Hace cerca de un mes, Andrés Navarro se reunió con el gerente de Servicios de Integración de Sonda (TI), José Orlandini, para pedirle que analizara detalladamente un tema que le preocupaba: una serie de irregularidades que, a su juicio, se habían cometido en la licitación del Registro Civil para adjudicar el millonario contrato para la fabricación de pasaportes y cédulas de identidad. Intuía que las cosas no andaban bien, luego que tras un juicio de por medio, la licitación tuviera que repetirse, y por segunda vez le negaran la participación a su empresa Sonda. En la reunión, Navarro solicitó hacer uso de todas las herramientas legales para despejar cualquier duda sobre el proceso que lleva varios años en curso.
La sorpresa del controlador de Sonda surgió a raíz de las razones por las que fueron excluidos del concurso. Se adujo "falta de experiencia técnica en el negocio de identificación", en consecuencia que Sonda es el actual proveedor del Registro Civil de cédulas y pasaportes.
"Me interesa que este tipo de irregularidades no tengan éxito", afirmó Navarro a sus cercanos, al enterarse que, pese a varios juicios pendientes en el Tribunal de Compras, el Registro Civil adjudicó el negocio el 13 de octubre a la francesa Morpho, la misma firma que hace poco más un año denunció irregularidades que implicaron que la licitación se repitiera y que hicieron que el ministro de Justicia de ese entonces, Felipe Bulnes, le pidiera la renuncia al director del Registro Civil, Christián Behm.
Luego que Sonda se enterara que, pese a los dictámenes pendientes, el proceso continuaba, las caminatas entre la casa central de la tecnológica -ubicada en Teatinos 500- y el bufete de abogados Uribe, Hübner, Canales -en el pasaje Nueva York- se han hecho habituales y la oficina del estudio de juristas se han convertido en la base de operaciones para coordinar las acciones legales que tienen como objetivo impedir que se firme el contrato entre el Registro Civil y Morpho y además permitir que Sonda participe de la evaluación.
La sorpresa de Navarro surgió a raíz de las razones por las que fueron excluidos del proceso. Se adujo "falta de experiencia técnica en el negocio de identificación", pese a que Sonda es el actual proveedor del Registro Civil en la fabricación de cédulas y pasaportes.
¿Conflicto de intereses?
Pese a que Sonda quiere apelar a todas las instancias legales, la petición de Navarro ha sido evitar mostrarse públicamente como una empresa conflictiva. Por ello, ha preferido supervisar el proceso, pero no intervenir en primera persona y no ha hecho mayores comentarios.
El trabajo ha sido arduo para conseguir la mayor cantidad de pruebas que demuestren que, pese a las desvinculaciones ejecutadas en diciembre de 2010, aún persisten vicios al interior de este servicio público, que actualmente dirige Rodrigo Durán López.
El tiempo corre contrarreloj y a Navarro nadie le saca de la cabeza que éste fue un veto político. Ello, ya que antes de asumir el cargo -tras postular por medio del Sistema de Alta Dirección Pública-, Durán trabajó en la empresa Multicaja, en la cual Sonda es socio minoritario. Pese a ello, Navarro ha dicho que jamás conoció a Durán y que su participación en Multicaja se limitaba principalmente a un aporte de capital, ya que la firma era manejada por Javier Etcheverry. A raíz de estos antecedentes, la sensación es que hubieran sido blanco fácil de acusaciones y críticas al permitir su participación.
En mayo, días después que se nombrara a Durán, el diputado DC Aldo Cornejo denunció "conflicto de interés", argumentando que el nuevo director del Registro Civil había mantenido vínculos con Sonda. "Se encuentra vinculado a Sonda, ha trabajado en el software del Transantiago y mantiene contratos vigentes con el servicio al cual se suma, está configurado un claro conflicto de intereses", dijo el parlamentario en ese entonces.
Para corregir estos supuestos vicios, Sonda presentó dos nuevas demandas en el Tribunal de Compras. La primera, el miércoles 12, donde se impugnan las actas de evaluación que otorgaron el negocio a la francesa. Una semana más tarde, ingresaron un recurso a Contraloría, solicitando que se declare la nulidad de la adjudicación. Esta última medida es clave, pues los abogados le solicitaron al organismo que se abstenga de tomar razón del contrato entre Morpho y el Registro Civil. La última acción fue coordinada directamente por Luis Felipe Hübner -abogado a cargo del caso-, y consiste en una nueva demanda en el Tribunal de Compras, que acusa vicios en el proceso.
La batalla de Navarro
Los argumentos de Sonda
Son dos las razones por las que Sonda objeta el proceso vigente. La primera dice relación con la boleta de garantía que entregó Morpho para participar del proceso. Hübner plantea que ésta no sería a la vista (cobrable en el acto), pues se exigen requisitos previos para su pago. Ante la presentación a la Contraloría incluyeron un informe del académico de Derecho Comercial de la Universidad de Chile, Arturo Prado, que avalaría esta tesis.
