El miércoles 20 de abril, apenas una semana después de que HidroAysén entregara el tercer y último informe al comité de evaluación ambiental de la Undécima Región, una sorpresiva proposición desde La Moneda provocó alarma entre los socios del proyecto, las generadoras Endesa y Colbún.
Desde el gobierno había surgido la posibilidad de "achicar" el proyecto que se instalará en las cercanías de los ríos Baker y Pascua para hacer más expedita y menos conflictiva su evaluación. A sólo tres semanas que la votación del megaproyecto en la Corema de Aysén -programada para el lunes 9 de mayo-, la iniciativa era el último intento por apaciguar los ánimos ante una votación que se augura conflictiva.
La propuesta, surgida en el Segundo Piso, circuló profusamente por palacio y llegó a oídos de la Presidencia y el Ministerio del Interior.
Alertados en el cuartel central de HidroAysén, en calle Miraflores, los equipos técnicos comandados por el vicepresidente ejecutivo del proyecto, Daniel Fernández, se pusieron de inmediato en contacto con el Ejecutivo. Con planos y cifras en mano, los expertos de HidroAysén explicaron a las autoridades técnicas y políticas de la administración Piñera que la idea de La Moneda era inviable técnica y ambientalmente.
Y si bien el conflicto fue desactivado, dejó claro -al gobierno y al consorcio a cargo de la iniciativa- que construir el complejo energético en la Patagonia y la línea que transportará esa energía no será gratis. Ni política, ni económicamente.
Es una muestra más de cómo la construcción de las centrales hidroeléctricas en la Patagonia ha permeado al mundo político de todos los sectores. A tal punto, que además de los ministerios técnicos que están monitoreando la tramitación del proyecto (Energía, Medio Ambiente y Economía), carteras como Interior, Segpres y el grupo de asesores que lidera María Luisa Brahm evalúan los escenarios futuros.
Si bien todos los involucrados dan por aprobada esta primera etapa -con importantes medidas de mitigación- los actores públicos y privados saben que el desafío mayor es sacar adelante la línea de transmisión más extensa que se haya construido en Chile. Se trata de un tendido de 2.000 kilómetros que atravesará siete regiones; afectará a entre 4.000 y 5.000 propietarios de terrenos y que será tramitado los últimos dos años del gobierno de Sebastián Piñera.
Aprobación con condiciones
El lunes de esta semana la intendenta de la XI Región, Pilar Cuevas, viajó por 48 horas a Santiago. Esa tarde se reunió con los encargados de la Secretaría de Comunicaciones para evaluar los distintos escenarios que se abren luego de la votación.
Se trata de una línea de 2.000 kilómetros de extensión, que cruzará siete regiones y para la cual debe llegarse a acuerdo con entre 4.000 y 5.000 propietarios. La tramitación se desarrollará en plenas elecciones municipales y ad portas de la contienda presidencial.
En el encuentro con los estrategas del gobierno se definió que, una vez aprobado el proyecto, el lunes próximo, los encargados de referirse al tema serán la intendenta de Aysén y la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez. El objetivo está claro: no exponer a Piñera.
En el discurso comunicacional que se prepara para enfrentar la votación se incluirán referencias a que se trata de un proyecto que surgió en gobiernos anteriores y que concluirá en administraciones posteriores.
Cuevas también se reunió con el ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, quien en los últimos meses se ha interiorizado de las características del proyecto. En la cita estuvo presente, además, la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.
La gran pregunta que ronda en las oficinas de Endesa y Colbún sobre la resolución ambiental que se avecina tiene que ver con las medidas de mitigación que solicitarán las autoridades de la XI Región. Según estiman los titulares del proyecto, parte del paquete de condiciones sería garantizar un menor valor de la energía en la zona -HidroAysén propuso reducir los costo de generación locales en un 50%, cuestión que no satisface completamente al gobierno-; un millonario plan de promoción turística de esa región y una serie de obras viales, además de la relocalización de las comunidades afectadas por la inundación de las represas que incluye el complejo.
