayor comunicación con los Marín hasta que se solucione la disputa, explican en el entorno cercano.

Si bien el clan está cohesionado, la red más cercana de Pablo son sus hermanos Matías y Andrés, además de José Tomás.

En la otra vereda, y liderados por Jorge, los descendientes de la rama Marín creen en las decisiones del presidente de CGE. Saben que es el hombre fuerte tanto del clan como del grupo empresarial, por lo cual avalan cada una de sus decisiones.

Entre sus más cercanos está Rafael Salas Cox, el actual gerente corporativo legal y de Asuntos Públicos de CGE. Él se ha transformado en el brazo derecho de Marín. "Hay una historia de tradición en esa relación de confianza", dice un ejecutivo. Salas Cox es hijo del ex fiscal del grupo, Rafael Salas Rengifo.

Los Hornauer, liderados por el vicepresidente de CGE, José Luis, se han mantenido al margen de este conflicto. Focalizados en sus inversiones en Viña del Mar, pasan la mayor parte del tiempo en esa ciudad. De todas formas, su apoyo al grupo del presidente de CGE no es un misterio. "Los Hornauer saben que sólo son controladores si se asocian con la familia Marín", explica un conocedor de este caso.

La razón es simple, aun cuando sus participaciones sumadas no superan el 50% de la propiedad de la firma, juntos son un accionista mayoritario y operan como una suerte de subpacto controlador, lo que les permite tener mayoría en el directorio.

Este modo de operación conjunta entre el clan de origen alemán y el grupo Marín es tan evidente, que una de las razones que motivaron la solicitud de mediación por parte de los Pérez Cruz fue dilucidar la existencia de algún tipo de acuerdo formal entre ambas partes.

Negociaciones de última hora

El miércoles fue un día intenso en las oficinas de CGE en calle Teatinos y en los despachos de los tres grupos involucrados. Reuniones y sucesivos contactos telefónicos confirmaron lo que parece inevitable: la controversia deberá ser resuelta mediante el veredicto formal de un árbitro, en un plazo no menor a 18 meses.

El propio vicepresidente de CGE, José Luis Hornauer, quien el miércoles se encontraba en Viña, tras asistir a un directorio de Rhona -la empresa matriz de su familia- efectuó una serie de llamados telefónicos a la familia Marín manifestando su inquietud. "Él estaba preocupado, pues se rompía el acuerdo tácito de tratar los problemas puertas adentro", revela una fuente.

La posibilidad de una conciliación, aseguran ambas partes, será sometida a prueba por una última vez después de Semana Santa. El martes próximo está convocado un directorio de Gasco. Esa cita podría, una vez más, remover la piedra de tope para un avenimiento, con el regreso de Matías Pérez, ahora sí, a la presidencia de la compañía distribuidora de gas.

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