Catherine Pastén está lejos de ser millonaria o profesional de la minería. Es dueña de casa, tiene 36 años y vive en una población de Copiapó. No registra bienes raíces a su nombre. Pero es una gigante de la minería, de acuerdo al registro de propietarios de concesiones mineras para exploración publicado por el Sernageomin, en el que Pastén es "top ten" gracias a las 180 mil hectáreas (el equivalente a la superficie ocupada por la ciudad de La Serena) registradas a su nombre.
Un poco más abajo en la lista figura Roberto Torres, un dibujante técnico de la Cuarta Región cuyas 110 mil hectáreas lo ubican en el lugar 20 del ranking, justo detrás de la Compañía Doña Inés de Collahuasi, que en 2010 obtuvo utilidades por US$2.040 millones.
Son 20 nombres los que se reparten 8 millones de hectáreas, el 50% de la superficie minera concesionada de Chile. Junto a la estatal Codelco, aparecen Soquimich, cuyo controlador principal es Julio Ponce; la Compañía Minera del Pacífico (grupo CAP), Antofagasta Minerals (grupo Luksic) y las multinacionales BHP, AngloAmerican y Barrick. Una nómina en la que también figuran Catherine Pastén, Roberto Torres, Pablo Mir y María Teresa Cañas, entre otros.
En teoría, un titular de hectáreas de exploración minera busca vetas para en algún momento explotar un yacimiento. Para ello deberá hacer sondajes (como los que se ejecutaron para rescatar a los 33 mineros de la mina San José) y otros trabajos que fácilmente demandarán una inversión de un millón de dólares. Además, deberá pagar una patente anual por la concesión: $800 por hectárea para la exploración y $4.000 por hectárea para la explotación.
En 2010, Catherine debió haber cancelado más de $145 millones en patentes por las 180.000 hectáreas de exploración que posee. Catherine no tenía ese dinero. Tampoco Roberto Torres. Pero las patentes se pagaron.
La primera vez que Ciper contactó a Catherine Pastén, respondió el teléfono desde su casa en Copiapó. Afirmó que en realidad esas concesiones no eran de su propiedad, sino que de la minera Kinross, la tercera productora mundial de oro: una compañía canadiense que en 2010 registró una utilidad neta de US$121,6 millones.
"Yo sólo firmé unos papeles, pero no me pagan", dijo Catherine. Y lo justificó como una suerte de "paleteada" a dicha empresa. "No sé si puedo hablar de eso", agregó.
Sin reparos, Roberto Torres contó que la minera para la cual trabaja, la canadiense Polar Mining, por una "cuestión estratégica" le pidió que solicitara hectáreas de exploración a su nombre para luego traspasarlas a la compañía.
El abogado Andrés Verdugo, ex fiscal de Enami hasta mayo de 2003 y actual vicepresidente de Kinross en Chile, negó cualquier nexo con Catherine. "La gente de propiedad minera me reporta a mí y no conozco a ninguna Catherine Pastén. Ella no inscribe propiedad a nuestro nombre. Lo desmiento categóricamente", señaló a CIPER.
Tras hablar con Verdugo, llamamos nuevamente a Catherine. "No tengo nada que ver con ninguna empresa minera", dijo. Lo cierto es que sí tiene un nexo con esa empresa: su marido, Óscar Flores, trabaja en el área de propiedad minera de Kinross, en Copiapó. Así lo confirmaron a Ciper en la propia empresa.
En cambio, sin reparos, Roberto Torres contó que la minera para la cual trabaja, la canadiense Polar Mining, por "una cuestión estratégica" le pidió que solicitara hectáreas de exploración a su nombre para luego traspasarlas a la compañía.
"Es una estrategia para expandirnos sin tener problemas. Somos una empresa chica, y cuando una empresa pide propiedad minera, inmediatamente otros la rodean", explicó.
El más rápido gana
Las mineras canadienses no son las únicas que acuden a personas naturales para inscribir propiedad minera. Entre 2007 y 2008, Carla Araya, abogada de Antofagasta Minerals, registró más de 200 mil hectáreas a su nombre. Y Jesús Rojas Patiño, abogado de la minera Pucobre (grupo Hurtado), posee en la actualidad casi 170 mil hectáreas (número 10 del ranking de exploración).