Los privados advierten, eso sí, que "cualquier modificación que altere significativamente el diseño original o eleve sustancialmente los costos de llevar adelante la iniciativa será apelada".
La táctica del poder
Una vez despejada esta etapa -lo que ocurriría en junio, de mantenerse el cronograma-, los esfuerzos tácticos se enfocarán en "la línea", la vía por la que los dueños de las cinco centrales llevarán los 2.750 MW desde Chaitén a la Región Metropolitana.
Hoy, un grupo de 15 personas, a cargo del gerente de transmisión de la empresa, Pablo Botteselle, trabaja en las oficinas de HidroAysén diseñando las alternativas de trazado. La mayor parte de los integrantes son ex o actuales profesionales de Endesa, firma que liderará la parte ingenieril de la línea. Si es que se puede llamar así, porque lo que partió como una recta que cruzaba la Patagonia hasta el centro de Chile, hoy es un camino serpenteante, plagado de bifurcaciones y con varios espacios en blanco: son los tramos en que aún no está definido el diseño. Espacios que muy probablemente terminarán siendo negociados directamente con las autoridades políticas.
Si hay algo que tienen claro en Endesa y Colbún, es que la pelea por sacar adelante el tendido se dará, fundamentalmente, en el campo político: en el gobierno saben que la defensa pública del proyecto tiene altos costos. "Y eso no es algo que estemos dispuestos a pagar a cualquier precio", comenta una alta fuente de un ministerio.
La batalla que viene por Hidroaysén
Para la gigante italiana ENEL, matriz de Endesa, es mucho lo que está en juego: el proyecto en la XI Región es la mayor iniciativa que la firma de energía lleva a cabo en todo el planeta. La sigue un proyecto para instalar centrales nucleares en Rusia.
De ahí que los impulsores de la segunda fase se han escogido con especial cuidado. Ya se sabe que quienes estarán a cargo de su promoción y de lograr los permisos correspondientes son casi los mismos ejecutivos de la primera etapa, con algunos refuerzos y un par de ausencias. En estos tres años de tramitación, son tres los "rostros" con redes en el sector público y privado que permanecen desde el inicio: el presidente de la Bolsa de Comercio y del holding Enersis, Pablo Yrarrázaval; el presidente de Colbún, Bernardo Matte, y el actual presidente de Endesa, Jorge Rosenblut. A ellos se sumó, en 2009, el gerente general de Enersis, Joaquín Galindo y, en 2010, el ex director ejecutivo de TVN Daniel Fernández.
Hace un par de semanas otro nombre se les unió. El presidente de la Papelera, Eliodoro Matte, se convirtió en miembro del directorio de Colbún, en una movida que sorprendió a muchos. Y si bien desde la generadora explican que se trata de reacomodos en todas las empresas del grupo por razones familiares, reconocen que la voz del mayor del clan Matte "se hará escuchar en todos los espacios que sea necesario".
La llegada del presidente de CMPC a la mesa directiva traerá otra consecuencia, esta vez ligada a los estatutos que regulan la permanencia de los herederos de la familia en las compañías del grupo. El próximo año, justo cuando se inicie la tramitación de la línea de transmisión, Bernardo Larraín Matte dejará la gerencia general de Colbún. Esto porque los estatutos del clan establecen que los hijos de los dueños no ocuparán cargos ejecutivos y, de hacerlo, debe ser por un período que no supere los cinco años, plazo que se cumple a fines de 2011.
Otro de los dueños de la Papelera y Colbún que jugará un papel clave es el más político de los tres hermanos Matte, Bernardo. Su amistad con Piñera se remonta a los 80 y es de los pocos representantes de grupos empresariales que lo han apoyado en todas sus aventuras electorales.