El segundo argumento habla sobre la falta de objetividad de algunos funcionarios. Concretamente acusan falta de imparcialidad por parte del subdirector de Estudios y Desarrollo del organismo, Bruno Opazo, ya que habría adelantado opiniones y posiciones. Hübner explica que Opazo atestiguó en el juicio anterior y que, pese a que estaba obligado por ley a hacerlo, debería haberse marginado de esta evaluación. "Quien efectuó, firmó y estuvo a cargo de la evaluación técnica carece de la imparcialidad necesaria para ejercer esta función, lo que se traduce en que el resultado de la evaluación técnica es arbitraria e ilegal, al vulnerar las normas de la probidad administrativa", según consta en el escrito en la Contraloría.
Negocio millonario
Los "problemas técnicos y administrativos" no sólo fueron la razón de la marginación de Sonda, sino de la exclusión de otros cinco oferentes: Indra, Sice, Coasin, Siemens y Bundesdruckerei. La española Indra -quien se adjudicó en primera instancia el negocio- también quiere que esta segunda evaluación quede sin efecto. Así, a la par de Sonda demandó el 12 de octubre ante el Tribunal de Compras la ilegalidad del proceso. Su abogado, Juan Domingo Acosta, pide "que se aplique el mismo rigor a todas las empresas". El punto central de esta nueva demanda es que acusan problemas con las medidas de seguridad de los documentos implementadas por Morpho, las que no se ajustarían a las bases de licitación. A los reclamos de Indra y Sonda se sumó la alemana Bundesdruckerei, firma que presentó una recurso en Contraloría tras ser marginada por diferencias en el uso de la boleta de garantía.
¿Pero cuál es la razón de fondo que ha puesto en pie de guerra a estas empresas y que una vez más ponen en el ojo del huracán al Registro Civil? Un ejecutivo del sector da una respuesta simple: es un negocio de relevancia. Los montos que involucra así lo avalan, ya que estiman ingresos por US$ 400 millones en los ocho años que dura el contrato para la fabricación de tres millones de cédulas por año y más de 300 mil pasaportes.
Morpho, quien se adjudicó la licitación, trabaja a toda marcha para instalar la que sería su quinta filial en Latinoamérica. La multinacional francesa realiza negocios de identificación en más de una veintena de países , entre ellos Holanda, Alemania y Colombia.
El precedente que siente esta licitación es relevante, considerando varios traspiés que han atravesado procesos de este tipo, y que se esperan al menos dos licitaciones de relevancia económica los próximos años.
La defensa de Morpho
Los abogados de Morpho, liderados por Tomás Aylwin, sienten que ganaron esta revancha. Ello, luego de haber impulsado la revisión del proceso anterior y haberse quedado con el negocio, a su juicio apegándose 100% a las bases. La compañía gala cree que es difícil que este proceso se revierta. "Me sorprenden las declaraciones de Indra, ya que perdió la licitación y fue eliminada por un fallo judicial", dice Aylwin, agregando que, respecto a las acusaciones de Sonda, requisitos mínimos como un aviso por escrito no constituyen argumento para que una boleta de garantía sea considerada a plazo. A su favor esta que el Tribunal de Compras ya desestimó una primera demanda de Sonda que utilizó este argumento.
En Morpho consideran que su propuesta fue impecable y no comparten las acusaciones sobre falta de rigurosidad en las medidas de seguridad. "La oferta de Morpho cumple con las bases y es 10,72% más barata que lo establecido en las bases de la licitación. Es la que tuvo mejor puntaje por lo que su valor global es el más económico, ya que ofrece un servicio del mejor nivel internacional al menor precio", recalca el abogado.
Mientras todos estos asuntos legales se despejan, en Chile, la francesa trabaja a toda marcha para instalar la que sería su quinta filial en Latinoamérica. Morpho es parte del grupo galo Safran y a nivel mundial realiza negocios de identificación en más de una veintena de países -entre ellos Alemania, Holanda y Colombia, con presencia en 50 mercados y 55 mil empleados en el mundo.
En paralelo, Rodrigo Durán contrató la asesoría legal del estudio Barros & Errázuriz, a quien pidió revisar cada paso del proceso. "Mientras el Tribunal de Compras no ordene alguna suspensión no podemos decretarla de forma arbitraria y se debe cumplir con lo que las mismas bases establecen y eso implica que se podía adjudicar con un oferente", dice Duran.
La "guerra" está declarada y lejos de que el capítulo se haya cerrado con la nueva adjudicación, lo único claro es que nadie esta dispuesto a ceder terreno para quedarse con la licitación tecnológica más importante de los últimos 20 años.