Carla Araya hoy está en Estados Unidos. Francisco Veloso, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, explicó a Ciper la lógica detrás del uso de terceros:
"En esto tienes que ser rápido, porque el primero que pide una concesión tiene la preferencia para explotar. Habitualmente se solicita la propiedad a nombre de los abogados, y después se hace la transferencia a la compañía", aclaró.
Pero frecuentemente los traspasos tardan mucho tiempo en concretarse. Según la información del Sernageomin, en los últimos tres años el abogado Jesús Rojas ha mantenido a su nombre cientos de miles de hectáreas mineras. También ocurre que la empresa cambia al funcionario que aparecía como titular. Así lo hizo Antofagasta Minerals. Cuando Carla Araya traspasó sus concesiones, surgió otro top en el ranking: el dibujante técnico Mario Araya, con poco más de 122 mil hectáreas, empleado de la misma empresa.
Mineros de papel
Un abogado experto en derecho minero, que pide reserva, señala: "Esto es un abuso del derecho. En los salmones, por ejemplo, para solicitar una concesión acuícola, si eres empresa debes estar dotado del giro y además tienes un plazo para iniciar actividades. Si no lo haces, te las caducan, porque estás bloqueando un espacio que podrían ocupar otros. Pero también hay un tema tributario, porque a la señora o el señor X se le debe preguntar de dónde sacó el dinero para pagar sus patentes. Y si, además, luego le transfieren esa propiedad a la empresa, hay un precio, una transacción, y debiese haber un pago tributario de por medio. Esto revela que en la minería el área tributaria es una caja negra".
Tanto Catherine Pastén como Roberto afirman que no recibieron pagos por prestar su nombre para estas inscripciones. En Impuestos Internos corroboran que el uso de personas naturales por las empresas para inscribir propiedad es una práctica del rubro. Y agregan: pero mientras no se produzca una renta con el traspaso de propiedad no hay problemas impositivos.
Territorio ocupado
La acumulación y concentración de la propiedad minera tiene consecuencias directas en un mercado clave para Chile en los próximos 20 años. En las regiones del Norte, por ejemplo, prácticamente no hay espacios libres para que nuevas empresas realicen exploración de yacimientos. Según estudios de Cochilco, el 70% de la superficie de la Región de Tarapacá está otorgado en concesiones mineras, el 69% de la Región Antofagasta, el 70% de la Región de Atacama, y el 58% de la Región de Coquimbo.
Cuando, a principios de abril, el ministro Laurence Golborne anunció la creación del Fondo Fénix, que entregaría a través de Corfo fondos a empresas medianas y pequeñas para que se dedicaran a la exploración minera, la noticia fue recibida con cierto escepticismo.
"El problema no tiene que ver con el financiamiento, sino con la disponibilidad de la propiedad minera", dice Juan Carlos Guajardo, director del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, Cesco.
En Canadá, también país minero, ocurre lo contrario: la mayor parte de su territorio está libre para que las empresas de exploración (básicamente medianas) hagan su trabajo. Lo mismo pasa en México, Argentina, Perú y Australia.
En Chile es al revés, las grandes empresas acumulan por años miles de hectáreas, explorando y explotando apenas un porcentaje. En algunos países, dice un abogado del rubro, se dan "permisos de exploración por un tiempo fijo, de manera que si por cualquier motivo una compañía dilata la exploración, deje el terreno libre a otra empresa".
Según los cálculos de José Joaquín Jara, de Cesco, en 2009 se habían constituido concesiones de explotación por más de 10 millones de hectáreas, pero se explotaba menos del 10%: entre 600 mil y 800 mil hectáreas.
Según los cálculos de José Joaquín Jara, de Cesco, en 2009 se habían constituido concesiones de explotación por más de 10 millones de hectáreas, pero se explotaba menos del 10%: entre 600 mil y 800 mil hectáreas. Entre las empresas que acumulan la mayor superficie, destaca Soquimich: registra más del 20% de las concesiones de explotación y el 7% de las de exploración.
