Próximo destino: ¿La Corte Suprema?

Los abogados de TAM que llegaron ayer a Santiago se bajaron con rostro serio del avión que los traía de Sao Paulo. Aunque la noticia respecto a la aprobación de la fusión entre la brasileña y LAN fue celebrada en un principio, una comunicación telefónica sostenida en horas de la tarde del miércoles los dejó intranquilos. Las condiciones de mitigación impuestas por el Tribunal eran más complejas -y, por ende, costosas-, y el procedimiento podría demorarse más de lo calculado. A pesar de que las familias Cueto y Amaro siempre consideraron la posibilidad de que un tercero intentara detener la unión de sus aerolíneas, la amenaza venía ahora contenida en el mismo fallo. El voto de minoría, expresado por Javier Velozo, abre la puerta, estiman, para una eventual reclamación ante la Corte Suprema, aduciendo diferencias con las medidas impuestas por el TDLC. En la propia firma aérea no descartan recurrir al máximo tribunal para impugnar las medidas impuestas, especialmente la que se refiere a la obligación de deshacerse de cuatro de sus frecuencias desde Lima. De hecho, una solicitud similar ocurrida hace dos años fue votada favorablemente por esa misma corte. 

¿Y ahora quién fiscaliza?

La figura inédita de un fiscalizador externo a fin de que se cumplan las condiciones propuestas por el TDLC para la fusión LAN-TAM despierta inquietud entre los actores del mercado. Ello porque pese a que el fallo indica que "deberán contratar a un tercero independiente, que asesorará de la Fiscalía Nacional Económica (FNE)", existen dudas sobre la viabilidad de una figura de esta naturaleza, dado los cuestionamientos que hoy pesan sobre entidades como las auditoras. De hecho, el voto de minoría, en el que el integrante del TDLC, Javier Velozo, rechaza la operación plantea como fundamento que supervisar el cumplimiento de las medidas por un ente independiente es imposible.

También hay recelo por la objetividad de un tercero en una operación de esta magnitud, sobre todo porque los propios dueños de LAN han ofrecido financiar al ente que tendrá que fiscalizarlos, el cual debiera ser licitado por la FNE. Y pese a que el mercado quiere que sea la misma Fiscalía la que efectúe esta tarea, el organismo no tiene la capacidad técnica para realizarla, ni los recursos para implementar esta labor. En la propia FNE reconocen que hoy ese actor, clave en la aprobación de la fusión por el TDLC, "está en tierra de nadie".

Se acortan los beneficios

Un monto estimado de US$ 400 millones calculaban LAN y TAM que les reportaría unir sus operaciones. Tras el fallo del miércoles, la cifra podría reducirse. Uno de los factores que complicaría este ahorro de costos es la indicación a LAN de liberar cuatro frecuencias a Lima de quinta libertad, es decir, la que le permiten embarcar pasajeros en la capital peruana con destino a un segundo país, por ejemplo, Estados Unidos. La firma chilena está abocada a calcular cuánto perdería al liberar estos vuelos, tomando en cuenta que la empresa tiene 14 frecuencias que conectan a Lima con EE.UU. El denominado "clean team", que incluye a representantes de McKinsey, por la chilena, y la consultora Bain & Company, a nombre TAM, deberá sacar cuentas nuevamente y valorizar los ahorros de esta "fusión con condiciones". Otra limitante del fallo es que Latam no podrá aumentar sus frecuencias en el tramo Santiago-Lima ni participar en futuras licitaciones. La complicación no es menor tomando en cuenta que la capital peruana es uno de los terminales de embarque más importantes, y que se consideraba una pieza clave -tras la fusión- para consolidarlo como punto de tráfico hacia Norte y Centroamérica.