Dos semanas después que el gobierno presentara el proyecto de Ley del Presupuestos 2012 hoy existen más dudas que certezas sobre la política fiscal. Y no es una buena práctica que las interrogantes sobre aspectos macroeconómicos del presupuesto persistan y no permitan dar paso a la discusión microeconómica de cada partida en el Congreso.

La tramitación ha estado caracterizada por la entrega de información fragmentada. Al menos, los parámetros estructurales se dieron a conocer antes del envío del proyecto, no como en 2010. Sin embargo, la práctica de años anteriores era entregarlo con un mes de anticipación.

No es bueno dar señales de retroceso en materia de transparencia fiscal; este último es un activo del país que hay que cuidar en todas las dimensiones, y son varios los años de esfuerzo compartido que consolidaron la transparencia fiscal.

¿Qué explica la baja ejecución del presupuesto 2011?

El principal problema de la gestión presupuestaria de esta administración ha sido la lenta ejecución del presupuesto en 2010 y, particularmente, en 2011. El gobierno debería explicar esta situación, porque no es aconsejable repetir la experiencia de fines de 2010, cuando se acumuló una sobreejecución del gasto público en diciembre. Las cifras oficiales indican hoy que se ha ejecutado sólo el 57,1% del total del presupuesto 2011. En el gobierno de Michelle Bachelet (acumulado a agosto de cada año, 2006-2009) esta cifra en promedio fue del 64,2%. El problema se agudiza al ver los avances presupuestarios en la inversión pública total. A agosto de 2011 sólo se ha ejecutado el 45% del total de inversión pública, cifra que se compara con el 60% promedio entre 2006 y 2009. Son 15 puntos porcentuales menos ejecutados en inversión pública, lo que equivale a US$ 1.600 millones menos ejecutados en 2011, a pesar de existir tanto los recursos como las necesidades relacionadas con los programas de reconstrucción y demandas de inversión regional.

Además, la inversión de los gobiernos regionales, según lo informado por el gobierno, se ha ejecutado sólo en un 51%, mientras el avance del año pasado a esa  fecha era del 63%. De tener iguales registros este año habría US$ 270 millones adicionales ejecutados en proyectos regionales en los primeros ocho meses del año. Por ello, presentar planes especiales de ejecución de la inversión pública es fundamental para el debate que se avecina en el Congreso.

¿Por qué se mantiene un déficit estructural durante todo este período?

La robusta política fiscal 2006-2009 puede fundamentarse, entre otras variables, en la sólida posición financiera neta del Fisco chileno (total de activos menos total de deuda pública), la que alcanzó un récord histórico en torno a US$ 7.000 millones en diciembre de 2009, incluso luego del cuantioso plan de estímulo fiscal contracíclico aplicado para hacer frente a la crisis económica internacional.

La herencia fiscal que recibió esta administración no tiene precedentes. Aun si se considera que en 2009, producto de la crisis internacional, existió un déficit estructural, éste se redujo en 1% del PIB en el presupuesto que el gobierno anterior aprobó para 2010. Entonces, cuáles serían las razones del ejecutivo para tardarse cuatro años (2011-2014) para bajar el déficit un 1% del PIB adicional. Sus metas de -1,6% en 2011 y -1,5% en 2012 han sido catalogadas como poco exigentes por informes de organismos internacionales como la OCDE y el FMI.

Ante la incertidumbre económica internacional, los expertos sugieren que debiésemos converger más a un balance estructural y no a un déficit estructural del 1% del PIB recién en 2014. Esto empeora si se toma en consideración que la estimación presentada por el gobierno para 2015 es de un déficit estructural de 0,8% del PIB, lo que sugiere que la próxima administración tendría también un déficit estructural durante todo su mandato.

Estas proyecciones fiscales no hacen más que evidenciar la urgencia de debatir sobre una reforma que genere ingresos permanentes para el  Estado.

¿Cuánto crece el gasto social? ¿Por qué es tan bajo el crecimiento de la inversión pública?

Ha sido una sana práctica que en la presentación del presupuesto se mencionen las tasas del crecimiento tanto del gasto social como de la inversión pública. En años previos, estas tasas de crecimiento han sido mayores que el gasto total. La razón es que en la formulación del presupuesto de administraciones anteriores se ponía  acento en las políticas sociales y en los proyectos de inversión pública. El diseño de este presupuesto al parecer no cumple con estas directrices.

Sobre el gasto social la información no ha sido entregada. En relación a la inversión pública, ésta crece 3,2%, mientras que el gasto corriente crece 5,4%. ¿Qué ocurre con los programas de reconstrucción y con aquellos  para reducir el déficit habitacional? Lo más probable es que la baja ejecución de los proyectos de inversión pública en 2011 explique esta asignación de recursos para 2012.  Por tanto, la lenta ejecución  finalmente afecta a los más vulnerables y a las regiones.

¿Por qué se utilizó la Ley de Presupuestos 2012 para la creación de un Fondo de Educación que dura un año?

El Fondo de Educación propuesto en la Ley de Presupuestos produjo un debate al interior del gobierno. Un respetado economista de sus filas lo caracterizó como una figura contable. Falta información. El ejecutivo no ha aclarado este punto y debería hacerlo en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Si la estrategia fue evitar discutir sobre cambios tributarios para financiar la educación, claramente ésta no fue bien diseñada, ya que alguien pudo pensar que puede haber sido el diseño de Economía y no de Hacienda. El Fondo de Educación generará un debate sobre mayores ingresos permanentes y no transitorios, será la antesala de definir fuentes de financiamiento permanentes para financiar la educación, ya que el fondo transitorio sólo alcanzaría para unos años.