"Eso es codicia. Es tener derechos en todas partes", reflexiona la abogada Laura Novoa, una de las grandes expertas en derecho minero.
Según la Ley Minera, las concesiones mineras duran dos años y son renovables por otros dos, pero sólo por la mitad de la superficie. La idea es justamente que las compañías exploren y dejen a otros hacerlo. La abogada Laura Novoa, asesora de empresas mineras, tiene claro cómo operan las grandes compañías.
A través de abogados o palos blancos, en los últimos 20 años han solicitado cientos de concesiones de exploración. Y las mantienen en su poder. ¿Cómo? Presentando solicitudes de concesión sucesivamente, por exactamente la misma superficie, pero bautizando la propiedad cada vez con un nombre distinto, lo que deriva en una nueva sentencia judicial. Y así, religiosamente, cada dos años. Una bicicleta que requiere dinero para su mantención.
"Por como está concebido el sistema, se presta para este tipo de maniobras a las cuales son muy adictos los abogados, los técnicos y los mineros", resume la abogada Novoa.
El caso Cañas
Otra consecuencia de este modelo ha sido el surgimiento de los llamados "mineros de papel": personas que adquieren concesiones para negociar sus derechos con grandes empresas, que no necesariamente son mineras. Porque la concesión da derechos sobre el subsuelo de un terreno, que es lo que finalmente determina el valor de una propiedad y la viabilidad de distintos proyectos.
Por ejemplo, para una empresa eléctrica que proyecta instalar una central en una zona agrícola, una empresa inmobiliaria que busca construir un condominio o la concesionaria de una nueva autopista, resulta clave poseer esas concesiones para evitarse sorpresas. Así, una empresa eléctrica al mismo tiempo que diseña su trazado, buscará ser titular de las concesiones alrededor de dicha superficie.
La ingeniera química María Teresa Cañas Pinochet, sobrina de Augusto Pinochet, es experta en ese negocio. En 1980, Pinochet la nombró directora del Sernageomin, y la mantuvo en el cargo hasta el final del régimen. A su marido, Jorge Iván de la Barra Valle, lo nombró vicepresidente del Banco Central el 31 de diciembre de 1981.
Mineros de papel
Al retornar la democracia, Cañas Pinochet y De la Barra crearon la sociedad "María Teresa Cañas y Compañía Limitada", para asesorar, evaluar y realizar inversiones mineras. Además, constituyeron una decena de otras sociedades, entre las cuales destacan tres vinculadas al rubro: Sosmin Limitada (sondajes y servicios para la minería); Compañía Minera Iri Chile y Minera Oro Andino (1995). En esta última Cañas aporta la "obtención de propiedades mineras". En paralelo, Cañas ejercía como "perito mensurador minero", el profesional que la Ley Minera exige para solicitar concesiones (designada por Aylwin, 1993; y Lagos, 2006).
Actualmente, Cañas y dos de sus hijos, Jorge y Andrea de la Barra, figuran entre los mayores propietarios de concesiones mineras. Cuando se digita el RUT de María Teresa Cañas en el catastro del Sernageomin, la imagen es elocuente: exhibe propiedades en 6 de las 15 regiones de Chile. ¿Quiénes son sus clientes? Básicamente empresas eléctricas, como HidroAysén, Endesa y Transelec.
La ONG Geoaustral contabilizó las solicitudes mineras de la empresa de Cañas en representación de Endesa: sólo en la provincia de Llanquihue (X Región) figuran 500, de entre 200 y 300 hectáreas cada una.
El representante de Geoaustral, Mauricio Fierro, explica: "Endesa es dueña de los ríos más importantes del Sur. Para poder asegurar las áreas de inundación de cada una de sus centrales, lo que hace es tratar de bajar el valor de la tierra para luego tomar su control. ¿Cómo? A través de la Ley Minera. Como por estatutos corporativos Endesa no puede hacer los pedimentos mineros directamente, lo hace a través de María Teresa Cañas".
Cañas suma otro centenar de solicitudes por encargo de Hidroaysén.