El Factor Tompkins
Si bien el trazado definitivo no está completamente afinado, ya existen varios asuntos resueltos. Uno de ellos es el que durante la tramitación fue de los flancos más polémicos: el paso por Pumalín. En el diseño en que trabajan los técnicos de HidroAysén ya está decidido que todo el tramo que incluye el parque de Douglas Tompkins será submarino. Se trata de una extensión de 167 kilómetros que, si bien encarece el ducto, "fue tomada por motivos estrictamente técnicos", como aseguran los artífices del proyecto.
La vía subterránea dejaría resuelto la ruta Chaitén-Cochrane. A partir de allí son varios los posibles focos de conflicto que HidroAysén ya tiene identificados. El primero de ellos es la ruta Cochrane-Puerto Montt, sector de difícil acceso, bosques y fuertes heladas. El segundo punto complejo es la zona lacustre en la X Región, que el trazado rodearía por completo. Más al norte, algunos sitios cercanos a parques nacionales y zonas de población mapuche constituyen también un foco de preocupación para los titulares de la iniciativa.
Hace un par de semanas otro nombre se sumó a las figuras que impulsan el megaproyecto. El presidente de la Papelera, Eliodoro Matte, ingresó al directorio de Colbún. Si bien, desde la generadora explican que se trata de reacomodos por razones familiares, reconocen que la voz del mayor del clan Matte se "hará escuchar en todos los espacios donde se requiera".
Uno de los puntos que recién comienza a conversarse con el Ejecutivo es la posibilidad de que en vez de que la línea sea de corriente continua -es decir, que la energía se traslada de una sola vez entre Aysén y Santiago-, como contemplaba el diseño original, se construya un ducto de corriente alterna. Esto permitiría que otros proyectos "se suban" a la línea de HidroAysén y posibilitaría la descarga de electricidad en zonas determinadas previamente.
El principal problema de esta solución es su alto costo, involucra la construcción de más torres de alta tensión e implica la pérdida de alrededor de un 8% de la electricidad transportada. Los beneficios: permitiría a otros operadores utilizar una sola línea y descargar energía en distintas zonas del país. "Con esto se subsana un tema de concentración del transporte en manos de una sola firma, y permite desarrollar a mayor escala el potencial de generación que tiene Aysén", señala un técnico de gobierno que ha participado en la discusión. Actualmente, el costo de la línea de HidroAysén -contemplando sólo energía continua- bordea los US$ 4.000 millones.
A cargo de elaborar el EIA de la línea transmisora -que debiera presentarse a fines de este año- está la consultora internacional GHD; el cable submarino lo construirá la sueca Vattenfall, mientras que la obra de ingeniería estará en manos de Ingendesa.
El rol de Golborne
La puesta en escena que planifica La Moneda por estos días deja fuera de escena, en principio, no sólo al presidente, sino también al ministro para cuya cartera es crucial lo que ocurra con HidroAysén: el biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne.
Tanto en Endesa como en Colbún señalan que si bien los equipos técnicos del ministro siempre han estado disponibles para reunirse con los expertos de HidroAysén, "lo hemos visto poco comprometido con el debate de fondo respecto a este proyecto y su importancia en la matriz energética", como comenta un alto ejecutivo de una de las generadoras del proyecto. Uno de los socios de la iniciativa asegura entender la postura de Golborne, por tratarse de un probable candidato presidencial de la Alianza. Sin embargo -y esto es algo que se debate en toda la industria eléctrica, afirma- "se trata de una decisión que tarde o temprano tendrá que ser tomada por el presidente Piñera".
Por ello, señalan, será relevante ver qué rol juega Golborne los días posteriores a la votación. La ministra Benítez ha tenido un papel sumamente importante en la tramitación de HidroAysén, dado que se trata de un proyecto de alto impacto ambiental. "Pero eso no significa -señala uno de los socios del proyecto- que el titular del ramo pueda mantenerse alejado de una iniciativa que aportará casi 3.000 MW al sistema".