En HidroAysén afirman que no tienen otra alternativa. "Las empresas que desarrollan proyectos de infraestructura deben contratar consultores con experiencia en la tramitación de concesiones mineras. Ello, con el objeto de proteger sus desarrollos de especuladores que abusan y, en algunos casos, extorsionan a los titulares de proyectos legítimos", afirmó a Ciper Camilo Charme, gerente legal del megaproyecto HidroAysén.
Pero el abogado Álvaro Varela, quien en 2006 y en representación de 15 ganaderos de Aysén denunció a Cañas, dice que "si estuviésemos en una región minera, podría creer lo de la especulación, pues allí hay una fuerte disputa por la propiedad. Pero aquí eso no existe. Ellos están especulando con la especulación, pues su objetivo es afectar el valor de terrenos que ellos mismos van a tener que comprar, y por esa vía bajarles el precio".
En los últimos cuatro años han surgido voces exigiendo cambios drásticos al mercado minero para garantizar mayor competencia. Un giro que sólo puede materializarse con una reforma a la Constitución.
En los últimos 30 años, el matrimonio Cañas De la Barra ha diversificado sus inversiones a través de otras sociedades pesqueras, agrícolas, madereras y de inversiones. Entre sus emprendimientos, llama la atención la sociedad South Pacific Fishing, constituida por Jorge de la Barra en sociedad con Manuel Losada Martínez, el empresario porteño que en 2009 fue condenado como autor del delito de asociación ilícita para el tráfico de estupefacientes (Operación Océano). La investigación judicial estableció que dineros del Cartel de Cali fueron traspasados a la South Pacific Fishing.
La ley cuestionada
En los últimos cuatro años han surgido voces exigiendo cambios drásticos al mercado minero para garantizar mayor competencia. Un giro que sólo puede materializarse con una reforma a la Constitución. La Ley Minera fue creación de José Piñera, a comienzos de los 80. Su gran objetivo lo explica el propio Piñera, en su página web del Cato Institute.
"El desafío para 1981 era elaborar una legislación de rango constitucional que asegurara derechos sólidos de propiedad en el emblemático y potencialmente rico sector minero (…) Para los inversionistas privados este aspecto era de gran importancia dada la historia de confiscaciones en los países con recursos naturales, y especialmente la experiencia de 1971 en Chile", explica.
A propósito de los 20 años de la Ley Minera (octubre 2002), José Piñera afirmó: "Quiero destacar que durante los tres gobiernos posteriores a aquel en que se dictó esta ley, pese a la injusta campaña en su contra (…), no se ha pretendido cambiar ni siquiera una coma de la Ley Constitucional Minera".
En la oposición a cualquier cambio a la normativa, figura en primer lugar el Consejo Minero, que agrupa a las grandes empresas del rubro. La abogada Laura Novoa, quien trabajó con Piñera en la redacción de la ley, está convencida de que hay que hacerse cargo del problema y modificar la Constitución. Y propone cambiar el mecanismo por el cual hoy se conceden las concesiones de exploración, sacarlas de los tribunales y transformarlas en un trámite administrativo, un permiso, como funciona en otros países. Y agregaría nuevas exigencias: que detrás de las solicitudes haya proyectos mineros y con un plazo de vencimiento.
Otro abogado que acumula miles de hectáreas de propiedad minera es Pablo Mir Balmaceda, socio del estudio Bofill, Mir & Álvarez Jana. En 2007 estaba en el séptimo lugar con 213.500 hectáreas. En 2010, ocupaba el lugar 13, con 157.700 hectáreas.
"¿Por qué aparezco con muchas propiedades mineras? Básicamente por dos razones: una es que tengo clientes extranjeros que quieren asegurar determinadas zonas para explorar, pero como formalmente no están constituidos en Chile, piden la concesión a nombre mío. Como en esta cuestión de los minerales el primero que llega gana…Otra situación tiene que ver con un tema estratégico. Muchas compañías no quieren que se sepa que son ellos los que están en determinado lugar", explica Mir, quien reitera que él no es dueño de propiedades mineras.
